Nota
Desde Salta: violaciones, allanamiento a la iglesia y el fin del secreto
(lavaca en Rosario de Lerma, Salta) Dos víctimas con su abogado, un fiscal y el defensor del ex cura Emilio Lamas, acusado de violación, fueron los protagonistas del allanamiento a la iglesia de Rosario de Lerma para verificar la escena del crimen por el cual Lamas ya está cumpliendo prisión domiciliaria. El abogado de las víctimas explica y cuestiona la actitud de la Iglesia, mientras la ciudad descubre por primera vez qué significa salir de la impunidad y el secreto.
A las 10:30 de la mañana el fiscal Federico Obeid de la Fiscalía N° 1 de delitos contra la integridad sexual se presentó en la iglesia de Rosario de Lerma, Salta, con una orden de allanamiento. Estaba acompañado de dos víctimas que denunciaron haber sido violadas allí por el cura Emilio Raimundo Lamas, hoy procesado y en prisión domiciliaria. Así la ciudad salteña detuvo el aliento frente a esa postal que mostraba las camionetas judiciales y los flashes de la prensa ante las puertas de su principal iglesia. Ana María, “maestra y católica”, fue quien mejor definió lo que ese hecho significaba cuando cruzó la plaza para abrazar a Juan Carlos, la primera de las víctimas en denunciar al cura abusador:
-Gracias. Primera vez que logramos abrir estas puertas que guardan tantos secretos que nos esclavizan.
La Fiscalía N° 1, especializada en delitos contra la integridad sexual, no previó ninguna asistencia para las víctimas, así que el abrazo espontáneo de la maestra representó –además- la contención que necesitaban.
La escena del crimen
Juan Carlos García y Carla Morales volvieron hoy a la escena del crimen: la sala donde fueron violados por el cura Lamas. El fiscal Obeid ordenó la inspección ocular para confirmar las declaraciones de las víctimas. También declaró la encargada de limpieza de esa iglesia en tiempos en los que sucedieron los hechos denunciados. Una mujer muy anciana ya, de rodete y batón, que al llegar a la iglesia se arrodilló, persignó y, con las menos en oración, dijo en voz alta:
-Perdoname, señor.
Desde la plaza central de Rosario de Lema una decena de vecinos observaban cómo culminaban así 30 años de silencio.
Juan Carlos García, primer denunciante de las violaciones del cura Lamas, el abogado Luis Segovia y otra de las víctimas: Carla Morales, frente a la iglesia allanada.
“La Iglesia está obstruyendo la investigación judicial”
El abogado de las víctimas, Luis Segovia, resume ante lavaca la situación de la causa: “Recién ahora el Estado argentino se está adecuando a las normativas internacionales de derechos humanos y de las y los niños, pero en el momento en que sucedieron estos hechos no las cumplía y eso favoreció la impunidad que está viendo terminar hoy. Especialmente si tenemos en cuenta que estamos frente a un abuso cuya denuncia implica enfrentarse a una institución muy poderosa en esta provincia, como lo es la Iglesia Católica”.
-¿Hay más víctimas que aún no se atrevieron a hacer la denuncia ante la justicia?
– Ante el tribunal episcopal declararon cuatro víctimas. Hay una quinta víctima que ni siquiera se atrevió a hablar en ese ámbito. Sabemos quiénes son y los alentamos a que hagan la denuncia, pero respetamos sus tiempos.
-¿Cuál fue el rol del tribunal episcopal en esta denuncia?
-Imponer el secreto. Eso es obstrucción a la justicia. Y eso es lo que pone en relieve este caso: el rol de la justicia canónica en el encubrimiento de abusos. Ninguna otra denuncia dejó tan en evidencia lo que implica este proceso interno, mediante el cual la iglesia logra conocer antes que la justicia qué dicen las víctimas, qué pruebas tienen, qué testigos, evidencias, etc. Y además, les impone el secreto. Queda claro que la Iglesia no respeta procedimientos básicos del Estado de Derecho. El debido proceso, los derechos humanos: nada de eso ha sido respetado en este caso. Al imponer el silencio a quienes participan del proceso canónico los está violando.
-Usted solicitó el allanamiento a la Catedral de Salta, ¿para qué?
-Porque es obligación de la Iglesia colaborar con la justicia. Se lo pedí al fiscal, hizo lugar, la jueza lo negó y ahora estamos apelando esa medida. Pero la doctrina jurídica indica que la Iglesia no puede excusarse de esa obligación.
-El viernes pasado el arzobispo de Salta declaró que iba a colaborar…
-Pura palabra. Hasta ahora negó la documentación. Y no pueden negarse porque hay indicios de que han tomado testimonios y tenido conocimiento de hechos que la justicia debe investigar. Y hasta ahora no brindó ninguna colaboración.
-¿Tiene evidencias de que haya hecho lo contrario?
-Bueno: presentamos esta denuncia hace un año, en mayo de 2017, pero la fiscalía recién comenzó a investigar cuando publicaron la noticia el diario El Tribuno y el portal Infobae, hace apenas un mes atrás. Sin la presión social esta denuncia no avanzaba: eso es concreto. Tuvimos que exponer la causa y esa no fue nuestra primera opción, pero solo así logramos que en menos de un mes el cura esté preso, se ordenen medidas procesales concretas y se admita que los hechos no están prescriptos. Sin acompañamiento social la impunidad de estos casos sería absoluta.
El abrazo a Juan Carlos de una maestra católica.
La otra parte: entre la negación y la prescripción
El abogado defensor del cura violador, José Fernández, presente durante la inspección ocular, aclara que solicitó la prescripción de la acción penal, alegando que “ese delito, ocurrido en 1991, es nulo, y me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que plantea como principio de legalidad que nadie puede ser condenado por una acción que en el momento de los hechos no está tipificada como delito».
-Es decir, plantea la nulidad por las formas, pero ¿niega los hechos?
-También niego lo hechos, pero este planteo es previo a los hechos. En lo formal, los hechos denunciados prescribirían a los 12 años, además. También hay que marcar que este no es un caso de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. La Corte ha dejado bien claro y sostenido que esos casos implican hechos cometidos por organizaciones estatales, pero en este caso estamos ante un hecho aislado y ordinario, no ante una organización o agente del Estado.
-Bueno: la Iglesia Católica es una organización.
-Pero es un hecho aislado.
-Sin embargo hay varios casos denunciados y en proceso de investigación penal que involucran a la arquidiócesis salteña…
-Pero la iglesia no pertenece a los órganos estatales encargados de prevenir y juzgar el hecho, tal como fija la Corte para considerar un delito como de lesa humanidad.
-¿Por qué el arzobispado no ha colaborado con la justicia en este caso?
-El obispo ha declarado que estuvo a disposición desde el primer momento.
-¿Desde 1991, cuando ocurrieron y se denunciaron los hechos?
-No sé desde cuándo tomó conocimiento el obispo, pero nunca se lo encubrió al sacerdote: lo dice el arzobispo.
-Y con respecto a los hechos: ¿por qué los niega?
-Yo solamente traslado lo que dice mi defendido. Con relación a los hechos, lo que pude hablar con mi defendido es que hubo una maniobra organizada por el cura Peset.
El cura Alejandro Peset, párroco de una de las dos iglesias de Rosario Lema, es quien aparece en un audio ofreciendo dinero a la víctima Juan Carlos para que no denuncie penalmente, aunque al difundirse justificó: “Era una reparación económica, pero no para comprar su silencio”.
La iglesia de Rosario de Lerma, Salta: la escena del crimen.
INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL
Temporada de femicidios
Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)
Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.
Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.
Los datos: enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.
No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.
Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.
Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.
Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.
El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.
Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.
Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.
Ley de explotación laboral
Conste en actas
lavaca.org
Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.
A las 12:50 se fueron.
El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.
A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.
En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.
La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.
A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.
A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.
A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi
A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.
“Somos los obreros, la base de este juego
en el que siempre pierde el mismo.
Un juego bien pensado en el que nos tienen callados
y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”
Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.
Hasta Dios tuvo un mal día: fue este.
PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.
Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
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