#NiUnaMás

Justicia feminista, por María Galindo

Publicada

hace 5 años

23/12/2020

A qué le llamamos hoy justicia: al aparato de policía, jueces, fiscales y forenses con testículos. Por qué es necesario cambiar la mirada sobre las víctimas. El “recuento de daños” que simboliza el Observatorio Lucía Pérez. El cambio del derecho a la tipificación de femicidio, por el derecho a no ser asesinadas. La forma de inventar la justicia juntas, concatenando dolores y saberes. Por qué este informe especial representa una ruptura conceptual en la forma de enfrentar las luchas contra las violencias patriarcales. La mirada de la activista y teórica boliviana sobre el padrón.

¿Qué es la justicia patriarcal?

El aparato de justicia: policía, jueces, fiscales y forenses. El Código Penal entero: cada uno de sus elementos tiene una estructura y origen patriarcal que sigue vigente. Por eso resulta imposible que ese aparato le de solución al feminicidio, acoso sexual, violencias machistas, irresponsabilidad paterna, violación sexual y los etcéteras, que han ido entrando lentamente en la casilla de delitos y saliendo de la casilla de formas de violencia legítimas de los hombres contra las mujeres y de los cuerpos dotados de poder patriarcal contra los cuerpos despojados de soberanía.

Se han producido leyes parche como formas de respuesta lenta a la masacre contra las mujeres y los cuerpos no soberanos, leyes que a su vez han demostrado no resolver el problema y que pueden revertirse en contra de las mismas víctimas una y otra vez.

La pregunta no es si la ley sirve o no. En principio se supone que es útil, aunque cotidianamente muestra su inutilidad pues si de conseguir justicia se trata, siempre las más pobres, las más criminalizables -como son las mujeres en prostitución, las trans o las lesbianas-, quedan en la cola del sistema sin posibilidad de acceso a la justicia.

Los casos van por orden de prioridad racista, clasista, homo y transfóbica. Lo mismo si se mide al victimador. Los más pobres de entre los hombres bajo una lupa clasista, racista y homo y transfóbica serán considerados posibles victimarios y mientras más arriba en la escala social esté el victimador menos posibilidad de juzgarle como victimario tiene la víctima. El entramado de la justicia patriarcal no solo es el texto de la ley, sino el drama de su aplicación en todos y cada uno de sus detalles.

El testigo es el que posee testículos

Justicia patriarcal es que la palabra de las mujeres no tenga valor de verdad, sino que sea de antemano una palabra sospechosa y despojada de credibilidad.

Justicia patriarcal es que en un juicio por violación, la violada tenga que probar su inocencia, que una mujer que aborta sea penalizada, pero el aborto masculino sea legítimo. Aunque el primero se dé en un caso de embarazo y el segundo se dé en un caso de paternidad irresponsable.

Que haya una clasificación “moral” pormenorizada de las mujeres asesinadas y que los feminicidios sean socialmente juzgados desde la culpabilización de las muertas.

Justicia patriarcal es que toda madre sea susceptible de ser vigilada judicialmente sobre el cumplimiento de una maternidad “buena”, pero que todo padre pueda presentarse ante un juez teniendo hijes de diferentes parejas que no puede mantener y que se fije la asistencia familiar, no sobre la base de las necesidades de subsistencia de las wawas, sino sobre la base de la irresponsabilidad y comodidades del padre irresponsable, que jamás se sentirá en la obligación jurídica, no solo de criar y educar a las wawas, sino ni siquiera de ponerse un condón.

Justicia patriarcal es que un forense minimice las lesiones de una víctima de violencia machista, pero que cuando una mujer se defiende de su victimador, ella sea considerada no víctima, sino victimadora y la legítima defensa sea juzgada como asesinato o agresión con rapidez y sed de castigo social para que esa víctima sirva de escarmiento histórico, para que las mujeres no se atrevan a defenderse de sus agresores.

Justicia patriarcal es que toda víctima necesite de un abogado para ser representada y que no sea el Estado mismo, a través de la fiscalía, quien la represente.

Justicia patriarcal es que la víctima tenga que convertirse en investigadora porque la policía ha convertido en rutina los femicidios y no tiene la voluntad ni la pericia para recabar las pruebas.

Justicia patriarcal es que el sistema en su conjunto les achaque al alcohol, la fiesta o el deseo de libertad sexual las causas de la violencia machista, pero no así a la educación, al concepto de familia, a los patrones de los medios de comunicación o al discurso misógino institucionalizado y generalizado.

La justicia patriarcal quiere aislar cada caso para evitar el aglutinamiento de las víctimas y la crítica al sistema que sostiene, produce y legitima esa violencia. Busca las causas que la produjeron en teorías criminalísticas que conviertan a la víctima en responsable de la violencia que sufre y al victimador en una suerte de “enfermo” mental excepcional.

Todo el sistema intenta intervenir sobre la víctima y no sobre el victimador. Ella sufre violencia machista no porque quiso emanciparse, sino porque es “carente de autoestima”, no porque se está rebelando, sino porque sale a bailar o se viste con escotes.

El victimador jamás es interpelado. Se lo encierra en una cárcel donde el tipo de reclusión será rifada por la policía sobre la base de la extorsión económica que contra el victimador pueda utilizar la policía.

No hay casas para maridos golpeadores donde ellos cocinen, cosan, tengan horarios de entrada y salida y hayan tenido que dejar las casas donde vivían, pero hay casas de refugio tipo cárcel/convento para mujeres víctimas de violencia machista.

La imagen que se muestra de nosotras es la de cuerpo maltratado, mutilado, golpeado, humillado, tirado en el piso y sangrante.

No estamos ante un reclamo por justicia, sino ante una disputa conceptual de lo que por justicia entendemos. Una disputa que pasa por el sentido y el significado que tiene cada moretón, una disputa que pasa por cada una de las palabras que vamos a inventar para formular lo que estamos viviendo las mujeres y los cuerpos despojados de soberanía en una sociedad patriarcal capitalista y colonial.

Cada uno de los pasos que hemos dado intenta ser recapturado en contra nuestra para que esta gigante lucha por justicia y para que este gigante dolor social se reviertan contra nosotras, una vez más. Por eso las palabras, las discusiones y las formas como vamos interpretando nuestro propio camino no los podemos dejar en manos del Estado, los partidos políticos, ni las oenegés. Nuestro mayor desafío político y filosófico es escuchar a las víctimas como protagonistas, y desde sus palabras y sus vivencias construir esperanza. Nuestro mayor desafío político y filosófico es responder a las violencias machistas desde nuestra autonomía política y no como clientas del Estado, los partidos, los organismos internacionales y las oenegés.

Tenemos que pasar de denunciar lo que no queremos a inventar lo que queremos.

Pasar de la denuncia a la invención

Sobre la base de formas de complicidad pequeñas e invisibles hemos llevado nuestras denuncias ante ese aparato helado e indiferente que es la Justicia Patriarcal. Tal es la cantidad de denuncias y trajines que hemos producido en sus corredores, que las mujeres mas anónimas de la sociedad hemos logrado demostrar que su aparato de justicia no sirve para nada.

Hemos logrado colapsar sus juzgados, acabar con sus horas de trabajo tratando de explicar cada moretón, cada insulto, cada violación. Han sido tantas las horas que hemos necesitado para eso que lo único que hemos logrado demostrar es que están sordos.

Este colapso del Estado ante las mujeres es importante porque deja claramente establecido que no hay policía suficiente para contener la violencia machista, sino que la policía misma es un brazo de producción de violencia patriarcal.

Este colapso del Estado ante la necesidad de justicia de las mujeres representa, ni más ni menos, que haber llegado a un límite entre lo viejo y lo nuevo, es haber llegado a un límite en el que la reforma de la ley no basta ni resulta suficiente. Es haber llegado a un límite en el que la retórica queda develada como retórica, donde queda demostrado que la propia categoría de género se ha convertido en un adminículo retórico de su misoginia estructural. Por muy loco que parezca es así.

Este límite nos obliga a pasar de la denuncia a la invención.

Mañana nuestro trabajo no es continuar con ese trajín amargo, sino pasar de denunciar a la justicia patriarcal a producir nosotras otras formas de justicia, porque sin justicia no podemos vivir.

Estamos conscientes de que la relación victimario/ víctima no se resuelve con la cárcel: somos responsables de construir otra respuesta de justicia.

Somos responsables de no fortalecer el sistema carcelario clasista, racista, patriarcal, policíaco y corrupto. La justicia que necesitamos la tenemos que construir por fuera de su Código Penal, de su policía y de su cárcel. Tenemos que ser capaces de respondernos: ¿Qué haríamos nosotras como juezas con un violador? ¿Qué haríamos con un femicida? ¿Qué contenidos tiene esa otra justicia que reclamamos? ¿Nos atrevemos a pasar de denunciar la misoginia del juez a plantear otro concepto de justicia? ¿Seremos capaces de no nutrir con nuestros sueños de justicia los aparatos de represión carcelario donde han sido recluidas nuestras abuelas de lucha?

¿Seremos capaces de repensar nuestro lugar de víctimas para trascenderlo y no para perpetuarlo, para que nuestras hijas hereden lugares de lucha y rebeldía y no lugares de resignación y humillación? En ese límite estamos.

Allí hemos llegado.

Recuento de los daños: Observatorio Lucía Pérez

Los Estados vienen haciendo recuento de víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar o de género, que es como les han venido llamando según diferentes olas teóricas. Son recuentos que están en manos de la policía y el Poder Judicial y que están hechos para reducir a las víctimas a cifras.

Están hechos para normalizar la violencia, para que esos recuentos se conviertan en un adminículo más de un mensaje de vigilancia y advertencia contra nuestras libertades. Esos recuentos, inclusive, están hechos para olvidar los nombres de los femicidas y que cada uno de los femicidios figure con nuestros nombres.

Están hechos también para borrar los motivos por los que fueron asesinadas y sustituirlos por el pálido dato de que son mujeres y punto. En muchos casos son, además, recuentos que excluyen a las mujeres trans de las listas de femicidios y que excluyen también a las mujeres en prostitución, porque los asesinatos de esos dos tipos de mujeres no son dignos ni de ser mencionados como número.

El observatorio autogestionado Lucía Pérez, en ese contexto, levanta un foro de justicia que, hasta donde conozco, no tiene precedentes ni comparación.

No se trata de un recuento autogestionado contra uno estatal para hacer lo mismo. No es una diferencia de detalle, ni de número, sino el uso político del número de víctimas para construir eso que tanta falta nos hace: la visión de conjunto. La visión de la cuestión estructural masiva; eso que tanta falta nos hace que es la concatenación de un caso con otro como fenómeno político.

Nos obliga a hacer lo que todo el sistema patriarcal se niega a hacer que es volcar la mirada y el registro en el victimador y, además, detallar los datos esenciales de cada uno de los femicidios.

Este padrón autogestionario nos obliga a convertir la cifra en un dato político, nos obliga a concatenar caso con caso y caso con lucha, volcándonos a que pasemos de la lucha individual por justicia a la lucha colectiva por justicia, que es la única que realmente tiene sentido.

Este padrón implica un enorme esfuerzo. Es como haber construido un empedrado sobre el cual marchar, es haber convertido los ríos de sangre en ríos de agua donde navegar en busca de justicia.

Nos obliga al encuentro entre víctimas y a la búsqueda de la invención de lo nuevo.

Este padrón nos regala la acumulación de lucha, para que cada marcha deje de ser un esfuerzo circunstancial. Nos da el grado gigante de conciencia contra las violencias que hoy está en manos de las mujeres de todas las edades y regiones, y convierte esta lucha en el hilo en torno del cual nos podemos unir. Relaciona femicidio con muerte por aborto clandestino y con violaciones, planteando así la matriz común que es otra de las cuestiones que el Estado y el Derecho Penal patriarcal separan como delitos que no tienen relación.

Este padrón autogestionado materializa la tesis más importante: la base de toda violencia patriarcal es el despojo de soberanía de nuestros cuerpos.

Por eso este padrón representa un modelo a imitar y una ruptura conceptual en la forma de enfrentar la luchas contra las violencias patriarcales.

Este padrón autogestionario materializa lo que la autonomía política representa porque no hay lugar para concesiones ni omisiones: es el punto de partida sobre el cual deliberar cómo será esa otra justicia que queremos, que ofrecemos y que necesitamos.

Por el derecho a no ser asesinadas

Nuestro desafío mayor es producir justicia: justicia feminista. Y quiero atreverme a plantear unas pocas pistas de lo que eso significaría.

La justicia feminista no saldrá de la reforma de la ley, sino de la producción paralela de justicia, tal cual lo hicimos con las dictaduras militares y los crímenes de lesa humanidad.

Esta otra justicia se puede gestar si somos capaces de construir tribunales populares de mujeres para atrevernos a juzgar los casos.

La justicia feminista no saldrá del juzgamiento con perspectiva de género que nos ofrece retóricamente el Estado, sino de situarnos en el intersticio entre legalidad e ilegalidad, es decir en el espacio de la alegalidad, para actuar rápidamente, para cuidarnos entre nosotras, para salvar nuestras vidas y actuar socialmente contra los violentos con la capacidad de convertir nuestro dolor en voz pública y autorizada para actuar.

La justicia feminista no saldrá de la construccion de una criminología, sino de la capacidad de desmontaje de la masculinidad violenta.

Lo que necesitamos demostrar no es el delito así como lo comprende el procedimiento penal, sino el ejercicio de violencia como ejercicio de una masculinidad en decadencia.

Necesitamos desactivar al violento de su ficticio poder de ejercer violencia. En los juicios de justicia feminista necesitamos demostrar que el poder de matar que usa el femicida termina aniquilándolo a él mismo.

Necesitamos destruir y desmontar el altar donde el femicida se endiosa para quitarnos la vida, porque sin altar su conversión en un ser débil y vulnerable será pensable, posible e imaginable.

No estamos asistiendo al recrudecimiento del patriarcado sino a su colapso.

La violencia que sufrimos es la respuesta a la libertad que ejercemos y no podemos perder eso de vista ni por un solo segundo.

Necesitamos producir una forma de justicia que no represente un trauma para las violadas, sino su plena sanación y la plena recuperación de su libertad.

Un escenario donde la violada no sienta vergüenza, sino que sea el violador el que deba avergonzarse.

Necesitamos producir una forma de justicia que reproduzca justicia y no que reproduzca odio y decadencia.

Esa forma de justicia la inventaremos juntas, la inaguraremos concatenando nuestros dolores, tal cual lo hace hoy este padrón autogestionado de violencia patriarcal.

Organizadas. Familias víctimas de femicidios

Mu 154: Ni una más

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Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords

Publicada

hace 6 días

09/06/2026

En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.

Por Evangelina Bucari

En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. En Cañuelas, un hombre le prendió fuego a la casa de una pareja de lesbianas. En Recoleta, dos mujeres, de 26 y 24 años, caminaban de la mano cuando un hombre las frenó y las increpó: una terminó con la nariz fracturada; la otra, con lesiones en la mano. En Palermo, un joven gay fue brutalmente golpeado y le rompieron la mandíbula. En Neuquén, Azul Mía Natasha Semeñenko fue asesinada, sin haber podido “ser Azul del todo” porque no recibió su hormonización.

Ninguno de estos hechos violentos de 2025 fue excepcional. El año pasado se registraron 227 crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y otras identidades disidentes. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, fue el año más violento desde la creación de este organismo, con un crecimiento de más del 60% respecto de 2024, cuando se habían registrado 140 casos. Se trata, dice el relevamiento, de un aumento “abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”.

La violencia por odio hacia el colectivo LGBT+ se intensificó en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, vaciamiento de organismos de protección, paralización de la agenda legislativa en materia de derechos y consolidación de discursos fascistas que estigmatizan a la diversidad.

Para María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el drástico aumento de estos crímenes en Argentina no puede separarse de los discursos de odio que provienen del gobierno nacional. “Tanto el presidente como funcionarios y allegados se expresan de manera violenta y discriminatoria hacia la comunidad LGBT en general y, principalmente, hacia la comunidad trans”, describe Rachid. “Y eso –agrega– genera mayor violencia y discriminación en la vida cotidiana. Esos discursos terminan legitimando, avalando y fomentando la violencia hacia nuestra comunidad”.

Esa realidad se percibe en lo cotidiano. Ayito Cabrera, director y fundador de la organización Espacio Tolomocho –que nuclea a personas trans con discapacidad–, advierte que el aumento no se limita a los casos visibles, sino que se expresa en formas más silenciosas y estructurales de violencia, atravesadas por la precarización económica y el desfinanciamiento.

“Los pedidos de ‘apañe’ de personas trans se multiplicaron considerablemente”, resume. Ese crecimiento, explica, tiene directa vinculación con la dificultad de acceder a un trabajo que permita sostener condiciones básicas de vida: comer cuatro veces al día, estudiar y alquilar. Cientos de personas travestis, trans y no binarias perdieron sus empleos en ámbitos estatales y muchas se quedaron sin acceder a medicamentos o tratamientos.

RADIOGRAFÍA

El informe elaborado por la FALGBT y las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires permite visibilizar la violencia cotidiana y su naturaleza.

Más de un tercio de los casos corresponde a ataques contra el derecho a la vida, que incluyen asesinatos, suicidios o muertes vinculadas a condiciones estructurales, mientras que casi dos tercios son agresiones físicas que no terminaron en muerte. Rachid aclara que hay un subregistro, “porque hay casos donde no se desarrolla ninguna línea de investigación relacionada a la posibilidad de un crimen de odio”.

En ese punto aparece uno de los datos más significativos del período: las agresiones físicas se duplicaron en un año y pasaron de 73 a 147 casos, un incremento del 101,4%.

Las muertes vinculadas a crímenes de odio se mantienen altas y con un patrón sostenido. En 2024 se registraron 67 casos (17 asesinatos, 44 muertes por violencia estructural y 6 suicidios), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 80 (16 asesinatos, 53 muertes por violencia estructural y 11 suicidios), es decir, un aumento del 19,4%. Ese crecimiento incluye un dato especialmente preocupante: los suicidios casi se duplicaron en un año.

Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas y concentran el 62,56% de los casos registrados. En segundo lugar se ubican los varones gays (22,03%), seguidos por varones trans (7,93%), lesbianas (5,73 %) y personas no binarias (1,76%).

Pero el documento advierte algo más: es un fenómeno que se expande. Entre 2024 y 2025, los ataques contra varones trans pasaron de 5 a 18 casos. Y las agresiones contra personas no binarias, que ni siquiera aparecían en registros anteriores, se duplicaron.

Ayito Cabrera describe con crudeza cuando además hay intersección de violencias. “Quienes somos personas trans con discapacidad vivimos una doble vulnerabilidad y una discriminación estructural histórica”, advierte. En ese contexto, señala, la falta de políticas públicas agrava condiciones ya precarias y profundiza el abandono.

Para el fundador de Espacio Tolomocho, las identidades trans –en especial, las transmasculinidades– se convirtieron en blanco de discursos que buscan deslegitimar derechos conquistados. “En esta intersección, nuestra identidad se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña internacional de las derechas globales. En nuestro territorio, eso se traduce en necesidades básicas –salud, vivienda, trabajo– gravemente afectadas: las hormonas se han vuelto prácticamente inaccesibles, la atención sanitaria se deteriora y la falta de empleo impide sostener una vivienda”, detalla Ayito.

En este sentido, las cifras no pueden interpretarse de forma aislada, sino como parte de un entramado de violencias estructurales, simbólicas e institucionales que impactan de lleno en las condiciones de vida.

Otro tema preocupante es un crecimiento sostenido de agresiones en comisarías y establecimientos penitenciarios, junto con un dato que marca un punto de quiebre: la participación de fuerzas de seguridad pasó de 17 casos en 2024 a 64 en 2025. Esto consolida a la violencia institucional como uno de los principales vectores de agresión, en especial contra la población trans y, en particular, contra las mujeres trans.

Rachid señala que esto no resulta sorpresivo. “Cuando aparecen o se instalan gobiernos de derecha, las fuerzas de seguridad se sienten más avaladas para ejercer su violencia hacia los grupos vulnerados en general y la población LGBT en particular”, explica.

LA ANTIAGENDA

El hecho de que el registro más alto de toda la serie histórica del Observatorio se produzca durante el gobierno de Javier Milei es un dato cargado de sentido. Desde que comenzó su mandato, siguiendo la agenda de ultraderecha de su amigo Donald Trump, el presidente argentino promovió discursos que cuestionan derechos, deslegitiman identidades de género diversas y contribuyen a habilitar formas más intensas de violencia contra las personas LGBT+, como quedó demostrado durante su intervención en Davos en enero de 2025.

Esa violencia simbólica vino acompañada de la eliminación de programas, organismos y dispositivos estatales que cumplían funciones centrales en la prevención de la violencia y el acompañamiento de las víctimas. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por ejemplo, dejó a la población LGBT+ sin un canal institucional específico para denunciar actos discriminatorios. El informe lo sintetiza en una frase que funciona como advertencia: “Allí donde el Estado se retira, el odio encuentra condiciones para expandirse”.

Esa relación entre discurso y violencia también aparece en la experiencia cotidiana de las organizaciones. Para María Rachid, los informes no solo marcan un aumento de los crímenes de odio, sino que evidencian su vínculo con los discursos que circulan desde el poder.

Agrega que, a partir de expresiones públicas de funcionarios y del propio Milei, se produjo un cambio perceptible: crecieron las denuncias, las consultas y también la violencia cotidiana. “Hay evidencia de esa relación directa. Lo muestran los informes, pero también se puede ver en las redes sociales de cualquier organización LGBT”, plantea Rachid.

Ocurre que cuando esos discursos provienen de una voz de autoridad como lo es el Poder Ejecutivo Nacional, el impacto es concreto. No solo habilitan la violencia, también la legitiman.

Desde el Espacio Tolomocho explican que lo que antes circulaba como insulto marginal hoy es retomado por funcionarios y medios, ampliando su alcance y su legitimidad social, y habilitando agresiones físicas, institucionales y discursivas con mayor impunidad.

Las consecuencias de ese proceso también se observan en el acceso a derechos básicos, como la ley de cupo laboral. Los despidos en la administración pública y la falta de implementación efectiva de estas normativas profundizaron la exclusión de la población trans y empujaron a muchas personas a situaciones de extrema precarización.

En este contexto, espacios como Tolomocho adquieren otro sentido y se transforman en redes de contención y cuidado, un recurso fundamental en tiempos hostiles. “Somos personas trans con discapacidad profesionales en nuestras áreas, editamos libros, hacemos muestras de arte, damos clases, trabajamos en accesibilidad. Apostamos a la educación y al arte como formas de construir otra sociedad”, explican.

En un clima social marcado por el ascenso de los discursos de odio, la discriminación y el individualismo, la respuesta vuelve a ser colectiva. La organización, la denuncia y la presencia en las calles se tornan fundamentales ante una avanzada antiderechos que tiene en el propio Estado nacional a uno de sus impulsores.

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Nota

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Publicada

hace 1 semana

04/06/2026

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.

Por Bernardina Rosini

El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.

Lo que no se puede creer

Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.

Varones

Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org

«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.

Dónde está Delicia

Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.

Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.

Justicia sin apellido

Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»

Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.

La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

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El 3J porteño: Vamos

Publicada

hace 2 semanas

04/06/2026

Por Claudia Acuña

Fotos: Juan Valeiro

Muchas: eso fuimos. Muchísimas más que la última vez y ojalá que menos que la próxima, o mejor: que no sea necesario una próxima. Que al fin podamos descansar y dedicarnos a otra cosa en lugar de escribir con marcador en un cartón: “Ayer estaba viva. Hoy mi hermana es la foto de este cartel” o salir del trabajo donde estamos paradas ocho horas por dos pesos para sumarnos últimas, con lágrimas regando las mejillas y la convicción de exigir justicia por la compañera que acuchilló su novio hace dos días, en ese femicidio que en la tele informaron como resultado de “una infidelidad”. Con esa orfandad de sensibilidad y respeto, que abona el permiso social para carnear mujeres están hablando en los medios de Noelia, 30 años, de Temperley, la compañera de este grupo de chicas que no pueden decir dónde trabajan porque la firma se los prohibió. “Ella ya lo había denunciado porque sufría su violencia, se había separado y ese día iba a sacar sus cosas de la casa. Él le dijo que no iba a salir viva de ahí, la tomó de rehén y ella pidió ayuda al 911, la policía demoró y cuando llegó no supo cómo intervenir: fue peor”, cuentan temblando. Masacradas primero, criminalizadas luego, silenciadas después, lo que queda es estar ahí con los carteles escritos a las apuradas y el llanto incontenible, al final de la concentración que un grupo decidió que no sea marcha ni disponer de lugar donde el dolor de las familias descanse (aprendan de Córdoba, orgas porteñas), pero no importa porque no es lo importante.