Trabajadores textiles de la empresa Soltex realizaron una protesta en Trelew, Chubut, con quema de cubiertas para reclamar el pago de salarios adeudados tras acumular más de 300 días sin cobrar. El caso es otro símbolo de una época de destrucción de fuentes de trabajo. Ante la falta de respuestas tanto oficiales como del empresario Sebastián Santiago, los trabajadores proponen incluso hacerse cargo de la textil, como ha ocurrido en los últimos años con las empresas recuperadas por sus trabajadores en distintos lugares del país.

por El Ciudadano, de Rosario (elciudadanoweb.com)*

El conflicto de la empresa Soltex afecta a operarios de la planta textil ubicada en Trelew, Chubut. Según denunciaron los trabajadores, actualmente solo quedan 20 empleados de los 50 que tenía originalmente la fábrica.

Los manifestantes aseguraron que llevan 305 días sin percibir haberes y calificaron la situación como “insostenible”. Además, apuntaron contra el dueño de la empresa, radicado en Buenos Aires.

“Nos dice que no quiere cerrar, pero tampoco nos paga, es un sinvergüenza”, expresó Néstor Sajama, representante de los trabajadores, durante la protesta realizada este lunes.

En base a información difundida por el sitio Info Gremiales, los trabajadores reclaman la intervención de las autoridades provinciales y municipales para destrabar el conflicto laboral.

El conflicto textil en Trelew se agrava tras más de 10 meses sin pago

Desde la Asociación Obrera Textil realizaron distintas gestiones para intentar alcanzar un acuerdo con el empresario, aunque hasta el momento no hubo avances concretos.

Los empleados sostienen que algunos compañeros renunciaron y otros iniciaron juicios laborales ante la falta de respuestas y el atraso salarial que ya se extiende por casi un año.

“Estamos aquí esperando una solución, pero nuestro empleador al parecer quiere que nos vayamos o iniciemos juicio para que nunca nos pague”, denunciaron los trabajadores.

Los operarios también reclamaron que el dueño de la firma se presente personalmente en Trelew para definir el futuro de la planta textil.

“Si no quiere trabajar, que nos den la fábrica a los trabajadores y nosotros vemos lo que podemos hacer”, afirmó Sajama.

Los trabajadores advirtieron que continuarán con las protestas hasta obtener una respuesta concreta sobre el pago de salarios y la continuidad laboral.

*Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Lavaca y Revista MU (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).

Masiva marcha en defensa de la salud pública, en tiempos en que parece naturalizarse la destrucción del sistema sanitario por parte del gobierno de Milei. ¿Cuánto se ha recortado? Lo que pasó con las prepagas. Lo que cuentan trabajadores de la salud que se convierten en choferes de aplicaciones para compensar salarios aplastados. Los carteles, las imágenes y las voces que advierten de cuántos modos la vida está en peligro.

Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi

Fotos Juan Valeiro/lavaca.org

Mientras miles de personas (60.000 según los organizadores) marchan con sus guardapolvos, sus carteles, sus cantos y sus incertidumbres por Avenida de Mayo en defensa de la salud pública que está siendo desguazada por el actual gobierno, un ejemplo viviente del valor de ese reclamo está también ahí, caminando.

Lleva una gorra de lana de Independiente, un pantalón de jogging azul, una campera abrigada, y una cámara colgada del cuello. “Caminando” es una forma de decir: da un paso y lo paran a sacarse una, diez, cien fotos. Camina otro paso, alguien lo reconoce, empiezan a corear su nombre y tendrá que hacer otras decenas de selfies.

–Más fotos que Axel– comenta riendo Pablo Grillo, pero ya un poco cansado del trajín. 

Si no fuera por la salud pública, este muchacho de 36 años hoy no estaría caminando ni sacando ni sacándose fotos. Ni riendo. A Pablo Grillo le salvó la vida el Hospital Ramos Mejía, tras la granada de gas lacrimógeno que el gendarme Héctor Guerrero le disparó en la cabeza el 12 de marzo de 2025 en una marcha de jubilados.

Y este miércoles fue emblema tal vez involuntario de la marcha federal de la salud pública.

–¿Cómo no voy a venir? Soy un trabajador de la salud (del hospital Evita, de Lanús). Además, hay que seguir en la lucha– le dice a lavaca, entre la muchedumbre que lo envuelve. 

Su papá Fabián, que lo escolta y lo cuida como siempre, agrega: «No hay otro lugar donde estar hoy. A la salud pública le debemos la vida de Pablo».

Y dice que le preocupa algo: “La estamos defendiendo. Conceptualmente, es un retroceso porque nos acostumbramos a estar a la defensiva. Debemos empezar a discutir el avance, el cómo mejorar. Como decía César Luis Menotti, la mejor defensa es el mejor ataque”.

Pablo Grillo en la marcha en defensa de la salud pública. Es fotorreportero, trabajador en un hospital, y su propio caso es un símbolo de lo que representa la salud pública para salvar vidas. Foto: lavaca.org.

Pablo se queda por unos segundos mirando a su alrededor y plantea sorprendido: “Cuánta gente que hay”.

63 mil millones menos

La convocatoria, replicada en distintas ciudades del país, fue realizada por el Foro por el Derecho a la Salud. El lema: “El derecho a la salud hoy no está garantizado”. Las principales problemáticas planteadas por el Foro: 

• El cierre del programa Remediar, que garantiza el acceso a medicamentos esenciales.
• El desfinanciamiento del PAMI.
• El desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones, que garantiza las vacunas.
• El retroceso en políticas de Salud Mental.
• El último recorte de 63.000 millones de pesos firmado por Manuel Adorni y Luis Caputo hace una semana en el área sanitaria a cargo del ministro Mario Lugones. Recorte que se suma a lo que el propio gobierno ya consideraba “el ajuste más grande de la historia humana”. No es difícil imaginar a quién perjudica.

Como en Bolivia

Hay un síntoma a la vista: lo que el martes pasado fue la movilización universitaria, este miércoles es la marcha federal por la salud pública.

Hay un remedio: salir a la calle.

En la ciudad de Buenos Aires se marchó desde el Ministerio de Salud nacional en 9 de Julio y Belgrano hasta la Plaza de Mayo. “Hagamos como en Bolivia, basta de cosas tibias”, canta un grupo de jubiladas y jubilados que aplauden a un costado mientras pasa una marea de personas de blanco. Se refieren a la rebelión boliviana de las últimas semanas encabezada principalmente por trabajadores, mineros, campesinos y comunidades originarias contra un ajuste que recién está comenzando implementado por el gobierno de Rodrigo Paz con el previsible apoyo de su vecino Javier Milei, que ante el problema humanitario envió un avión Hércules con parafernalia represiva.  

Entre la multitud de este miércoles está Marta Álvarez, salteña, 63 años y 43 de enfermera. Lleva junto a Roberto y José Luis, sus compañeros, y una bandera con la cara de una mujer poniéndose un barbijo. “Enfermería Hospital Santa Lucía”, dice la inscripción que sostienen con orgullo y con la mirada hacia la Casa de Gobierno. Los tres son licenciados en el centro oftalmológico porteño.

–Cobramos un salario de un millón de pesos, pero hay colegas que por la antigüedad no llegan a los 600 mil. Casi todos los enfermeros tienen 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes. 

Marta aporta una percepción que no figura en ninguna estadística oficial: “Crece el promedio de fallecimiento de los enfermeros entre 45 y 50 años. La salud lo es todo, pero los gobiernos nos esclavizan y nos precarizan. A nosotros no nos cuida nadie”.

Imagen de la marcha en defensa de la salud pública.

Uber de noche, enfermera de día

Nieves Villegas, 53 años, es un ejemplo: es enfermera por las mañanas, docente por las tardes y chofer de aplicación los sábados, los domingos “y hasta algunas noches de semana también”, cuenta. Marcha por Avenida de Mayo con sus compañeras del Hospital Magdalena Villegas Martínez, en General Pacheco, conurbano norte. “La situación es crítica. Un enfermero de planta puede llegar con todos los descuentos a 1.200.000 pesos por mes, pero un personal con beca no llega a los 500.000. Se suma a que los insumos son escasos, los tratamientos se demoran y eso hace que esté en juego la salud. Muchos pacientes no vienen al hospital porque no tienen para pagar el boleto”. 

Sol no es paciente sino estudiante de Enfermería en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” (dependiente de la provincia de Buenos Aires) en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, La Plata, y el boleto para ir a cursar le subió a 1.800 pesos. “Menos que mal que estoy cerca”, dice, mientras llega a Plaza de Mayo con sus compañeras y docentes. “Tengo un hijo de dos años que crío sola. La Asignación Universal por Hijo me ayuda mucho, son 150.000 pesos por mes, pero imaginate que ya comprarle una campera me sale 60.000 pesos. Limpio casas de familia por la mañana y por la noche voy a estudiar para el día de mañana tener un trabajo en blanco: por suerte los apuntes me lo están mandando en PDF porque no puedo comprar las fotocopias”. 

–¿Qué le dirías al Presidente?

–¿Qué le vas a explicar a un hombre que no tiene empatía? No sé si alguna vez estuvo en un barrio. Yo además tengo un comedor: todos los jueves hacemos una olla a la que vienen 45 familias. Me parte el alma. 

Los efectos de la motosierra

El Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de la Asociación de Trabajadores del Estado realizó un informe que entre otras cuestiones señala:

• La caída presupuestaria acumulada supera el 34%. A esto se adicionó un recorte administrativo directo de $63.000 millones de pesos en mayo de 2026.
• Más de 740.000 personas dejaron de tener cobertura de salud privada desde que comenzó la gestión Milei con subas de hasta 417% en las prepagas y un deterioro del empleo registrado. Quienes abandonaron el sistema privado pasaron obviamente al público, que está colapsado.
• La Fundación Soberanía Sanitaria publicó un informe que muestra las variaciones negativas en el financiamiento de hospitales de referencia como el Garrahan que sufrió una baja del 14%, El Cruce del 23% y el SAMIC de El Calafate del 32%
• Disminuyeron en un 62% los fondos remitidos por Nación a las provincias para sostener la atención sanitaria local, sobrecargando los sistemas sanitarios municipales y provinciales.

Sobre las bajas en programas críticos y falta de medicamentos, el ajuste presupuestario impactó directamente en tratamientos para patologías crónicas y graves:

• Cáncer y VIH: Se denunciaron recortes masivos en las partidas para la provisión de drogas oncológicas, tratamientos de VIH, tuberculosis y hepatitis C. El presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer en 2025 se redujo un 61% comparado con 2023.
• Cierre de la DADSE, Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, que interrumpió los subsidios para medicamentos de altísimo costo destinados a personas vulnerables sin cobertura médica.
• El programa Remediar, encargado de distribuir botiquines con medicamentos esenciales a los centros de atención primaria de todo el país, sufrió un fuerte vaciamiento, afectando la cobertura de más de 20 millones de usuarios.
• El PAMI experimentó un recorte del 41,3% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior, limitando de manera severa la cobertura médica y farmacéutica de los jubilados.

“Nunca vi algo así”

En la calle proliferan los carteles: 

–Los recortes en sanidad matan.

–Sin salud no hay salud mental.

–Al gran pueblo argentino salud.

Y un afiche totalmente en blanco, con una frase en el medio, casi ilegible: 

–Vacío como presupuesto de salud.

En Plaza de Mayo no hay acto ni escenario. Muchos profesionales llegan, se sacan una foto con sus compañeros y compañeras, y se despiden rápido con un saludo común: “Tengo que volver al trabajo”.

Hay profesionales del Hospital Paroissien de Isidro Casanova (La Matanza) o del Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación El Dique, del municipio de Ensenada. María Yezzi Herrera, 38 años, es la directora ejecutiva de la institución: “Somos 600 trabajadores haciendo malabares, poniendo turnos donde podemos. Vemos desde recortes en CUD (Certificados Únicos de Discapacidad) en personas amputadas que no tienen nada que demostrar hasta pacientes que pagan 30.000 pesos por un copago. Y es impresionante que estamos viendo de nuevo casos de ACV, diabetes o hipertensión que requieren una intervención que nos estalla. Nunca vi algo así”.

La manifestación está terminando. Un grupo de jubilados y jubiladas de Lomas de Zamora canta tres palabras que sintonizan con lo tan básico y elemental que cuenta María: 

–¡Queremos los-remedios!, ¡queremos los-remedios!

Solo repiten eso: queremos los remedios, queremos los remedios, queremos los remedios. 

El jubilado Walter Piriz, quien a sus 69 años recorre todos los miércoles –todos los miércoles– los 81 kilómetros que separan su Campana bonaerense del Congreso de la Nación porteño para marchar con sus pares, resume con su afiche blanco una situación que ya no alcanza con palabras, con voces, con notas, y que tal vez sea uno de los mejores editoriales políticos de estos tiempos:

“No puedo creer que tengamos que protestar x esto”.

Foto: lavaca.org

La reducción o anulación de subsidios al gas para miles de familias de barrios populares en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se están implementando justamente en el momento en que arrecia el frío. Los decretos de ajuste del gobernador Gustavo Melella fueron derogados por la Legislatura, pero ahora el gobierno quiere vetar esa derogación. Facturas que pueden superar los 600.000 pesos, la desesperación que provoca el frío cuando no hay garrafas o salamandras que den abasto. ¿Qué proponen vecinas y vecinos que acampan, frente a este coletazo provincial de la motosierra?

Por Francisco Pandolfi

Fotos desde Ushuaia: Tami Morales

Vecinas y vecinos de los barrios populares de Ushuaia este lunes 11 de mayo tomaron una decisión: acampar frente a la Casa de Gobierno y exigirle al gobernador Gustavo Melella que no vete la derogación legislativa de dos decretos y una resolución vitales para la vida en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El primero de los decretos inició el conflicto: en agosto de 2025 el gobierno provincial redujo 50 kilos –de 450– el cupo de gas envasado subsidiado, afectando a vecinas y vecinos de los 49 barrios populares de la provincia y a otros barrios donde tampoco llega la red de gas natural.

El segundo decreto, en conjunto con una resolución, profundizó y estalló el conflicto: en marzo de este año implementaron un ordenamiento territorial y dejaron sin subsidio de gas a 13 barrios de la isla. A algunas familias les llegaron a quitar más de la mitad del subsidio.

El frente de la gobernación, intervenido por vecinas y vecinos que acoampan.

Malabares

Agustina tiene 33 años, vive en el asentamiento Las Raíces –sector 1 alto– y dice que el agotamiento es tal, tan grande, que le cuesta expresarse. Pero se expresa: “El contexto es desesperanzador, mil frentes abiertos y una existencia habitacional ya compleja de por sí, que estar mendigando unos kilos de gas es agotador, por eso no me salen palabras”. Pero le salen.

Las Raíces queda en las entrañas de la montaña, esa Ushuaia invisible a ciertos ojos. “No tenemos acceso a ningún servicio: el agua la autogestionamos; para la electricidad usamos luces de emergencia o linterna. Y acá hace mucho frío”. Repite, por si hiciera falta: “Vivimos en zonas extremas donde el frío no perdona y el gas es una necesidad total, básica”. Para buscar una garrafa camina 400 metros. En su sector tampoco hay calles: los accesos son por senderos montañosos.

En el mismo barrio vive Miguel Herrera, 44 años, que también está en el acampe y habla con lavaca. Describe a Las Raíces, describiendo a la ciudad: “Popular, de montaña, ocupado, irregular como la mayoría de los barrios de Ushuaia. Siempre se han construido de esta forma y así sigue sucediendo, por la falta de planificación de los gobiernos provinciales y municipales”.

–Hago malabares para que me alcance el subsidio de gas, y si llego es porque vivo solo y porque mi casa es tan precaria que no tengo ducha, ni red de agua ni red de gas –dice Miguel.

Imagen de la protesta en Ushuaia.

La segunda productora de gas del país

Hay redes que sí existen, que se tejen y se multiplican. La decisión de acampar en las narices de la gobernación se tomó en una asamblea interbarrial, sin tintes partidarios, con la unión vecinal como bandera. El reclamo por la quita de subsidios llegó a la Legislatura provincial, que el 30 de abril derogó los decretos del Ejecutivo hasta “dictarse una nueva reglamentación que considere condiciones de vulnerabilidad y equidad”. Este viernes 15 de mayo se cumplen los 10 días que el gobernador Melella tiene como plazo para vetar la decisión legislativa. 

–Sabemos que su intención es vetarla y por eso decidimos acampar. Quisimos dialogar, pero no aceptaron –cuenta Agustina.

–Pese a la situación precaria en la que vivimos, es interesante la unidad que logramos entre distintos barrios para definir nuestras exigencias antes de que llegue el invierno y empeoren las cosas –agrega Miguel.

¿Las exigencias?

1. Que no veten la derogación de los decretos y resoluciones. 
2. Que se sienten a construir con las y los vecinos una ley de asignación de subsidios.

Tierra del Fuego es la segunda productora de gas del país, detrás de Neuquén. Genera más de 12 millones de metros cúbicos por día. Miguel baja a tierra ese dato:

–De cada cuatro hornallas que se prenden en este país, una y un poquito más es gracias al gas de Tierra de Fuego.

La provincia tiene 200 mil habitantes y el recorte en el subsidio afecta a 6 mil familias. “A algunos nos sacaron 50 kilos, a otras familias 200 y 250, más de la mitad del subsidio original de 450, que ni siquiera alcanzaba. En esas casas, al ser ya mitad de mes, no tienen más gas y están pagando la tarifa plena, que sin subsidio es estratosférica”.

Las condiciones fueguinas para el acampe para evitar que el gobernador vete la decisión de la Legislatura de derogar los decretos de ajuste.

Números estratosféricos

El kilo de gas sin subsidio cuesta $2.463

El kilo de gas subsidiado: $160.

–A una familia que le quitaron 50 kilos del gas subsidiado, paga:

400 kilos con subsidio= $64.000

50 kilos sin subsidio= $123.150

Total= $187.150

–A una familia que le quitaron el subsidio de 250 kilos, paga:

200 kilos con subsidio= $32mil

250 kilos sin subsidio= $615.750

Total= $647.750.

En el decreto de marzo de este año se excluye de todo subsidio “a los hogares cuyos ingresos resulten iguales o superiores a 8 salarios mínimos, vitales y móviles”. En mayo el salario mínimo es de $363 mil, por lo que a las casas que perciban 2.900.000 se les saca la totalidad del subsidio.

El resultado: 450 kilos de gas a $2.463 (sin subsidio) la familia debe pagar $1.108.350,00.

Vigilia permanente

El lunes, cuando iniciaron el acampe con nieve, frío y lluvia, referentes de los barrios pidieron una reunión con el gobierno provincial. Quien los recibió quince minutos fue la Ministra de Energía, Gabriela Castillo. “Nos recibió ella, que nada tiene que ver con los decretos y negó los cortes de gas cuando a un montón de familias ya le sacaron el subsidio. Nosotros estamos abiertos a discutir lo que quieran, pero no con el cuchillo en la garganta. El acampe lo definimos porque el gobierno nos tomó el pelo”.

Miguel, además, dice que el gobernador hizo campaña en contra de Milei, pero que ahora le está entregando todo, incluido el puerto de Ushuaia (https://lavaca.org/mu-en-tierra-del-fuego/el-principio-de-todo-mu-en-tierra-del-fuego-antartida-e-islas-del-atlantico-sur/). Dice, también, que fue votado con el slogan de que la gente iba a vivir mejor, pero que eso no estaría pasando. 

Miguel está sentado pegado al tacho que contiene el fuego, junto a una decena de vecinos de los distintos barrios: Dos banderas, El Obrero, Cañadón, La Cima, Las Reinas, Itatí, Quinta 52, Bajada de los Maestros, Las Raíces, Once de noviembre, La Bolsita, Peniel 1, Peniel 2, Antiguos Leñadores, La Turbera, El Glaciar, San Martín, Akar y Valle de los Rubíes. Es jueves a la madrugada y hace 4 grados. “Hoy está lindo”, suelta y no miente. El día que montaron la carpa la temperatura rozó los cero grados. En invierno, la temperatura en Tierra del Fuego llega a -10º de sensación térmica.

El refugio para lo que viene

El campamento frente a la Casa de Gobierno es un gazebo, una doble base de pallets y pedazos de nylon como paredes que amainan un poco el frío. El refugio es mucho más que eso: es la leña que trae un vecino para calefaccionar la lucha, son los pollos que compra otra para la olla del mediodía, son las verduritas que donan por ahí, es el agua que traen por allá. Agustina mira a su alrededor: “La solidaridad y la humanidad que hay entre vecinos es muy zarpada. Es lo que nos mantiene unidos cuando pensamos que ya no alcanzaba el subsidio que había antes, y ahora menos”.

Hay una escena que se repite en su día a día, pero ella no se acostumbra: “Es muy hostil cuando se apaga la salamandra o te quedás sin garrafa. No hay persona que pueda ser funcional acostándose con los pies fríos y despertándose con los pies fríos. Es como tener hambre, es desesperante”. 

Su volumen de voz aumenta, se tensa, se pone firme: “Más allá de eso, estamos acá, resistiendo”. Y dirá, con la mirada puesta en el acampe y en lo que viene:

–El gobernador podrá vetar la ley, pero nosotros seguiremos acá, sosteniéndonos, juntos, con mucho corazón y mucha humanidad para no dejarnos caer. Necesitamos una ley que nos ampare, que nos asegure el gas, la calefacción tanto en invierno como en verano. Una ley que sea justa, equitativa y que contemple la vulnerabilidad con la que vivimos.