Nota
Se apagó la lamparita: la privatización del sistema eléctrico
La publicidad oficial dice que apagando una bombita se ayuda a generar fuentes de trabajo. Se trata, con ese mensaje, de incentivar el ahorro de energía. El mismo fin persigue la política de premios y castigos puesta en marcha hace poco más de un mes, eufemismo para no llamar aumento a un incremento en las facturas. El origen de todo esto hay que rastrearlo en la privatización del sistema eléctrico, mencionada como un caso modelo del proceso de traspaso al capital privado de los servicios públicos que prestaba el Estado. Al menos hasta el apagón de 1999, que dejó sin luz a cien mil personas durante dos semanas. La cifra en que se realizó esa operación no alcanzó ni siquiera a cubrir los pasivos que la Nación se hizo cargo en la transacción. Además, las empresas fueron entregadas luego de que se realizara una reducción de personal y un aumento tarifario. El reordenamiento de precios posterior benefició a los sectores más pudientes y el ente regulador, como en casi todos los casos, no cumplió con su función.
En 1992 el Estado transfirió al capital privado el sistema de energía eléctrica por 3.300 millones y, al mismo tiempo, el fisco absorbió la deuda que tenían las empresas de electricidad por 3.500 millones. La operación no sirvió, entonces, ni siquiera para saldar los pasivos.
Previo a la privatización, el Estado redujo un 50 por ciento el personal de SEGBA y fueron incrementadas las tarifas. El reordenamiento tarifario producido por las empresas privadas afectaron en mayor medida a los sectores más necesitados.
Los consorcios beneficiados por la privatización estuvieron integrados -en general- por los mismos grupos económicos nacionales – los grupos Pérez Companc, Techint, Soldati- que participaron en la venta de Gas del Estado e YPF. Son todas empresas que tienen, a su vez, la energía como uno de sus principales insumos. «Las empresas prestatarias registraron elevados márgenes de beneficios», según indican las estimaciones del Àrea de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Para modificar los precios las empresas, según la Auditoría General de la Nación, no cumplieron con la obligación de llamar a audiencias públicas ni de publicar el cuadro tarifario.
El Ente Nacional Regulador de Energía dejó sin sanción gran parte de las anomalías detectadas mediante sus inspecciones. Además, no realizó controles preventivos y np ejerció un control eficaz sobre el régimen tarifario. Encima, dio por cerrado expedientes por accidentes y, aunque parezca increíble, consultaba a los propios regulados para saber si cumplían o no con sus obligaciones.
Hasta abril de 1992 el sistema de energía eléctrica era un servicio público a cargo de tres firmas estatales -Segba, Agua y Energía Eléctrica, e Hidronor- que luego de la privatización se segmentó en cinco empresas de generación, una transportadora grande empresas transportadoras de alcance provincial o regional y tres distribuidoras. Estas últimas -Edesur, Edenor y Edelap- poseen exclusividad zonal para la prestación del servicio, por el lapso de 95 años. Estas transferencias al capital privado representaron un ingreso para el Estado de aproximadamente 3.300 millones de dólares y, al mismo tiempo, el fisco absorbió la deuda que tenía las antiguas empresas por 3.500 millones de dólares. De modo que el Estado no sólo se quedó sin el control del servicio sino que la operación ni siquiera le alcanzó para saldar los pasivos que tenían, previamente, las empresas privatizadas.
A ello hay que sumar que, para hacer más atractiva la oferta, hubo fuertes expulsiones de trabajadores. Al momento de la privatización de Segba, el personal ocupado era un 50% más bajo que el existente a mediados de los 80. Como parte del mismo «trabajo sucio» a cargo del Estado, también antes del traspaso, fueron incrementadas las tarifas. Sin embargo, en este rubro ocurrió algo inusual en el proceso privatizador: entre marzo de 1991 y diciembre de 1998, cuando el sistema ya estaba fuera de la órbita del Estado, la tarifa promedio de electricidad disminuyó un 10,9%, según un estudio del experto Daniel Azpiazu. Factores como la abundancia de agua acumulada en las regiones donde se ubican las represas hidroeléctricas y el funcionamiento de nuevas plantas de generación incrementaron la oferta de energía eléctrica y ello indujo a una disminución del precio mayorista, que se trasladó luego al precio final, aunque de manera regresiva.
«Las tarifas residenciales reflejan una disminución inferior a la registrada por los usuarios industriales, y, a su vez, dentro de las tarifas residenciales, la que menos se redujo es la correspondiente a los usuarios de bajo consumo (1,6%), en tanto la que más disminuyó es la abonada por los usuarios de alto consumo (70,4%). Dado que, al igual que en la mayoría de los servicios públicos, existe una alta correlación entre los niveles de consumo y los ingresos de los distintos hogares, puede inferirse que el sector que menos se benefició con el reordenamiento de los precios del mercado eléctrico fue el conformado por los segmentos de la población con menores ingresos», señalan Azpiazu y Martín Schorr en Crónica de una sumisión anunciada.
Los consorcios beneficiados por la privatización estuvieron integrados -en general- por los mismos grupos económicos nacionales – los grupos Pérez Companc, Techint, Soldati- que participaron en la venta de Gas del Estado e YPF, en asociación con empresas extranjeras. Resultaron consorcios especialmente interesados en el área porque son importantes usuarios industriales para los que la energía eléctrica constituye uno de sus principales insumos energéticos y, porque -a su vez- participaron en las privatizaciones encaradas en los sectores petrolero y gasífero, con lo cual pasaron a ocupar un papel decisivo en el mercado energético nacional. Además, aún a pesar de la disminución de las tarifas «las empresas prestatarias registraron elevados márgenes de beneficio. De considerar el período 1994-1999, las distribuidoras surgidas de la privatización de Segba registraron, en promedio, una tasa de utilidades sobre ventas del 7,0%; porcentual que se ubica en el orden del 15% cuando se considera la rentabilidad de las principales generadoras, según indican las estimaciones del Àrea de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
En cuanto a las tarifas, varios informes de la Auditoría General de la Nación determinan, a la vez, que:
Con posterioridad a la celebración de los contratos de concesión de distribución de energía eléctrica con Edenor, Edesur y Edelap, se introdujeron modificaciones al Procedimiento para la Determinación del Cuadro Tarifario contemplado, sin celebrarse en forma previa una audiencia pública con el fin de preservar los intereses económicos de los usuarios finales del servicio. (Resolución AGN 145/2002).
Edenor y Edesur no cumplieron con la obligación de publicar el cuadro tarifario y sus modificaciones en al menos dos diarios de amplia circulación (Resolución AGN N 145/02)
La empresa Edenor aplicó erróneamente algunos parámetros, que luego rectificó, a instancias del Ente Nacional de Regulación Eléctrica. En esa oportunidad la Auditoría constató procedimientos y circuitos de carácter informal y recomendó su normatización. (Resolución AGN 104/94)
Las auditorías señalan, además:
Falta de equipos adecuados para hacer mediciones fiables.
Campañas de medición realizadas en forma deficiente.
Falta de información y comunicación al ENRE de los accidentes ocurridos en la vía pública. Si lo denuncian, lo hacen tardíamente lo que dificulta el seguimiento del hecho y la eventual sanción.
Frente a un problema climático, las distribuidoras no tienen una estructura adecuada para la atención eficaz y eficiente de los reclamos efectuados por los usuarios. (Resolución 17/97).
En el mejor de los casos, las distribuidoras cumplen con lo que corresponde en cuanto a las instalaciones y funcionamiento de los servicios propiamente dichos y no con respecto al cumplimiento de normas vigentes relativas a señalización y seguridad durante la ejecución de los trabajos, y rellenado, compactación y terminación de aceras y calzadas utilizadas para la ejecución de este tipo de obras.
Según el Instituto de Economía Energética, asociado a la Fundación Bariloche, «el marco regulatorio no parecería destinado centralmente a normar sólo el funcionamiento del sistema, ni preocupado por la futura expansión del mismo, sino más bien dispuesto a asegurar la rentabilidad de los activos privatizados, prerrequisito para poder llevar a cabo con éxito la privatización».
Englobados en el área de energía, el servicio público de transporte y distribución de electricidad y el del gas -al que está dedicado el capítulo siguiente- tienen muchas similitudes:
Son las únicas dos privatizaciones que no fueron hechas por decreto sino por ley.
Ambas fueron consideradas privatizaciones ejemplares por el menemismo
Antes de ser privatizadas las tarifas fueron previamente aumentadas, en perjuicio -fundamentalmente- de los usuarios de menores ingresos.
El proceso quedó fuertemente concentrado: unos pocos actores accedieron al control de los distintos eslabones de las respectivas cadenas. Si bien la ley preveía mecanismo para evitarlo, la reglamentación flexibilizó las restricciones.
En los dos casos fracasaron las audiencias públicas
La privatización de la energía eléctrica fue considerada un caso modelo. Por lo menos hasta el «apagón» de Edesur de principios de 1999, que dejó sin luz a 100 mil usuarios por casi dos semanas. Fue entonces cuando quedaron dramáticamente expuestos tanto los incumplimientos de la firma -en materia de inversiones y normas mínimas de seguridad y previsión-, como las fallas del ENRE, encargado del control y seguimiento de la concesión. La ley por la que se privatizó el servicio de luz establecía un plazo de 60 días para la creación del organismo. Pero la demora en reglamentar la norma pospuso en más de un año la conformación del ente y preanunció lo que sería la conducta del ENRE.
Basta un ejemplo: cuatro días después del apagón, el vicepresidente del ENRE, le solicitó al presidente de Edesur que acreditara «fehacientemente» si en las instalaciones de la subestación Azopardo, cuya falla hizo que entrara en colapso el sistema, «se había dado estricto cumplimiento a las normas técnicas de diseño nacionales e internacionales que regulan la materia para instalaciones de esas características». Tal como destaca Daniel Azpiazu «que el ‘regulador’ le consulte al ‘regulado’ por el grado de cumplimiento de las normas es, cuando menos, sorprendente».
Entre otras cosas, los informes de auditoría puntualizan que el Enre:
Dejó sin sanción gran parte de las anomalías detectadas mediante inspecciones, en detrimento de la seguridad de los usuarios. (Resolución AGN N° 114/98 y 133/96)
No realizó controles preventivos y sólo verificó anomalías y accidentes a posteriori, algunos de los cuales tomó conocimiento a través de informaciones periodísticas. (Resolución AGN N 133/96).
No ejerció un control eficaz y suficiente del régimen tarifario aplicable a jubilados y pensionados y no estableció un procedimiento que redujera al mínimo posible la existencia de errores y/o fraudes que perjudicaran al Estado Nacional ( Resoluciones AGN Nº 110/96, Nº 131/94 y Nº 236/93)
No coordinó tareas y esfuerzos con las municipalidades, respecto a las medidas de seguridad relacionadas con las obras en la vía pública. (Resolución AGN N° 114/98).
Dio por «cerrados» varios expedientes por accidentes, enviando sus actuaciones a archivo. ( Resolución AGN N° 2/02).
No emitió un instructivo que regularice y encuadre las presentaciones de las concesionarias que requieren la emisión previa de certificado para iniciar los trabajos de construcción. De la documentación relevada, no surge que efectúe observaciones de los anteproyectos técnicos, ni que realice inspecciones durante la construcción, o con posterioridad a la puesta en servicio de las nuevas instalaciones de las distribuidoras. (Resolución AGN N 19/2002).
No adoptó ninguna resolución respecto de la gran cantidad de reclamos efectuados por los usuarios (Resolución AGN N 2/2002)
Carece de medios informáticos adecuados para una cantidad de reclamos que se incrementa mes a mes. Así, demora considerablemente la notificación de los reclamos a las distribuidoras y esto retrasa innecesariamente la solución efectiva del problema. La ausencia de un sistema interconectado en tiempo real entre el ente y las distribuidoras, para la comunicación, tratamiento y resolución de los reclamos, extiende los plazos en las respuestas de cada problema presentado por los usuarios del servicio eléctrico.
Nota
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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