Informe agosto 2025 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez.

El juez Alejandro Patricio Maraniello –responsable de censurar los audios con información sobre presuntas coimas que involucran al gobierno nacional– es  uno de los 649 funcionarios que registramos en nuestro padrón de denuncias por violencia de género que involucran a miembros de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, y de las Fuerzas de Seguridad. La denuncia contra el juez del fuero Civil y Comercial Federal fue presentada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, involucra nueve casos, cinco por acoso sexual, y originó que en ese juzgado se impusiera una consigna policial durante el horario laboral para “garantizar la integridad de las y los empleados”. Hace apenas una semana el Consejo de la Magistratura lo notificó del expediente abierto por la Comisión de Disciplina y lo intimó a presentar su descargo en el plazo de 20 días. Además tiene en proceso una causa penal por acoso sexual que quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. 

En total son 120 los funcionarios judiciales registrados en nuestro padrón, ocupando el segundo lugar, precedido por el Poder Ejecutivo, con 161 casos.

Otras cifras alarmantes: durante este 2025 ya sufrimos 178 femicidios que dejaron un saldo de 82 infancias huérfanas. Una de las provincias más afectadas fue Mendoza con 5 femicidios en lo que va del año.

Este agosto fue notable el incremento de intentos de femicidios: uno cada dos días. También se han incrementado las denuncias:

• La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependiente de la Corte Suprema de la Nación informó que en apenas 18 días se atendieron en CABA 627 personas, casi 45 por día.
• En Chubut suman 3.534 desde que se inició este año
• En Entre Ríos, 9.421.
• En Neuquén se triplicaron: 800 en el primer semestre.
• En Mar del Plata el promedio se elevó a 22 denuncias diarias.      

En tanto este año en todo el país ya se organizaron 139 marchas para exigir justicia.

En la web de nuestro observatorio podés acceder a toda la información de cada caso, incluida la fuente, de nuestros doce padrones que se actualizan diariamente.

Coimas, indignación, huidas en moto, jubilados y gatillo fácil: palabras clave de un miércoles en Argentina que congregó varios de los conflictos de estos tiempos. Los hermanos Milei y su candidato José Espert tuvieron que suspender su caravana por Lomas de Zamora ante el repudio del público reunido, en medio del debate sobre coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La caravana recorrió 150 metros, casi sin adherentes. Duró 4 minutos, hasta que vecinas y vecinos se acercaron a reclamar ante la camioneta descubierta, desde la que se vieron provocaciones empezando por las del propio Milei. No hubo heridos ni lesionados, y Espert terminó huyendo en moto sin casco. Mientras tanto en Congreso los jubilados marcharon cantando un nuevo hit con música de Guantanamera y personificando a Karina Milei. La manifestación se sumó a la que habían realizado las familias de víctimas de gatillo fácil.

Por Lucas Pedulla    Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Mientras el presidente Javier Milei, su hermana Karina y el diputado José Luis Espert tuvieron que suspender su caravana de campaña en Lomas de Zamora por el repudio tras la explosión del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), otra caravana, la de los jubiladas y jubilados de todos los miércoles, cruzaba la 9 de Julio con uno de los hits del día:

“Alta coimera, Karina es alta coimera”.

La canción tiene la melodía de Guantanamera y se popularizó el mismo día en que los audios del exabogado de Milei, Diego Spagnulo, fueron conocidos por la opinión pública. Desde entonces, en la previa del rechazo de Diputados al veto de Milei de la ley de Emergencia en Discapacidad, el escándalo solo escaló. 

Como cada miércoles, jubiladas y jubilados se expresaron marchando y con carteles. Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Por eso el diputado Espert, que suele pedir “cárcel o bala”, terminó huyendo en una moto por las calles del sur conurbano –sin casco–, y la comitiva presidencial se disgregó en camionetas oscuras tras una caravana que no era caravana y que duró apenas cuatro minutos ante la hostilidad espontánea del vecindario de Lomas en ese tramo de 150 metros. Se arrojaron objetos contra la camioneta: algunas filmaciones detectaron que se trataría de unas plantas de brocoli. La situación vivida este miércoles tal vez revele bastante sobre aquel cuento de Andersen en el que un niño decía lo que nadie se atrevía: que el poderoso rey, en realidad estaba desnudo.

La manifestación por Avenida de Mayo. Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Al mismo tiempo, en Congreso, jubiladas y jubilados hacían oir el segundo de los hits de la jornada:

Gritalo fuerte, no te quedes con ganas,

gritalo fuerte, no te quedes con ganas,

que se vaya Milei,

que se vayan los Menem,

que se vaya Karina,

la coimera es su hermana.

Además de los manifestantes, la mira de la policía siempre en la prensa. Foto: Juan Valeiro para lavaca.

3%

El humor fue parte de otra marcha de jubilados que desde el Congreso marchó por Avenida de Mayo en su miércoles de lucha con intención de ir hacia la Plaza de Mayo. El operativo para frenar o diluir esa manifestación estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, que al principio autorizó un carril para marchar y después hizo un show con efectivos motorizados, principalmente para amedrentar.

Familiares de víctimas de gatillo fácil. Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Pero la movilización los bordeó y siguió su camino cantando sus estribillos hasta la Plaza.  

Por todos lados había carteles que hacían referencia a la corrupción en discapacidad. Si bien el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habla de “una operación” en el Congreso, hoy salieron nuevos audios de Spagnuolo, quien no dejó a funcionario de alta jerarquía sin pedirle una selfie: Milei, la propia Karina, Eduardo “Lule” Menem (otro de los apuntados en los audios, segundo de la hermana del Presidente en la Secretaría General de la Presidencia), la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el propio Espert, a quien varios memes ya lo sindicaban con otro mote, tan común para su discurso de mano dura: “Motochorro”, confirmando que no es fácil volver del ridículo.

En uno de los audios del día de Spagnuolo dijo: “Estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y cobrar”. En términos generales: se quejaba de cobrar (hace un año) apenas 3 millones de pesos y tener que pagar ganancias (soltero y sin hijos), pero sin poder hacer otros extras en el Estado debido a que las cajas eran manejadas desde arriba suyo, por los Menem. También explica por esa razón la salida de cantidad de funcionarios que viven en los countries, cobran poco en el gobierno y no podían hacer diferencia, porque la diferencia se derivaba hacia el bloque formado por los hermanos Milei y los primos Menem.  

Turistas solidarios con la manifestación. Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Aunque Milei habló por primera vez del tema y dijo desde arriba de la camioneta que todo lo que dijo su exabogado “es mentira” y que lo va a llevar a la justicia, la misma justicia, bajo la instrucción del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, realizó el segundo día de allanamientos en Nordelta, el barrio de lujo donde vive Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, la firma envuelta en la supuesta trama de maniobras truchas y de recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos.

En Congreso, Rolando tiene un cartel que dice “Karina Coimera”, y las letras están atravesadas por rayas que simulan barrotes carcelarios. Rolando es entrerriano, vive en Moreno (oeste bonaerense), y trabajó toda su vida de jardinería. Está esperando recuperarse de un “problemita de salud” para changuear algo, porque “con la mínima no alcanza”. Se ríe porque dice que le vendría bien algún “3%”, en referencia al porcentaje de coimas que Spagnuolo refirió que se efectivizaba a Karina Milei: “Ya lo dijo el Papa Francisco –dice Rolando, antes de seguir la marcha–. La corrupción es de los pecados más grandes”.

Rostros. Foto: Juan Valeiro para lavaca.

“No tendríamos que estar acá”

La marcha llegó a Plaza de Mayo cuando estaba terminando la concentración de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, organizada por familiares de personas asesinadas por la policía. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), hay al menos 600 asesinados y asesinadas por diversas fuerzas de seguridad. El acto de las familias fue al mediodía, previo a la marcha de jubilados, y contó con la presencia de Fabián Grillo, el papá de Pablo, el fotógrafo herido por un disparo a la cabeza perpetrado por el gendarme Héctor Guerrero en la marcha de jubilados del 12 de marzo. 

Fabián, el padre de Pablo Grillo, intercambiando fotos con lavaca en Plaza de Mayo.

Pablo sigue en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía tras la operación en la que le colocaron las placas en ambos hemisferios del cráneo. En su último comunicado, la familia informó el estado del joven: “Clínicamente estable en terapia intensiva. Neurológicamente, está en una meseta. No está teniendo la evolución que se espera. El Líquido Cefalorraquideo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro”. Fabián dice que hay que esperar. Por lo pronto, la semana que viene la querella deberá recibir los informes periciales que reconstruyeron el momento del disparo. La jueza María Servini postergó la indagatoria a Guerrero: estaba prevista para el 2 de septiembre, y ahora sería el miércoles 17. 

Fabián dijo: “La tragedia es algo que nos une. Ninguno de nosotros tendríamos que estar acá”.

Uno de los abrazos a Fabián se lo dio Angélica Urquiza, mamá de Jonathan “Kiki” Lezcano, asesinado el 9 de julio de 2009: “Hace 16 años venimos luchando pero la lucha que se pierde es la que se deja. No soy una superhéroe, soy una mamá como vos y vos. Kiki me dijo ‘ahí vuelvo’ y me lo devolvieron tres meses después en un cajón. No voy a caducar. Queremos justicia”. Sus palabras y el tono representaron un momento especialmente conmovedor.

Recordando a Kiki, con una propuesta. «No le caguen más la vida a nadie». Fotos: lavaca.

Otro abrazo a Fabián se lo dio la familia de Santiago Beltrán, un joven de 15 años de Moreno, asesinado a fines de junio último. Su mamá estaba desconsolada. El que habló fue su tío Justo: “La policía le tiró siete vainas a mi sobrino. Lo dejaron morirse desangrado. Dijeron que éramos narcotraficantes. Dijeron barbaridades en la tele que tuvimos que salir a desmentir. No le caguen más la vida a nadie”.

Mensaje tras los barrotes. Foto: lavaca.

Lo narco

Sobre el cierre de la jornada, las familias leyeron un comunicado donde dijeron: “Este gobierno, que llegó hablando contra el narcotráfico, es el primer narcotraficante”. Además del escándalo de las coimas, de Spagnuolo, de los audios, los allanamientos y sus derivaciones en plena campaña electoral –las elecciones legislativas bonaerenses son el 7 de septiembre–, otro nexo del gobierno es el empresario Federico “Fred” Machado, que está detenido y en pleno proceso de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y lavado. 

Uno de los personajes vinculados a Machado es José Luis Espert, acusado de utilizar uno de sus aviones durante la campaña presidencial de 2019.

El mismo Espert que hoy, en Lomas de Zamora, huyó subiéndose a la moto de un libertario, sin casco.  

Foto: lavaca.

Un total de 247 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sumados otros que integraban los institutos de Semillas y Vitivinicultura pasaron a “disponibilidad” lo cual implica un despido en términos prácticos de unas 400 personas, según la Agencia Tierra Viva. La medida del ministro de Economía Luis Caputo ignora lo decidido por la Cámara de Senadores la semana pasada, que dejó sin efecto el decreto de Javier Milei que modificaba la estructura del INTA. La jueza Martina Forns había ordenado además que no se realicen cambios en el organismo. Reproducimos aquí el artículo completo que explica la situación, y detalla los pasos a seguir frente a la medida ilegal tomada por Caputo.

Por Agencia Tierra Viva

(agenciatierraviva.com.ar)

El Gobierno despidió a 400 trabajadores del INTA, del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Lo hizo luego de que el Senado rechazara —por 60 votos afirmativos contra diez negativos— el Decreto 462 que «reorganizaba» el INTA y el Inase, y eliminaba el INV y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar (Inafci). La decisión ignora además la admisión, por parte del Poder Judicial Federal, de una medida cautelar que presentaron los sindicatos para evitar nuevos despidos. “Esto muestra el perfil de un Gobierno que avanza sobre una lógica poco democrática y que no contempla nada que frene sus ideas y sus proyectos”, dijo Sebastián Fajardo, trabajador y delegado del sindicato ATE. 

La Resolución 1240 emitida por el Gobierno echa de sus trabajos, bajo el eufemismo de «pase a disponibilidad», a 247 personas del INTA. Con base en la eliminación del Inase echa a ocho trabajadores; y en la transformación del INV, despide a otros 51. Los gremios anticiparon que harán una nueva presentación legal.

Mario Romero, secretario de la Asociación del Personal del INTA (Apinta), señaló, sobre lo ocurrido en el Senado: “Ni en el mejor escenario que nos habíamos planteado teníamos ese número de votos en rechazo al decreto del Presidente. Esto nos pone muy orgullosos por la valoración que se hace sobre la labor de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras del INTA en todo el país”. En relación a la posterior resolución del Gobierno, afirmó: “Cuando el Ejecutivo tiene una derrota en lo judicial o en lo legislativo, profundiza su postura y no analiza si es legal o ilegal. Se lleva por delante la institucionalidad, la división de poderes y la legislación”. 

Y subrayó: “Esta situación afecta a la salud mental y emocional de los trabajadores y de las trabajadoras. Cualquier cosa que le pase a algún trabajador del INTA de los que están en esa lista, será responsabilidad de Nicolás Bronzovich (actual presidente del organismo) porque él firmó esa resolución”.

Los trabajadores ingresaron el viernes 22 de agosto a las oficinas, ficharon y cumplieron sus tareas habituales. Sebastián Fajardo, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó: “Las medidas del Gobierno desconocen lo que definió el Congreso y la respuesta que hubo a la cautelar. La resolución no tiene validez porque está apoyada sobre un andamiaje que ya no existe debido a la caída del decreto 462. Vamos a seguir dando la pelea porque el Gobierno está flojo de papeles”.

Sobre la votación en el Congreso, consideró que hay “una coyuntura política en la que se está teniendo un comportamiento distinto al del año pasado en relación a la independencia de poderes, que se cruza con el cierre de listas” y señaló que se suma a “una gran tarea que hicimos los trabajadores y distintos sectores en defensa del INTA”. Destacó la presencia en las calles con protestas, en los medios de comunicación y en reuniones que mantuvieron con diputados y senadores.

Explicó que se mantienen en pie de lucha ante la nueva resolución. “Pasar a disponibilidad significa entrar en una bolsa general y, depende de la antigüedad que tengas, hay un mínimo de seis meses y un máximo de doce donde te pagan aproximadamente el 50 por ciento de tu salario. Es una ‘oportunidad’ para que consigas otro lugar en el Estado Nacional donde te acepten. Pero eso, por los antecedentes que hay por ejemplo en el Ministerio de Desarrollo Social, es imposible. Es una agonía hacia el despido”, describió. Él mismo, pese a ser delegado gremial, está incluido en los listados publicados junto con la resolución en el Boletín Oficial.

Para Fajardo, la nueva resolución “marca claramente la intención de desguazar al INTA”. Y marca el “sesgo ideológico” del listado: “Queda claro que todas las unidades que veníamos teniendo tareas con la agricultura familiar y con la agroecología quedan cerradas y con pase a disponibilidad”.

Ricardo Garzia, secretario adjunto de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y presidente del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (Cipaf), añadió que “el Cipaf, los institutos y la políticas de agricultura familiar son los más atacados”. Y adelantó que se reunirá con gremios y organismos para «transformar la crisis en un cambio de representación en la mesa directiva del INTA, para romper con las falacias con las que el Gobierno atacó al sector».

“El INTA estaba haciendo muy bien las cosas para el modelo agroexportador, así que el INTA que queremos salvar no es el que teníamos. Es uno que incluya al 100 por ciento de la ruralidad argentina, no para el asistencialismo sino para la producción, la dignidad y el arraigo”, adelantó.

Del Decreto 462 al Senado

El 7 de julio, mediante el decreto 462, el Gobierno había disuelto, entre otros organismos, el Inafci, el Inase y la Comisión Nacional de Semillas. Y ordenó la «transformación» del INTA y el INV.

Eliminó la autarquía que tuvo históricamente el INTA. Depositaba en un presidente designado por el Gobierno las decisiones respecto a bienes, patrimonio y acuerdos con organismos públicos y privados. Y delegaba en él la prerrogativa de proponer la estructura organizativa y determinar qué centros de investigación, estaciones experimentales, institutos de investigación y laboratorios eran necesarios para el cumplimiento de las funciones del Instituto.

También reemplazaba el Consejo Directivo, formado por cinco representantes del ámbito público y cinco del privado, por un Consejo Técnico de siete miembros elegidos por el Ejecutivo, cuatro de ellos en representación de los productores agropecuarios. El decreto había sido impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Javier Milei lo rubricó en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, que vencieron en julio pasado.

Tras la firma del Decreto 462, el Ejecutivo firmó otro (466) que nombraba a Nicolás Bronzovich como presidente, cargo que ya ocupaba desde octubre de 2024.

Sólo un mes después, la Cámara de Diputados rechazó el decreto que desguazaba al INTA. Sin embargo, el Gobierno aceleró el proceso de “transformación”. Con ese marco normativo aún vigente, el 12 de agosto, a través del Decreto 571, disolvió la Dirección Nacional del INTA. A través del Decreto 585 pasó a disponibilidad a los trabajadores de la Estación Experimental AMBA. Y firmó otro decreto, el 585, que eliminó cerca de 60 áreas. Entre ellas, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) de las regiones Pampeana, NOA y Patagonia. 

Las medidas de Bronzovich motivaron el accionar judicial de los sindicatos ATE y de Apinta. Presentaron una medida cautelar y la jueza del Juzgado Federal N°2 de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a la petición el miércoles 20 de agosto. Ordenó al Estado Nacional que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA”. Estableció el plazo de la medida por seis meses.

Tras la derogación en el Senado, Romero aclaró: “Los decretos 571 y 585 hacen referencia al 462. O sea que si se cae el 462, los otros también tendrían que caer. El lunes se tiene que hacer cargo el Director Nacional que estaba antes de la disolución de la Dirección y los consejeros nacionales del INTA que venían en representación de las entidades del campo, de las universidades y del Gobierno. El INTA tiene que volver a ser un organismo autárquico, con su fuente de financiamiento y su gobernanza”.