El periodista y diputado provincial de Santa Fe Carlos Del Frade estará presentando el próximo viernes en Rosario su nuevo libro Alto Perfil-Geografía narco 9, del que anticipamos aquí su prólogo. Se trata justamente del noveno trabajo de Del Frade sobre el tema del narcotráfico en la provincia, que le permite revelar de qué modo las organizaciones narco funcionan complementariamente a sectores policiales, lavado de dinero, concentración económica y políticas oficiales a las que califica como “narcozonceras” que con el discurso y la práctica de la “mano dura” terminan multiplicando el negocio. Una afirmación en el prólogo que explica mucho –cada vez más– del presente del país: “Ninguna de las 147 bandas que fueron reveladas por nosotros a fines de 2023 están exentas de tener nichos de corrupción de las distintas fuerzas de seguridad, tanto de la provincia de Santa Fe como de las nacionales”. Aquí, el prólogo completo del libro que será formalmente presentado el próximo viernes 16 a las 20 en el bar cultural La Popular, de Rosario.

Alto perfil

El narcoterrorismo fue la excusa de Estados Unidos para lanzar la doctrina de seguridad continental, superadora de la doctrina de seguridad nacional que fundamentó y alimentó los terrorismos de estado de los 70. Fueron los garantes del saqueo de las riquezas de Argentina y la Patria Grande. Gobiernos como el de Milei encarnan esta etapa terminal de la extranjerización de riquezas.

Por Carlos del Frade

Un fantasma recorre América del Sur.

El repetido concepto del narcoterrorismo.

Fue la excusa de Estados Unidos para lanzar la llamada doctrina de seguridad continental, superadora de la doctrina de seguridad nacional que fundamentó y alimentó los terrorismos de estado de los años setenta.

Bajo esa idea, los supuestos defensores del ser nacional se convirtieron en los garantes del saqueo al servicio de los grupos que concentran y extranjerizan riquezas en Argentina y la Patria Grande.

Las democracias encorsetadas o de baja intensidad, la demolición de la conciencia histórica y la autoestima de los pueblos generaron gobiernos surgidos del voto popular pero que representaban los intereses históricamente protegidos y atendidos por las dictaduras.

El menemismo, el macrismo y ahora el gobierno de Javier Milei encarnan esta etapa terminal de la extranjerización de riquezas y necesita de una excusa justificadora de la mano dura y lo que hoy se llama estado de excepción.

El 10 de enero de 2024, una de las principales representantes de las políticas del imperio, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Macri y Milei, habló del envío de fuerzas militares al Ecuador para participar de la lucha “continental” contra las organizaciones narcoterroristas.

En ese contexto, el nuevo gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz, hace eje en la mano dura, el empoderamiento policial, habla de período de excepción y remarca la necesidad de controlar cada vez más a los presos de “alto perfil”. De allí el título de este noveno tomo de la geografía narco que tienen ante sus ojos.

Es necesario decir que las amenazas recibidas por el nuevo gobernador y que llevó a trasladar a su familia fuera de la ciudad de Rosario merecen todo nuestro repudio y, de manera simultánea, nuestra solidaridad a sus seres queridos y su persona.

Pero es evidente que el plan de apropiación de las riquezas del pueblo argentina por grupos empresariales concentrados y muchos de ellos extranjeros necesita de una excusa para generar ocupación de calles y territorios que serán hervideros sociales por el empobrecimiento generalizado que producirá semejante transferencia de ingresos de los sectores populares y clase media a esos feudos del privilegio.

Narcozonceras y negacionismos

En ese contexto surgen exageraciones y negacionismos.

Porque no solamente hay narcozonceras como venimos señalando desde hace más de una década, si no también negacionismo.

Sigue repitiéndose la palabra “flagelo”, la idea de “estado ausente” o la teoría de la “guerra contra la droga”.

Pero es casi imposible escuchar a responsables políticos nacionales, provinciales y municipales hablar del negocio del narcotráfico y del negocio de las armas.

Semejante negacionismo produce dinero para las empresas que le venden tecnología de seguridad a los gobiernos y la repetida exhibición de “operativos de saturación” en los barrios más castigados por la pelea entre bandas narcopoliciales.

No hablar de negocios es convalidar la continuidad del mismo, la circulación de dinero que siempre está muy lejos de las geografías estragadas de los suburbios de las grandes ciudades argentinas y santafesinas.

Alto perfil

Por eso la definición de personas presas con organizaciones narcopoliciales barriales son denominadas de “alto perfil” cuando, en realidad, más allá de sus asesinatos y dominios patrimoniales, parecen estar lejos de ser los jefes del negocio multinacional y paraestatal del narcotráfico.

De tal forma que elegimos esta definición de “alto perfil” para titular este nuevo libro, el noveno ya de la serie que denominamos “Geografía narco”.

Los hechos y apuntes del presente volumen están ubicados, mayoritariamente, en el año 2023 y principios de 2024, a diez años del inicio del ciclo de ferocidad social que devino luego del asesinato de Claudio “el Pájaro” Cantero, el 26 de mayo de aquel interminable 2013.

Desde aquellos días hasta hoy existieron cuatro gobernadores en Santa Fe: Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz, Omar Perotti y Maximiliano Pullaro, asumido en diciembre de 2023.

Y cuatro presidentes: Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, también en ejercicio desde diciembre de 2023.

Sin poder escapar a la tentación de resumir nueve puntos centrales en estos nueve volúmenes de “geonarcos”, apuntamos algunas ideas:

1. Los negocios del narcotráfico y contrabando de armas son constitutivos del capitalismo en los últimos sesenta años. Intentar disminuir su capacidad de letalidad supone cortar los flujos de dinero.
2. A partir de los años noventa, la transición de la economía productiva hacia la financiarización de las actividades produjo una forma distinta de multiplicación de fondos a través del lavado de dinero y activos.
3. Más allá de las leyes existentes, el lavado de dinero y activos es el delito que menos se persigue en Argentina y cualquier provincia.
4. Lo que llega a los barrios de Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela es consecuencia de las rutas inauguradas en los tiempos del terrorismo de estado, el 24 de abril de 1978 y es central la participación de los puertos privados en la zona sur de la provincia.
5. Ninguna de las 147 bandas que fueron reveladas por nosotros a fines de 2023 están exentas de tener nichos de corrupción de las distintas fuerzas de seguridad, tanto de la provincia de Santa Fe como de las nacionales.
6. Haber votado una ley de adhesión al narcomenudeo es repetir la vieja receta de la DEA que significa más control social que atentar contra los intereses del negocio. Habrá más narcotráfico y más violencia.
7. Más allá de las particularidades que tiene el negocio en la provincia de Santa Fe, los hechos demuestran que la economía del narcotráfico y del contrabando de armas dependen de manejos latinoamericanos.
8. En los países del tercer mundo como la Argentina, el consumo de sustancias psicoactivas no solamente es un negocio de millones de dólares si no también una garantía política de control social sobre las nuevas generaciones devenidas en consumidoras consumidas, lejos de la conciencia revolucionaria de los años setenta. De allí la importancia de pensar lo que supuso la llamada guerra del opio que terminó con el dominio de los puertos chinos a manos de los intereses y empresas inglesas. Esto parece que sucederá con el Paraná.
9. Es imprescindible tomar conciencia de la historia de los últimos cuarenta años de los pueblos de América para saber que castigar por abajo no solamente genera miles de muertes si no también la multiplicación del negocio.

La ferocidad que se advierte a partir de 2020 en los homicidios –siempre superan los 200 en la ciudad de Rosario– es directamente proporcional a los millones de dólares que evaden, subfacturan o fugan al extranjero empresas como Vicentin que sigue estando al frente del puerto de la ex ciudad obrera.

Las formas de explotación que sufren chicas y chicos de parte de las bandas narcopoliciales se parecen más a nuevas configuraciones del esclavismo o del neofeudalismo del tercer milenio.

El problema no es militar sino político: recuperar los barrios devenidos en gobiernos de facto de parte de estas bandas a través de la presencia de un estado virtuoso que multiplique el trabajo, la educación, la cultura, el deporte y la alegría en esas geografías, impulsando a las instituciones de la comunidad a ser protagonistas de una democracia más plena y menos vacía.

Si la política sigue resignada ante el poder económico concentrado y extranjerizado, seguramente habrá más narcotráfico, contrabando de armas y violencia letal en los barrios no solamente de las grandes ciudades santafesinas sino de todo el país.

Una de las claves está en saber que existe una economía informal e ilegal que representa el 50 por ciento de todo aquello que se produce tanto en Santa Fe como en la Argentina.

Si en el año 2022 hubo 288 homicidios en el departamento Rosario, 259 en 2023, esos asesinatos revelan una parte del problema; la otra porción reside en la cantidad de suicidios: 460 en el año 2022 y sin datos, por lo menos hasta el momento de redactar estos balbuceos, en 2023.

Saqueo del futuro

Esas cifras revelan el saqueo del sentimiento y la idea del futuro.

No hay vida humana, ni particular ni colectiva, que pueda desarrollarse sin la noción del mañana.

La vida humana se mutila al resignarse al no futuro.

Y esa cifra clama por una política que genere respuestas o lugares de abrazos cercanos para la existencia siga teniendo sentido en estos atribulados arrabales del mundo.

“Alto perfil. Geografía narco 9”, entonces, es un trabajo periodístico y político que busca pensar desde la realidad y alejarse de las formas de colonización pedagógica, económica, política y militar que siempre quieren imponer los imperios.

Carlos Del Frade, periodista y escritor.

De allí la necesidad de recordar, por ejemplo, lo sucedido durante las guerras del opio que determinaron el dominio inglés sobre los cinco puertos más importantes de China durante el siglo diecinueve. No porque la historia se repita, sino porque explica el concepto de la matriz de los procesos políticos y económicos que llevan a la extranjerización de riquezas y la subordinación de los pueblos.

Luchar contra el narcotráfico, como dijimos hace 24 años atrás cuando publicamos “Ciudad blanca, crónica negra”, es luchar contra el capitalismo.

No es sencillo.

Pero es imprescindible.

La fiscalía a cargo de la investigación del crimen de esta referente de derechos humanos ordenó hoy la detención de su hijo Fernando (ambos en la foto). La noticia se conoció en el momento en que se estaba llevando a cabo el acto para exigir verdad y justicia. El comunicado de la fiscalía declara que tiene elementos “profusos y contundentes” que prueban su participación. La tremenda historia de violencia que marcó a esta familia.

La fiscalía a cargo de Juan Pablo Klinger ordenó hoy la imputación y detención de Fernando Albareda, hijo de Susana Beatriz Montoya, brutalmente asesinada el 1 de agosto en su casa de la ciudad de Córdoba. Esta familia que representa un símbolo de la violencia del terrorismo de Estado, abre así un nuevo capítulo sobre las consecuencias actuales de estas heridas sociales. Quizás uno de los más difíciles de procesar por cómo impacta en la actual coyuntura política y por cómo, dónde y con quién vamos a reflexionar sobre esto.

Un primer síntoma es la respuesta de HIJOS Córdoba: “No vamos a dar declaraciones porque estamos emocionalmente impactados”.

La versión y los hechos

Hasta la noticia de hoy, el relato que había hecho Fernando Albareda sobre la muerte de su madre era el siguiente.

Todo el viernes había estado llamando por teléfono a su mamá para preguntarle cómo le había ido en sus estudios. El día anterior la había acompañado al cardiólogo, quien le recomendó que se hiciera algunos chequeos. 

Susana no le respondió.

Luego de ir a buscar a su hijo donde juega al fútbol, Fernando fue a la casa de su madre, en el barrio Ampliación Poeta Lugones. Las ventanas estaban cerradas y no era lo normal, porque Susana las dejaba abiertas para que entrara el sol.

Fernando dijo que no tenía llaves de la casa y le pidió permiso a la vecina para subirse al techo: desde allí vio el cadáver de su mamá tirado en el patio, contó a la prensa.

“Le reventaron la cabeza a ladrillazos y le clavaron un cuchillo en el cuello”, declaró en eldoce.tv. 

El velorio de Susana Montoya.

La pintada

Fernando contó que había una pintada en una de las paredes de la casa, “aparentemente con lápiz labial”, que decía: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

Ahora, la fiscalía en su comunicado se refiere específicamente a esa pintada: “Cabe destacar que el informe técnico del Área de Grafocrítica de la Policía Judicial ha podido establecer preliminarmente que los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda”.

Una historia tremenda

Ricardo Fermín Albareda, el papá de Fernando, era subcomisario de la policía de Córdoba y militante del PRT: desde ese rol advertía y salvaba a compañeros para evitar que fueran secuestrados. Tenía 37 años cuando él mismo fue secuestrado el 25 de septiembre de 1979 por la brutal patota del Departamento 2 de Informaciones de la Policía provincial (D2). Lo llevaron al centro clandestino conocido como Casa de Hidráulica, a la vera del lago San Roque, en Villa Carlos Paz, un chalet construido en la década del ‘40 para reuniones de la Dirección Provincial de Hidráulica. 

Ricardo sigue desaparecido. Su secuestro y desaparición fueron juzgados en el segundo proceso por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, en la causa justamente conocida como “Albareda”. Uno de los testigos fue Ramón Roque Calderón, un ex policía del D2, que declaró que Albareda fue trasladado “esposado y con uniforme de policía” la medianoche del 26 de septiembre del 1979 por el entonces jefe del D2, Raúl Pedro Telleldín, y los policías Américo Pedro Romano y Hugo Cayetano Britos. Dijo que lo ataron a una silla con alambre y le “arrancaron las insignias y lo degradaron”. Que lo golpearon por horas. Y que Telleldín le cortó los testículos, se los introdujo en la boca, y le cosió los labios. Mientras Albareda se desangraba, sus torturadores y asesinos se fueron a comer un asado fuera de la casa. 

El juicio finalizó el 11 de diciembre de 2009 con las condenas a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez (entonces comandante del Tercer Cuerpo del Ejército); al jefe de la policía de Córdoba, coronel retirado Rodolfo Aníbal Campos; al subdirector de la Dirección General de Inteligencia, comisario César Armando Cejas; y al exagente Britos. El excabo de policía Miguel Ángel Gómez fue condenado a 16 años. El expolicía Calixto Flores fue absuelto, pero luego Casación la revocó y lo condenó a seis años de prisión. Telleldín y Romano murieron impunes.

La causa fue paradigmática porque fue la primera condena a policías por delitos de lesa humanidad en Córdoba.

En mayo, el gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial la “reparación histórica del legajo laboral” de Albareda, en el marco de la Ley N° 10.874 de “Reparación Histórica del Legajo de los Trabajadores que fueron Víctimas del Terrorismo de Estado”, y decretó su “ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio”, al grado de Comisario.

En ese marco el Gobierno le reconoció a Susana Montoya, su viuda, los subsidios previstos y la actualización de la pensión. El destino que Susana quería para esos fondos era ayudar a sus nietos.

Este jueves, los organismos de derechos humanos de Córdoba realizaron una ronda reclamando el esclarecimiento de los hechos. La noticia de quién y cómo habría cometido el crimen los encontró durante esa misma marcha.

El medio Cba24 conversó con Ana Mohaded, la decana de la Facultad de Artes de la UNC, quien planteó la siguiente reflexión: “Fui a la ronda ampliada de los jueves. Muchísima tristeza. Pero también de nuevo la profunda certeza de que nuestro camino siempre fue y será construir un mundo mejor. El horror no es hijo de nuestro quehacer. A veces se nos infiltra, pero nuestro quehacer está basado en bajar los daños, calmar el dolor, buscar un modo en el que andar en la vida sea una experiencia disfrutable para compartir. Ahí vamos. Aunque nos cueste”.

Coronas en el velorio de Susana en Córdoba.

No hay diputados que los visiten ni se tomen fotos con ellos. En Tucumán hay más presos en las comisarías (2.700) que en las ocho unidades carcelarias de la provincia (2.000). Ese número la coloca en el 2º puesto a nivel nacional con respecto al hacinamiento en comisarías. Las denuncias y videos de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura muestran por ejemplo 17 personas amontonadas en celdas de 3 x 4 en algunas comisarías, y otras en las que hay amontonadas 80 personas en tres calabozos. En un caso hay además 19 policías imputados por torturas masivas. En esas comisarías ninguna persona debería estar más de 24 horas, pero hay detenidos que están hace más de 4 o 5 años sin condena (salvo la de subsistir allí). Y a quienes tienen condena (que no deberían estar allí sino en las cárceles, en otras condiciones) no les permiten la libertad condicional y salidas transitorias que plantea la ley, agravando la superpoblación de presos.  

Además, según datos oficiales, la “puerta giratoria” funciona al revés del lugar común. Promedio: cada día hay 6 personas detenidas, y solo una liberada, lo que implica un aumento exponencial del problema.

Todo esto podría ser parte de alguna serie de ficción carcelaria, pero es la realidad. Los datos son tan graves que interviene un comité contra las torturas: uno de sus integrantes, Fernando Korstanje, fue golpeado en la Comisaría 1º por la propia policía.

La situación del castigo convertida en un fin en sí mismo, un proceso de humillación y degradación personal contra lo que dicta la Constitución. La “infrazoología” para los detenidos. Los delincuentes exitosos premiados por los gobiernos, frente a los fracasados e ineficaces. La teoría de la cárcel como un mal negocio, y las opciones que podrían aliviar la situación.

Por Francisco Pandolfi

Esto no es ficción.

Esto es Tucumán.

En la Comisaría 1º de la capital, las mujeres viven en un pasillo de menos de un metro de ancho.

La Comisaría de Yerba Buena tiene una denuncia por torturas masivas en la que se imputó a 19 policías. Allí, por ejemplo, Ángel Rojas está condenado a 5 años y 3 meses, debería haber tenido salidas transitorias desde agosto de 2023 y gozado de la libertad condicional desde el 21 de junio de 2024. Está por cumplir cuatro años encerrado en una comisaría.

En la Comisaría 8ª de San Miguel de Tucumán están alojadas 17 personas en un calabozo de 3 metros por 2 metros (como se ve en el video). O sea, casi tres personas por metro cuadrado.

Esto no es ficción. Esto no es El Marginal. Esto es Tucumán.

Video en la Comisaría 8º.

Años hacinados

Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) existen estándares mínimos de habitabilidad, tanto para cárceles como para comisarías o lugares provisorios de detención. “En una comisaría debe haber 6 metros cuadrados para el primer preso, 4 metros cuadrados más para el segundo, 4 más para el tercero, y así sucesivamente por cada uno que se agregue para dormir”. En una cárcel, donde se realizan actividades extras, las dimensiones se amplían: “Se calculan 12 metros cuadrados por cada uno”.

Con estos cálculos, en la Comisaría 8ª donde hay 17 presos en una celda, debería haber uno solo. No es la única tortura. “En una comisaría no se puede estar más de 24 horas, pero hay presos que están hace más de cuatros años, todos hacinados, en total oscuridad”, afirma Fernando Korstanje, que aporta otro dato para graficar la situación que buscan prevenir: Tucumán es la única provincia del país que tiene más presos en las comisarías (2.700) que en las cárceles (2.000).

Imágenes obtenidas por la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura en la Comisaría 5ª.

“Las cárceles tienen un cupo, que cierran cuando no entran más presos; en cambio las comisarías no, siempre entra uno más”. Así lo plantea Fernando Korstanje, uno de los designados en la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Tiene 62 años, es pedagogo y docente en la Universidad Nacional de Tucumán. La Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura es un organismo público. “Un mecanismo que viene en cascada desde las Naciones Unidas a Tucumán y a otras provincias, a partir de un tratado que para Argentina tiene rango constitucional y es de cumplimiento obligatorio”. Se creó en 2012 pero se puso en funciones 10 años después. “Y no al 100%”, denuncia.

–¿Qué se hace con los informes?

–Se elevan al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, pero fuera de eso que es lo obligatorio, lo que se haga localmente es según el caso, la conveniencia, la oportunidad. Hay veces que se los ponemos, por ejemplo, en la mesa al director de la cárcel, para que eso mejore. Lo mismo con los jueces, lo mismo con los abogados defensores y también podemos hacer una denuncia penal sobre situaciones específicas. Pero no funciona. Por último el Comité Nacional informa al Subcomité de Prevención de la Tortura, que es un organismo también independiente pero internacional, que puede realizar inspecciones en el país, a las cárceles que les parezca.

Cuerpos hacinados en la Comisaría 8º.

Funcionarios invisibles

La comisión debería ser integrada por 9 personas. Seis que representan al Estado y tres a la sociedad civil (Silvia Rojkés, Andrés Romano y él). Fernando dice que los componentes de los poderes políticos son los únicos que cobran salarios y viáticos, como funcionarios provinciales, y también los únicos que no hacen nada: el secretario de Derechos Humanos Mario Racedo (“con quien tenemos diálogo pero no integra la comisión”); el Ministro Público de la Defensa Washington Navarro Dávila y el Ministro Público Fiscal Edmundo Jiménez.

Los otros tres son legisladores, dos por la mayoría, uno por la minoría: “En 2022 fueron designados pero nunca asumieron, nunca hablaron con nosotros ni nos respondieron mensajes. De hecho, ya vencieron sus mandatos”. Se trata de Raúl Ferrazzano, Maia Martínez (Unión por la Patria) y Raúl Pellegrini (UCR). Sintetiza Korstanje: “Solo funciona la parte de la sociedad civil, pero con una estructura presupuestaria de una debilidad inmensa”.

Peor que en un zoológico

Korstanje se presenta como “un militante contra la tortura”. Una de las formas a la que se enfrenta lleva el nombre de hacinamiento, al que describe como “infrahumano”. El fallecido criminólogo Elías Neuman agravaba más aun el concepto: “Él hablaba de infrazoología. Ningún juez aceptaría que sus mascotas vivan así, en las condiciones que viven estos seres humanos. Me preocupa que la tortura que se le está ejecutando a todos los presos del país no importe”.

Comisaría 5ª de Tucumán.

Según la Convención, se denomina “tortura” a todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

Torturas, una al lado de la otra

Fernando enumera qué torturas ve, escucha, siente, en las comisarías tucumanas:

1– La salud: “Por supuesto que hay gente sarnosa, con todas las enfermedades que tenía, más todas las que se agarró detenida. En una convivencia con tantas personas es evidente que no hay ningún tratamiento que valga. Los mecanismos de salud hacen la pantomima que atienden a los presos uno por uno, cuando ellos bien saben que tienen que estar aislados. Predomina el criterio de la supuesta seguridad, pero no es seguridad; es castigo, liso y llano”.

2–La falta de asistencia jurídica es otro eslabón de esta cadena que aprisiona hasta asfixiar. Hay un camino recurrente: abogado privado previo al juicio (quien lo puede pagar) y abogado público tras la sentencia. “Los abogados privados pueden ser útiles mientras estás enfrentando un juicio, donde se juega la libertad, la expectativa es importante y la cobranza del defensor está garantizada. Si perdió el juicio, en general, el acompañamiento durante la condena no le interesa el abogado y en muchos casos tampoco se le puede seguir pagando, entonces aparece la mayoría de los defensores públicos que, como ganan lo mismo, les da igual si al preso lo torturan o no, si sale antes o si sale después. Tampoco atienden las llamadas de las personas privadas de la libertad ni conocen las comisarías; no los visitan en las audiencias, que las miran por zoom. Jueces, fiscales, defensores ya no van a verlos, no los huelen y esto no es algo despectivo: muchos presos huelen mal y es importante olerlos para saber con quién estás hablando, que el juez conozca la comisaría, que se le vea el cuerpo entero para descubrir cómo lo torturaron y le rompieron una pierna”.

3–Las condenas: “Su ejecución, por ley, determina que a la mitad de la condena podés empezar con salidas transitorias. La misma ley dice que a los dos tercios cumplidos tenés el beneficio de la libertad condicional, o sea, estar libre. Hay mucha gente que se queja por la ‘puerta giratoria’ y no es así. Si alguien tenía que cumplir 10 años, sale a los 7 porque la ley dice que no hay que tener a alguien en la cárcel y abrirle la puerta el último día, sino que sea progresivo, para que se vaya adaptando a la sociedad. Para este beneficio, la persona condenada debe haber hecho lo que se llama el tratamiento penitenciario: ir al psicólogo, participar de actividades educativas, trabajar, hacer deporte, tener visita de sus familiares y haber tenido buena conducta…”.

Fernando hace un silencio y su respiración se agita, como síntoma de un enojo que no disimula: “¿Qué buena conducta puede tener alguien en un pabellón totalmente hacinado. Los jueces le exigen al preso toda esa serie de actividades que son imposibles de cumplir en una comisaría. Como comisión pedimos que solo se contemple el requisito del paso del tiempo, lo cual es irrefutable”.

En 2015, dos fiscales presentaron un habeas corpus para denunciar que había 400 presos en comisarías. Hoy, la cantidad casi se septuplicó: 2.700. Dice Korstanje: “En ese momento ya era escandaloso, pero ahora, habiéndose multiplicado la cifra, el mismo Ministerio Público Fiscal se niega a las salidas transitorias porque aducen que deben pasar más tiempo en comisarías, que ellos mismos no conocen. Resulta fácil pedir mano dura sin haber entrado a un calabozo”.

Delincuentes exitosos vs fracasados

¿Por dónde se empieza a transformar la situación? “Desagotando las comisarías, aplicando activamente el calendario fijado por ley”.

Puede imaginarse que eso incentivaría los discursos sobre inseguridad. Replica Korstanje: “Seguridad no es equivalente a castigo. Lo que se está viendo en esas comisarías es castigo y es tortura, que no se expresan en seguridad para los ciudadanos”.

La descripción del tema: “Por empezar es una selección de algunos tipos de delitos, y de algunos tipos de miembros de la sociedad. Es doblemente selectivo el sistema de persecución del crimen. Persigue algunos criminales y a otros no, por algunos delitos y otros no”.

¿Por ejemplo? “Lavado de activos en vez de ser perseguido por la Justicia, por la policía, es cada tanto premiado con una ley de amnistía, de blanqueo, y es aplaudido porque traen al país fondos ilegales que nunca declararon y no sabemos de dónde salieron. Ese delito y todos los delitos de cuello blanco no son perseguidos y tampoco son perseguidos ciertos estratos de la sociedad, sino los más vulnerables, los más débiles. Los delincuentes fracasados, los ineficaces, son los atrapados. Entonces no es seguridad. Yo le propondría a la sociedad que en vez de cargar con la culpa de tolerar esta situaciones –que la tendríamos que tener todos– hagamos algo para prevenir”.

El ejemplo argentino

Sin romanticismo, agrega: “No romantizo que aquel que comete delitos es por necesidad y no tuvo oportunidades y es un pobre tipo que está obligado a cometer un delito. Eso no es verdad, pero tampoco es verdad lo contrario. Hay una cosa desde el nacimiento: educación, salud, trabajo, afecto, amor contención familiar, oportunidades, que tienen que ver con quién es quién en la sociedad. Entonces me preocuparía por tratar de equilibrar eso en vez de empujar a gente a querer tener lo que otros tienen. El sistema capitalista está pensado así para que cada uno quiera aspirar a tener. Hasta los trámites para el certificado de incidencia que necesitan los presos para salir de la comisaría se hace por Internet, con un celular, con una computadora, que muchos familiares no tienen”.

“Y en términos más políticos históricos situados en la Argentina diría que somos un ejemplo mundial que hemos juzgado los peores crímenes de lesa humanidad con la ley en la mano, sin torturar ni fusilar a nadie, garantizándole abogados del Estado a quienes hemos juzgado dando un ejemplo de legalidad y de ejercicio ciudadano democrático. ¿Cómo entonces vamos a torturar al que robó un celular? Si le hemos garantizado el debido proceso, las condiciones de alojamiento, de alimentación, de salud a los peores y somos un orgullo por eso internacionalmente hablando, ¿cómo vamos a dejar que ese orgullo se ensucie porque tenemos a los rateritos de ropa de la soga hacinados en comisarías y torturados?”.

6 presos diarios x 1 que sale

¿Por dónde se sigue? “Ante esta situación que estamos viviendo en Tucumán el Poder Judicial no dice nada, y el Poder Ejecutivo sólo informa que va a construir una cárcel. Pero esa no es la única solución: hay un abuso de la prisión en desmedro de otros recursos que tienen los jueces como las prisiones domiciliarias y condicionales, las probation, etcétera. La cárcel no es el único remedio, entre comillas, que puede aplicar un juez. Que no haya cárcel no es sinónimo de impunidad”.

Para comprenderlo mejor trae un ejemplo con una seguidilla de preguntas: “¿Si está preso en su casa pasa una gran vida? ¿No vivimos en la pandemia sufriendo que no podíamos salir? ¿O vivimos algo lindo confinados en nuestras casas?”.

En Tucumán, por día, ingresan seis personas a prisión y sale una, según los datos que surgen de las propias fuerzas policiales. Con matemáticas de primer grado se entiende que hay cinco presos más por día. “Ni esta provincia ni cualquier otra está en condiciones de construir lugares para albergar a tanta gente”, deduce.

El mal negocio de la cárcel

Korstanje está parado sobre la calle Idelfonso de las Muñecas (en memoria de un tucumano, sacerdote y guerrillero que libró batalla en la Independencia del Alto Perú) a la altura 1658, en el centro de San Miguel de Tucumán. Cuando habla con lavaca permanece en la puerta de la comisaría 5ª, de donde acaba de salir.

“Las cárceles y las comisarías no son una vía muerta, no son un lugar donde la gente no vuelve más. Y eso pasa porque los presos regresan a la sociedad en condiciones mucho peores, peorísimas”, es su neologismo.

“Entonces, al que pide únicamente castigar, castigar, castigar y cárcel, cárcel, cárcel para lograr justicia, hay que enseñarle que es un muy mal negocio. ¿Quién le va a dar trabajo a alguien que estuvo preso de esa manera? Los presos no pueden usar celulares, ¿y quién le va a dar trabajo a alguien que sale de la cárcel después de 15 años y no sabe usar un celular?”.

–¿Qué vio en la Comisaría 5º?

–Nadie tendría que estar más de 24 horas allí, pero encontré gente que está hace casi cuatro años encerrada sin ver una luz. Literalmente. Quise sacar fotos y no se ve nada. Hay videos que son impresionantes en cuanto al hacinamiento, pero siempre hay uno más impresionante que el anterior. Si hay algo de lo que estoy seguro es de que nadie se merece las penas que están cumpliendo, porque son ilícitas, son torturas. No figura en ninguna parte del Código Penal que te van a matar de hambre, de frío, que te van a desnudar y ponerte de rodillas o tirar en una habitación con muchísimas personas. Si eso no es una tortura, ¿qué es?

–¿Qué significan muchísimas personas?

–Hay 80 personas en tres calabozos. El más grande mide 3.5 x 4. Los otros dos, la mitad. O sea, el piso del calabozo son los colchones, no se ve otra cosa en la base. Debajo de los colchones, están las tapas de las cloacas. Una de las celdas está al aire libre, porque antes era parte del patio. Como techo le colgaron un plástico, así que cuando llueve se quedan ahí, mojándose, o se van a los otros dos calabozos.

¿Salen de sus celdas en algún momento? “Nunca. La más grande, que está en el fondo, no tiene absolutamente nada de luz y directamente es un pasillo. Hay pérdida de agua permanente y tienen un solo baño con letrina. La ducha está afuera. Tienen agua fría y caliente”.

Korstanje filmó un video desde adentro, a oscuras. Se ve poco, pero la voz de un detenido se escucha bien nítida: “Nos marginaron totalmente a los internos, quitándonos todo. Y acá estamos, sin derecho a hacer ningún reclamo”.

Video en la Comisaría 5º de Tucumán.

Policías en acción

Último dato: el propio Korstanje fue agredido en la Comisaría 1º de Tucumán, al querer cumplir su deber de inspeccionarla.  El jefe de la Comisaría Esteban Molina se lo impidió, planteando que necesitaba una orden. Falso: Korstanje le leyó la norma legal que lo habilita a inspeccionar sin las supuestas “autorizaciones superiores”. Molina siguió negando, y Korstanje se quedó en el hall de la Comisaría. Al rato apareció otro policía sin identificación diciéndole que se fuera. Korstanje le pidió que se identificara. Como el uniformado se negó, le tomó una foto con su celular.

El policía que golpeó a Fernando Korstanje, integrante de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Una vez tomada esta foto se produjo la agresión.

La respuesta fue un puñetazo en la cara, y la amenaza de seguir golpeándolo y la de “meterle el celular en el culo”. La denuncia de Korstanje contra el agresor no identificado (pero fotografiado) y contra el jefe de la Comisaría quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos del Centro Judicial Capital.

El titular de la Comisaría donde se produjo el ataque, Esteban Molina, que negó a la Comisión la posibilidad de inspeccionar el lugar para lo cual está facultada por ley.

Se pregunta Fernando: “El problema es que si le hacen eso a un comisionado que tiene funciones otorgadas por la ley para poder inspeccionar, ¿qué no ocurrirá con el pobre preso que está detenido allá adentro?”. 

Fernando Korstanje corta la llamada con lavaca, arranca el auto y va a visitar a otra comisaría.