Informe especial del Observatorio Lucía Pérez. ¿Cuántos funcionarios fueron denunciados por violencia machista? Una investigación en proceso del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez detectó 150 casos, que representan la falta de políticas para prevenir esa violencia engendrada en el propio Estado. Los ejemplos que involucran a distintos partidos, sin grieta; a un fiscal “especializado” en violencia de género; al funcionario judicial santafesino e hijo del actual presidente de la Corte Suprema, o al legislador tucumano acusado de violación en su despacho mientras se trataba la Ley Micaela. Datos sobre jueces, intendentes, legisladores y policías, muchas veces encubiertos por un poder patriarcal.

Son 150 casos que representan una hipótesis: qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas para prevenir y contener violencias de género y la presencia de funcionarios en denuncias por… violencia de género. 

Para construir la respuesta es necesario eludir simplificaciones y complejizar. 

Son varias, entonces, las advertencias a tener en cuenta antes de analizar los datos:

1. Las denuncias no significan condenas. Es decir, no informan sobre delitos cometidos por funcionarios públicos, sino que dan cuenta de presentaciones judiciales que relatan casos concretos de violencias que solicitan así ser investigadas.
2. Los 150 casos no significan la totalidad de los funcionarios denunciados. Es apenas una muestra confeccionada con informaciones periodísticas no desmentidas y de los últimos años. 
3. Hemos tenido en cuenta denuncias que superen los últimos tres años sólo en aquellos casos en que ese antecedente recobre actualidad. Un ejemplo de esta excepción: el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, ya que la denuncia por violencia que radicó su ex pareja  y  por la que fue sobreseído en 1987 fue nuevamente noticia el pasado 8 de marzo.
4. No incluimos en los 150 casos seleccionados denuncias que involucran a familiares de funcionarios públicos. El caso de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, flamante presidente de la Corte Suprema de la Nación no es la excepción, ya que cuando fue denunciado por violencia por su ex pareja se desempeñaba como funcionario del Poder Judicial en Santa Fe. Destacamos, sin embargo, la gravedad institucional que representa que existan notas periodísticas que siembren la sospecha de que el juez de la Corte Suprema haya realizado gestiones para mitigar la situación judicial de su hijo. Confirmar o desmentir estas versiones debería ser una prioridad de la máxima institución de justicia del país en momentos en que el proceso de proclamación de Rosatti como presidente de esa institución ha sido cuestionado hasta por otros miembros de la Corte.
5. En el caso de las fuerzas de seguridad solo hemos tomado registro de aquellas denuncias que involucren a las máximas autoridades. Sin embargo queremos remarcar el grave contexto que representa que solo en la Policía Bonaerense y en el año 2020 se hayan iniciado 997 expedientes por violencia de género laboral. “El Estado es responsable” también significa esto.
6. En un solo caso el denunciado no es actualmente funcionario. Se trata de Pedro Darío Pietrowoski, ex intendente de Almafuerte, Misiones, quien actualmente se encuentra prófugo. En su contra pesa una denuncia penal realizada por su ex pareja, la actual intendente de esa localidad.

Datos que gritan

Una primera clasificación de esta muestra de 150 casos da cuenta de que el Poder Ejecutivo concentra el 37% de estas denuncias. La mayor parte involucra a funcionarios municipales –37 de un total de 55– y de todas las jerarquías: intendentes, concejales, directores de diversas áreas. 

Estos datos, sin duda, necesitan ser evaluados dentro del contexto que tensa la relación entre las violencias territoriales y las jerarquías políticas municipales, pero un primer análisis revela cuáles son las víctimas centrales: parejas golpeadas y empleadas que sufren acoso sexual constituyen la mayoría.

Aunque en número constituyan minoría debería representar un fuerte alerta que cuatro intendentes estén involucrados en denuncias por violencia de género y también que dos ministros provinciales deban enfrentarse a estos cargos. El caso más resonante es el de Rubén Giacci, el ministro de Salud mendocino que tuvo que renunciar tras hacerse pública la causa judicial que se inició por las lesiones que le produjo a su pareja.

El Poder Judicial al banquillo

El Poder Judicial comprende el 26% de esta muestra. De las 40 denuncias registradas, 16 son protagonizadas por jueces y 14 por funcionarios judiciales relacionados con juzgados que deben intervenir en denuncias de violencia de género y en áreas de familia, minoridad, fiscalías o defensorías especializadas, entre otras dependencias. Un ejemplo: la denuncia que involucró a Julio César Castro,  fiscal especializado en violencia de género, quien fue condenado por el abuso sexual y las lesiones que sufrió su ex pareja.

La más reciente es la que involucra al ministro pupilar de la defensa de Tucumán, Washington Navarro Arias, denunciado en mayo de este año por acosar sexualmente a la ex secretaria administrativa de ese ministerio. Navarro Ávila se transformó así en el sexto funcionario público tucumano denunciado y el segundo  del Poder Judicial de esa provincia. Algunos casos: 

En mayo de 2020 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decretó el procesamiento del ex diputado y actual intendente de la localidad de Famaillá, José Orellana, por el delito de abuso sexual contra una ex trabajadora de la Cámara de Diputados.

Bruno Romano, actual concejal del Partido Justicialista por la ciudad de Alberdi, fue denunciado por Romina Dip en marzo de 2018, luego de sufrir “innumerables golpizas”. Romano es boxeador. También fue denunciado por no cumplir con el régimen de alimentos para con su hija.

Edmundo Mistretta, funcionario de la Justicia Federal, enfrentará en los próximos meses un juicio oral por el delito de “abuso sexual simple” por dos hechos denunciados que sucedieron en el ámbito laboral del Poder Judicial Federal de Tucumán. Mistretta se jubiló antes de que avanzaran las acciones penales en su contra.

La más antigua: la que refiere al presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos. Según informa el diario Perfil en marzo de este año el juez Hornos fue protagonista de un escrache virtual durante el acto del Día de la Mujer, del que era el principal orador. “Cuando pidió la palabra el juez, las camaristas Ángela Ledesma y Magdalena Laiño, y la jueza Luciana Montórfano, desaparecieron de la imagen y silenciaron sus micrófonos” y la reunión virtual fue intervenida con mensajes contra Hornos. Según detalla el artículo firmado por Mariano Confalonieri: “Hornos fue denunciado por quien fuera su cónyuge en 1987: lo acusó de haberla golpeado tras una discusión”. El expediente con el relato de la víctima forma parte de esta nota. En esa causa Hornos fue sobreseído. Según consigna Perfil: “El juez Remigio González Moreno lo sobreseyó el 29 de noviembre tras escuchar a Hornos, quien negó haber estado presente el día y la hora que su cónyuge denunció los hechos. En ese momento, Hornos ya era secretario judicial”. El escrache virtual  del 8 de marzo habría tenido como objeto recordar este antecedente, pero también otras motivaciones, entre ellas aquella  que la nota cita así: “Una de las personas presentes en el zoom contó a Perfil que además el camarista había tenido un problema con tres relatoras que pidieron irse de la Cámara”. 

Las denuncias contra integrantes esa Cámara ese día también alcanzaron al juez Carlos Gemignani, quien el Día de la Mujer envió a sus colegas un mensaje expresando: “Feliz día para todas! Especialmente para las delincuentes!!! Solo se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir! Y también entonces sean pertinentemente penadas !!!”. El presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, solicitó que sea investigado por presunto mal desempeño de la función pública:  “Es fundamental la intervención de este Consejo ya que, de ser comprobadas, las gravísimas expresiones del Dr. Gemignani resultan totalmente incompatibles con los esfuerzos que el Poder Judicial de la Nación está desarrollando para actuar y resolver con perspectiva de género”. Gemignani ya tiene una sanción por violencia de género. En 2019, el mismo Consejo le aplicó una multa del 35% de su sueldo por única vez por haber ordenado la detención de una secretaria del tribunal por negarse a cumplir una orden y por haber echado a la magistrada Liliana Catucci de una reunión.

Un dato clave: el Estado argentino fue condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de Olga Díaz, víctima de violencia. Producto de esta sentencia el Estado se comprometió a realizar un registro de denuncias presentadas contra magistrados, que no se cumple: solo tiene 5 casos que señalan a 3 funcionarios. 25 menos de los que pudo relevar este Observatorio.

La ley de la licencia

El Poder Legislativo ocupa el 23% de estas denuncias y recorre todos los niveles. Comienza en el Congreso de la Nación, donde una denuncia por violación involucra al senador José Alperovich, beneficiado por la Cámara Alta con una licencia desde hace dos años. 

En las legislaturas provinciales  se destaca la denuncia que involucra al diputado Manuel Mosca, de Juntos por el Cambio, presentada por una militante de su partido y por la cual también fue beneficiado con una licencia. En tiempos en que la fuerza política representada por este diputado era oficialista en territorio bonaerense y él ejercía la presidencia de la Cámara esa licencia significó que se paralizara la labor legislativa. 

En esa misma época el Congreso bonaerense también fue epicentro de una denuncia por parte de  una militante de su partido y por abuso sexual contra el senador Jorge Romero, integrante de la agrupación La Cámpora. Fue licenciado como todos los legisladores denunciados, pero fue el único que fue homenajeado en la última sesión del año 2019 de esa cámara. 

Otro caso paradigmático: la denuncia que involucra al diputado provincial de Tucumán, Ricardo Bussi: según el relato de la víctima publicado en decenas de medios de prensa la violación habría ocurrido en su despacho y mientras en el recinto transcurría la sesión que debía aprobar la aplicación de la Ley Micaela en esa provincia.

Las fuerzas del orden

Las autoridades de las Fuerzas de Seguridad representan el 14% de esta muestra. La mayoría de las denuncias son presentadas por las parejas y subordinadas de uniformados a cargo de comisarías o fuerzas de seguridad departamentales. Tal es el caso del comisario mayor Rubén Edgardo Marcell, máximo jefe de la Estación Departamental de Escobar. Denunciado por su pareja, a quien golpeó en su casa de Tigre, estuvo prófugo durante una semana, hasta que se entregó acompañado por su abogado defensor, en agosto de este año. Durante el allanamiento realizado para detenerlo encontraron armas de guerra sin registrar y una moto robada con patente falsa.

Otra denuncia de este año involucra a  Mario Alberto García, ahora ex jefe policial de la Comisaría Comunal de la localidad bonaerense de Henderson, por el delito de abuso sexual por parte de dos mujeres oficiales de menor rango que se desempeñan en la misma dependencia.

La más numerosa en cuanto a la cantidad de víctimas es la que involucra a Néstor Guillermo Villegas, comisario general e instructor de la escuela de cadetes Julio Dantas. En mayo de este año 30 cadetas formalizaron una denuncia por los contenidos impartidos por el docente. Una de las frases atribuidas a Villegas: “Para no pagar derecho de piso tienen que coger con su jefe para estar más acomodadas”. La denuncia penal por averiguación de delito es investigada por la UFI N°4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone.