Una joven médica residente de un hospital público de Tartagal fue detenida por garantizar un aborto. Era la única que no era objetora de conciencia en la zona, y había denunciado a un ginecólogo por abuso de menores. Su caso demuestra cómo (no) se aplica en los territorios la Ley y cómo funciona la máquina de obstaculizar derechos, encabezada por la justicia, los medios, la Iglesia y el poder político. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

La realidad en Salta supera a la ficción. O, en verdad, demuestra cómo es la verdadera realidad alejada del Congreso, donde no siempre se cumplen los derechos que allí se votan.

La noticia: a fines de agosto en Tartagal, una médica de 31 años que garantizó el derecho de una joven de 21 años que decidió interrumpir su embarazo, terminó detenida. La orden fue firmada por el juez Fernando Mariscal Astigueta y motorizada por el fiscal Gonzalo Ariel Vega.

El caso se convirtió en un emblema de cómo (no) se aplica la Ley 27610 en los territorios. Emblema para la lucha de las mujeres que en Salta se movilizaron para exigir la liberación de la médica y, ahora, reclamar el fin de su persecución judicial; y emblema para los grupos antiderechos de la provincia, que iniciaron una cruzada para aleccionar a los profesionales que puedan llegar a replicar la interrupción de un embarazo no deseado. 

La médica detenida es la única médica no objetora de conciencia en la zona. De ese modo, su detención implica que no se garantice la ley de IVE en Tartagal y alrededores, además de un  claro mensaje disciplinatorio a todo el resto de los profesionales médicos.

Se trata de la misma doctora que denunció de oficio un caso escalofriante: el del Marcelo Cornejo, médico ginecólogo de 64 años, acusado de abuso sexual por pacientes adultas y menores en el Hospital de Tartagal Juan Domingo Perón. Según las denuncias, Cornejo era objetor de conciencia durante la mañana, en el hospital, pero por la tarde, en su consultorio, cobraba 20 mil pesos por realizar abortos clandestinos; los testimonios también refieren que solicitaba favores sexuales cuando las mujeres no contaban con dinero, y hasta casos de abuso sexual. Si bien las denuncias datan de mediados del año pasado, Cornejo fue separado de su cargo recientemente.

Entre las organizaciones de mujeres de la provincia, la detención de la médica se lee como un clásico “pase de factura” por la denuncia que involucra a Cornejo. Pero sus consecuencias calan más hondo, en una provincia que tiene una alta tasa en internaciones hospitalarias por abortos y muertes maternas: antes de la ley, la Dirección General de Estadísticas de Salta estableció que alrededor del 30% de las muertes maternas en la provincia se debían a abortos clandestinos. En 2018, una publicación de Amnistía Internacional Argentina advirtió que, con una tasa de 83.4%, Salta se ubicaba en el cuarto lugar entre las provincias con mayor cantidad de embarazos adolescentes. 

Nada indica que esta realidad haya cambiado tras la ley: al contrario.

El cuento de la médica

“¿Quién protege a las mujeres en la provincia de Salta?”, es la pregunta que hace suya la joven médica detenida, cuya identidad se reserva a su pedido. Pregunta que contempla también al cuidado de las personas que, como ella, garantizan derechos desde los estamentos públicos. Cuenta: “La paciente fue usada políticamente; yo, también. No sólo la han expuesto sino que ahora la están obligando a hacer una falsa denuncia, obligándola a mentir y a dar un falso testimonio”, dice la médica sobre la maniobra que intenta inculparla a ella como promotora de la interrupción a costa de la voluntad de la mujer. “(La interrupción) fue autorizada por el director del hospital y por todo el equipo interdisciplinario; la historia clínica es muy clara, está el consentimiento informado, hay testigos”, enumera sobre las pruebas que se presentaron en la causa penal que enfrenta, a las cuales se suman las conversaciones con la propia paciente. “Estoy cumpliendo con una ley nacional”, recuerda y reclama: “No conocen las necesidades sanitarias del norte de la Argentina. Que nos dejen trabajar y continuar con nuestros servicios públicos: dejen de jugar a la democracia”. 

Su defensa apunta a explicar cómo y por qué actuó en el marco de una ley que fue ampliamente discutida en el Congreso y ganada en la calle en 2020. “Yo no puedo obligar a nadie a abortar. ¿Qué va a movilizar a  una médica a obligar a una paciente a abortar? Yo soy residente, así que no actúo sola sino con la institución y un equipo interdisciplinario”, insiste la joven.

Ni bien se conoció el caso, las organizaciones de mujeres y derechos humanos de la provincia se pusieron en movimiento y exigieron su inmediata liberación. “La persecución, el encarnizamiento judicial y mediático por el caso ILE en Tartagal contra la doctora solo encuentra explicación en el marco de una sociedad machista y patriarcal como la de Salta”, dice a la MU Marta César, presidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta e integrante fundadora de la Red PAR. “Una provincia en la que abogadas y militantes feministas debieron llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que las clases de religión católica en las escuelas públicas dejaran de ser obligatorias y donde el ministro de Educación se niega a cumplir con el Programa de Educación Sexual Integral”, contextualiza.

Finalmente, movilizaciones tanto al Hospital Juan Domingo Perón donde trabajaba la médica, como al Ministerio Público Fiscal, terminaron logrando la liberación de la residente el mismo día de su detención.

La máquina de adoctrinar mediante escuelas y perseguir a través fiscalías, también tiene como protagonistas a los medios de comunicación. El caso de la médica de Tartagal: “Cuando la causa no estaba caratulada, cuando se detuvo a la médica sin que esta supiera bajo qué cargos se procedía a su detención, el diario hegemónico El Tribuno salió a instalar la idea de ‘asesinato’ y continuó con una serie de notas carentes de perspectiva de género, con el fin de espectacularizar el caso. Gran parte de  los periodistas anti derechos tomaron esa versión, confundiendo a la población entre Interrupción Voluntaria del Embarazo e Interrupción Legal del Embarazo con el agravante que no se aclara el respaldo legal de ambas prácticas”, explica César desde Salta.

La vara clandestina

Las denuncias contra el ginecólogo Marcelo Cornejo muestran la otra cara de la noticia de la médica: la doble vara que caracteriza a quienes avalan la clandestinidad, para su propio beneficio.

Este médico fue imputado también por abuso de una menor y denunciado ante profesionales del hospital por abuso contra una mujer mayor. “Nadie lo persiguió, ni demonizó como a la médica residente”, sigue César sobre otras dobles varas. “Nadie se puso a averiguar de cuántos meses eran los embarazos que cursaban esas chicas y las mujeres”, explica Marta comparando la situación. Casualidades que no lo son: “El abogado Alexis Rambert Ríos, quien defiende a Cornejo, es uno de los que acusa a la médica que denunció de oficio al médico abusador. Y fue una concejala de Salvador Mazza, Claudia Subelza, a la vez funcionaria de la Secretaría de la Niñez y la Familia de la Municipalidad de Salvador Mazza, quien expone a la paciente al contar el caso, que es un derecho y una decisión  de índole privada, a los medios de comunicación”.

Por otra parte, el abogado defensor de Cornejo tiene también una denuncia por abuso sexual de una chica hipoacúsica; esa causa está con pedido de elevación a juicio. “Ríos pidió la detención de la médica y un jury contra Lorena Martínez, la fiscal que interviene en la causa. Eso es un claro pase de facturas del abogado Ríos, del médico Marcelo Cornejo, primero contra la joven residente y luego contra la fiscala Martínez, que expone el accionar de la urdimbre machista en esta provincia”, dice César. 

Más conexiones sospechosas: el juez que pide la detención de la doctora es Fernando Mariscal Astigueta, quien retardó el caso de la nena wichí (relatado en la MU 101, nota Todo y nada), por el que pidieron un jury que no fue llevado a cabo, “porque la Comisión de Jury, está integrada por hombres y mujeres del Opus Dei”, explica Marta. En 2015 esta niña wichí de 12 años de la comunidad de Alto La Sierra sufrió una violación en manada de 8 varones. 

“¿Qué tipo de justicia con perspectiva de género podemos encontrar acá?”, se preguntan desde la Multisectorial de Mujeres de Salta. “Queda clarito este pacto machista patriarcal de una manera brutal: ni el hospital, ni los antiderechos, ni la Iglesia, ni lxs diputadxs provinciales, Cristina Fiore y Andrés Suriani- diputados conocidos en la provincia por oponerse a todas las leyes que signifiquen un avance para las mujeres y disidencias-  dijeron nada del médico abusador que hacía abortos en su consultorio”, indicando que el silencio, cuando es selectivo, se parece mucho a la complicidad.

El agujero negro

“El acceso a la IVE en Salta es complejo”, explica a MU Monik Rod, miembre de Consejerías Comunitarias de Salta. El acceso se da desde el 0800 222 3444, una línea del Ministerio de Salud de la Nación que funciona desde 2010 y desde la cual se hacen las derivaciones a las provincias.  Informa Monik: “Sin embargo la línea no solo recibe solicitudes de abortos, sino también denuncian por ejemplo que determinado profesional o institución no quiso colocar un DIU, porque el profesional lo considera abortivo y es objetor. La persona gestante llama pero eventualmente pueden encontrarse con un embarazo embrionario, o un test negativo”. 

Una vez hecha la demanda, se recibe un código y hay un plazo de 10 días para cumplir con el pedido; el código sirve para  seguir el trámie y reclamar en caso de que no se cumpla. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 21 horas y sábados, domingos y feriados de 9 a 18. 

Monik cuenta además que “quienes atienden los llamados son administrativas o enfermeras, no psicólogas como antes y esto hace que la modalidad sea menos efectiva. No es lo mismo si alguien te llama amigablemente y te habla de determinada manera, con empatía, y te explica los pasos a seguir, despeja dudas, etcétera. La atención ha hecho de esto una cuestión más rasposa porque piensan que el acompañamiento no es necesario o importante. Que sea legal, seguro y gratuito no significa que no haya un montón de dudas que deben ser respondidas antes. En estos casos es muy importante un acompañamiento con contención”.

La diferencia entre el interior y la capital: “Nosotras tenemos privilegios porque estamos en Salta Capital y hay un puñado de médicos que lo garantizan en la atención primaria de la salud. Pero en el interior todo es mucho más difícil, no hay señal, se dificulta la comunicación, hay menos médicos. Si estás en Iruya por ejemplo, es muy difícil: no hay ni señal. Por eso intentamos establecer contactos con maestras y profesoras para poder llegar. Pero es realmente complejo. Además no tenemos recursos, y es muy difícil movernos. Militamos todo el tiempo, 24×7, porque a veces las pibas no pueden hablar durante el día. Entonces mientras todos duermen, en el teléfono privado pasan cosas”, revela.

Parafraseando a una de sus compañeras, Monik dice: “Si no es a través de nosotras, las rutas se vuelven intransitables y las chicas no llegan”. Es que en Salta son las organizaciones feministas, sociales y populares las que han difundido y visibilizado el 0800, y no el Estado: “Le hemos hecho una campaña tremenda, que no nos la podrían pagar nunca: hicimos el número más conocido. Pero incluso las acompañadas igual quieren saber más, entran a la página, consultan. Estas experiencias nos llevan a la primera instancia, la necesidad de la Educación Sexual Integral, a tener una consulta con un médico que pueda entender qué herramientas en salud nos van a brindar para nuestra vida sexual”. 

Según el informe que presentó la Jefatura de Gabinete ante el Senado de la Nación, entre enero y febrero de 2021, se llevaron adelante 383 interrupciones voluntarias de embarazo (IVE). De acuerdo al informe, 88 interrupciones se hicieron entre el 24 y el 31 de enero de 2021 y entre el 1 y el 28 de febrero, se llevaron a cabo, 295 interrupciones. 

Salta es la segunda provincia a nivel nacional en relación al pedido de IVE, detrás de  Buenos Aires, con 1.070 interrupciones.

Las otras trabas 

Si se logra surcar el sinuoso camino para iniciar una interrupción, aparecen otras trabas, acaso las más difíciles de desarmar: “En la consulta te hacen una ecografía  y te hacen escuchar los latidos”, cuenta. “Los médicos que garantizan prácticas son hostigados todo el tiempo, entonces muchos terminan por volverse objetores de conciencia: la gente, los vecinos, y los otros médicos los persiguen, los violentan. Muchas médicas trabajan sin decir que hacen esas prácticas”.

La IVE no es el único derecho consagrado que no se aplica efectivamente en la provincia: la educación católica en establecimientos públicos, prohibida por Ley, parece nunca haberse ido de las aulas. Describe Monik: “A mi hijo de 5 años la maestra lo hace rezar. Si bien el catolicismo no es una materia, igual rezan, se persignan, hay una virgen en la escuela. Y respecto a la ESI, capacitaron a los mismos profesionales que daban la materia religión en las escuelas, y pretenden que sean quienes ahora den clases de educación sexual: ESI basado en el amor, le llaman”. La paradoja: “Como nos opusimos a eso, directamente no hay ESI”.

Alma Blanco, de la Federación de Estudiantes Secundaries suma panorama desde adentro: “La aplicación de la ley de Interrupción del Embarazo se está manejando muy mal en Salta, al igual que en muchas otras partes del país. En muchas provincias se presentaron cautelares para que los hospitales puedan meter presos a los médicos que garantizan los procedimientos. En Salta es todavía más complicado: siempre se dificultó la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, y el desarrollo de la diversidad de género y sexual en los colegios. Ahora, aunque tengamos una ley hace ya más de 9 meses, en Salta acceder de manera legal, pública y gratuita al aborto sigue siendo algo poco común, y muy dificultoso. Hoy por hoy no se puede ir a un centro de salud y esperar que te atiendan: no solamente porque puedan meter presa a esa médica, si no porque te dilatan la situación para que no llegues a hacerlo”.

Continúa: “Hay muy pocos hospitales en la provincia para la cantidad de demanda sobre todo en el interior. La situación de las mujeres en las comunidades del norte, las localidades fronterizas con Chaco, con Bolivia y Formosa, está atravesada por muchas otras cosas, no solamente por la salud reproductiva. Las mujeres o personas gestantes del interior de la provincia no cuentan siquiera con el poco acompañamiento que podemos tener en la capital. No es una crítica en cuanto a la ley, sino al presupuesto que se baja en salud para la provincia, en Educación y Salud Integral, y la falta de profesionales que hagan valer la ley”.

Cuando las denuncias son por violencia machista, tampoco cambia mucho: “Si vas a denunciar a tu marido violento, la policía te pregunta si lo vas a dejar entrar el fin de semana: hay cero perspectiva de género”, dice Monik, recordando que en Salta se habla corrientemente de “ideología de género”.

El Observatorio contra la Violencia Patriarcal Lucía Pérez lleva contabilizados  185 femicidios (30 cada 100 mil mujeres) y 47 tentativas de femicidios en la provincia. Además, entre 2017 y 2019 hubo 1.008 violaciones y aun hoy hay 11 mujeres desaparecidas. 

Como contrapartida para dar vuelta esta realidad, en los últimos tiempos se hicieron 22 movilizaciones pidiendo justicia y reclamando derechos, entre ellos, los garantizados por la propia ley.