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Botón de muestra. Lo que revela la causa por el femicidio de Carla Soggiu
La familia supo de casualidad, 20 meses después, sin ser notificada, que la causa de su hija estaba archivada. El expediente que oculta y tergiversa, pese a que la declaración de la mamá de Carla brindó precisiones suficientes como para investigar la muerte de la joven como un femicidio, y alertaba sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. La no declaración del ex vicejefe del gobierno porteño Diego Santilli sobre este punto. El audio de los últimos momentos de Carla. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad. Por Claudia Acuña.

Foto: Lina Etchesuri
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Hay un sonido que la familia de Carla Soggiu nunca olvidará.
Es el del audio que le hizo escuchar la Policía de la Ciudad donde quedó registrada la última de las cinco activaciones que Carla hizo de su botón antipánico.
Ya no se escucha su voz pidiendo ayuda como en las grabaciones anteriores, sino el ruido de agua que se mueve y lo que podría ser un elemento golpeando contra otro y el gemido de alguien que se ahoga. “Me hicieron escuchar a mi hija morir”, recuerda Alfredo.
Carla murió intentando sobrevivir hasta el último minuto de su vida. Así quedó acreditado en la autopsia, donde se constató que sufrió una “asfixia mecánica por sumersión”, y así lo testimonian las insistentes activaciones de su botón antipánico, advirtiendo que estaba perdida y necesitaba ayuda.
Para su familia, a Carla la mataron dos veces. Primero, el 26 de diciembre de 2018, cuando su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, mientras la más pequeña de sus dos hijes era testigo obligada de esa escena de terror. En esa sesión de tortura que duró dos días le produjo una lesión en el cráneo que –según creen sus padres– derivó en la desestabilización y desorientación que sufrió días después. La segunda muerte de Carla, entonces, fue aquel 15 de enero de 2019, cuando pidió ayuda y la Policía de la Ciudad nunca pudo encontrarla, a pesar de que su botón antipánico contaba con geolocalización. Su cuerpo fue hallado cuatro días más tarde en el Riachuelo.
Ahora a Carla la mataron por tercera vez.

Las fojas de la impunidad
Por los crímenes que padeció Carla se abrieron dos expedientes judiciales. El primero culminó cuando El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 de la Capital Federal, a cargo del juez Pablo Laufer, condenó a 6 años de prisión a Sergio Fuentes por secuestrar, atar, violar y golpear salvajemente a Carla. La familia de Carla se enteró del inicio de ese juicio oral cuando la secretaria del juzgado llamó a su casa para preguntar por Carla. Le respondieron que estaba muerta. Le informaron entonces que ya no podían presentarse como querellantes y tuvieron que asistir al juicio como parte del público.
La otra causa judicial comenzó el 15 de enero de 2019 cuando Rosana, su mamá, denunció que había desaparecido. Este expediente, foja por foja, es la prueba del delito.
Justicia ciega
La declaración de la mamá de Carla ocupa la foja 4, es decir, el inicio del expediente. Es completa y precisa. Allí está todo lo que necesita el fiscal César Augusto Troncoso para determinar qué estaba denunciando Rosana.
Dice que su hija está perdida y que un patrullero fue a su casa tres veces porque activó el botón antipánico, una clara señal de que el sistema de geolocalización no estaba funcionando.
Dice también que Carla fue víctima de la violencia de su ex pareja y aporta el número de juzgado y causa en que consta la denuncia, un dato contundente para considerar que se trataba de un caso de violencia de género que obliga a la fiscalía a aplicar el protocolo correspondiente.
Dice algo más que en los tres cuerpos y casi 500 fojas de esta causa no vuelve a nombrarse: el nombre y edad de los hijes de Carla, que para la justicia serán invisibles.
A partir de allí todo el primer cuerpo de esta causa caratulada como “muerte por causa dudosa” es una sucesión de papeles que ordenan la búsqueda.
La foja 175 da cuenta del hallazgo de un cuerpo.
Lo encontró por un trabajador que realizaba tareas de limpieza en el Riachuelo.

Lo que falta
El segundo cuerpo de la causa es el que importa.
Los principales puntos:
A fojas 288 el fiscal general Diego Iglesias, en aquel momento a cargo de la unidad especialmente dedicada a violencia de género, la pide al fiscal Troncoso que le informe “mediante oficio papel o electrónico”, si existe “indicio de vinculación” del caso con ese tipo de violencia, en cuyo caso le recuerda debe aplicarse el procedimiento correspondiente. A fojas 290 responde la fiscalía a través de su secretaria María Celina Bo: “No se investiga un homicidio doloso vinculado con violencia de género y, por consiguiente, no se precisa la intervención ni colaboración de dicha unidad”.
A fojas 311 se remite completo el expediente generado por el secuestro, violación y golpiza (Causa N 7581154) y su fallo completo. También, la denuncia de Carla ante la Oficina de Violencia Doméstica, que calificó su situación “de alto riesgo”. Sin embargo, el fiscal jamás consideró en sus conclusiones que la muerte de Carla se produjera en un contexto de violencia de género. Para el fiscal Troncoso Carla “se murió”.
A fojas 349 se cita a declarar al vicejefe de la Ciudad, Diego Santilli. Responde que prefiere hacerlo por escrito, pero no hay constancia de su declaración, a pesar de que a lo largo del expediente es tres veces requerida. La declaración que nunca realizó Santilli es clave para determinar por qué no funcionó el sistema de geolocalización del botón antipánico. Una versión periodística aseguró que esa falla no se produjo solo en el botón que tenía Carla, sino que dejaron de funcionar los 3.000 que entregaron ese año a las mujeres que el Estado porteño se comprometió así a proteger. ¿Por qué no funcionó? Porque había vencido el contrato con la empresa Coradir –que proveía el servicio– y hubo un vacío de varios días hasta que se hizo cargo el nuevo proveedor, la empresa Soflex. En ese vacío se extravió la vida de Carla.
A fojas 335 el fiscal Troncoso requiere al gobierno de la ciudad “todos los contratos relativos al implementación del servicio del botón antipánico”. No hay copia de dichos contratos en el expediente.
A fojas 406 el fiscal Troncoso niega las copias de esos contratos a la fiscal Cristina Caamaño Iglesia Paiz, quien había iniciado una investigación por el no funcionamiento del botón antipánico a partir de una nota publicada por el portal El Destape. Esta fiscal también había citado a Santilli y requerido los contratos al gobierno de la ciudad, que respondió que las había enviado al fiscal Troncoso… que le negó la copia “por no se ser parte de la causa”. A fojas 413 el fiscal Troncoso denuncia a Caamaño ante el fiscal general “por haberse excedido de sus funciones”.
A fojas 468 consta que el fiscal devolvió esos contratos “por carecer de interés en esta causa”. No da detalles ni explicaciones.
A fojas 470 el fiscal Troncoso ordena el archivo de la causa por considerar que “el hecho a investigar no constituye delito alguno”.

Preguntas y respuestas
Cómo se enteró la familia de Carla del archivo de la causa que investigaba el crimen de su hija es otra de las violencias que debió soportar. Merece, por eso mismo, una larga explicación.
La familia de Carla es una de las quince que se encuentran cada segundo miércoles de cada mes en Plaza de Mayo para presentar en Casa Rosada un pedido de audiencia con el presidente Alberto Fernández. El Presidente –que hasta ahora y tras quince solicitudes de audiencia, nunca las recibió– derivó uno de esos pedidos a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, quien los entrevistó en marzo, junto a un grupo de asesoras. En esa reunión, las familias le entregaron un resumen de la situación que padecían. En el caso de la familia de Carla: los dos niñes no recibían la pensión que les correspondía por la ley Brisa y la investigación judicial se había convertido en una maraña desquiciada.
A la semana de esa reunión cada familia fue entrevistada en forma individual y durante dos largas horas por otras dos asesoras del ministerio para supuestamente elaborar un informe más detallado. Durante largos meses no tuvieron novedades hasta que el ministerio respondió uno de los pedidos puntuales: que los ayuden a conseguir los peritos que requería cada causa. La respuesta fue por teléfono: el ministerio –que cuenta con un presupuesto de 6 mil millones sub ejecutado– no tenía recursos para pagar los honorarios de los peritos.
Las familias se organizaron entonces para conseguirlos y lograron una reunión con el equipo de la perito Virginia Kreimer, quien escuchó durante más de tres horas los padecimientos judiciales que soportaban, entre ellos, los padres de Carla. La doctora Kreimer les pidió, entonces, una serie de datos de la causa que debían solicitarle al abogado particular. Ese abogado se los había sugerido el periodista Chiche Gelblung, quien tras escucharlos en una entrevista, se conmovió al verlos desamparados. Así llegó a la causa como abogado querellante Juan Manuel Dragani , el 23 de enero de 2019. El abogado es conocido por su participación en los programas de Viviana Canosa y por representar a las hermanas Dalma y Yanina Maradona. En el expediente que investiga la muerte de Carla consta que su actuación se limitó a pedir copias y a presentar un supuesto testigo que nunca pudo ser ubicado.
Los padres de Carla lo llamaron para solicitarle los datos requeridos por Kreimer. Tardaron varias semanas en concretar la entrevista. El mismo día que iban a verlo –ya era mediados de noviembre de este año– recibieron un llamado de una abogada “del ministerio”.
-Vayan a verlo y después lo llamo- les dijo.
Fueron.
Al regreso recibieron un nuevo llamado de la abogada.
-¿Qué les dijo?
-Que la causa estaba parada
-¿No les dijo que el fiscal la mandó a archivar?
La causa había sido archivada en marzo de 2020. Un año y ocho meses antes. Jamás los notificaron.
La respuesta de Rosana, la mamá de Carla, fueron lágrimas. La de Alfredo apuntó directo a los ojos del ministerio:
-¿Ven por qué queremos que el Presidente nos reciba? ¿Ven por qué no podemos luchar solos contra todo esto?
Sí: veían.
20 minutos de eternidad
Tras el secuestro y la violación Carla volvió a vivir a la casa de sus padres, esta vez con sus hijos de 2 y 5 años. Para sostener a su familia repartía volantes de un estudio jurídico, limpiaba casas y a veces atendía un puesto de diarios. “Al tener hidrocefalia no la tomaban en ningún lado y ella hacía lo que podía para ganarse unos mangos”, cuenta su papá.
Aquel 15 de enero de 2019, Carla salió a trabajar con su botón antipánico. Fue la última vez que la vio su familia. Cerca de las 18 horas, tal como quedó capturado en una cámara de seguridad, un amigo la acompañó hasta la parada de la línea 32, en Avenida Sáenz al 500, cerca de Nueva Pompeya, desde donde Carla volvería a su casa. Al ver que no regresaba, sus padres llamaron a la policía. “En ese momento y después de todo lo que había pasado, veinte minutos eran una eternidad”, dice Alfredo. También dice que en la autopsia consta que aquel, su último día, Carla llevaba el botón antipánico refugiado entre la bombacha y el jean. “Mi hija protegió hasta último momento ese aparato que tenía que protegerla”.
En esa imagen se sintetiza todo lo que su familia necesita ahora: justicia.
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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.
Por María del Carmen Varela
Foto: Lina Etchesuri
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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos.
Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.
Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición.
Los narcos robados
A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza.
Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar.
Quiénes están en prisión
Hasta el momento las nueve personas detenidas son:
- Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
- Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta.
- Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando.
- Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa.
- Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”.
- Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
- Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven.
- Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno.
Vínculo de confianza
Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”.
Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.
Ya pasó un mes.
Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia.
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Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Por Evangelina Bucari
Fotos: Carlos Luna @un_chino.of
Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.
La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

La bandera en la marcha.
Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.
En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

La presencia mapuche en el acto por Azul.
Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.
“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.
La violencia avanza
El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia.
Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.
Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.
“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.
Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.


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