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Otoño Uriarte: cuando el tiempo que pasa es la verdad que huye

Publicada

hace 1 año

03/02/2025

Por Dolores Reyes y Camila Vautier. Este miércoles 5 a las 13.30 se conocerá la sentencia sobre el crimen de Otoño Uriarte en Cipolleti, Río Negro. “Una vez más, una chica hermosa y bienamada descartada entre ramas y restos de basura” escriben Dolores y Camila sobre el caso de la menor asesinada en 2006: tenía 16 años.

Dolores Reyes es una de las más relevantes escritoras argentinas del momento y una mujer capaz de entender como pocas estos tiempos tormentosos. Fue además perseguida por el oficialismo y sus trolls por su tremendo y maravilloso libro Cometierra. Camila Vautier se define como periodista feminista, socorrista y sureña.

Ambas han trabajado juntas este artículo para lavaca. Los detalles de lo que pasó. La movilización y los testimonios. Los niveles de impunidad que suman en muchos casos más años que los que tenía la víctima. La expectativa sobre el tribunal (María Florencia Caruso Martin, Amorina Liliana Sánchez Merlo y Juan Pedro Puntel) y la posibilidad de lograr un bien siempre esquivo: justicia.

Otoño Uriarte: cuando el tiempo que pasa es la verdad que huye

Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda.

Pasaron 18 navidades sin Otoño Uriarte

18 cumpleaños sin Otoño

18 años se cerraron sin Otoño e infinitos están por comenzar

18 años de impunidad es mucho tiempo, demasiado, y una constante que abruma: En nuestro país la impunidad es más larga que la vida de nuestras chicas muertas: 17 años Melina Romero, 9 años Nair Mustafá, 16 Lucía Pérez. La injusticia eterna para todas ellas se ha convertido en nuestra gran vergüenza nacional.

En la sala 6 de la Oficina Judicial de Cipolletti, el calor es agobiante. Son las 9:40 de la mañana del 26 de diciembre de 2024 y la audiencia lleva cuarenta minutos de demora por la ausencia de uno de los acusados. En esa sala se están por escuchar los alegatos finales del proceso judicial que debía sacar a la luz la verdad sobre el femicidio de Otoño Uriarte, desaparecida la noche del 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro, hallada sin vida seis meses más tarde en el desarenador de un canal de riego. Una vez más, una chica hermosa y bienamada descartada entre ramas y restos de basura.

Roberto Uriarte, el padre de Otoño, frente al Tribunal que este miércoles dictará sentencia sobre el crimen de la menor asesinada. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda

La tensión en el aire se siente al respirar. De un lado, espera sentado Roberto Uriarte, el papá de Otoño. Con su remera negra y el pelo largo y canoso, parece haberse vuelto un experto de la espera. Ya hace tiempo que no cree en la justicia, en ese poder judicial al que denuncia como parte del “entramado de complicidad y encubrimiento que hubo en estos 18 años”. Pero ahora en sus ojos hay un dejo de tristeza todavía más profundo: la verdad, esa esperanza última que es tanto su derecho como el de su hija, amenaza también diluirse.

Aun así, se aferrará a ella hasta el final y se lo verá siempre presente, exclamando ante quien preste un micrófono o un oído, que todos están esperando la verdad para Otoño, porque justicia sería que ella continuase entre los suyos invenciblemente viva.

Las audiencias son tan largas, densas y dolorosas que en cada una de ellas el tiempo parece detenerse. En la sala declararon los testigos –varios de ellos bajo amenazas–, los vecinos que la vieron por última vez, las amigas que estuvieron con ella el último día, su familia, los expertos, los peritos, el médico forense.

Algunos de los acusados. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda

Algunos, pocos, policías. Como el comisario ahora retirado Ives Vallejos, jefe de la comisaría local en ese entonces, quien, pese a la relevancia del caso, dijo casi no recordar prácticamente nada de él. Vallejos no pudo explicar cómo supo la vestimenta que llevaba Otoño el día de su desaparición para describirla al detalle en el radiograma emitido minutos después de que el padre realizara la exposición policial. El papá de Otoño no se lo había dicho porque ese día se había ido a trabajar temprano, sin siquiera ver a su hija.

O el actual ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, quien declaró luego de que Roberto Uriarte fuera a pedirle personalmente, durante el acto por el día de la Policía, que se presentara a declarar de manera presencial y no por escrito, como iba a hacerlo, amparado en una acordada del Superior Tribunal de Justicia. Jara encabezó la comisión policial investigadora del caso y sostuvo que “la evidencia siempre apuntó a los acusados como responsables del crimen”.

También desfilaron por el juicio los cuatro imputados que se dijeron inocentes o se echaron culpas entre ellos e incluso hacia la cúpula policial, sombríos, llegando tarde o quedándose dormidos en pleno juicio. La abogada de la familia Uriarte, que hizo lo imposible por juntar testigos y pruebas, presentando los elementos que posibilitaron este juicio por Otoño un día antes de que el caso prescribiera para siempre, y los abogados defensores, algunos ya con historial de representar acusados por violencia de género, con sus trajes y su indiferencia como escudo.

Afuera, en las puertas del juzgado, el amor y el deseo de que este feminicidio brutal se esclarezca de una vez juntaba a las amigas de Otoño, a sus hermanas, a su familia, a sus profesoras de la escuela. Se pasaban el mate en ronda mientras empapelaban las paredes con la cara de Otoño, con los ojos de Otoño, con las ilustraciones de Otoño que llevan casi dos décadas pidiendo verdad. También se pasaban consejos para soportar. La injusticia multiplica el daño y para todas ellas el juicio fue revivir todo eso que desde hace 18 años habían tratado de guardar muy adentro, hecho una bolita detrás del corazón, para de alguna manera poder seguir con sus vidas. Pero abajo de las montañas de bronca y de la tristeza que se vuelve insoportable, Otoño hecha carne en sus cuerpos sigue ahí. Algunas tomaban té de valeriana, tilo. Otras llegaron hasta el clonazepam. Soportar es difícil y Otoño vuelve hasta hecha pesadillas.

La abogada de la familia Gabriela Prokopiw. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda

En la sala a Roberto lo sigue Gabriela Prokopiw, abogada querellante, y en el otro extremo, la fiscal Teresa Giuffrida. Enfrente, con los rostros entre las manos, los cuatro acusados de secuestrar, ultrajar y torturar a Otoño hasta su muerte, parecen hacer envejecido por portar una maldad infinita, que niega no ya la vida a sus víctimas, sino el simple derecho a la verdad.

La audiencia de alegatos finales es la última oportunidad de la acusación para demostrar la responsabilidad penal de los cuatro: Néstor Ricardo Cau, su hermano José Iram Jaffri, Maximiliano Lagos y Germán Ángel Antilaf, como coautores de la “privación ilegítima de la libertad agravada por la duración, participación de más de tres personas, por ser la víctima menor y por el resultado muerte”, de Otoño Uriarte. No feminicidio porque en 2006 esa figura no existía en el Código Penal argentino –se incorporó recién en el 2012– y, además, porque la escasez de pruebas contundentes impediría una condena bajo esa calificación legal. Sólo hay indicios, dirá la fiscal.

Y la justicia, una vez más, se nos escapa.

En ocho horas el juicio por Otoño llegará a su fin, Un proceso que parece no juzgar solo a sus asesinos, sino desdoblarse sobre sí mismo para demostrar cómo funciona en nuestro país la justicia para las mujeres.

O cómo no funciona…

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Otoño tenía 16 años cuando fue desaparecida mientras volvía a su casa en la zona de chacras de Fernández Oro, un pequeño pueblo del Alto Valle de Río Negro que en ese entonces no tenía más de 6.000 habitantes y en el que sus vecinos decían conocerse “todos con todos”.

Tras su desaparición, gran parte de la comunidad se movilizó para encontrarla. Marcharon todos los días durante seis meses, empapelaron el pueblo y las ciudades cercanas con un cartel que decía “se busca” y la cara de una Otoño sonriente, desbordante de posibilidades de futuro, absolutamente viva. Rastrillaron cada chacra, cada pastizal y cada descampado. Dieron vuelta cielo y tierra en busca de cualquier indicio que les dijera que esa pesadilla no podía ser cierta, que Otoño tenía que volver.

En la parroquia del padre Pancho se organizaba la logística y se reunían a rezar. El polideportivo del pueblo era el punto de encuentro tras la jornada de búsqueda para escuchar el parte policial. “Sin novedad”, era la respuesta. “Sin novedad”, como se repite un mantra indiferente que adora a algún dios que hace tiempo nos ha abandonado.

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La fiscal Teresa Giuffrida viste un blazer color crema y una pollera tubo, es la primera en hablar. “El paso del tiempo conspira para que tengamos detalles certeros de todo lo que ocurrió en este hecho entre el 23 de octubre de 2006, que es cuando desaparece Otoño, hasta el 24 de abril de 2007 que es cuando se encuentran sus restos”. Así comienza su alegato y continúa: “Pero más allá de que no podamos tener todo por acreditado, detalles certeros de lo que ha ocurrido, hemos podido acreditar circunstancias que permiten establecer la responsabilidad penal de cada uno de los imputados que ha llegado a este juicio”.

Algo importante, dice: “El día 23 de octubre de 2006, cuando Otoño sale de su casa para ir a la escuela, no pasaba por su cabeza que no iba a regresar”.

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Ese lunes Otoño se sentó donde lo hacía siempre: sobre la ventana, tercera fila de su aula, la primera que se ve al entrar. Había salido de su casa temprano, había dejado a su hermano menor en la parada del colectivo, se había encontrado con su amiga Leire –quien la esperaba para ir juntas a la escuela–, había dejado la bicicleta en lo de su compañera Ercilia para seguir caminando rumbo al CEM 14, donde cursaba el tercer año de secundaria.

Después se quedó contraturno a la clase informática, fue a educación física, asistió a la clase de voley y a eso de las nueve de la noche pasadas, se encontró con Federico Saavedra en la Plaza María Elena Walsh. Caminaron juntos por la avenida Cipolletti, llegaron hasta la rotonda y siguieron por la ciclovía paralela al ferrocarril.

“Cruza la vereda. La veo cruzar de una vereda a la otra y seguir caminando como a una cortada a la calle Libertad. No veo si ella sigue o dobla. En la pista había chicos jugando a la pelota, se viene la pelota a los pies de mi marido. Me doy vuelta riéndome. Camino para atrás, levanto la cabeza y veo a una persona. Iba cruzando el puente. Es lo último que veo: ella caminando con su colita alta” declaró Silvina Troncoso, una de las últimas personas en verla desde la pista de atletismo.

Esa noche, Federico Saavedra volvió a su casa, pero Otoño nunca regresó.

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Desde un principio, se pensó que la desaparición podía estar ligada a la trata de personas para la explotación sexual. El 9 de abril de 2007 esa conjetura cobró fuerzas cuando el diario Río Negro publicó unas escuchas telefónicas, halladas en el marco de la investigación por el paradero de Otoño, que dejaban al descubierto la connivencia entre efectivos policiales de la Comisaría 8° de Choele Choel y proxenetas.

Recién en ese momento la jueza a cargo del caso, María del Carmen García García, tomó la decisión de cambiar la carátula de la causa de “averiguación de paradero” a “privación ilegítima de la libertad”, una medida que era reclamada desde siempre por la familia.

En ese momento comenzaron a llegar llamadas anónimas que indicaban haber visto a Otoño en prostíbulos de distintos puntos del país. Dijeron que estaba en la Triple Frontera, en Posadas, Concordia, Córdoba, Tucumán, Córdoba. El 24 de abril de 2007, día que el cuerpo de Otoño fue hallado sin vida dentro del canal de El Treinta, en Cipolletti, Roberto Uriarte se encontraba en Santa Cruz siguiendo una de estas pistas. Hay quienes dudan de que ese llamado, que resultó contener información falsa, haya sido una casualidad.

El subjefe de la Policía de Río Negro en ese entonces era Víctor Ángel “Tito” Cufré, quien fue el primero en declarar ante los medios estar “convencido de que Otoño se fue de su casa por su propia voluntad”. Cuatro años después, el gobernador Saiz lo ascendió a secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia. Actualmente, Cufré se encuentra con prisión domiciliaria por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, de 29 y 16 años respectivamente, ocurridas durante la represión policial del 17 de junio de 2010 en Bariloche, tras el asesinato, también en manos de la Policía, de Diego Bonefoi.

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En este juicio, no se juzgó ningún tipo de complicidad, mal desempeño o responsabilidades de policías y funcionarios judiciales sino que se focalizó únicamente en los cuatro imputados. Para ampliar responsabilidades habría que esperar a un segundo juicio y el cansancio de los 18 años se hace sentir.

Mientras tanto, los restos de Otoño, finalmente en manos de quienes la amaban, volverán a las montañas, las playas y los lugares que ella conoció y supo querer, libres de las sombra putrefacta de sus asesinos y libres también de la impunidad exasperante de una justicia lenta e inficaz: [1] de más de veinte feminicidios en Cipolletti solo el de Agustina Fernández obtuvo una condena ejemplar.

“No hay prueba directa pero sí hay indicios”, dijo la fiscal. “Y el valor que se le tiene que dar, pido que sea el que dice el Superior Tribunal de Justicia: los indicios, de manera concatenada y ordenados entre sí en base a los principios de la lógica, la experiencia y el sentido común permiten afirmar responsabilidad penal. No debe haber un análisis de los indicios por separado, el análisis es global”.

¿Cuáles son esos indicios? “Primero, el acoso, los imputados la estaban acosando”, aseguró la querellante Gabriela Prokopiw. Luego, la desaparición de la bicicleta de la casa de Ercilia y posterior aparición en casa de los hermanos Cau-Jafri, las pericias odorológicas que indicaron la presencia de olor de Cau, Jaffri y Lagos en el nylon hallado en cercanías a la usina donde fue encontrado el cuerpo, la presencia de perfil genético de Jaffri en la bombacha de Otoño. La declaración de Héctor Candia, ex amigo y compadre de Maximiliano Lagos, quien contó que este en una cena le confesó “que su tío el Cacha Pelada y su tía la Turca le habían pagado para ir a buscar a Otoño a un lugar especificado y que él la había llevado a la casa de unos hermanos, que ahí la habían tenido a la chica forzada unos días hasta que el Cacha Pelada le dijo que tenía que deshacerse de ella porque se le había complicado todo”. El nombre real del “Cacha Pelada” es Luis Miguel Ayala, uno de los narcotraficantes más conocidos de Allen, asesinado en 2011.

Roberto Uriarte durante el juicio. Fotos desde Cipolletti: Silvina Ojeda

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A las seis de la tarde de un día extenso hasta la crueldad, en las puertas de la Oficina Judicial de Cipolletti, se descuelgan las banderas en donde la imagen de Otoño se reproduce como un mantra. Familiares y amistades se abrazan, se consuelan, se dan fuerzas para el día siguiente. En las paredes quedará el rastro de estos días de espera y lucha. Ahora, la suerte está en manos de los jueces María Florencia Caruso Martin, Amorina Liliana Sánchez Merlo y Juan Pedro Puntel.

El 5 de febrero a las 13:30 darán su veredicto y en él, quizás resida la última oportunidad de que la justicia salve para sí misma algunas migajas de credibilidad.

Para los imputados esperamos la cárcel que los aleje de las calles y de las otras pibas.

Para Otoño, memoria viva en los corazones y las paredes de Fernández Oro, su verdad.

Arte contra la impunidad femicida

Una marcha que hace Historia

#NiUnaMás

Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords

Publicada

hace 2 semanas

09/06/2026

En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.

Por Evangelina Bucari

En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. En Cañuelas, un hombre le prendió fuego a la casa de una pareja de lesbianas. En Recoleta, dos mujeres, de 26 y 24 años, caminaban de la mano cuando un hombre las frenó y las increpó: una terminó con la nariz fracturada; la otra, con lesiones en la mano. En Palermo, un joven gay fue brutalmente golpeado y le rompieron la mandíbula. En Neuquén, Azul Mía Natasha Semeñenko fue asesinada, sin haber podido “ser Azul del todo” porque no recibió su hormonización.

Ninguno de estos hechos violentos de 2025 fue excepcional. El año pasado se registraron 227 crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y otras identidades disidentes. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, fue el año más violento desde la creación de este organismo, con un crecimiento de más del 60% respecto de 2024, cuando se habían registrado 140 casos. Se trata, dice el relevamiento, de un aumento “abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”.

La violencia por odio hacia el colectivo LGBT+ se intensificó en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, vaciamiento de organismos de protección, paralización de la agenda legislativa en materia de derechos y consolidación de discursos fascistas que estigmatizan a la diversidad.

Para María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el drástico aumento de estos crímenes en Argentina no puede separarse de los discursos de odio que provienen del gobierno nacional. “Tanto el presidente como funcionarios y allegados se expresan de manera violenta y discriminatoria hacia la comunidad LGBT en general y, principalmente, hacia la comunidad trans”, describe Rachid. “Y eso –agrega– genera mayor violencia y discriminación en la vida cotidiana. Esos discursos terminan legitimando, avalando y fomentando la violencia hacia nuestra comunidad”.

Esa realidad se percibe en lo cotidiano. Ayito Cabrera, director y fundador de la organización Espacio Tolomocho –que nuclea a personas trans con discapacidad–, advierte que el aumento no se limita a los casos visibles, sino que se expresa en formas más silenciosas y estructurales de violencia, atravesadas por la precarización económica y el desfinanciamiento.

“Los pedidos de ‘apañe’ de personas trans se multiplicaron considerablemente”, resume. Ese crecimiento, explica, tiene directa vinculación con la dificultad de acceder a un trabajo que permita sostener condiciones básicas de vida: comer cuatro veces al día, estudiar y alquilar. Cientos de personas travestis, trans y no binarias perdieron sus empleos en ámbitos estatales y muchas se quedaron sin acceder a medicamentos o tratamientos.

RADIOGRAFÍA

El informe elaborado por la FALGBT y las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires permite visibilizar la violencia cotidiana y su naturaleza.

Más de un tercio de los casos corresponde a ataques contra el derecho a la vida, que incluyen asesinatos, suicidios o muertes vinculadas a condiciones estructurales, mientras que casi dos tercios son agresiones físicas que no terminaron en muerte. Rachid aclara que hay un subregistro, “porque hay casos donde no se desarrolla ninguna línea de investigación relacionada a la posibilidad de un crimen de odio”.

En ese punto aparece uno de los datos más significativos del período: las agresiones físicas se duplicaron en un año y pasaron de 73 a 147 casos, un incremento del 101,4%.

Las muertes vinculadas a crímenes de odio se mantienen altas y con un patrón sostenido. En 2024 se registraron 67 casos (17 asesinatos, 44 muertes por violencia estructural y 6 suicidios), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 80 (16 asesinatos, 53 muertes por violencia estructural y 11 suicidios), es decir, un aumento del 19,4%. Ese crecimiento incluye un dato especialmente preocupante: los suicidios casi se duplicaron en un año.

Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas y concentran el 62,56% de los casos registrados. En segundo lugar se ubican los varones gays (22,03%), seguidos por varones trans (7,93%), lesbianas (5,73 %) y personas no binarias (1,76%).

Pero el documento advierte algo más: es un fenómeno que se expande. Entre 2024 y 2025, los ataques contra varones trans pasaron de 5 a 18 casos. Y las agresiones contra personas no binarias, que ni siquiera aparecían en registros anteriores, se duplicaron.

Ayito Cabrera describe con crudeza cuando además hay intersección de violencias. “Quienes somos personas trans con discapacidad vivimos una doble vulnerabilidad y una discriminación estructural histórica”, advierte. En ese contexto, señala, la falta de políticas públicas agrava condiciones ya precarias y profundiza el abandono.

Para el fundador de Espacio Tolomocho, las identidades trans –en especial, las transmasculinidades– se convirtieron en blanco de discursos que buscan deslegitimar derechos conquistados. “En esta intersección, nuestra identidad se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña internacional de las derechas globales. En nuestro territorio, eso se traduce en necesidades básicas –salud, vivienda, trabajo– gravemente afectadas: las hormonas se han vuelto prácticamente inaccesibles, la atención sanitaria se deteriora y la falta de empleo impide sostener una vivienda”, detalla Ayito.

En este sentido, las cifras no pueden interpretarse de forma aislada, sino como parte de un entramado de violencias estructurales, simbólicas e institucionales que impactan de lleno en las condiciones de vida.

Otro tema preocupante es un crecimiento sostenido de agresiones en comisarías y establecimientos penitenciarios, junto con un dato que marca un punto de quiebre: la participación de fuerzas de seguridad pasó de 17 casos en 2024 a 64 en 2025. Esto consolida a la violencia institucional como uno de los principales vectores de agresión, en especial contra la población trans y, en particular, contra las mujeres trans.

Rachid señala que esto no resulta sorpresivo. “Cuando aparecen o se instalan gobiernos de derecha, las fuerzas de seguridad se sienten más avaladas para ejercer su violencia hacia los grupos vulnerados en general y la población LGBT en particular”, explica.

LA ANTIAGENDA

El hecho de que el registro más alto de toda la serie histórica del Observatorio se produzca durante el gobierno de Javier Milei es un dato cargado de sentido. Desde que comenzó su mandato, siguiendo la agenda de ultraderecha de su amigo Donald Trump, el presidente argentino promovió discursos que cuestionan derechos, deslegitiman identidades de género diversas y contribuyen a habilitar formas más intensas de violencia contra las personas LGBT+, como quedó demostrado durante su intervención en Davos en enero de 2025.

Esa violencia simbólica vino acompañada de la eliminación de programas, organismos y dispositivos estatales que cumplían funciones centrales en la prevención de la violencia y el acompañamiento de las víctimas. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por ejemplo, dejó a la población LGBT+ sin un canal institucional específico para denunciar actos discriminatorios. El informe lo sintetiza en una frase que funciona como advertencia: “Allí donde el Estado se retira, el odio encuentra condiciones para expandirse”.

Esa relación entre discurso y violencia también aparece en la experiencia cotidiana de las organizaciones. Para María Rachid, los informes no solo marcan un aumento de los crímenes de odio, sino que evidencian su vínculo con los discursos que circulan desde el poder.

Agrega que, a partir de expresiones públicas de funcionarios y del propio Milei, se produjo un cambio perceptible: crecieron las denuncias, las consultas y también la violencia cotidiana. “Hay evidencia de esa relación directa. Lo muestran los informes, pero también se puede ver en las redes sociales de cualquier organización LGBT”, plantea Rachid.

Ocurre que cuando esos discursos provienen de una voz de autoridad como lo es el Poder Ejecutivo Nacional, el impacto es concreto. No solo habilitan la violencia, también la legitiman.

Desde el Espacio Tolomocho explican que lo que antes circulaba como insulto marginal hoy es retomado por funcionarios y medios, ampliando su alcance y su legitimidad social, y habilitando agresiones físicas, institucionales y discursivas con mayor impunidad.

Las consecuencias de ese proceso también se observan en el acceso a derechos básicos, como la ley de cupo laboral. Los despidos en la administración pública y la falta de implementación efectiva de estas normativas profundizaron la exclusión de la población trans y empujaron a muchas personas a situaciones de extrema precarización.

En este contexto, espacios como Tolomocho adquieren otro sentido y se transforman en redes de contención y cuidado, un recurso fundamental en tiempos hostiles. “Somos personas trans con discapacidad profesionales en nuestras áreas, editamos libros, hacemos muestras de arte, damos clases, trabajamos en accesibilidad. Apostamos a la educación y al arte como formas de construir otra sociedad”, explican.

En un clima social marcado por el ascenso de los discursos de odio, la discriminación y el individualismo, la respuesta vuelve a ser colectiva. La organización, la denuncia y la presencia en las calles se tornan fundamentales ante una avanzada antiderechos que tiene en el propio Estado nacional a uno de sus impulsores.

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Nota

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Publicada

hace 3 semanas

04/06/2026

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.

Por Bernardina Rosini

El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.

Lo que no se puede creer

Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.

Varones

Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org

«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.

Dónde está Delicia

Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.

Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.

Justicia sin apellido

Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»

Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.

La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

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El 3J porteño: Vamos

Publicada

hace 3 semanas

04/06/2026

Por Claudia Acuña

Fotos: Juan Valeiro

Muchas: eso fuimos. Muchísimas más que la última vez y ojalá que menos que la próxima, o mejor: que no sea necesario una próxima. Que al fin podamos descansar y dedicarnos a otra cosa en lugar de escribir con marcador en un cartón: “Ayer estaba viva. Hoy mi hermana es la foto de este cartel” o salir del trabajo donde estamos paradas ocho horas por dos pesos para sumarnos últimas, con lágrimas regando las mejillas y la convicción de exigir justicia por la compañera que acuchilló su novio hace dos días, en ese femicidio que en la tele informaron como resultado de “una infidelidad”. Con esa orfandad de sensibilidad y respeto, que abona el permiso social para carnear mujeres están hablando en los medios de Noelia, 30 años, de Temperley, la compañera de este grupo de chicas que no pueden decir dónde trabajan porque la firma se los prohibió. “Ella ya lo había denunciado porque sufría su violencia, se había separado y ese día iba a sacar sus cosas de la casa. Él le dijo que no iba a salir viva de ahí, la tomó de rehén y ella pidió ayuda al 911, la policía demoró y cuando llegó no supo cómo intervenir: fue peor”, cuentan temblando. Masacradas primero, criminalizadas luego, silenciadas después, lo que queda es estar ahí con los carteles escritos a las apuradas y el llanto incontenible, al final de la concentración que un grupo decidió que no sea marcha ni disponer de lugar donde el dolor de las familias descanse (aprendan de Córdoba, orgas porteñas), pero no importa porque no es lo importante.