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Capaña Internacional; la INjusticia argentina

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Este documento será entregado por Alerta Argentina a las autoridades nacionales.

LA INJUSTICIA EN LA ARGENTINA

Los abajo firmantes venimos a denunciar la situación de inseguridad e indefensión jurídica que se vive en la Argentina, a partir de hechos públicos y evidentes que apuntan a una mutilación del pleno ejercicio de la democracia: en este momento hay 32 mujeres y hombres presos por defender sus derechos.

Se ha cruzado un umbral a partir del cual las autoridades burlan garantías jurídicas de l@s ciudadan@s, ignoran derechos constitucionales, para disciplinar y amenazar con la cárcel a una sociedad que sigue sumergida en su más profunda crisis histórica.

Esta justicia no tiene vendas sobre los ojos, ni balanzas.

Es un instrumento eficaz y coherente, que:

Encarcela a quienes hacen uso de su derecho a manifestar libremente, utilizando policía disfrazada de civil o provocadores pertenecientes a los servicios de inteligencia estatales.
Acusa a los manifestantes sin más prueba que el testimonio de los propios agentes policiales encargados de su detención.
Fuerza figuras jurídicas para adjudicarle a las detenidas y detenidos delitos no excarcelables.
Obliga a las personas así castigadas sufren otra condena cotidiana, al permanecer encarceladas en condiciones deplorables.
Utiliza el poder estatal para perseguir a referentes de los grupos que reclaman, con el evidente propósito de descabezar esos conflictos, y no de solucionarlos.
Busca dificultar y entorpecer la tarea de los abogados, a quienes los jueces engañan y eluden para generar situaciones de hecho que dificultan todo ejercicio razonable de la defensa.
Amenaza con el desalojo a trabajadores que han recuperado fábricas y empresas que fueron vaciadas por empresarios fraudulentos, que casi siempre quedan sin castigo.
Al mismo tiempo, y con la misma lógica, los mismos jueces que encarcelan a quienes reclaman sus derechos dejan impunes los más horrendos delitos cometidos en la reciente historia democrática, como en el caso del juez Galeano, quien dirigió la investigación del atentado a la AMIA y hoy está acusado de destruir pruebas, sobornar testigos y consagrar la impunidad.
La Justicia apañó los crímenes de la dictadura en los ‘70; la construcción de la impunidad en los ‘80 y el crimen económico de los ‘90. Ahora intenta, a través de diferentes fallos, limitar las garantías ciudadanas protegidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Consideramos que la responsabilidad no es sólo de aquellos funcionarios judiciales que deshonran sus cargos, sino también del gobierno de Néstor Kirchner, que fomenta esta falsa “legalidad” para encubrir una política de represión judicial frente al creciente descontento social y las manifestaciones de demanda de cumplimiento de los derechos sociales postergados.

A estos jueces y a estos funcionarios venimos a denunciar públicamente

Y a exigirles:

Que reconozcan el estatus de presas y presos políticos a todos aquellos que fueron privados de su libertad en manifestaciones públicas de reclamo social
Que cese el forzamiento de la interpretación de los hechos que hacen los jueces en sus fallos para encuadrarlos en conductas o tipos penales a todas luces inexistentes y que están sentando precedentes jurídicos inaceptables, con el fin de procesar y encarcelar a quienes participan en manifestaciones públicas.
Que cese la persecución de las organizaciones sociales y sus referentes, ordenada a los Servicios de Inteligencia.
Que cese la participación de personal policial en manifestaciones públicas sin uniforme ni identificación.
Que se investigue las denuncias sobre torturas, abusos y malos tratos infrigidos por el personal policial a las detenidas y detenidos durante las manifestaciones públicas.
Libertad a todas las presas y presos por defender sus derechos


ALERTA ARGENTINA

www.alerta-salta.org.ar

octubre 2004



INFORMES DE CASOS TESTIGO DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL:

1) L@s detenid@s frente a la Legislatura porteñaEl contexto: La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, el 7 de Julio, un Código Contravencional que constituye un claro retorno a los edictos policiales de la dictadura. Los edictos más habituales son los que caracterizan como “contravención” la mendicidad, la vagancia, el merodeo, el desorden público, el escándalo, el cambio de ropa respecto del género, la ebriedad y la prostitución; en abierta contradicción con la Constitución Nacional que prohibe, por discriminatoria, toda figura que tipifique delitos de autor: esto es portación de cara, color, condición social, apariencia física. La Constitución, además, no da a las provincias ni a las ciudades la posibilidad de definir figuras penales identificadas como “pequeños delitos” ya que implican conductas no consideradas delictivas en nuestro Código Penal.

¿Qué implica el nuevo código ya aprobado por esta Legislatura?

Darle más poder a la policía permitiéndole actuar de oficio como denunciante, testigo y autoridad pudiendo armar pruebas, causas y aplicar coimas y extersiones para su “caja chica”
2) Penaliza con multas impagables casi la totalidad de las contravenciones.

3) Criminaliza la protesta social, las manifestaciones y los escarches y todo tipo de petición ante las autoridades con multas de 200 a 1.000 pesos;

4) Penaliza la venta ambulante con multa, decomiso de la mercadería y hasta del dinero condenando a 20.000 trabajadores ambulantes de parques y plazas, 11.000 cartoneros y cantidad no determinada de artesanos, artistas callejeros, pide monedas, volanteros

5) Penaliza y persigue la oferta de sexo en la vía pública y condena a mujeres y travestis en estado de prostitución a zonas rojas controladas por el proxenetismo policial y mafioso. Con esto viola, además, el tratado internacional firmado en 1949 en que Argentina se compromete a abolir la prostitución y condenar su explotación, y, en consecuencia, se compromete a desarrollar políticas públicas de salud, trabajo y educación para personas en estado de prostitución.

Los hechos: El 16 de julio de 2004 se llevó a cabo una manifestación de protesta contra el nuevo Código convocada por la Coordinadora contra el Código Contravencional – que nuclea a organismos de derechos humanos, asentamientos populares, movimientos de gays, lesbianas, travestis, transexuales y transgéneros, vendedores ambulantes, piqueteros, estudiantes y partidos de izquierda- para denunciar esta criminalización de la pobreza. Al finalizar la manifestación, 23 participantes fueron detenidos por personal policial de civil y sin identificación. Estas personas fueron seguidas y trasladadas en vehículos no identificados fuera del lugar de la manifestación. Varios días después, fueron liberados ocho, quedando los restantes 15 imputados por la jueza Silvia Ramond por los delitos de daños, resistencia a la autoridad, privación ilegítima de la libertad agravada y coacción agravada. Esta imputación fue confirmada por la Sala V de la Cámara del Crimen en un fallo basado, básicamente, en las declaraciones de los policías que participaron de las detenciones y forzando hechos para encuadrarlos en figuras penales no excarcelables.

Los detenidos: María del Carmen Infran Ferreira, Marcela Rosana Sanagua, Carlos Hernán Santamaría, Eduardo Héctor Suriano, Adolfo Rafael Sánchez, Javier Daniel Scaramella, Horacio Ariel Ojeda, Jorge Antonio Nieva, Eduardo Marcelo Ruiz, Héctor Eduardo Gómez, Jesús Aníbal Fortuny Calderón, Margarita Meira, Pablo Martín Amitrano, Francisco Lino Barbi y César Herminio Gerez.


Marcela Rosana Sanagua se encuentra cumpliendo su detención en el penal de Ezeiza, junto a su beba de 18 meses. Al igual que María del Carmen Infran Ferreira, pertenece a la ONG Ammar Capital, que trabaja con mujeres en estado de prostitución y que ha denunciado judicialmente a personal policial por delitos de corrupción. En su mayoría, el resto de los detenidos pertenece a una agrupación de vendedores ambulantes que también presentó denuncias contra la policía. Tod@s los detenid@s están cunpliendo la reclusión en penales en pésimas condiciones.



2) Los detenidos en Caleta Olivia

El lugar. Caleta Olivia es una localidad de la Provincia de Santa Cruz que tiene 40 mil habitantes, de los cuales 110 están procesados por defender sus derechos en causas abiertas desde febrero hasta hoy.

Los reclamos. El 19 de agosto de 2004 unas 200 personas, en su mayoría mujeres, reclamaron “trabajo genuino” frente a la Municipalidad y, unos días después, se trasladaron a la playa de tanques del consorcio de empresas petoleras Terminales Marítimas Patagónicas (Termap)

La represión. Los manifestantes se habían trasladado ya a la playa de tanques, cuando notaron la presencia de una brigada especial antidisturbios de la Gendermería Nacional, llegada de General Acha, La Pampa, para reforzar a la policía local. La tensión se resolvió con la firma de un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz que prometió trabajo a los manifestantes –unos 500 puestos, con sueldos entre 500 y 700 pesos– y les aseguró que no iba a haber represalias. Sin embargo, en la noche el 3 al 4 de septiembre, cuando ya habían cerrado los tribunales, se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo Bailaque, del Juzgado Provincial de Instrucción nº 1 de Caleta Olivia: 21 órdenes de detención, de las cuales la policía concretó 15. Se llevó a las personas de sus casas, a los golpes y sin explicar los motivos.

Los presos. Son seis: Elsa Orozco, Selva Sánchez, Marcela Sandra Constancio, Mauricio Perancho, Federico Mansilla, y Hugo Iglesias. Tres hombres y tres mujeres a las que se los acusa de ser los cerebros intelectuales y organizadores de los delitos. Como en Caleta Olivia no hay establecimientos de detención para mujeres, las tres manifestantes están presas en comisarías ordinarias, junto a otros hombres. Una tiene siete hijos y uno de esos niños es discapacitado; otra tiene un bebé al que no puede amamantar y la tercera, dos hijos que han quedado al cuidado de sus vecinos porque no tienen familia. “En la comisaría primera de Caleta somos tres en un cuarto de dos por dos. En una semana de detención solo hemos recibido un balde de agua cada uno para bañarnos”, escribió en una carta pública Iglesias, quien al momento de ser detenido participaba de un curso de capacitación para ingresar a la industria petrolera: había conseguido un puesto de trabajo en una manifestación anterior.

Las acusaciones. “Usurpación con impedimento de funciones públicas”, “privación ilegítima de la libertad y daños”, “usurpación” y “entorpecimiento de la actividad económica”. Esta última es una figura especial del Código Penal y el juez de Caleta es quien la aplicada por primera vez: el artículo 174, inciso 6 fue uno de los pocos puntos sobrevivientes de la Ley de Subversión Económica –derogada por exigencia del FMI-, originalmente pensada para evitar el vaciamiento y el lock out de grandes empresas.

Las pruebas. No hay testigos que individualicen a las personas detenidas entre los participantes de las tomas. De hecho, Mansilla e Iglesias solo se habían acercado al lugar para solidarizarse.Las pruebas en las que se basa el tribunal son los informes y seguimientos fotográficos (que no son fotos in situ, sino escaneadas de otras fuentes) realizados por una unidad especial de inteligencia de la zona, que actúa de civil.


La justicia. Si próximamente no se resuelve la liberación, pueden llegar a estar varios años presos, hasta que las causas lleguen a juicio oral. El trámite no parece que vaya a ser rápido. El juez Bailaque muy proximamente va a dar examen en el Consejo de Magistratura para ser ascendido a la Cámara Penal de Caleta Olivia. Si esto se confirma, cuando estos casos lleguen a esta instancia, deberá excusarse y esto prolongaría por bastante tiempo la definición de esta instancia de apelación. De ser condenados, las seis detenidas y detenidos podrían pasar hasta 16 años en la cárcel.

Los procesados. Además de las personas presas, este reclamo de puesto de trabajo dejó más de 60 procesados, acusados de ser partícipes necesarios. En esta situación están personas que se acercaron a solidarizarse o familiares y vecinos que llevaron agua y pan a l@s manifestantes.



3) L@s detenid@s en Plaza de Mayo

Los hechos: El martes 31 de agosto, 102 personas fueron detenidas en Plaza de Mayo y alrededores durante una movilización convocada por varias organizaciones para reclamar la libertad de Raúl Castells, líder del MIJ, acusado de extorsión por la ocupación de un casino en la provincia del Chaco y repudiar la presencia del enviado del FMI, Rodrigo Rato, en el Ministerio de Economía. Para la Cordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la arbitrariedad de las detenciones quedó demostrada cuando sin siquiera citarlos para declarar, el juez federal Juan José Galeano ordenó la libertad sin restricciones de 94 mujeres y hombres, reteniendo en cambio a ocho: siete varones y una mujer, pertenecientes a las organizaciones Quebracho, al MTR-CUBa y a la FTC Mesa Nacional.

Las imputaciones: Los ocho detenidos fueron imputados por un mismo hecho general, que el juez Galeano considera constitutivo del delito conocido como “prepotencia ideológica”, descripto en el art. 213 bis del Código Penal como “el que comete el que organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Tiene una pena de 3 a 8 años de prisión. Además, en diversas combinaciones, se les imputaron los delitos de intimidación pública calificada (3 a 10 años); daño calificado (3 meses a 4 años) y coacción contra funcionario público agravada (6 meses a 2 años).

La imputación más absurda es la sufrida por la única mujer, Analía Mónica Cerezo, a quien finalmente le concedió la libertad, a la que no pudo endilgarle ningún otro delito más que el del art. 213 bis. El juez Galeano considera probado que era parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas por la fuerza porque en la mochila tenía un elemento cortante (un “cutter” escolar), un handy, revistas y panfletos. Más absurdas aún son algunas de las razones por las que el juez justifica mantenerlos detenidos: dice que muchos se cubrían el rostro con pañuelos, lo que “prueba la intención de eludir la justicia…”

Los detenidos: Los ocho manifestantes que continúan detenidos son: Héctor Reynoso, Pablo Marcelo Sánchez, Rodolfo Casanore, Ezequiel Johnatan Díaz, Roberto Bence, Rafael Barrios y Roberto García.
Por otra parte, el juez Galeno ordenó la captura del dirigentes de Quebracho Fernando Esteche y de Gustavo Franquet por una causa de la que ni el propio juez de Lomas Ferreyra Pella recuerda los detalles, como declaró al diario Clarín.



4) La detención de dos integrantes del MIJD


Los hechos: En julio de 2003, los integrantes del MIJD realizaron una movilización en la ‘Rotonda de Pasco’ reclamando la entrega de alimentos a la Municipalidad de Quilmes. El frigorífico Penta, cercano a ese lugar, durante el transcurso de la jornada, colaboró con unos pocos alimentos a la olla popular: cinco kilos de mondongo y tres kilos de carne con hueso.
Un año después de aquellos hechos, cuando la causa se encontraba archivada, es reabierta por el fiscal general Dragui porque la empresa, a través de un contador, denuncia que en aquella oportunidad se sintió ‘amedrentado’.
Los detenidos: Son Susana Acosta y Julio Tejerina, imputados de ‘extorsión’, a partir de una denuncia realizada por el Frigorífico PENTA.



5) La persecución al Movimiento Teresa Rodriguez (MTR)

Lo hechos: El día 13 de mayo de 2004, la organización de trabajadores desocupados Movimiento Teresa Rodriguez (MTD)decidió realizar un escrache a la empresa Repsol para reclamar “contra el aumento unilateral de las tarifas y la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos”. Durante la protesta, se arrojaron bombas de alquitrán en la puerta de la empresa.

Las autoridades de Repsol YPF presentaron cargos contra los manifestantes por el delito de daño. Hubo dos detenidos. La policía los detuvo en la estación Bolívar del subterráneo, cuando ya hacía varias horas que había finalizado la protesta.

La causa: La causa judicial nro. 7319/2004 que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9 a cargo del dr. Juan José Galeano (el mismo que instruyó la causa AMIA) resulta una manifiesta investigación política-ideológica .Así el Fiscal a cargo de la investigación, dr. Carlos Stornelli, ha solicitado al Juzgado se requieran diversas medidas de instrucción que nada tienen que ver con los hechos, sino que por el contrario marcan un claro tinte de persecución política. Un ejemplo: a fs. 92 “se practique por intermedio de la División Delitos Federales de la PFA tareas de inteligencia tendientes a determinar a.- La identidad de las personas que conformaron la movilización llevada a cabo el día de los hechos, pertenecientes en algún carácter al Movimiento Teresa Rodríguez, con indicación de aquellos grupos de referencia participantes y sus cabecillas, organizadores o integrantes. Deberá recabarse información sobre los grupos participantes y los pormenores de la investigación b.- Por otra parte se recabe información sobre la identidad de las personas que conforman el denominado Movimiento Teresa Rodríguez, recabando respecto de cada uno de ellos sus datos filiatorios, participación en el movimiento, lugar de reuniones y cualquier otro dato.”A fs. 196/197 el Juez Galeano hace lugar a las medidas solicitadas.

De la simple lectura de las medidas solicitadas por el Fiscal y ordenadas por el Juez se desprende, sin necesidad de ser abogado para interpretarlas, que no se está investigando el supuesto ataque al edificio de Repsol/YPF (delito que motiva la investigación penal) sino a la propia organización Movimiento Teresa Rodriguez y a sus integrantes.

La persecución: Al día de la fecha las medidas de inteligencia están en plena implementación con seguimientos, vigilancia, fotografías y demás medidas de “inteligencia” sobre militantes, dirigentes y los locales y comedores barriales que tiene la organización.

No se entiende desde el punto de vista procesal qué efecto jurídico en la prosecución de la causa puede tener la vigilancia sobre los comedores barriales, así como el pedido de recopilación de volantes, comunicados de prensa y demás informes sobres las actividades políticas del Movimiento
Teresa Rodriguez y sus integrantes. Sí es claro que las medidas representan un aval judicial a las tareas de espionaje político. Como ejemplo de lo expuesto podemos rescatar que en la causa penal figura un informe policial donde se denuncia el domicilio real y los números de documentos de dos dirigentes que fueron a preguntar por los detenidos el mismo día de su detención, aún antes de que interviniera el actual magistrado. Lo llamativo del informe no es su contenido sino que ambos dirigentes han manifestado que en ningún momento dieron sus domicilios al personal policial que los recibio, así como tampoco sus números de documentos y que además
esos domicilios actuales no son los que figuran en los registros del estado pues no están actualizados sus documentos personales. Ello nos demuestra palmariamente que los dirigentes sociales están bajo minuciosa vigilancia de los organismos del estado a punto tal que figuran en
sus “legajos” cambios de domicilios que aún no se han materializado formalmente ante el Registro de las Personas o la Cámara Electoral (únicos organismos que oficialmente llevan el control domiciliario de la población).
La causa esta siendo orientada hacia la pretensión de ilegalizar al Movimiento Teresa Rodriguez y a alguno de sus dirigentes, no por los supuestos hechos de Repsol, sino por sus actividades políticas.

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Chaco: continúa la Marcha Multisectorial desde el Impenetrable hasta Resistencia

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Una larga marcha que va del Impenetrable chaqueño a la Capital -casi 300 kilómetros- reclama la entrega urgente de comida para merenderos, comedores y programas sociales al gobierno provincial. Además, señala al nacional bajo la consigna “Milei: basta de hambre, ajuste, entrega y represión”. Hoy dos columnas que provenían de distintas comunidades se unieron y dormirán en Castelli; mañana siguen, mientras arman los petitorios y conforman una Multisectorial de campesinos, comunidades originarias, sindicatos, productores y hasta la Iglesia.

Informe: Luchas del Chaco

https://twitter.com/lavacatuitera/status/1823479023533539607?s=48

El hambre y la falta de respuestas impulsan la larga marcha de las comunidades del Impenetrable chaqueño. Hoy y luego de recorrer a pie 50 kilómetros las dos columnas en que se organizó esta marcha acamparon en Castelli, a casi 300 kilómetros de Resistencia, a donde se dirige esta protesta para exigir que el gobierno provincial entregue comida para los merenderos, para los comedores escolares y para los programas de asistencia alimentaria.

Este jueves 8 de agosto una columna partió desde Miraflores y otra desde Bermejito. Cada una se nutrió de comunidades del Impenetrable. Hoy y en un emotivo encuentro, las dos columnas se abrazaron en la entrada de Juan José Castelli, luego de caminar durante casi dos días. Denuncian así la dura situación que se vive en el Chaco: el hambre y la falta de comedores escolares y comunitarios. La multitud, que provenía de diversas comunidades, marchó por la ciudad bajo la consigna: “Milei: basta de hambre, ajuste, entrega y represión”.

La columna de Miraflores estuvo compuesta por personas de Fortín Belgrano, Sauzalito, Sauzal, Vizcacheral, Misión Nueva Pompeya, Wichí, entre otras, mientras que la columna de Villa Río Bermejito reunió a habitantes de El Espinillo, La Leonesa, Las Palmas, Pampa del Indio, parajes rurales y localidades aledañas.

Ahora se encuentran acampando en el acceso de Castelli y se preparan para armar los petitorios y convocar a la Mesa Intersectorial, que estará integrada por campesinos, originarios, asociaciones comunitarias, asociaciones sociales, iglesias, pequeños productores, intendentes, etc..

El objetivo es claro: que se abran las negociaciones con el gobierno de la provincia y se de respuesta urgente a las demandas alimentarias.

Continuará…

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La procesión por dentro: 8va Marcha de San Cayetano

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Desde temprano en Liniers, hasta la Plaza de Mayo, miles de personas peregrinaron una vez más bajo la consigna Paz, Pan, Trabajo, Tierra y Techo. En la Plaza se calculó, moderadamente, 200.000 personas. La descripción de un desastre social durante esa procesión, en la voz de quienes encarnan la falta de esos cinco derechos básicos ausentes. El avance de lo narco como símbolo de lo único que progresa en los barrios ante la falta de trabajo y de futuro. Los comedores sin comida. Los mayores, las mujeres y los niños: quienes más sufren. El lugar de la educación y de la democracia. El tejido social roto, mientras la organización contiene lo que puede. El hambre como un crimen, y la protesta criminalizada. El Nunca Más para los derechos humanos de ayer, de ahora y siempre.

Por Lucas Pedulla. Fotos de Juan Valeiro para lavaca.org

Oración: 

“¡Oh Glorioso San Cayetano! Padre de la Providencia, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal humano”.

Susana vende espigas con la estampita de San Cayetano en Liniers, frontera entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, pero no dice ningún precio. “Vendo por lo que me quieran ayudar, algunos me dieron 100 pesos, otros 200”, dice, 41 años, vecina de Merlo, a ocho estaciones de tren de este Liniers que, a las 8.30 de la mañana, se está preparando para una nueva peregrinación, como hace ocho agostos, a Plaza de Mayo. 

La procesión por dentro: 8va Marcha de San Cayetano

Fotos de Juan Valeiro para lavaca.org

La bandera de la cabecera retoma el tríptico que reza esta estampita (“Paz, Pan y Trabajo”) y le suman dos urgencias más: “Tierra y techo”. Pero a Susana se le cae la primera lágrima, simplemente, cuando se le pregunta cómo está: “Tengo a mi hijo en la cárcel de Marcos Paz hace cinco años. Estoy criando a mis dos nietos y no cobro nada. La señora lo dejó. Tengo que salir a la calle a changuear, para traer el sostén, pero no me alcanza: lavo ropa, limpio veredas, corto el pasto, cartoneo: lo que sea. Los comedores a veces te dan, a veces no. A veces encuentro muchos bichos en el alimento. Tengo una nieta celíaca. Estamos muy mal”.

Vive en una villa, costeando el río. “Ayer me robaron una garrafa”, dice, y llora por lo que eso significa este año en esta época en este país. “Un envase está caro, 12 mil pesos, pero ellos lo venden por nada, por droga, y yo no tengo con qué cocinar. No tengo palabras para este Gobierno. Estamos olvidados”.

Así arranca la procesión.

Fotos de Juan Valeiro para lavaca.org

Mano amiga

Frente a Susana, sobre la avenida Rivadavia, se acomodan las columnas. La primera impresión es que la convocatoria es menor en comparación con años anteriores, aunque la mayoría de los movimientos sociales llamó a concentrar directamente en Plaza de Mayo. Al arco de organizaciones que integran la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se plegaron sindicatos de la CGT, las dos CTA y organismos de derechos humanos. La otra diferencia con años previos es que la marcha caminará los 14 kilómetros por un solo carril, custodiado por cordones de policías de la Ciudad que dejan así una imagen que algunos comentan con una sonrisa: “Los policías también peregrinan”.

Alejandra tiene 36 años e integra un comedor en Dock Sud, Avellaneda, en la frontera sur del conurbano. “No tenemos alimentos. Sólo el municipio nos da, pero no alcanza, y la escena que vemos todos los días es Doña Elsa, la cocinera, tratando que la comida alcance para todos”. ¿Cuántos son? “Más de 200 familias por día. La gente trae el hambre, la pobreza, un abrazo. Eso es lo que necesitamos en este momento: una mano amiga”.

La procesión por dentro: 8va Marcha de San Cayetano

Fotos de Juan Valeiro para lavaca.org

Piensa lo que significa el hostigamiento del Gobierno a organizaciones sociales, la persecución a sus dirigentes, el vaciamiento a los comedores: “No quieren vernos unidas. Nos tiene como enemigos y el objetivo es que las personas también nos vean así. Pero somos las organizaciones sociales las que estamos en el barrio y llevamos adelante las políticas públicas que propone el Estado. Pero este Estado no propone nada, y sin política pública solo estamos nosotras, tratando de que el barrio la pase menos mal”. 

Cuál es la salida: “Estar en la calle y seguir haciendo fuerza en comunidad”.

La tarifa narco

Otra dimensión la aporta Hugo, trabajador de la rama de Construcción en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en González Catán, partido de La Matanza, que caminará los 14 kilómetros de Liniers a Plaza de Mayo con una carretilla: “Representa a miles de trabajadores que hoy se están quedando sin laburo por las políticas de este Gobierno”. Cuenta que el barrio está difícil, y que ante la falta de trabajo y de changas los vecinos ya no tienen para parar la olla: “Y donde no está el Estado ni hay trabajo, el narco avanza”.

En el barrio lindero al suyo, en enero, se produjo la masacre de Catán, donde cinco vecinos fueron asesinados emboscados por un grupo que buscaba controlar la toma de un barrio. “De alguna manera somos los únicos que estamos conteniendo esa problemática. La cosa se visibilizó mucho pero quedó en la nada, y muchos vecinos se fueron por miedo. Nosotros tratamos de contener: hoy los chicos no pueden cargar la SUBE para ir al colegio, ni comer una buena comida a la noche, y eso les impide estudiar. Hay muchos pibes que están sin una orientación de cómo va a ser un futuro. Las familias están destruídas, muy rotas”.

Qué significa allí lo narco: “Es una pata más para que lleven a cabo sus políticas y destruir directamente al pueblo, rompiendo el tejido social”. 

La procesión por dentro: 8va Marcha de San Cayetano

Fotos de Juan Valeiro para lavaca.org

En Catán, cuenta, a un chico le están ofreciendo entre 20 mil y 30 mil pesos por día por vender. Al mismo tiempo, una vecina del barrio 21/24 coincide en la misma cifra: 20 mil pesos por hacer de “campana”, en turnos de cinco horas. “¿Me vas a decir que el Estado no lo ve? -pregunta Hugo-. Lo vemos nosotros, que avanzan y avanzan, y agarran a nuestros hijos de soldado, porque un chico que no puede comprarse unas zapatillas termina en manos de ellos”.

Turnarse para comer

Jessica tiene 33 años y trabaja en un comedor de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el barrio Tierra Alta de Malvinas Argentinas, al norte del conurbano: “El otro día se nos desmayó un abuelito. Fue a pedir comida el martes y se nos desmayó porque el último bocado que había comida era del sábado”. 

Antes abrían todos los días, pero la crisis de los alimentos los obligó a reducir a martes y jueves. Están cocinando una olla de 120 litros: “No alcanzan las 100 porciones diarias para la fila del hambre que se arma del barrio”. En esa fila se cruza con vecinos que votaron a Milei en las elecciones de 2023 pero que, dice, le comunican su desilusión: “Sobre todo los que pasaron de pagar 6000 pesos de luz a que les llegue una boleta de 150 mil”.

Fotos de Juan Valeiro para lavaca.org

Otra escena de esta crisis: “Mi hijo me contó que en su escuela se tuvieron que turnar para ver quién se lleva la caja de mercadería: tiene aceite, harina, arroz, lata de arvejas. Antes llegaba para todos, no te salvaba el mes, pero era una ayuda. Ahora, de los 30 cupos, llegan 10, y tienen que ser los niños mismos los que evalúan”.

-¿Cuántos años tienen?

-Once años.

Cuándo se va este hombre

La marcha continúa. En las esquinas se paran vecinos y vecinas de los barrios a filmar la movilización, otros salen a las puertas de sus negocios ya con los celulares en mano. A la altura de Caballito, el cordón de policías de la Ciudad que peregrina desde Liniers cambia de guardia. “Perdón, ¿estamos en democracia?”, pregunta un señor por la cantidad de efectivos, y se marcha meneando la cabeza. Otro cuenta que está haciendo un streaming para Alemania. ¿Es periodista? “No, terrorista: soy jubilado”, dice, e informa que en Plaza de Mayo hay mucha gente. Ale, 35 años, es paraguayo, y mira todo al lado de su moto con mochila de Rappi esperando que llegue algún pedido. “No opino de política”, dice, y sólo informa que estar todo el día arriba de la moto le da “el doble de dinero” que su anterior trabajo en la construcción: “Así estamos”, remata. A Llelicsa le preocupan mucho “los abuelitos que duermen en la calle”, pero confía que la cosa va a mejorar: “Soy venezolana”.

Ana, argentina jubilada de 70 años, mira con seriedad, aunque a simple vista no es posible determinar si con aprobación o con rechazo. ¿Qué piensa? “Milei parecía muy bueno y se ganó la confianza del pueblo diciendo que iba contra la casta, pero realmente está en contra de los trabajadores”, dice. Una duda: ¿entonces no lo votó? “Yo no voto por principios, pero creía mucho en lo que decía -responde-. Yo cobro la mínima, los pobres son cada vez más pobres, y encima no atiende a los discapacitados. Además se pelea con todo el mundo, habla groseramente de todos, humilla a hombres y mujeres”. 

Cuenta su dieta: “Como una comida al día. Tomo mi desayuno, que es un café con unas tostadas. Después, a las tres o cuatro de la tarde me hago un almuerzo. Tipo seis me tomo unos matecitos. Y a la noche avena con mitad agua y mitad leche, si es que tengo leche. No llego con 260 mil pesos, ¿vos entendés?, y eso que trabajé toda mi vida”.

¿Conoce otras personas desencantadas como ella? “Totalmente”, suspira.

¿Y qué dicen? “Todo el tiempo están pensando cuándo se va este hombre”.

La procesión por dentro: 8va Marcha de San Cayetano

Fotos de Juan Valeiro para lavaca.org

El chipá y la arrepentida

La peregrinación llega y es aplaudida por una Plaza de Mayo llena. Los organizadores calcularon con moderación: 200.000 personas. La columna ingresa por Avenida de Mayo. Uno de los que entra es Tomás, otro de los caminó desde Liniers, aunque no milita en ninguna organización: acompañó todo el trayecto vendiendo dos roscas de chipa a 1.500 pesos. “Trabajaba en un restorán en Rivadavia y Jujuy, pero cerró el año pasado y desde entonces no encuentro laburo: repartí CV en un montón de lados pero no te llama nadie”, dice, y cuenta que se la rebusca con estas changas. 

Vive en el barrio de Congreso con su mujer: “Ella votó a Milei”. ¿Y qué piensa hoy? “Está arrepentida: tiene que ir a limpiar tres o cuatro casas y pagar un montón de transporte. No le da la plata”, dice y se detiene porque dos personas se le acercan a comprarle chipa.  

La procesión por dentro: 8va Marcha de San Cayetano

Fotos de Juan Valeiro para lavaca.org

¿Qué es hoy lo emocionante?

Sobre el escenario empiezan los discursos. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, destaca la unidad expresada en esta convocatoria por las centrales sindicales. Por su parte, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, llama a continuar la lucha “con la fuerza de la paz, el amor, la solidaridad y el compromiso militante de cada compañero y compañera”. Y la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, una de las convocantes, lee un comunicado, al lado del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel: “Es emocionante ver nuestra querida Plaza de Mayo llena de personas que estamos exigiendo basta de hambre”. 

El comunicado habla del hambre, de miseria planificada, de la pobreza y la indigencia, y la destrucción de derechos en medio de discursos de odio y visitas a genocidas. A su vez, reclama por el esclarecimiento del asesinato de Susana Montoya en Córdoba.

Fotos de Juan Valeiro para lavaca.org

Reproducimos sus palabras:

  • “Esta misma Plaza nos vio surgir como colectivo de Madres en plena dictadura en búsqueda de nuestros hijos e hijas, reclamando su aparición con vida. Y siempre lo decimos: nuestros 30.000 lucharon por una Patria justa, libre, soberana y solidaria. Quienes estamos hoy acá levantamos las mismas banderas. Por eso decimos: ¡el hambre es un crimen!”
  • “El gobierno de Milei y Villarruel está sometiendo al hambre y desocupación a miles de familias en todo el país. En ocho meses de gestión, llevaron a la pobreza a más del 55 por ciento y la indigencia a más del 20. No son sólo números: es la historia de cada familia que ya no puede tener un techo, que no puede poner pan en la mesa, que no tiene trabajo, porque nos gobierna la crueldad”. 
  • “A la destrucción de los derechos, se suma un plan de persecución y represión a la protesta social, criminalizando a la oposición y buscando impedir cualquier forma de resistencia. La miseria planificada ha vuelto a ser parte de un gobierno. Esto sucede en un contexto de discursos y prácticas de odio, negacionismo y hasta apología del terrorismo de Estado, y cuando diputados oficialistas se juntan con genocidas para planificar la impunidad. Como organismos de derechos humanos, reclamamos justicia por el asesinato de Susana Montoya en Córdoba. También reclamamos protección para su familia ante las amenazas recibidas”. 
  • “Todos los derechos están en peligro con este gobierno. Los sociales, los económicos, los políticos, los culturales. Porque gobiernan para un sector muy reducido del país”.
  • “Estamos aquí también para exigirle, para reclamar de manera urgente que Milei y Pettovello entreguen la comida. Porque si el hambre es un crimen, los que esconden la comida en los galpones son criminales”.

Fotos de Juan Valeiro para lavaca.org

La procesión por dentro: 8va Marcha de San Cayetano

Fotos de Juan Valeiro para lavaca.org

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Nota

Roberto de la Cruz Gómez, detenido por manifestarse contra la Ley Bases: “El miedo no construye ningún derecho”

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Fue detenido por manifestarse en contra de la Ley Bases y, desde entonces, está preso en Ezeiza desde hace casi 2 meses (al igual que Daniela Calarco Arredondo) con casi nula atención judicial: la defensora oficial no le llevó ni una copia de la causa, pero sí la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuyos representantes son los únicos que lo visitan.

Pidió a la jueza María Romilda Servini que lo reciba para que le muestren las pruebas que justifican su detención; si no lo consigue asegura a lavaca que iniciará una huelga de hambre.

En esta entrevista brinda su versión de los hechos, sin vueltas: “No tengo nada que ocultar, porque yo no hice nada”, afirma este hombre de 44 años que pasó de vivir de Grand Bourg a su lugar de trabajo porque no podía pagar el aumento del transporte.

El momento de su detención, filmado por lavaca. Su causa como un “libreto”, que pasó de acusarlo de terrorista y responsable de un golpe de Estado, a resistencia a la autoridad y daños a bienes públicos. Su versión sobre la supuesta foto que lo incrimina. Su historia, su conciencia, y su lección: “Quédenese tranquilos, si quieren manifestarse hay que salir, no tengan miedo: el miedo no construye ningún derecho”.

Por Franco Ciancaglini

“¿Me aguantás que traigo una silla?”

Roberto se prepara porque sabe que la charla se viene larga. Está ávido de contar su versión de los hechos que lo tienen hace 56 días preso en el penal de Ezeiza. Al final de la charla, cuando le pregunto si quiere omitir algo de lo que hablamos, dirá sin vueltas: “No, no: poné todo. No me perjudica en nada, porque te digo la verdad: no hice nada. No tengo nada que ver”.

A continuación, lo que hizo y lo que no hizo Roberto de la Cruz Gómez el día de la votación de la Ley Bases en el Senado.

Y lo que piensa.

País en picada

La charla con Roberto (44 años) ocurre el mismo día en que se anuncia la instrumentación de parte de la Ley Bases. Y esa es una conexión que trae él, prendido a las noticias que transmite la tevé del Módulo 5 Pabellón 6 de la cárcel de Ezeiza: “¿Te enteraste lo del colectivo?” comienza relatando otra noticia ocurrida en Florencio Varela: “Cargaron el colectivo con tanta gente que se rompió el piso mientras iba andando, un muchacho se cayó al asfalto y el colectivo lo pisó con las ruedas, se murió”, relata, azorado.

¿Qué simboliza para él esta muerte? “Que el país se está yendo en picada. Que la gente se va a ir cayendo muerta. Que tenemos un Estado ausente, que es imposible viajar, imposible llegar a tu trabajo, volver a tu casa. Que te llenan de aumentos. Ese colectivo no estaba en condiciones de viajar, y así van a ir pasando cosas… Es la primera muerte de un trabajador”.

Roberto tiene una lectura de la realidad capaz de conectar hechos aislados como parte de una misma trama: lo llamamos para hablar de su caso, pero él habla de quienes –como él– también están sufriendo. “En este gobierno hubo muchas muertes por esto, como por no recibir los medicamentos oncológicos”, sigue sobre esta realidad silenciosa que acaso es parte del sistema en el que –sabe– él está encarcelado.

Otra noticia, mientras la da un sorbo al mate: “Hoy leí también que una de cada cinco personas es indigente. Esa gente está metiéndose adentro de los tachos de basura. Está pidiendo comida, vendiendo medias, porque se hace imposible vivir. Hay por lo menos tres jubilados que se han suicidado, uno incluso escribió una carta diciendo que así no podía vivir más”.

Roberto de la Cruz Gómez, detenido por manifestarse contra la Ley Bases: “El miedo no construye ningún derecho”
Roberto de la Cruz Gómez, en una foto que él mismo subió a su Tik Tok.

La vida antes de la cárcel

Roberto es de Grand Bourg. Tiene 44 años. Hasta el momento de su detención trabajaba en una panadería del barrio porteño de Once, a dos colectivos y un tren de su casa: 2 horas por viaje. Cumplía las 8 horas, 6 días a la semana incluyendo los feriados, ya que las panaderías casi no cierran.

Cuando responde cuánto ganaba, avisa: “Agarrate Catalina: ganaba 5.700 pesos por día, por 8 horas. Me pagaban por quincena”.

No hace falta sacar muchas cuentas para entender que no llegaba ni al ya devaluado sueldo básico.

En febrero, según la resolución 5 del punto 3 firmada por el secretario de Transporte, se dispuso un aumento en trenes y colectivos según un esquema que sigue aplicándose hoy para más aumentos. Hasta aquel momento –mes y pico antes de la sanción de la Ley Bases– el boleto de tren que pagaba Roberto pasó a 200 pesos y el de colectivo, a casi 100. Alrededor de 600 pesos por día que Roberto debía sacar de su sueldo (le quedan 3.900 x por día) solo para llegar al trabajo. “Me tengo que comprar un aceite y me sale 2 lucas. Carne no como. El pan, la sal… era vivir para comer. Nada más”.

Roberto pensó una variante para no perder el trabajo: irse a vivir a la panadería. “Cuando empezaron a subir las cosas hablé con el dueño y le dije: mirá, se me hace imposible con el viaje, ¿me das la oficina para armarme una pieza? Me dijo que si, que no tenía ningún problema. Mi día franco volvía a mi casa; después vivía lamentablemente ahí”.

El día de la sanción de la Ley Bases cayó 12 de junio, miércoles, día de franco.

El día de la detención

Su voz del otro lado del teléfono suena paciente y reflexiva, tal vez producto de que el tiempo en la cárcel abunda, pero además habla con la seguridad de quien se sabe víctima de una injusticia.

Roberto no pierde su lucidez ni la conciencia de por qué llegó allí: “Yo fui a manifestarme contra la Ley Bases, no te voy a decir que pasaba por ahí”. ¿Por qué se manifestó?: “A mí no me convenía por la ley de trabajo, que justo hoy veo que están por instrumentarla”.

Roberto había ido a la plaza ya el día martes después del trabajo (sale a las 21), porque algunas organizaciones anunciaban una vigilia. Tenía una bandera de argentina a la que ató a un palo y sobre la que escribió con marcador, sobre la mesa de la panadería, una leyenda:

–“No a la Ley Bases. Patria si, colonia no”.

La llevó tanto ese martes de noche como al día siguiente, temprano por la mañana.

Dio unas vueltas por Congreso, y se sorprendió por el desmedido operativo de seguridad. “Me fui a comer a mi trabajo, y volví de nuevo a la Plaza”, cuenta. “Cuando volví ya había una humareda, se ve que habían prendido fuego un auto. Ni me acerqué. Llegué y salí una cuadra antes de Sáenz Peña. La policía había cruzado el vallado hasta justo frente a Congreso, a Callao, y habrán hecho tres, cuatro pasos para adentro. No avanzaban, se quedaban ahí tirando balas de goma. Y la gente no salía corriendo, se estaba escondiendo de las balas y de los gases, atrás de unas vallas. No era una barricada, era para cubrirnos de los gases. No la pusimos ni nosotros, estaba ahí. Y el palo era mi bandera”.

Roberto grafica el momento que, supuestamente, quedó sellado en una foto que figuraría en la causa; él no la vio personalmente: “Hasta el día de hoy no me mandaron la causa. La abogada (la defensora oficial Florencia Gabriela Plazas) me dijo que no me la podía traer porque no tenía presupuesto para imprimirla…”.

Sobre la foto: “Lo único que tienen es una foto mía con un palo junto a otros manifestantes. Ese palo era de la bandera que había hecho el día anterior. Supuestamente dicen que estaba agrediendo a la policía desde ahí. En la foto se ve que ninguna de las personas estaba con piedras, ni botellas ni nada”.

A Roberto lo detendrían más de una hora después de ese suceso, momento captado por lavaca:

Sigue su relato: “De ahí empieza a avanzar la policía para seguir tirando. Empezamos a ir para atrás, había jubilados que decían: ‘Vamos a quedarnos’. Yo les decía: ‘Mejor vámonos’ y empezamos a sacar a la gente porque pensamos que iban a venir las motocicletas: a esas no les importa si estabas manifestándote o no. Seguimos retrocediendo, diciendo, ¿hasta dónde van a tirar balas? Llegamos hasta 9 de Julio. Ahí estaban las motos, la Policía Federal. Estaban deteniendo personas, había un grupo de chaleco azul que manoteaba gente”.

El relato de Roberto coincide con el de todos y todas las detenidos: mientras la policía tiraba, las motos amedrentaban y policías de chaleco azul cazaban arbitrariamente. Son famosos los casos de vendedores ambulantes o de un joven que salía del subte y quedaron detenidos. La 9 de Julio, a varias cuadras del Congreso, podía parecer una zona de descanso frente a la Plaza Congreso. Fue en cambio el lugar, o la trampa, donde la policía esperaba para la mayoría de esas detenciones.

Roberto: “Entonces volvemos por donde veníamos, de nuevo hacia la Plaza. No había por donde salir. Cuando me vuelvo llego hasta Sáenz Peña y pregunto si se puede pasar para el otro lado, habían hecho un cordón. Digo: yo soy manifestante, quiero pasar del otro lado. No, no se puede pasar, no se pasa más, no pueden entrar más a la plaza”.

Y entonces, la detención: “Al lado del cordón me agarran, no es que me corrió la policía ni nada”.

¿Resistencia a la autoridad? “No me resistí para nada, le dije ‘pará, pará’, y se me tiraron encima, me caí con el codo y uno me pisó y me sacó las zapatillas pisándome; les pedí que me pasaran la zapatilla y me la dieron. Me ataron con un precinto y me llevaron corriendo con una zapatilla menos, yo tenía la otra en la mano, estaba toda la plaza mojada, llegué lleno de barro”.

El mundo del revés: “Si ellos no hubiesen empezado a reprimir, no pasaba nada. Y si yo no me acercaba, no me detenían, yo solo quería pasar para el otro lado. Yo no tengo por qué irme corriendo”.

Roberto fue llevado al lugar donde estaba el resto de los detenidos, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, justo al lado del Congreso; a metros, mientras tanto, las y los senadores sesionaban. “Ahí estaba Remigio (Ramón Ocampos, 64 años, también detenido), el famoso parrillero, las tres chicas… Ah, importante: a mí no me leyeron los derechos en ningún momento. No podían encontrar testigos, como no encontraron a nadie me subieron adentro; en la causa dice que vinieron dos personas y es mentira”.

Luego de lo que Roberto calcula fue una hora, les avisan que serían trasladados a la Superintendencia de Investigaciones Federales, ubicada en Lugano. En el camión celular ocurre una escena insólita: “Yo tenía todavía mi celular. Entonces le dije a un amigo que me estaban llevando detenido. Y le aviso al dueño de mi trabajo: “Dani, por ahí llego más tarde a trabajar mañana”. Porque cundo me pregunta por qué me llevan detenido, me dicen ‘por resistencia a la autoridad’”. Pensé: bueno, mañana me largan”.

Al rato del viaje, su celular vuelve a sonar. Era su amigo. “Me dice: ‘¿Estás ahí con el parrillero? En el noticiero está saliendo que vos sos terrorista’. ¡Ni siquiera habíamos llegado a Lugano!”.

En paralelo, el presidente Javier Milei felicitaba a las fuerzas por haber parado un golpe de Estado y acusó a los detenidos de terroristas.

En Lugano, los “terroristas” eran alrededor de diez. “Estábamos todos sentados hablando. Algunos ya venían con la causa inventada. Yo dije: ‘A mi me detuvieron queriendo pasar de un lado a otro’. El parrillero dice: ‘Yo estaba subiendo la parrilla y me tiraron al piso’… Le preguntamos a la policía y nos dicen que estábamos detenidos por resistencia a la autoridad. A todos los detenidos nos dijeron eso. Y es más, ahí en Lugano es donde el comisario dijo: mañana se van, quédense tranquilos”.

Desde entonces lleva 56 días preso, al igual que Daniela Calarco.

El “terrorismo” y los palazos

¿Qué pensás de que el Presidente te dijera terrorista?

Me causa gracia. Porque de verdad creo que este tipo (por Milei)… él fue a Israel, él sabe lo que son los ataques terroristas… Ataques terroristas son los que hace Israel con Palestina, lo que hace Palestina con Israel, es lo que pasó en la AMIA. Prender fuego cosas (por la gente que prendió fuego) no es un ataque terrorista. Yo encima ni eso hice. Creo que el tipo vive en una fábula”.

Enumeración: “Después de terrorismo pasó a hablar de golpe de Estado. Después, supuestamente, sedición. Y más tarde el cargo bajó a intimidación pública”, cuenta sobre las tipifaciones de los delitos que supuestamente cometió. De ninguno el poder judicial pudo reunir pruebas y finalmente los cargos por los cuales se justifica su detención son “resistencia a la autoridad” y “daños a bienes públicos del Estado”. Los mismos que pesan sobre Daniela Calarco.

¿Es una causa armada? “No lo pensé. Son libretos, no son causas. Me inventaron cuatro causas y no me pudieron comprobar nada. Lo único que tienen es una foto con un palo, y no estoy rompiendo nada. Así que de daños no tienen nada. Y resistencia a la autoridad, es imposible. Si estaban con balas de goma, con Gendarmería, ¿cómo me voy a resistir?”.

Frente a la represión, Roberto sabe que estar ahí era su derecho: “Yo me como un derecho y me tiraron gas pimienta, balas de goma…”. Otra mirada sobre las operaciones: “Según Patricia Bullrich el kirchnerismo quería bajar la Ley Bases. Y el kirchnerismo no hizo nada. Yo he estado ahí y he visto a La Cámpora, jóvenes de veintipico de años que cuando se armó el quilombo se fueron todos corriendo. Los vi. En plenos disturbios no quedó nadie de La Cámpora. Los ‘hostiles’ como dice la causa, éramos los que marchábamos, los jubilados y gente suelta”.

Corrección: “En realidad los únicos hostiles fueron los policías. Ellos estaban tirando del vallado para este lado, balas de goma, gas pimienta. Y yo creo que la gente se cansó ese día. Vos querés marchar y te ponen una valla y te tiran balas de goma, para que te vayas. Como dijo ese periodista Majul: ‘Si vos veías eso, te tenías que ir a tu casa’. ¿Por qué me tengo que ir? Si yo tengo el derecho de estar parado ahí, ¿por qué tengo que recibir gas pimienta, balas de goma? Yo he visto señoras grandes que recibían palazos. La gente sale a protestar y ahora lo que quieren hacer es detener a la gente. Que pongan un comunicado: si salen a manifestarse, van presos. Bueno, es más o menos lo que dijo Adorni”.

Que me muestren las pruebas”

A falta de patrocinio privado, la causa de Roberto de la Cruz Gómez es representada por la defensora pública de Gabriela Plazas. Él resume su actuación de esta manera: “No se les cayó una idea para defenderme”. Y retoma el símbolo de las focotopias: “No me trajeron la fotocopia de la causa. Imagínate cómo me defendieron”.

En cambio, resalta el acompañamiento de la APDH, que incluye dos visitas semanales además de las fotocopias para las que la defensora oficial no tiene presupuesto.

A falta de intermediarios legales, Roberto decidió enviar una carta él mismo en formato de pronto despacho para que la jueza María Romilda Servini lo atienda.

Es el segundo que elabora: “En el primero me contestó que no podía porque se iba de vacaciones por la feria judicial. Bueno, ya volvió. Si no me responde me voy a declarar en huelga de hambre y hacerla cargo de mi seguridad. Quiero que me diga por qué estoy detenido, cuáles son las razones… La defensora me dijo que la jueza tiene un montón de argumentos pero no tiene pruebas. Pero con argumentos no puede dejarme detenido. Yo quiero que me muestren las pruebas”.

Mientras espera la respuesta, que debe llegar en las próximas horas, Roberto ensaya otra conclusión de lo que le está pasando: “Ellos me tienen detenido por un capricho, un capricho de este gobierno que quiere darle una lección a la gente. Pero a la gente no le importa, va a salir igual”.

Confía en que, a falta de pruebas, más pronto que tarde estará en la calle: “Tengo ganas de seguir con mi vida cotidiana. Seguir trabajando, ser un ciudadano como todos. Mantener mi trabajo, porque si no trabajo no voy a poder ni existir. Y creo que el que tiene trabajo tampoco va a poder…”.

Sabe que no tiene prensa en los noticieros que mira desde la cárcel, pero aprovecha la conversación porque quiere enviar un mensaje. Desde el Módulo 5 del Pabellón 6 del penal de Ezeiza, un hombre preso por manifestarse pide calma y alienta:

– Quédense tranquilos: si quieren manifestarse hay que salir, no tengan miedo. El miedo no construye ningún derecho.

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