Esta semana inauguramos en la Trinchera un espectáculo único a cargo de Eva Basterra Seoane: Ser Eva, un encuentro mensual, el tercer sábado de cada mes, de agosto a noviembre, con invitadas especiales.

Eva es escritora, cantora, murguera, feminista, hija de Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA cuyo testimonio, crucial en el Juicio a las Juntas Militares.

El especátculo recorre textos y canciones -elegidas por Eva-, para no olvidar: el arte para testimoniar y celebrar la vida. La Eva artista, la que se rebela, la que se entrega a la lucha, la que grita, la que muerde, la que sueña, la que vive.

Con el acompañamiento de Martín Messineo en guitarra y Mariano Rositto en percusión.

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“Llegamos a siete años sin tener una mínima luz de verdad”. Y “Vamos a ir a buscar justicia hasta el fin del mundo”. Sergio Maldonado viene literalmente de ahí, de Ushuaia, de visitar el Juzgado Federal donde recayó ahora la causa por la desaparición muerte de su hermano. “Empezamos de cero”, dice sobre la nueva etapa que debe considerar también la posibilidad que plantea la familia del joven: la de una desaparición forzada.

Santiago Maldonado fue visto por última vez durante una represión salvaje de la Gendarmería a una comunidad mapuche; su cuerpo sin vida apareció 78 días después de ese episodio, en el río. En una primera instancia el juez Lleral –apartado este año- quiso cerrar la causa diciendo que Santiago se había ahogado, lo cual le valió un duro revés de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Corte Suprema y organismos internacionales mediante) que le dio la razón a la familia: hay que seguir investigando.

Las preguntas que aún no tienen respuesta: “Si nos guiamos por el rastrillaje, Santiago desaparece en un lugar y aparece río arriba. Y si me decís que estuvo 78 días en el mismo lugar, entonces necesito saber: por qué tenía billetes en condiciones; por qué tenía una nota en un papel con tinta; por qué tenía un bastón retráctil en el bolsillo y dos huellas digitales que nunca analizaron de dos ADN de sexo masculino; quiénes intervinieron para que Santiago terminara ahí”.

El tiempo perdido. La esperanza, y la vida rota. La memoria de Santiago, que hubiera cumplido 35 años el jueves pasado. Y la misma ministra de Seguridad ayer y hoy: Bullrich.

Por Lucas Pedulla

“Esta semana tendría que haber estado con la cabeza en actividades relacionadas a los 7 años de la desaparición de Santiago pero no pude ni ponerme a pensar porque la justicia nos dio tres días para encontrar peritos: justo hoy vence el plazo”. 

Sergio Maldonado habla por teléfono desde Bariloche a siete años del momento que cambió la vida de esta familia para siempre. La sincronía judicial parece una burla por este tiempo sin verdad ni justicia, pero se ubica en un presente extraño: el 10 de mayo de este 2024 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia apartó al juez federal Gustavo Lleral -que había dictado el cierre de la causa por la desaparición y muerte del joven que el jueves hubiera cumplido 35 años- y derivó el expediente al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete. 

También revocó el sobreseimiento de los gendarmes imputados (Emmanuel Echazú, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra) y exigió una serie de medidas de prueba que ponen la causa nuevamente en órbita, contra cualquier negacionismo oficial, incluso cuando ambos contextos -aquel fatídico 2017 y este curioso 2024- comparten la misma ministra de Seguridad: Patricia Bullrich.

“Vamos en búsqueda de justicia, hasta el fin del mundo”, dice Sergio, que vive en Bariloche; su abogada, en Buenos Aires; la fiscalía está en Esquel (Chubut); y ahora tuvo que viajar hasta Tierra del Fuego para entrevistarse personalmente con el nuevo magistrado. 

¿Qué significa entonces este fallo y este presente? Sergio es claro: “Volvemos al inicio”. 

Donde todo empezó

El inicio de esta sucesión de violencias se ubica el 1 de agosto de 2017. Ese día, en plena meseta patagónica, fue la última vez que vieron con vida a Santiago, un joven de 28 años que se había acercado de forma solidaria a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, que había sido cruelmente reprimida meses atrás y estaba reclamando por la liberación de su referente, Facundo Jones Huala (hoy preso en Chile, en estado delicado de salud por estar hace un mes en huelga de hambre). Santiago estaba de paso porque quería volver a su 25 de Mayo natal, en la provincia de Buenos Aires, a estar con su familia, ya que extrañaba a su mamá y a su abuela. Sin embargo, ese día tuvo que escapar aterrorizado de una violenta represión de más de cien gendarmes que irrumpieron de forma ilegal, sin orden judicial, sobre una comunidad indígena. Santiago desapareció.

Sergio, su hermano, encarnó la lucha de una familia que, después de 78 días, el 17 de octubre de ese año, dio con el cuerpo, que encontraron en el mismo lugar del Río Chubut que había sido rastrillado previamente. El juez Gustavo Lleral quiso cerrar la causa diciendo que Santiago se había ahogado, sin tener en cuenta el contexto violento de represión en el que se produjo su desaparición. Desde entonces, la familia tuvo que recurrir a vías internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para llevar a cabo un pedido concreto: una investigación imparcial e independiente. 

Tras intervenciones de la propia Corte Suprema, y ante un nuevo intento de cierre de causa, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia intervino e instó al nuevo juzgado a que “adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas de prueba” que Lleral nunca tomó. Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez no se ahorraron críticas con el juez, le recordaron que no cumplió ninguna de las medidas ordenadas por esa misma cámara: “La injustificada reticencia que ha evidenciado el magistrado instructor (por Lleral) en la tarea de agotar las alternativas que se hallaban a su disposición para despejar los interrogantes que persisten, dejando transcurrir un extensísimo plazo -que tales medidas no hubieran requerido- es suficientemente demostrativa de que ya tiene una posición tomada acerca de cómo sucedieron los acontecimientos; y ello resulta incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar quien se encuentra a cargo de la investigación de un hecho ilícito de estas características”. 

Y concluyeron: “La investigación no se encuentra agotada”. 

Un detalle: los jueces tomaron el antecedente de la Cámara de Casación “en un caso de similar trascendencia y gravedad institucional vinculado con la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro”, el joven de 22 años desaparecido el 30 de abril de 2020 en Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Allí también la justicia quiso cerrar el caso diciendo que Facundo se había “ahogado”, sin investigar las evidencias contra efectivos de la Policía Bonaerense. Allí, también, la familia logró apartar a la jueza del caso, María Gabriela Marrón. Por el lado de la familia Maldonado, Lleral fue el segundo juez de la causa. El primero había sido el juez federal de Esquel, Guido Otranto, recusado en 2017.

Una mínima luz

El fallo le da la razón a la familia Maldonado. “Se podría haber evitado -ubica Sergio-. Lo que dijo Lleral en su fallo de 2023 fue lo mismo que dijo en 2018. Si la Cámara tuvo que esperar más de cinco años para darse cuenta de lo mal que hizo todo, es penoso. Tienen una responsabilidad más allá de que se expidieron de una manera favorable, porque no es solo que perdimos tiempo, sino también muchas pruebas, testigos, y gente que ya no está. Son muchas las cosas que afectan a la causa. No es gratis, y los más perjudicados somos nosotros. Y Santiago. Llegamos a siete años sin tener una mínima luz de verdad”.

En su resolución, los camaristas sostuvieron que “los elementos probatorios incorporados al expediente eran suficientes para descartar una sola de las hipótesis que se venían planteando en torno al deceso de Santiago Maldonado”, en relación a la desaparición forzada, pero aclararon: “Entendimos que ello no autorizaba a dar por concluida la causa”. Por ese motivo, encomendaron “profundizar la investigación para poder evaluar, desde una posición más firme, si sus artífices debían responde o no por lo ocurrido, sea por la influencia que los acusadores le atribuyeron a las autoridades en el desenlace fatal, o por la manipulación que el cadáver podría haber sufrido durante los días previos a su hallazgo”. 

Para Sergio, sin embargo, nada está descartado: “Uno de los jueces de la Corte Suprema dijo que no había que descartar la desaparición forzada, y que hay que investigar todas las hipótesis. De hecho, el nuevo juez no lo descarta. Si la justicia no investigó, no hizo nada ni tampoco tiene datos, no puede descartar algo que ni siquiera sabe. Lo único que tenemos es la causa de la muerte (‘muerte violenta por sumersión, coadyuvado por un cuadro de hipotermia’). ¿Estuvo los 78 días en ese lugar? La autopsia no pudo decir eso. Por eso empieza todo de nuevo. ¿Quién fue el responsable? ¿Fueron los gendarmes cuando ingresaron? ¿Lo mataron el mismo día, estuvo ahí y nadie lo vio? ¿Se lo llevaron? ¿Murió al quinto día? Son todas preguntas que nos venimos haciendo. Hay tres posibilidades de fechas diferentes y por eso tenemos que poner peritos, para ahondar sobre la autopsia”.

Sergio sabe que al nuevo juez le llega una causa “muy manoseada y embarrada”, pero por eso mismo el magistrado no puede determinar nada: “Tiene que investigar todo. Acá no es que se cuestiona la autopsia en sí, sino que pedimos ampliar pruebas y trabajar sobre lo que hay. Si me decís que estuvo 78 días en el mismo lugar, entonces necesito saber: por qué tenía billetes en condiciones; por qué tenía una nota en un papel con tinta; por qué tenía un bastón retráctil en el bolsillo y dos huellas digitales que nunca analizaron de dos ADN de sexo masculino; quiénes intervinieron para que Santiago terminara ahí. Porque si nos guiamos por el rastrillaje, Santiago desaparece en un lugar y aparece río arriba”.

Además, el contexto de violencia represiva. Hace unas semanas la familia difundió un video peritado por el fiscal federal Federico Baquioni, donde se ven cuatro escuadrones de gendarmes ejecutando al menos 83 disparos sobre una ruta vacía. Los efectivos tiran contra la comunidad, arrojan piedras, y hasta uno lleva un hacha. Sergio: “Hay mucho para trabajar, para que citen a declarar, incluso para hacer una reconstrucción en el lugar: el río es el mismo, el descampado también, la ruta sigue igual, y están los testigos”.

A donde vayan

Viajar a Ushuaia no es gratis. 

Todo tiene un costo -económico, físico, emocional- para una familia que hace siete años no sabe qué pasó con Santiago. ¿Cómo se vive -o se siente- este nuevo inicio? 

Sergio piensa: “Por un lado, hay esperanza, pero por otro hay agotamiento y estrés. Estamos a siete años y tuvimos tres días para encontrar peritos. Estas fechas son complicadas. Acá se nos fueron siete años de nuestras vidas. Perdimos un montón de cosas. Primero está Santiago, que hubiera cumplido 35 años el jueves pasado, pero también está todo lo que se rompe. Tu vida va más o menos encaminada, y de repente pasás a ser otra persona. Te desarma todo. Por algo que, encima, es producto de una violencia del Estado. Santiago solo estaba solidarizándose con los pueblos originarios”.

Sergio para y se toma un segundo, y sigue: “No es que lo buscaste: el Estado te metió arriba del ring. Y tampoco lo podés dejar, porque todos los recursos los tenemos que buscar nosotros”. 

Así, hace siete años, esta familia no para.

Hace siete años falta Santiago.

Y allí está Sergio, viajando hasta el fin del mundo, para encontrar verdad y justicia.

Seis años luego de iniciada la denuncia y luego de un reciente fallo adverso, la justicia brasilera condenó hoy a Juan Darthés por el abuso sexual a la actriz Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años y él, 45. Darthés había logrado eludir a la justicia mudándose a ese país pero, gracias a la lucha de la víctima, del apoyo de organizaciones como Actrices Argentinas y Amnistía Internacional, y a la colaboración entre fiscalías de Nicaragua (país donde ocurrió el abuso), Argentina y Brasil, finalmente fue condenado. Si la sentencia queda firme, deberá pasar 6 años de prisión, pudiendo salir a trabajar. “Al fin la justicia escucha mi palabra, me cree, y creyéndome a mi le cree a muchas otras”, dijo la actriz hoy en una conferencia de prensa, acompañada por sus abogados que consideraron al fallo como “histórico” tanto respecto a la cooperación judicial internacional como por la escasa cantidad de denuncias por delitos sexuales que llega a sentencia condenatoria (en Argentina, solo el 15,5%; en Brasil, el 1%). La palabra de la víctima y el elemento probatorio consistente, las claves de la sentencia. El caso de Fardin motorizó en su momento (2018) que miles de mujeres se animaran a denunciar casos de abuso y acoso sexual a la línea contra el abuso de las infancias. “¿A dónde van a llamar hoy las personas que están sufriendo violencia?”, se preguntó hoy Thelma ante el desmantelamiento de todas las líneas de atención del Estado en relación a violencias. Crónica del largo camino hacia la justicia.

Por Anabella Arrascaeta

La justicia de Brasil condenó hoy al actor Juan Darthes a seis años de prisión por el abuso sexual a Thelma Fardin ocurrido en Nicaragua en 2009, durante la gira que realizaba el elenco de la tira televisiva “Patito feo”: ella tenía 16 años y él, 45. 

“Al fin la justicia escucha mi palabra, me cree, y creyéndome a mi le cree a muchas otras”, dijo la actriz en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por Carla Andrade Junqueira, su abogada ante la justicia brasileña; Martín Arias Duval, su abogado en Argentina; y Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. 

La sentencia llegó seis años luego de iniciada la denuncia y catorce años después de que sucedieron los hechos. Durante la conferencia, que se realizó para visibilizar la nueva sentencia, Thelma hizo hincapié en que nunca buscó venganza sino reparación. “Tiene que ser una esperanza de que hay una posibilidad de reparación en la justicia – dijo- y que hay una posibilidad de reparación que nos involucra a todos en la sociedad, que es la que tenemos que seguir construyendo con empatía”. 

El largo camino hacia la justicia

En 2018, Thelma se acercó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Ciudad de Buenos Aires, para realizar la denuncia por el abuso. La respuesta fue que tenía que denunciar el caso en Nicaragua, donde habían sucedido los hechos. Hasta allí fue: el 4 de diciembre de 2018 en Managua se presentó ante la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal y denunció por “abuso sexual agravado” a Darthés. 

La noche que Thelma hizo pública su denuncia, las llamadas a la línea contra el abuso sexual en infancias aumentaron 1200%. “¿A dónde van a llamar hoy las personas que están sufriendo violencia?”, se preguntó hoy Thelma en un claro panorama de desmantelamiento de todas las líneas de atención del Estado en relación a violencias. 

Ese mismo diciembre Darthes viajó a Brasil, país del que es ciudadano y que le permitía eludir la justicia nicaraguense para ser juzgado ahí. Recién en 2020 el Ministerio Público Fiscal de Brasil inició la investigación incorporando las pruebas con las que contaba la justicia en Nicaragua y las evidencias que había recolectado la Unidad especializada en Violencia de de Violencia contra las Mujeres (UFEM) en Argentina. 

Fue recién en abril de 2021 que el Ministerio Público Fiscal de Brasil acusó formalmente a Juan Darthés por “estupro agravado”, delito acá conocido como violación. En mayo de 2023 Darthes fue absuelto por un tribunal de primera instancia pero la justicia brasileña revocó el fallo de primera instancia y, hoy, el Tribunal Regional Federal de San Pablo dictaminó mayoritariamente por 2 a 1 declararlo culpable de violación. Esta nueva condena da vuelta aquella primera sentencia y obliga a Darthés a seis años de prisión. La condena se dará en “régimen abierto” por lo que podrá salir a trabajar, pero deberá volver a la cárcel todas las noches. “La prisión no será efectiva hasta que no quede firme la sentencia”, aclaró el abogado Duvan.

La condena

“La justicia valoró la palabra de la víctima y entendió, justamente, que en este tipo de delitos su principal prueba es su voz, por lo que el respeto a sus tiempos y la credibilidad en su palabra son esenciales”, dijo Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Además detalló que los jueces en esta oportunidad centraron su análisis en el acusado: en su rol de adulto y en su rol de poder, a contramano de lo que suele hacer la justicia que hace foco en quienes denuncian. En esa línea García Rey dio algunos ejemplos de lo que fue el proceso: Thelma tuvo que pasar por nueve pericias en los distintos países y declaró tres veces; al contrario de Darthes, quien declaró una sola vez y no respondió preguntas. En el actual contexto, desde Amnistía remarcaron que el fallo es “una luz para las mujeres y niñas en la región”. 

Por su parte, el abogado Martín Arias Duval definió al fallo como “esperanzador”. Dijo: “Estamos acostumbrados a ver casos de cooperacion internacional en casos de narcocriminalidad y es inédito que tres Ministerios Públicos Fiscales hayan colaborado recíprocamente para llevar a juicio un caso como el de Thelma”, remarcó en relación a la investigación conjunta en una denuncia por abuso sexual. Es una práctica que deseamos que se repita”. 

Duval aclaró que en estos delitos “son pocas las sentencias definitivas a las que se llegan”. Los datos le dan la razón: en Argentina, según datos de la UFEM, solo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias. Este patrón se reitera en otros países de la región, por ejemplo en Brasil, donde Darthes fue condenado, la tasa de condena por violación sexual es solo del 1%. Duval: “Afortunadamente se empiezan a romper estereotipos y prácticas que tienen que ver con un modo de pensamiento que no hacen más que revictimizar una y otra vez a las víctimas”. 

Por su parte la abogada Carla Andrade Junqueira, quien representó a Thelma en Brasil, remarcó estar “orgullosa de la justicia que hizo el tribunal al valorar la prueba con todas las convenciones de derechos humanos, de derechos de las mujeres, y de los niños”.

Además, la letrada dejó en claro el importante precedente que deja este caso: “En caso de abuso sexual la palabra de la victima tiene especial importancia, principalmente cuando es consistente con el resto del conjunto probatorio. Eso entendió la justicia: teníamos un robusto conjunto probatorio consistente, que no deja duda sobre la materialidad y autoría del crimen, y cualquier exigencia distinta a esto en casos de abuso sexual es violar las convenciones internacionales en derechos de mujeres y niños”.