CABA

Se apagó la lamparita: la privatización del sistema eléctrico

Publicada

hace 21 años

13/07/2004

La publicidad oficial dice que apagando una bombita se ayuda a generar fuentes de trabajo. Se trata, con ese mensaje, de incentivar el ahorro de energía. El mismo fin persigue la política de premios y castigos puesta en marcha hace poco más de un mes, eufemismo para no llamar aumento a un incremento en las facturas. El origen de todo esto hay que rastrearlo en la privatización del sistema eléctrico, mencionada como un caso modelo del proceso de traspaso al capital privado de los servicios públicos que prestaba el Estado. Al menos hasta el apagón de 1999, que dejó sin luz a cien mil personas durante dos semanas. La cifra en que se realizó esa operación no alcanzó ni siquiera a cubrir los pasivos que la Nación se hizo cargo en la transacción. Además, las empresas fueron entregadas luego de que se realizara una reducción de personal y un aumento tarifario. El reordenamiento de precios posterior benefició a los sectores más pudientes y el ente regulador, como en casi todos los casos, no cumplió con su función.

En 1992 el Estado transfirió al capital privado el sistema de energía eléctrica por 3.300 millones y, al mismo tiempo, el fisco absorbió la deuda que tenían las empresas de electricidad por 3.500 millones. La operación no sirvió, entonces, ni siquiera para saldar los pasivos.
Previo a la privatización, el Estado redujo un 50 por ciento el personal de SEGBA y fueron incrementadas las tarifas. El reordenamiento tarifario producido por las empresas privadas afectaron en mayor medida a los sectores más necesitados.
Los consorcios beneficiados por la privatización estuvieron integrados -en general- por los mismos grupos económicos nacionales – los grupos Pérez Companc, Techint, Soldati- que participaron en la venta de Gas del Estado e YPF. Son todas empresas que tienen, a su vez, la energía como uno de sus principales insumos. «Las empresas prestatarias registraron elevados márgenes de beneficios», según indican las estimaciones del Àrea de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Para modificar los precios las empresas, según la Auditoría General de la Nación, no cumplieron con la obligación de llamar a audiencias públicas ni de publicar el cuadro tarifario.
El Ente Nacional Regulador de Energía dejó sin sanción gran parte de las anomalías detectadas mediante sus inspecciones. Además, no realizó controles preventivos y np ejerció un control eficaz sobre el régimen tarifario. Encima, dio por cerrado expedientes por accidentes y, aunque parezca increíble, consultaba a los propios regulados para saber si cumplían o no con sus obligaciones.

Hasta abril de 1992 el sistema de energía eléctrica era un servicio público a cargo de tres firmas estatales -Segba, Agua y Energía Eléctrica, e Hidronor- que luego de la privatización se segmentó en cinco empresas de generación, una transportadora grande empresas transportadoras de alcance provincial o regional y tres distribuidoras. Estas últimas -Edesur, Edenor y Edelap- poseen exclusividad zonal para la prestación del servicio, por el lapso de 95 años. Estas transferencias al capital privado representaron un ingreso para el Estado de aproximadamente 3.300 millones de dólares y, al mismo tiempo, el fisco absorbió la deuda que tenía las antiguas empresas por 3.500 millones de dólares. De modo que el Estado no sólo se quedó sin el control del servicio sino que la operación ni siquiera le alcanzó para saldar los pasivos que tenían, previamente, las empresas privatizadas.

A ello hay que sumar que, para hacer más atractiva la oferta, hubo fuertes expulsiones de trabajadores. Al momento de la privatización de Segba, el personal ocupado era un 50% más bajo que el existente a mediados de los 80. Como parte del mismo «trabajo sucio» a cargo del Estado, también antes del traspaso, fueron incrementadas las tarifas. Sin embargo, en este rubro ocurrió algo inusual en el proceso privatizador: entre marzo de 1991 y diciembre de 1998, cuando el sistema ya estaba fuera de la órbita del Estado, la tarifa promedio de electricidad disminuyó un 10,9%, según un estudio del experto Daniel Azpiazu. Factores como la abundancia de agua acumulada en las regiones donde se ubican las represas hidroeléctricas y el funcionamiento de nuevas plantas de generación incrementaron la oferta de energía eléctrica y ello indujo a una disminución del precio mayorista, que se trasladó luego al precio final, aunque de manera regresiva.

«Las tarifas residenciales reflejan una disminución inferior a la registrada por los usuarios industriales, y, a su vez, dentro de las tarifas residenciales, la que menos se redujo es la correspondiente a los usuarios de bajo consumo (1,6%), en tanto la que más disminuyó es la abonada por los usuarios de alto consumo (70,4%). Dado que, al igual que en la mayoría de los servicios públicos, existe una alta correlación entre los niveles de consumo y los ingresos de los distintos hogares, puede inferirse que el sector que menos se benefició con el reordenamiento de los precios del mercado eléctrico fue el conformado por los segmentos de la población con menores ingresos», señalan Azpiazu y Martín Schorr en Crónica de una sumisión anunciada.

Los consorcios beneficiados por la privatización estuvieron integrados -en general- por los mismos grupos económicos nacionales – los grupos Pérez Companc, Techint, Soldati- que participaron en la venta de Gas del Estado e YPF, en asociación con empresas extranjeras. Resultaron consorcios especialmente interesados en el área porque son importantes usuarios industriales para los que la energía eléctrica constituye uno de sus principales insumos energéticos y, porque -a su vez- participaron en las privatizaciones encaradas en los sectores petrolero y gasífero, con lo cual pasaron a ocupar un papel decisivo en el mercado energético nacional. Además, aún a pesar de la disminución de las tarifas «las empresas prestatarias registraron elevados márgenes de beneficio. De considerar el período 1994-1999, las distribuidoras surgidas de la privatización de Segba registraron, en promedio, una tasa de utilidades sobre ventas del 7,0%; porcentual que se ubica en el orden del 15% cuando se considera la rentabilidad de las principales generadoras, según indican las estimaciones del Àrea de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En cuanto a las tarifas, varios informes de la Auditoría General de la Nación determinan, a la vez, que:

Con posterioridad a la celebración de los contratos de concesión de distribución de energía eléctrica con Edenor, Edesur y Edelap, se introdujeron modificaciones al Procedimiento para la Determinación del Cuadro Tarifario contemplado, sin celebrarse en forma previa una audiencia pública con el fin de preservar los intereses económicos de los usuarios finales del servicio. (Resolución AGN 145/2002).

Edenor y Edesur no cumplieron con la obligación de publicar el cuadro tarifario y sus modificaciones en al menos dos diarios de amplia circulación (Resolución AGN N 145/02)

La empresa Edenor aplicó erróneamente algunos parámetros, que luego rectificó, a instancias del Ente Nacional de Regulación Eléctrica. En esa oportunidad la Auditoría constató procedimientos y circuitos de carácter informal y recomendó su normatización. (Resolución AGN 104/94)
Las auditorías señalan, además:

Falta de equipos adecuados para hacer mediciones fiables.

Campañas de medición realizadas en forma deficiente.

Falta de información y comunicación al ENRE de los accidentes ocurridos en la vía pública. Si lo denuncian, lo hacen tardíamente lo que dificulta el seguimiento del hecho y la eventual sanción.

Frente a un problema climático, las distribuidoras no tienen una estructura adecuada para la atención eficaz y eficiente de los reclamos efectuados por los usuarios. (Resolución 17/97).

En el mejor de los casos, las distribuidoras cumplen con lo que corresponde en cuanto a las instalaciones y funcionamiento de los servicios propiamente dichos y no con respecto al cumplimiento de normas vigentes relativas a señalización y seguridad durante la ejecución de los trabajos, y rellenado, compactación y terminación de aceras y calzadas utilizadas para la ejecución de este tipo de obras.
Según el Instituto de Economía Energética, asociado a la Fundación Bariloche, «el marco regulatorio no parecería destinado centralmente a normar sólo el funcionamiento del sistema, ni preocupado por la futura expansión del mismo, sino más bien dispuesto a asegurar la rentabilidad de los activos privatizados, prerrequisito para poder llevar a cabo con éxito la privatización».

Englobados en el área de energía, el servicio público de transporte y distribución de electricidad y el del gas -al que está dedicado el capítulo siguiente- tienen muchas similitudes:

Son las únicas dos privatizaciones que no fueron hechas por decreto sino por ley.

Ambas fueron consideradas privatizaciones ejemplares por el menemismo

Antes de ser privatizadas las tarifas fueron previamente aumentadas, en perjuicio -fundamentalmente- de los usuarios de menores ingresos.

El proceso quedó fuertemente concentrado: unos pocos actores accedieron al control de los distintos eslabones de las respectivas cadenas. Si bien la ley preveía mecanismo para evitarlo, la reglamentación flexibilizó las restricciones.

En los dos casos fracasaron las audiencias públicas
La privatización de la energía eléctrica fue considerada un caso modelo. Por lo menos hasta el «apagón» de Edesur de principios de 1999, que dejó sin luz a 100 mil usuarios por casi dos semanas. Fue entonces cuando quedaron dramáticamente expuestos tanto los incumplimientos de la firma -en materia de inversiones y normas mínimas de seguridad y previsión-, como las fallas del ENRE, encargado del control y seguimiento de la concesión. La ley por la que se privatizó el servicio de luz establecía un plazo de 60 días para la creación del organismo. Pero la demora en reglamentar la norma pospuso en más de un año la conformación del ente y preanunció lo que sería la conducta del ENRE.

Basta un ejemplo: cuatro días después del apagón, el vicepresidente del ENRE, le solicitó al presidente de Edesur que acreditara «fehacientemente» si en las instalaciones de la subestación Azopardo, cuya falla hizo que entrara en colapso el sistema, «se había dado estricto cumplimiento a las normas técnicas de diseño nacionales e internacionales que regulan la materia para instalaciones de esas características». Tal como destaca Daniel Azpiazu «que el ‘regulador’ le consulte al ‘regulado’ por el grado de cumplimiento de las normas es, cuando menos, sorprendente».

Entre otras cosas, los informes de auditoría puntualizan que el Enre:

Dejó sin sanción gran parte de las anomalías detectadas mediante inspecciones, en detrimento de la seguridad de los usuarios. (Resolución AGN N° 114/98 y 133/96)

No realizó controles preventivos y sólo verificó anomalías y accidentes a posteriori, algunos de los cuales tomó conocimiento a través de informaciones periodísticas. (Resolución AGN N 133/96).

No ejerció un control eficaz y suficiente del régimen tarifario aplicable a jubilados y pensionados y no estableció un procedimiento que redujera al mínimo posible la existencia de errores y/o fraudes que perjudicaran al Estado Nacional ( Resoluciones AGN Nº 110/96, Nº 131/94 y Nº 236/93)

No coordinó tareas y esfuerzos con las municipalidades, respecto a las medidas de seguridad relacionadas con las obras en la vía pública. (Resolución AGN N° 114/98).

Dio por «cerrados» varios expedientes por accidentes, enviando sus actuaciones a archivo. ( Resolución AGN N° 2/02).

No emitió un instructivo que regularice y encuadre las presentaciones de las concesionarias que requieren la emisión previa de certificado para iniciar los trabajos de construcción. De la documentación relevada, no surge que efectúe observaciones de los anteproyectos técnicos, ni que realice inspecciones durante la construcción, o con posterioridad a la puesta en servicio de las nuevas instalaciones de las distribuidoras. (Resolución AGN N 19/2002).

No adoptó ninguna resolución respecto de la gran cantidad de reclamos efectuados por los usuarios (Resolución AGN N 2/2002)

Carece de medios informáticos adecuados para una cantidad de reclamos que se incrementa mes a mes. Así, demora considerablemente la notificación de los reclamos a las distribuidoras y esto retrasa innecesariamente la solución efectiva del problema. La ausencia de un sistema interconectado en tiempo real entre el ente y las distribuidoras, para la comunicación, tratamiento y resolución de los reclamos, extiende los plazos en las respuestas de cada problema presentado por los usuarios del servicio eléctrico.

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Publicada

hace 3 semanas

08/10/2025

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

“Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
“El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

Publicada

hace 2 meses

22/08/2025

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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CABA

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 3 meses

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.