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Fuera Bullrich
El juez porteño Roberto Gallardo le exigió al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reasuma sus obligaciones constitucionales” y que organice el operativo de seguridad de la “manifestación masiva convocada para el próximo miércoles” de jubiladas y jubilados. Plantea que en los últimos meses «varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”. Por lo tanto a la Policía de la Ciudad “concretamente se le ordena que despliegue, organice, planifique y ejecute -todo de manera autónoma- el operativo de seguridad que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan”. La medida tiene incidencia directa, en lo inmediato, sobre la marcha a realizarse el próximo miércoles 9 de abril.
Además, el juez exhortó al Estado Nacional y al Ministerio de Seguridad de la Nación que se “abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que a la seguridad pública respecta, más allá de los límites legales de protección de intereses federales”.
Gallardo, titular del Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, ordena que se ponga “en conocimiento de lo resuelto a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval”, justamente las cuatro fuerzas federales que, junto a la Policía de la Ciudad, venían actuando en cada una de las movilizaciones anteriores y que de acuerdo a esta decisión deberán dejar de hacerlo.
El magistrado dio curso a un pedido presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT) y de secretarios de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en pos de “limitar el accionar de las fuerzas federales” en “detrimento de la autonomía de CABA y del rol de la Policía de la Ciudad”.
Cautelar urgente
En la presentación se solicitó que se dictara “una medida cautelar urgente en la que se ordene intimar al GCBA a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización convocada” y que se “delimite en forma previa y concreta los ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante” como sucedió en los últimos miércoles, por ejemplo, en las marchas de jubiladas y jubilados.
En su dictamen el juez Gallardo contextualiza sobre la solicitud de los gremios: “En la concentración del 12/03/2025 se habrían verificado hechos de represión perpetrados por las fuerzas federales ‘sin contar con una autorización para ello’ y que éstos se perfeccionaron fuera de los límites del Congreso de la Nación, excediendo el rol de custodia de dicha dependencia federal”.
Y agrega: “Describieron que en el marco de esa manifestación de la que participaron distintas organizaciones ‘se llevó a cabo una brutal represión policial en la que hubo 114 detenidos de forma arbitraria’, sufrieron heridas de distinta gravedad alrededor de 672 personas y se hirió gravemente con un proyectil en la cabeza al periodista Pablo Grillo”.
Ante los episodios recientes de represión, Gallardo establece: “No se trata, entonces, de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública. El riesgo invocado lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”.
Violencia, conflicto y caos
Sintetiza: “En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”.
En otro punto importante de la resolución, se informa: “A requerimiento del Tribunal el GCBA informó que hasta la fecha no requirió al Estado Nacional –Ministerio de Seguridad– ‘participación, cooperación y/o auxilio para brindar seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación y Plaza Congreso, como consecuencia de la movilización y manifestación pública convocada para el día 09/04/2025’”. Y que “la fuerza de seguridad de CABA se encuentra suficientemente dotada y apta para abordar, planificar y diseñar estrategias de seguridad en el contexto de la movilización”.
El Gobierno porteño también aclaró que la Ciudad no adhirió al “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, conocido como «protocolo Antipiquete», dado que sólo “se encuentra dirigido a las fuerzas federales” y no resulta competencia del Ministerio de Seguridad de CABA “solicitar cooperación y/o auxilio bajo ese dispositivo”.
CABA sin protocolo Bullrich
El juez Gallardo se expide sobre un tema central que hasta ahora había convertido a cada medida cautelar presentada en una víctima de una calesita judicial, pasando por cinco o seis juzgados, sus correspondientes apelaciones y luego durmiendo el sueño de la espera de la definición del tribunal superior. Todo esto bajo el paraguas de la «competencia». Esto es: a qué fuero le corresponde expedirse sobre el pedido presentado. Es decir, ni siquiera hubo pronunciamiento sobre el tema que lo motivó, si no sobre quién debía hacerlo.
El juez Gallardo puntualiza que los amparos presentados no solicitan que la justicia se expida sobre la legitimidad o no del protocolo del ministerio de Seguridad de Nación, sino que determine la responsabilidad del gobierno porteño en el sentido de si tomó o no medidas de resguardo tal como es su responsabilidad. En este caso, como el sujeto a evaluar por el juez es el gobierno porteño, la competencia de la justicia porteña es pertinente.
En ese sentido señala que basta la lectura del Boletín Oficial de la Ciudad para encontrar la evidencia de que nunca ni la jefatura de Gobierno ni el ministerio de Seguridad solicitaron la intervención de las fuerzas nacionales para las marchas que se desarrollaron en Congreso.
El dato más importante y que tendrá consecuencias más allá de este miércoles: tampoco el gobierno porteño adhirió formalmente al protocolo de la ministra Bullrich. No se trata de una formalidad sino de un trámite necesario para darle legalidad en el territorio porteño. Esta omisión tiene consecuencias directas en las causas judiciales iniciadas por las víctimas de la represión producida por las fuerzas nacionales, como por ejemplo el fotógrafo Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco.
¿Por qué un domingo?
El juez Gallardo argumenta por qué su dictamen tiene carácter de urgente y fue comunicado un domingo: «El acceso a la justicia no se agota con la posibilidad de presentar una demanda, sino que también comprende el derecho a obtener una respuesta útil en un tiempo razonable y con capacidad de modificar la situación que se denuncia como lesiva».
Desarrolla una extensa argumentación jurídica sobre la autonomía porteña y los límites de la intervención federal en su territorio: la Policía Federal debe custodiar los edificios de Nación, y no intervenir en manifestaciones. La Gendarmería Nacional debe actuar en «fronteras terrestres y lacustres, túneles y puentes internacionales». La Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el sistema nacional de aeropuertos. La Prefectura Naval, en lo correspondiente a navegación.
Luego analiza el propio protocolo Bullrich y subraya que su objeto es intervenir «frente a impedimento de tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales o vías de circulación sujetas a jurisdicción federal». Nada de esto aplica a las calles que rodean al Congreso.
El dictamen, que tiene una extensión de 69 páginas, le ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que «reasuma sus obligaciones constitucionales en materia de seguridad pública».
También ordena al ministerio de Seguridad de Nación que se «abstenga de intervenir e interferir». Por último informa lo resuelto a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía Aeroportuaria y la Prefectura Naval, lo cual implica que no pueden argumentar obediencia debida. De esta manera los hace responsables de cumplir la orden judicial.
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Rosario movilizada contra la reforma laboral
Referentes gremiales nacionales y locales encabezaron una masiva movilización de Plaza 25 de Mayo a Plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación. Un contrapeso a las presiones sobre los mandatarios provinciales que ejerce la Casa Rosada por intermedio del ministro del Interior, Diego Santilli, y la cartera de Economía. El reclamo se vivió al mismo tiempo en que estallaba un conflicto del gobierno provincial con la policía que reclama aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.
Por el diario El Ciudadano, de Rosario
Rosario fue este martes el escenario de la segunda marcha nacional en contra del proyecto oficial de reforma laboral que se tratará este miércoles en el Senado. La movilización fue organizada por el Frente de Sindicatos Unidos que integran los estatales de ATE, los metalúrgicos de la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, además de gremios no alineados con esas centrales. El objetivo es, como antes en Córdoba y ahora en Santa Fe, interpelar a los gobernadores, jefes políticos de los legisladores de sus respectivos espacios, para que no acompañen la iniciativa libertaria en ambas Cámaras del Congreso.
«Nos sumamos a la movilización en repudio a la destrucción planificada de los derechos del trabajador que conlleva el anteproyecto libertario», esgrimió el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello. La sede del gremio fue el sitio elegido para la conferencia de prensa previa a la marcha que recorrió el centro de Rosario.
Qué ordenan votar los gobernadores
Abel Furlán, secretario general de la UOM nacional, explicitó el objetivo de llamar la atención de los mandatarios provinciales, Y fue duro con ellos ante la evidencia de negociaciones con la gestión de La Libertad Avanza que truecan fondos a las administraciones provinciales desfinanciadas por la Casa Rosada a cambio de apoyo a la reforma en el Congreso. «Se arrogan la representación de los trabajadores negociando con el Gobierno una reforma laboral que los somete», reprochó el dirigente.
El referente de la los metalúrgicos, uno de los sectores más golpeados por las políticas de desindustrialización implementadas por el Ejecutivo nacional, que según diferentes estimaciones se tradujo en entre 15.000 a 20.000 empresas cerradas y la pérdida de entre 220.000 y 276.000 puestos de trabajo formales hasta principios de 2026, reclamó además un aumento salarial urgente. Los salarios, dijo, son el ancla principal del objetivo fetiche libertario: contener una inflación que comenzó igual a dispararse en una inflexión que el oficialismo intenta camuflar con una fórmula obsoleta de medición de precios en el Indec.
«Habrá que señalar responsables«
El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, expresó en la conferencia de prensa que aún «hay gente confundida» en torno a las políticas libertarias, pero pronosticó que sus consecuencias cambiarán, más temprano que tarde, esa percepción y acompañamiento al modelo económico. Dentro de un año, estimó, con el crecimiento de la desocupación, el hambre, los despidos y la informalidad, «habrá que señalar a los responsables» de ese desmantelamiento del tejido social y productivo «con nombre y apellido». Y agregó que movilizaciones como las de Rosario pretenden, a la vez, ser un «mensaje de esperanza» de que con la resistencia activa se puede torcer el rumbo impuesto por el Ejecutivo.
Yasky fue directo en el mensaje a los jefes políticos provinciales y explicitó la voluntad de las centrales sindicales de contrapesar la presión que sobre ellos ejerce la Casa Rosada, vía el ministro del Interior, Diego Santilli. «Hay gobernadores que lamentablemente, el de Santa Fe entre ellos, han decidido utilizar los derechos que nos quieren sacar para levantar sus acciones en la discusión del toma y daca por debajo de la mesa con el Gobierno nacional», enfatizó el referente de la CTA.
El dirigente, no obstante, marcó una jerarquía de responsabilidades: «Mas grave, los que llegaron al cargo con el voto justicialista, que fueron a los sindicatos a pedir fiscales para las elecciones y apoyo para los actos (de campaña) y hoy los están traicionando». A ellos, los bautizó, como a los radicales que acompañan el proyecto libertario bajo la excusa de la gobernabilidad, como los «justicialistas con peluca».
La concentración en Rosario tomó forma pasadas las 10, en la plaza 25 de Mayo. Desde allí, las columnas sindicales marcharon hacia la plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación, donde estaba previsto el acto central para el mediodía.
Como en Córdoba, estuvieron en Rosario otros dirigentes nacionales. Entre ellos, además de Furtán y Yasky, el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, Daniel Yofra, el titular de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, y Rodolfo Aguiar, referente nacional de ATE. Sumaron presencia otros gremios de peso en Santa Fe, como el docente Amsafé y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa).
Los organizadores de estas movilizaciones provinciales calificaron a la denominada «modernización laboral» que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei como una «contrareforma laboral con perfil esclavista».
La protesta policial
Luego de que el Ejecutivo provincial anunciara aumentos para los efectivos de la Policía de Santa Fe, numerosos uniformados retomaron las protestas en la noche del lunes en varias ciudades. En Rosario, en particular, hubo una concentración de agentes y familiares frente a la Jefatura, ubicada en Ovidio Lagos al 5200, que incluyó quema de cubiertas. La situación escaló en tensión con un intento de desalojo, y la movilización continuaba hasta la madrugada de este martes. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, adelantó que dará una conferencia de prensa por la mañana para informar sobre los hechos sucedidos en la Unidad Regional II, que incluyó el retiro de patrulleros en la ciudad.
El descontento de los uniformados, en especial quienes no fueron alcanzados por los beneficios de aumentos, bonificaciones y otras medidas referidas a alojamiento y contención en salud mental , se expresó con contundencia en Rosario. Fuentes del Gobierno, no obstante, aseguraron que el patrullaje en Rosario no se resintió durante las horas de la protesta. Agregaron que unos 80 móviles permanecían en tareas operativas, y que a ellos se agregan los del Comando Unificado de Fuerzas Federales.
Es más, voceros de la administración provincial señalaron que hubo otros condimentos en la protesta. De acuerdo al oficialismo, «fueron identificados allegados a personal policial desplazado por esta gestión, actualmente imputados y con prisión preventiva». Además, prometieron firmeza contra los uniformados que se sumaron a la movida: «Los efectivos que hicieron abandono de servicio recibirán duras sanciones», señalaron.
El abogado Gabriel Sarla, vocero de los policías, señaló que los efectivos «no llegan a mitad de mes con el sueldo». Sobre los anuncios de mejoras del Ejecutivo santafesino, repitió que es insuficiente: «Solicitamos que el aumento sea para toda la policía y no para algunos. Salieron con un paquete de medidas de un momento para otro, intentaron dividir».
El abogado agregó sobre la escalada de la protesta: «Anoche (por la de este lunes) hubo un hecho desafortunado, el jefe policial Maldonado, en un momento de arrebato y locura, decidió reprimir a compañeros y familiares de compañeros», reprochó sobre el desalojo en el ingreso a las dependencias de la Unidad Regional II en Ovidio Lagos al 5200. «Hay una embarazada afectada con gas pimienta y una mujer grande herida. Los policías tuvieron que defender a sus familiares», argumentó sobre la reyerta suscitada en esos momentos.
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Marcha antifascista: el horizonte
Por Claudia Acuña
Fotos: Lina Etchesuri y Juan Valeiro
Lo que colmó este sábado las calles fue un horizonte. Y ese horizonte lo construyeron los feminismos, por llamar de alguna manera rápida y mal al arte de zurcir el tejido social con los delicados hilos de los bordes.
Lo que desfiló este sábado por Avenida de Mayo fue un desafío. Y ese desafío es incómodo para la política partidaria y kiosquera porque es irrepresentable e incalculable, y por eso mismo, lábil de negociar en la mesada electoral. La marea no se representa, se coordina: habrá que entenderlo para que no se aleje ese horizonte.
Lo que caminó este sábado desde la esquina de Avenida de Mayo y Sáenz Peña hasta Plaza de Mayo es un movimiento. Y ese movimiento está organizado a partir de dos palabras: antifascismo y antirracismo y, por la síntesis que esos dos términos nombran, es diverso. En esa diversidad no caben solo todas las batallas de la actualidad, sino también todas las preguntas que faltan responder para enfrentar este tsunami de raíces tan antiguas, tan básicas y tan decadentes.
Si el fin de un mundo fuera este presente lo que viene después es lo que está en juego.
Juguemos.
Foto: Juan Valeiro / lavaca.org
La Kalo tiene 33 años, una trayectoria como drag queen y una melena color fuego. “Vengo de Morón, que está destruido y como congelado en el tiempo. El capitalismo no da para más y sostener hoy sus políticas nos llevan a eso. ¿Cómo hacemos entonces para construir otra cosa? Necesitamos nuevas figuras políticas que no provengan del mesianismo paterno o de la madre que se sacrifica, porque eso no dura. Ya lo vimos con Cristina: la dejaron sola. Tuvo dos mandatos, después eligió a Scioli, a Alberto y a Massa. Esos fracasos no son nuestros. Nuestro fracaso es haber abandonado los barrios y de eso nos tenemos que hacer cargo ahora. Y en los barrios de todo el país se están organizando, se están uniendo y se están creando otras formas de hacer política. Ahí hay que estar y eso hay que escuchar. Lo que yo veo en la política partidaria es mucho viejo cansado, mucho viejo gastado a los que hay que decirles gracias. Ahora dejanos. Y a partir de ahí nos tenemos que poner a hacer un reconocimiento: vernos las caras, escuchar, entender qué les pasa a las personas y a partir de ahí saber con qué contamos. Y es una tarea que hay que hacer barrio por barrio de todo el país. Bien federal. Hasta construir una flecha que atraviese todo transversalmente, una real comunión de personas: esa es la fuerza electoral que necesitamos”.
Foto: Lina Etchesuri / lavaca.org
La Kalo es una de las manos que sostiene la bandera de esta marcha compartiendo la cabecera con jubiladas, gremialistas, travas históricas, migrantes y todas las etcéteras de la diversidad que se reúne en esta marcha que derrama siete cuadras que desafiaron roscas y aparateos kiosqueros, hasta hacer mover los pies de organizaciones políticas desaparecidas de la escena callejera –por caso, la CGT en la columna gremial de género o la Kámpora y la kicilofista Derecho al Futuro– junto a otras eternamente movilizadas: la Mesa de Jubilados, las asambleas ambientales y barriales, la izquierda. Será Vanina Biasi quien dirá que esta movilización “tiene una importancia política total y es un puntapié importante para que este miércoles 11 estemos todos en la calle contra la reforma laboral”. También dirá qué lugar pretende ocupar la izquierda en ese horizonte que hoy se vislumbra. “En principio, estando en todos lados como hay que estar, más allá de las diferencias políticas. Nosotros queremos mostrarnos como la fuerza política que pone el cuerpo para enfrentar a este gobierno de fachos y las intenciones del imperialismo norteamericano en la Argentina que no son solo intenciones, sino que se están concretando, le están entregando todos los recursos naturales de la Argentina, le están entregando nuestra economía y le están entregando la cabeza de toda la clase trabajadora. Lo que tenemos que demostrar ahora es si esta izquierda puede aprovechar esta oportunidad para encantar y enamorar a una parte de esta población para enfrentar esta barbarie”.
Foto: Lina Etchesuri / lavaca.org
La marcha grita ahora:
“No va a pasar/no va a pasar/ esta reforma laboral”.
La Kalo es quien responde qué hacer si pese a todo, pasa.
“Habrá que identificar a los traidores, a los entregadores, a los vendidos y sacarlos. Esas personas ya no nos representan, ya no pueden cobrar de nuestros bolsillos ni hablar en nuestro nombre. Habrá que enojarse. ¿No está mal enojarse, no? La rabia también es poder”.
Dirá también que en un país presidido por “un consumo irónico” es posible pensar en una drag queen Presidenta.
La Kalo sonríe.
Con esa sonrisa ensancha un horizonte que, si se alcanza o escapa, se definirá este miércoles.
Y mucho más después.
Foto: Juan Valeiro / lavaca.org
Foto: Lina Etchesuri / lavaca.org
Foto: Lina Etchesuri / lavaca.org
Foto: Juan Valeiro / lavaca.org
Foto: Juan Valeiro / lavaca.org
Foto: Juan Valeiro / lavaca.org
Foto: Juan Valeiro / lavaca.org
Foto: Juan Valeiro / lavaca.org
Foto: Juan Valeiro / lavaca.org
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Córdoba contra la reforma laboral
Córdoba amaneció este jueves paralizada y movilizada desde la madrugada y hasta después del mediodía. Cortes simultáneos y coordinados bloquearon los accesos a la ciudad desde las 6 de la mañana mientras se nutrían las columnas gremiales que marcharon hacia el centro cívico, que un cordón policial mantuvo aislado para impedir la concentración.
Se improvisó entonces un escenario desde un camión desde el cual Mariana Mandakovic, representante de Cispren –sindicato de prensa cordobés– y secretaria adjunta de la CTA, leyó uno de los dos documentos que sintetizan las exigencias de cuarenta organizaciones sindicales de todo el país. “El único antecedente similar a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Milei tuvo lugar en 1976, con la dictadura cívico militar”, denunciaron.
El palco del acto en Córdoba. (Fotos: prensa del sindicato de Aceiteros).
Entre los puntos conflictivos que la reforma laboral propone, destacaron: ruptura del sistema de negociaciones colectivas, restricciones al derecho de huelga, financiamiento de despidos con recursos del sistema de seguridad social y la institucionalización del techo salarial y los límites a las paritarias.
El otro documento estuvo dirigido al gobernador Martín Llaryora. “Las provincias están quebradas por culpa del programa económico de Milei y no por los trabajadores. No tiene que ser cobarde. Anímense a enfrentarlo”, exigieron.
El plan de acción contra la reforma laboral tendrá continuidad la próxima semana en Rosario con una movilización convocada a las 11 de la mañana del 10 de febrero. Para el día siguiente, miércoles 11, los gremios anunciaron un paro general, ya que el Senado votará el controvertido proyecto.
La movilización cordobesa fue convocada por la CGT y las dos CTA de la provincia y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) nacional. “No hay otra alternativa que la lucha y demostrar el descontento ante esta mal llamada reforma laboral que es totalmente regresiva. No tiene ningún artículo que beneficie a los trabajadores”, sintetizó Rubén Urbano, secretario general de la UOM de Córdoba.
El cerco policial frente a la movilización.
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