El Equipo Argentino de Antropología Forense es una referencia internacional en la búsqueda y reconocimiento de personas desaparecidas. En este 2025 se están cumpliendo 40 años del Juicio a las Juntas que tuvo entre sus testimonios cruciales al del científico norteamericano Clyde Snow. El trabajo forense fue el que permitió identificar restos de víctimas de la dictadura, que así pudieron ser juzgados como homicidios cuando el delito de desaparición no existía. Aquella declaración de Snow fue uno de los espaldarazos para este grupo. Cómo nació, qué descubre, cómo es su trabajo cotidiano, y por qué se convirtió en un símbolo en el mundo. En tiempos complejos en los que parecería que faltan ejemplos e inspiraciones, aquí hay uno de tantos: un equipo en movimiento, que reúne la ciencia y lo social -pese a los frenos libertarios- para sostener un modelo que rompe al negacionismo y revela la verdad.

Por Lucas Pedulla.

(Publicada originalmente en la revista MU)

Nueve relatores especiales de Naciones Unidas expresaron en una carta remitida al gobierno argentino su “seria preocupación” ante “el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023”. La carta fue enviada el 12 de mayo, pero los representantes de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la difundieron recién el viernes 11 de julio, tras dos meses de indiferencia por parte del Gobierno nacional. Recién entonces, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, se solicitó “una prórroga con el fin de dar respuesta”.

Los expertos han requerido al gobierno argentino información sobre once puntos, entre ellos:

El foto reportero Pablo Grillo, tras el ataque policial sufrido el 12 de marzo.

• “Explicar la racionalidad de los operativos policiales” y “especialmente en relación a la proporcionalidad”, es decir, la relación entre la fuerza policial desplegada y la cantidad de participantes de la manifestación.
• También solicitan “el detalle de la cantidad del armamento usado” y el número de personas afectadas por su uso, discriminando número de mujeres, niños y niñas afectadas”.
• Otro requerimiento: “información detallada sobre las acciones implementadas para prevenir y sancionar los actos de intimidación y estigmatización contra manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo: a) las investigaciones iniciadas sobre estos actos; b) las medidas de protección ofrecidas a las víctimas y, c) las sanciones impuestas a los responsables, si las hubiera.”

• Piden, además, información sobre “ la situación de los jueces que han sido objeto de agresiones verbales por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo” y” las medidas adoptadas para garantizar que todos los jueces de Argentina puedan ejercer sus funciones profesionales sin temor a represalias, intimidación o interferencias indebidas, de conformidad con los estándares internacionales y regionales”. Este punto está especialmente motivado por las situaciones denunciadas ante la CIDH en relación a los agravios y persecuciones que sufrieron los jueces que no convalidaron las detenciones arbitrarias ni los operativos policiales, como el caso de la jueza Karina Andrade y el juez Roberto Gallardo.

La carta suscritpa por los nueve relatores especiales tiene 25 carillas. Las primeras 16 resumen los informes recibidos sobre criminalización de manifestaciones pacíficas, ataques a la prensa, uso desmedido y desproporcional de la fuerza policial, ataques a jueces y denuncias sobre personas heridas –como el caso del fotógrafo Pablo Grillo- o detenidas arbitrariamente. Luego de puntualizar la información requerida en once puntos, le adjunta al gobierno argentino el marco legal que está obligado a cumplir, entre ellos el derecho a libertad de reunión, de opinión y expresión, a la libertad y seguridad personal y a la independencia del Poder Judicial. Ese marco legal desarrollado en extenso tiene la siguiente frase introductoria: “En relación con las alegaciones anteriormente expuestas y, sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales aplicables”.

Aquí el texto completo de la carta.

La comunidad kolla Cueva del Inca de Tilcara, Jujuy, fue desalojada aplicando un apagón eléctrico en la zona, al estilo de lo ocurrido en 1976 en el Ingenio Ledesma. La policía local destruyó las casas que están en una zona considerada Patrimonio de la Humanidad y agredió a los pobladores, que decidieron volver a sus tierras para recuperarlas. El trasfondo de los negocios inmobiliarios y mineros, el rol del poder judicial y la reflexión de la gente de Cueva del Inca.  

Por Francisco Pandolfi

Fotos: Uma Nielsen

Los desalojos de las comunidades originarias se volvieron una característica más en esta gestión del gobierno nacional. El terreno para esto lo allanó el decreto que puso fin a la Ley de Emergencia para la concreción del reconocimiento a la posesión comunitaria de tierras, que mantenía la suspensión de los despojos. Ese decreto fue firmado por Javier Milei a un año de asumir su mandato, el 10 de diciembre de 2024. La fecha no fue elegida por casualidad: se trata del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Con esa dinámica, la comunidad kolla Cueva del Inca de Tilcara, Jujuy, fue desalojada en medio de violencia y varias irregularidades este lunes 7 de julio: 

1) No fue notificada del desalojo. 

2) El despojo ocurrió a la madrugada, incumpliendo toda legalidad.

3) La policía encargada del operativo ejerció violencia física y cortó la luz eléctrica en la zona.

4) La comunidad cuenta con personería jurídica.

5) Cueva del Inca es parte de la Quebrada de Humahuaca, territorio considerado Patrimonio de la Humanidad desde 2003 por la UNESCO, por lo que está prohibido cualquier desalojo.

Este lunes a la madrugada, todo eso no importó.

La reconstrucción en Tilcara, después del desalojo.

La jueza, el hotelero y la violencia

Miriam Alfaro tiene 39 años, hace artesanías y es la presidenta de la comunidad Cueva del Inca, emplazada en la Quebrada de Sarahuaico, a pocos metros del acceso por ruta nacional 9 a Tilcara. Con el viento de fondo, algunas whipalas flameando y su casa destruida, habla con lavaca: “Sin ser notificados, la jueza Liz Valdecantos Bernal ordenó al juez de paz de Tilcara, Pedro Apaza desalojarnos de nuestro territorio comunitario, que ya habían intentado desalojar en abril. Alrededor de 50 efectivos de la Policía de Jujuy, sin identificación, entraron a nuestra comunidad antes de las 6.30, todavía de noche, al grito de ‘váyanse usurpadores’ y nos desalojaron de forma muy violenta”.

Miriam cuenta que la Policía cortó la luz y que la comunidad se quedó sin señal de comunicación. Y que luego entró a su casa derribando la puerta, insultándolos, diciéndoles narcotraficantes. “Ni bien entraron tiraron un gas lacrimógeno que cayó en mi cabeza. A un hermano lo tiraron al piso y lo golpearon, a otra hermana lo mismo. Yo tengo una discapacidad motora y cuando estaba intentando salir por voluntad propia de mi casa, un policía me jaló, me tiró al piso y se tiró encima mío. Todo fue brutal y violento, más que un desalojo parecía un allanamiento por la magnitud que ha tenido. De hecho, detuvieron a doce integrantes de la comunidad, que ya fueron liberados”. Agrega: “Fue totalmente ilegal, no solo por ser en plena oscuridad y sin notificación, sino porque tenemos todo en regla”.

La técnica utilizada para concretar el desalojo retrotrae al histórico Apagón de 1976, en plena dictadura, en el ingenio Ledesma de Libertador General San Martín, cuando se utilizó el corte masivo de luz para perseguir a trabajadores, con un saldo total de tal metodología represiva de 400 personas secuestradas, 55 de las cuales siguen desaparecidas.

Miriam: ¿qué intereses hay detrás de este desalojo?

En 2017, el empresario hotelero Carlos Vázquez denunció por usurpación a uno de los integrantes de la comunidad, Javier Mamani. O sea, individualizaron el proceso. Javier siempre fue uno de los miembros más luchadores y ya no vive en nuestro territorio, pero igual vinieron a desalojarnos, en otra irregularidad del proceso. Vázquez, dueño del hotel El Canto del Viento, quiere quedarse con nuestras tierras en complicidad con el gobierno de turno, que busca hacer acá un negocio inmobiliario. Nosotros como comunidad tenemos personería jurídica, la carpeta técnica que nos exigen así como el relevamiento territorial indígena (ReTeCI, Registro Territorial de Comunidades Indígenas). Cumplimos con todos los requisitos. Y además tenemos una sentencia judicial de 2006 a nuestro favor para que el gobierno jujeño nos entregue el título comunitario. Si aun así debemos enfrentar estas situaciones es porque detrás no sólo hay intereses inmobiliarios y turísticos, sino también mineros. En los cerros de la Quebrada de Humahuaca hay muchos minerales, que no nos pertenecen a nosotros, sino a la Pachamama.

¿Cómo entender la orden de la justicia?

Porque hay una mafia judicial. Es de la única manera en que se explica que un hotelero mueva tantos policías para sacarnos del foco a nosotros. Los emprendimientos privados siempre llegan a un acuerdo con el sistema judicial y con todo el gobierno provincial para quedarse con los territorios comunitarios. Acá está todo confabulado, son todos cómplices. Un ejemplo: para demoler mi casa el lunes, trajeron a los bomberos de la provincia.

La pueblada y 100 familias

El 20 de junio pasado se cumplieron dos años de que el entonces gobierno de Gerardo Morales aprobó una reforma constitucional viciada de todo tipo de irregularidades (sin consulta previa a las comunidades; debatida y votada de manera express, sin licencia de la sociedad), que derivó en el levantamiento popular más grande de la historia de la provincia, con 100 mil personas en las calles. Y en una feroz represión policial (disparos a la cabeza –4 personas perdieron la vista en uno de sus ojos–; persecución a periodistas y fotógrafos; hostigamiento a dirigentes sociales; amenazas de despidos a manifestantes; allanamientos ilegales, entre varios etcéteras).

“Esto es una consecuencia de haber estado en contra de la reforma. Quisieron avasallarnos en ese momento y siguen ahora en el gobierno de Carlos Sadir, maltratándonos, porque este no es el primer desalojo. Ya hubo otro en la localidad de Guerrero, hace unas horas quisieron desalojar una comunidad en la finca El Pongo y así muchos otros”.

En la comunidad Cuenca del Inca viven alrededor de 100 familias y hay un sitio arqueológico y cultural donde descansan los ancestros. Hay animales: llamas, cabras, ovejas, chivos. Hay plantas: cardones, churquis, sumalaguas, molles. La mayor parte de la comunidad vive de la artesanía, ganadería, albañilería y de administrar un circuito turístico que está dentro del territorio. Este miércoles, 48 horas después del desalojo, la comunidad organizada resolvió en asamblea retornar al territorio y comenzar la reconstrucción de lo destruido y en vigilia permanente. Por ahora, la Policía no volvió. 

Al lado de los escombros, y junto a las paredes que poco a poco vuelven a levantarse, concluye Miriam: “Volvimos porque este es nuestro lugar y de acá no nos iremos. Vivimos dentro de una zona declarada Patrimonio de Humanidad, pero la otra cara de la moneda es la realidad que vivimos: un constante hostigamiento y persecución. La codicia del empresario Vázquez, la complicidad del poder judicial y todo un gobierno. Destruyeron mi casa y todas mis pertenencias. Ahora mismo, mientras estamos hablando, están en un depósito judicial que está dentro del hotel de este empresario. Ese hotel, hoy es un búnker donde salen y entran policías. Es una incoherencia total, que ya no nos sorprende, pero que no nos hará dejar de resistir. No vamos a permitir que nos vengan a sacar, ni nos vengan a atropellar, ni nos vengan a maltratar, ya fue suficiente todo lo que hemos pasado. Es hora de decir basta”.