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Garrahan: con el corazón en la calle y en la salud pública

Una conmovedora y masiva marcha acompañó el reclamo del Hospital Garrahan, en crisis por decisión del gobierno de Milei que, al mismo tiempo, ataca a la salud pública, hiper endeuda al país, subsidia y financia todas las bicicletas financieras y fomenta la especulación con el dólar. La movilización partió del Garrahan, llegó a Congreso y de ahí a Plaza de Mayo, con el apoyo explícito de transeúntes, automovilistas y comerciantes a cada paso. Lo que dicen médicos, profesionales y pacientes de un hospital emblemático que atiende a todos los niños, niñas y adolescentes del país con patologías complejas. La teoría sobre el odio a los trabajadores públicos, los reclamos que apuntan a una canasta básica como mínimo, ante un gobierno que en lugar de intentar solucionar el problema tiende a empeorarlo, y sigue con la política de la motosierra, que por definición solo es capaz de amputar al sistema de salud, mientras en el hospital una señora era intervenida para donar parte de su hígado a un bebé de 5 meses. ¿Quién gana y quién pierde con lo que pasa en el Garrahan? El documento completo que se leyó durante el acto.
Por Francisco Pandolfi
Fotos Juan Valeiro
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Dentro del Hospital Garrahan, en la puerta del área de radiología hay un cartel que no debería estar ahí, pegado. O no debería estarlo en condiciones normales. “Buscado por vaciar al Garrahan”. Debajo se ve la foto de Mario Lugones, ministro de Salud, con una inscripción: “Quiere robarle la salud a las infancias para beneficiar su propio negocio”.
Esa imagen se repite por todo el establecimiento, junto a otros que informan sobre el paro de actividades que arrancó a las 7 de la mañana de este jueves y se extenderá hasta las 7 de mañana del viernes (se mantuvieron el servicio de guardia y la atención a pacientes internados) y convocan a la movilización que está empezando ahora mismo, cuando médicos y enfermeros y personal administrativo se alistan en la puerta para movilizar primero al Congreso, y desde ahí hacia Plaza de Mayo.

Otra de las cartulinas pegadas en los pasillos hace foco en los trabajadores: “Defendamos al Garrahan y a sus laburantes”. Uno de ellos es un médico anestesista que está de guardia y prefiere no dar su nombre. No va a marchar, pero baja a la puerta del hospital para bancar la resistencia colectiva. Trabaja aquí hace más de treinta años. Sintetiza la gravedad del problema: hay un equipo de seis perfusionistas que se encargan, en las operaciones y trasplantes de corazón (se hacen promedio dos por día) de mantener al corazón latiendo mientras se realiza la intervención. En los últimos meses tres de los seis profesionales, con más de quince años de trayectoria, renunciaron por los bajos salarios. “Si se va un perfusionista más, hay que cerrar el programa, porque es imposible se sostener”.
Esto (y tanto más) es lo que está en juego hoy en el Hospital Garrahan.

El odio al trabajador público
Arranca una movilización que cuadra a cuadra se volverá más masiva. Se canta “el hospi no se toca, el hospi no se toca”.
Se pregunta si el hospital está y la masa contesta que sí.
Se pregunta si los laburantes están y se contesta que sí.
Se pregunta si las familias de los pacientes están y se contesta que sí.
Y se pregunta si el sueldo está, y la respuesta es unánime: “Nooooo”, con esa o que se extiende en el aire y que da más fuerza a seguir cantando.
Mercedes Méndez, Meche, es licenciada en enfermería y trabaja en el hospital hace 31 años: “El desfinanciamiento viene desde hace un año y medio y las consecuencias son evidentes: muchos profesionales ya abandonaron el hospital. El gobierno es consciente de lo que está generando, porque para ellos la salud es un gasto y no una inversión. Va en la misma línea del ataque a los jubilados y a las personas con discapacidad”.
Agrega: “La salud y la educación pública siempre estuvieron al límite con todos los gobiernos, nunca estuvimos cómodos y siempre tuvimos que salir a luchar por nuestros derechos. Pero esta gestión vino a endurecer todo, con un odio de clase al extremo, que viene a decirnos que nos odia por ser trabajadores públicos. O sea no tiene lógica lo que hacen. Vienen por todo lo que quedaba y no se lo vamos a permitir, porque la salud pública debe seguir siendo un bastión a preservar”.
¿Qué está en riesgo hoy? Enumeran trabajadoras y trabajadoras del hospital:
- “Una red integral de atención que asiste a todos los niños, niñas y adolescentes del país con patologías complejas”.
- “La formación de profesionales que se capacitan en el Garrahan para asistir a pacientes pediátricos en todo el país, desde La Quiaca a Tierra del Fuego”.
- “Los avances tecnológicos en ciencias médicas que ayudan a disminuir la mortalidad y mejoran la calidad de vida de pacientes pediátricos con enfermedades graves”
- “Los avances científicos en medicina pediátrica que se realizan en la institución y se replican en numerosos centros de atención”.
Otro de los afiches muestra un corazón abrazado por dos manitos, y el lema “El pueblo abraza al Garrahan”. La frase parece haber presagiado lo correcto, lo que sucede, lo que está pasando en el camino que arranca en la puerta del Garrahan, sigue en avenida Entre Ríos hasta llegar al Congreso de la Nación. Y luego a Plaza de Mayo.

La pelea de Morena
Morena es una de los miles y miles de pacientes de todo el país que se atiende en el Garrahan. Tiene 11 años de edad. Vino a la marcha con su mamá Rosario y su abuela Noemí. Cuentan que en pandemia a Morena le dieron la vacuna Moderna contra el Covid y le provocó una enfermedad en la sangre: Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI). Dice Noemí: “La internaron en el Garrahan cuando tenía 3 mil plaquetas, y lo normal es 150 mil. Corrió peligro su vida”. Morena estuvo más de un mes internada y se sigue tratando actualmente. Dice Rosario: “Mucho tiempo debimos venir todos los días a control, ahora cada seis meses porque está mejorando”.
Completa su abuela Noemí: “Este gobierno busca matarnos en vida. No se entiende que se metan con quienes salvan la vida de bebés, niños y adolescentes, que son nuestros hijos, nietos y sobrinos. Siento asco, bronca y sobre todo impotencia, porque sólo pueden tomar estas decisiones quienes tienen una mentalidad asesina y el gobierno esto lo demuestra todos los días”.

El reclamo y las promesas falsas
Se va sumando gente al andar. Hay trabajadores que en la caminata entregan volantes a la gente que mira, que aplaude, que está atendiendo en sus negocios mientras la marea humana cada vez es más numerosa y ahora llega al Congreso de la Nación. Allí, a principios de julio, la Cámara de Diputados trató la emergencia para el Garrahan, pero la sesión se levantó por discusiones entre el bloque de La Libertad Avanza y el peronismo. Y la emergencia quedó sin tratar.
¿La emergencia? La recomposición salarial del 100%; que el sueldo base para cualquier ingresante sea el que determina la canasta básica familiar: un millón ochocientos mil pesos; y el aumento presupuestario del hospital.
Las y los trabajadores del Garrahan comenzaron con el reclamo por la recomposición salarial hace más de un año. Le prometieron un bono y tampoco lo cumplieron. Llevan 14 paros y no sólo no fueron escuchados por el gobierno nacional sino que la situación empeoró: el gobierno difundió el 2 de julio un reglamento que degrada las condiciones laborales de los residentes en hospitales nacionales al buscar convertirlos en “becarios”, detrimento a la formación a largo plazo. (https://lavaca.org/actualidad/otro-ataque-a-la-salud-publica-y-al-garrahan-las-movilizaciones-que-se-vienen/)

El símbolo de la crueldad
Eliana lleva un cartel que dice “la salud pública es salud socioambiental”.
Eliana trabaja como administrativa del hospital hace 12 años y en la actualidad está en el área de servicio social. Dice que hoy el Garrahan es un símbolo de lucha, compromiso, amor, de igualdad por atender a todo tipo de paciente, pero también de la crueldad: “Están poniendo en peligro la salud de los niños, niñas y adolescentes no solo de nuestro hospital sino de todo el país y de Latinoamérica. Los tratamientos están en peligro, las formas de atención, los médicos que se van imposible de recuperar en sus saberes”.
Eliana cuenta la supervivencia en números concretos: “La pérdida salarial es casi del 100% desde noviembre del 2023 a la actualidad. En este último año nuestro aumento fue menor al 3%. Yo cobro 800 mil pesos con más de 10 años de antigüedad. Hicimos una cuenta con otros trabajadores del Garrahan y descontando alquiler y el resto de los impuestos, nos quedan 4.415 pesos por día para vivir. Con eso tenemos que comer, comprar un remedio, sostener a tus hijos. O sea, vivir así es imposible”.

Si el Garrahan gana
La marcha ahora llega a Plaza de Mayo y un océano de gente inunda las calles porteñas. Adelante solo se ven miles de cuerpos. Atrás, también. Están todos los sectores de la salud pública a nivel nacional, además de varios gremios, un grupo de sindicatos de la CGT, las dos CTA, y muchísimas organizaciones barriales, estudiantiles, culturales y sociales: desde la actriz Mirta Busnelli, el dirigente Ricardo Alfonsín y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. No hay un policía y no hay disturbios, lo que evidencia un signo de estos tiempos: «Cuando la movilización es multitudinaria, no hay protocolo que valga», dicen desde la cabecera. Mientras la ciudad de Buenos Aires es el epicentro de esta movilización, profesionales de la salud realizan cortes, paros y marchas en todo el país en reclamo de los recortes presupuestarios en todos los hospitales de Argentina.
Desde la cabecera de la marcha –que lleva una bandera con el lema “Por el Garrahan, la salud pública y todas las luchas”, dicen: «Si el Garrahan gana, gana la clase trabajadora. Si el Garrahan gana, Milei tiene un problema».
Termina la marcha en Plaza de Mayo.
Mientras tanto, en el Hospital Garrahan una señora está siendo intervenida quirúrgicamente. Le está donando parte de su hígado a un bebé de 5 meses en el Hospital de Pediatría de mayor complejidad de Latinoamérica.

Reproducimos el documento completo que se leyó en la marcha.
Compañeros y compañeras, familias, trabajadores, trabajadoras, estudiantes,
jubilados: “Gracias por estar hoy llenando esta plaza”, abrazando esta lucha que no es
sólo nuestra, sino de todo un país.
Esta enorme movilización llega a la Plaza de Mayo para decirle bien fuerte al gobierno
de Milei: ¡no al vaciamiento del Hospital Garrahan! ¡Basta de ajuste a la salud pública!
¡Recomposición salarial ya para sus trabajadores y trabajadoras!
Queremos destacar que esta tarde no estamos solos en Plaza de Mayo: se está
desarrollando una verdadera jornada nacional, con acciones en todos los rincones del
país.
La asamblea de trabajadoras y trabajadores del Garrahan, que agrupa a todas las
profesiones y oficios que sostienen el funcionamiento hospitalario, y es impulsada por
los sindicatos combativos de la institución (Junta Interna de ATE y la Asociación de
Profesionales y Técnicos) y el colectivo de trabajadores autoconvocados, resolvió esta
movilización como parte de su plan de lucha. Sin embargo, la jornada fue rápidamente
abrazada por un colectivo mucho más amplio que el interior del Garrahan: se hizo
bandera del pueblo argentino, empezando por las propias familias que atienden a sus
niños, niñas y adolescentes en el hospital. A la vez por diversas organizaciones
sindicales, sociales, políticas y de DDHH; también, por ciudadanos y ciudadanas de a
pie, que han venido a sumar su cuerpo y su voz, y poner un límite a la destrucción.
La pelea de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan es causa nacional por
muchos motivos. En primer lugar, porque plantean un reclamo elemental: que nadie en
el hospital debería ganar menos que el costo de la canasta familiar ($1.800.000).
¡Basta de trabajadores bajo la línea de pobreza!
Mediante la intervención institucional y el estrangulamiento financiero disfrazado de
austeridad, el gobierno ataca al hospital, vaciándose su recurso humano,
abandonando su infraestructura y generando condiciones laborales insostenibles para
sus trabajadores. Estamos atravesando una crisis grave, persistente y cada vez más
profunda que ha dañado y amenaza con destruir el rol del Hospital como centro de
referencia para la salud pública de alta complejidad. Hay que destacar que el
Garrahan es protagonista insustituible en la red pediátrica nacional.
Por eso, hoy decimos con fuerza en esta Plaza de Mayo: “El Hospital Garrahan no se
toca”
Ante este conflicto, la actitud destructiva del gobierno y sus tentáculos que infiltran la
cúpula directiva del hospital ha sido desinformar y mentir a la población. Al mismo
tiempo, difamar, agredir y amenazar a sus trabajadores. Nos han acusado de ñoquis;
mintieron sobre la composición de todo el plantel; engañaron sobre el presupuesto que
viene recortando al hospital; tildaron de “ideológicos” a comités de trabajo
interdisciplinarios y al conflicto de generado por intereses ajenos al hospital, cuando en
realidad está sostenido por asambleas abiertas y masivas de trabajadores.
¿Por qué mienten? Tal vez porque no soportan ver que una institución pública pueda
ser sinónimo de excelencia y humanidad. Porque les incomoda que exista un hospital
que demuestra todos los días con intervenciones quirúrgicas innovadoras,
tratamientos de vanguardia y un equipo de salud que está comprometido con la
institución que lo colectivo funciona y que el cuidado de las infancias y adolescencias
de la Argentina no se rige por las lógicas del mercado.
Ahora, Lugones y Milei redoblan la apuesta al nombrar un interventor como Director
Médico. Pirozzo no tiene antecedente alguno en pediatría, y sólo es designado por su
trayectoria como vaciador del Sommer y del Bonaparte, hospitales en los que ejecutó
despidos masivos.
Pero si el gobierno redobla la apuesta, nosotros aquí movilizados también lo hacemos.
Le recordamos al gobierno que en el Garrahan hay una larga historia de lucha por
salario, condiciones de trabajo y, en definitiva, su defensa, más allá del poder de turno.
Esta plaza colmada es un mensaje contundente al gobierno de Milei y al empresario
Lugones: este pueblo no va a permitir que se lleven puesto al principal hospital
pediátrico del país y a la salud pública sin pelear. Con los métodos que venimos
empleando -asambleas, paros, movilizaciones- insistiremos en que el gobierno dé
respuesta a nuestros reclamos y exigiremos la aprobación de cualquier ley que sea
favorable a ellos, como la ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, que ya ha obtenido
dictamen en comisiones para ser tratada y esperamos sea apoyada masivamente por
legisladores de todo el país.
Resulta claro que la agresión al Garrahan forma parte de un ataque a la salud pública.
El sistema de residencias se ha mostrado en el mundo y en la Argentina como la mejor
forma de capacitación de posgrado. Los residentes son parte esencial del sistema y
del equipo de salud y constituyen la garantía de su funcionamiento futuro. La reforma
intempestiva e inconsulta del empresario Lugones al sistema de residencias
nacionales expresada en la resolución 2109 debilita la formación, precariza
condiciones laborales y rompe un sistema probado, justo y eficaz. Expresamos nuestro
más enérgico rechazo a esta reforma y reivindicamos la organización y lucha de los
residentes que deben contar con salarios y condiciones laborales dignas en todas las
jurisdicciones del país. ¡Basta de precarización, pobreza y aprietes! ¡Sin residentes no
hay hospital!
El propósito de desmantelar toda responsabilidad del Estado nacional respecto de la
salud pública se completa con los despidos a mansalva en instituciones fundamentales
de nuestro sistema sanitario. Repudiamos los despidos en los hospitales Posadas,
Sommer y Bonaparte durante este 2025 y seguimos exigiendo la reincorporación de
todos. Repudiamos, también, la reciente creación de la ANES (Administración
Nacional de Establecimientos de Salud), cuyo único propósito es profundizar los
recortes. Antes, hubo despidos en el Ministerio y se desmantelaron las Coordinaciones
Nacionales de TBC, Lepra, Hepatitis y HIV. También se cerró el Instituto Nacional del
Cáncer y se desfinancian el Clínicas, el Roffo y en general los hospitales universitarios.
Estas políticas debilitan las posibilidades de diagnóstico, prevención y tratamiento. Así,
se dañan las vidas de nuestro pueblo. La reciente pérdida de Araceli Julio pone en el
centro de la escena el accionar irresponsable de este gobierno, pues ella fue una de
tantas personas que tuvo que luchar contra los recortes en el dispendio de medicación
oncológica por parte de la DADSE.
Trabajadores en distintas jurisdicciones, provincias y municipios del país, desde
Ushuaia a La Quiaca, enfrentan las medidas de ajuste en el Sistema Público de Salud.
Hoy mismo, junto a esta enorme marcha, hay movilización en Rosario, paro en
Chubut, paro y movilización en Neuquén y La Rioja, acto en el Hospital Central de
Mendoza y asambleas en Chaco y todos los hospitales de Río Negro.
Nos dicen que “no hay plata”, mientras el gobierno acaba de destinar 4200 millones de
dólares al pago de deuda externa. ¡La salud pública necesita recursos ya!
Como si todo esto fuera poco, tenemos el ajuste brutal en discapacidad, que afecta en
forma generalizada a las personas en esa condición y a los trabajadores de salud que
se desempeñan en el área. Exigimos la inmediata implementación de la ley
recientemente sancionada.
Desde esta plaza decimos: que se vaya el empresario Mario Lugones. Que renuncie
ya. ¡La salud y la vida no son mercancías!
Evidentemente, lo que ocurre con el Garrahan en particular y la salud pública en
general tiene el mismo origen que tantos otros padecimientos que está sufriendo
nuestro pueblo. El vaciamiento planificado también afecta a la educación y al sistema
científico-tecnológico. Lo mismo ocurre con el teatro independiente y la cultura en
general. La destrucción salarial corre a la par de la miseria jubilatoria. Los despidos en
el estado se emparentan con la desocupación creciente en el sector privado. La
crueldad contra usuarios del sistema de salud va de la mano con el recorte de
alimentos en los comedores populares. Por eso, no es casual que en esta plaza
estemos juntos trabajadores y trabajadoras del Garrahan y decenas de hospitales de
todas las jurisdicciones; residentes de la nación, la CABA y la Provincia de Buenos
Aires; trabajadores de organismos fundamentales del Estado afectados por fusiones y
cierres; trabajadores que enfrentan despidos en distintos sectores de la industria;
jubilados que se plantan todos los miércoles y nos convocan especialmente a movilizar
el próximo 23 de julio; docentes y estudiantes que pelean por la educación pública;
organizaciones sociales y piqueteras que resisten en los barrios.
Hoy 17 de julio y desde esta plaza, decimos con fuerza: el Garrahan nos necesita. Nos
necesita defendiendo cada puesto de trabajo, cada área, cada servicio. Porque
cuando atacan al equipo de salud, no atacan a individuos; atacan a un entramado que
recibe, cuida, diagnostica, cura y acompaña a quienes llegan desde todos los rincones
del país.
Hoy, la salud de nuestras infancias y adolescencias está en riesgo. Duele decirlo, pero
es urgente hacerlo. Lo que está pasando atenta directamente contra un sistema de
salud pública e integral que se está desmantelando frente a nuestros ojos. Es por todo
esto que no podemos naturalizar la indiferencia, aceptar la violencia como forma de
gobierno, ni permitir que nos arrebaten los derechos que nos pertenecen.
Necesitamos darle continuidad a esta potente convocatoria con un paro activo
nacional, una enorme y superior Marcha Federal y un verdadero plan de lucha. Las
centrales obreras -en especial la CGT- tienen esa responsabilidad. Sin embargo, no
nos vamos a quedar cruzados de brazos y así cómo construimos desde abajo, con
asambleas, Cabildo Abierto y articulaciones de distinto tipo esta Plaza por el Garrahan,
la salud pública y todas las luchas, vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros para
garantizar la continuidad de este 17 de julio, más masivo, más contundente y con el
mismo compromiso.
Viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan
Porque nuestras chicas y chicos no son un gasto, son el futuro.
Defendamos la salud pública.
Defendamos a las infancias.
La salud no se negocia.
La dignidad no se entrega
El Garrahan no se toca.
Por el Garrahan, la salud pública y todas las luchas
Actualidad
Pegarle al mensajero

La marcha de jubilados de este miércoles se transformó en la verificación de la política oficial de atacar al periodismo, sin razón, fuera de lugar y sin otra necesidad que la de demostrar que la frase “no odiamos lo suficiente al periodismo” no se queda en los tuits. En la foto, Rodrigo Abd, de AP, tras ser atacado por el violento chorro de un camión hidrante por el que terminó en el hospital. Al mismo tiempo Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario y el de emergencia sanitaria, que incluye al hospital Garrahan, aunque todo avance de este tipo será seguramente sometido a vetos. Lo que expresa la calle, hasta con pompas de jabón respondidas con golpes, provocaciones policiales y disparos de proyectiles con gas pimienta.
Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi
Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org
Nicolás Suárez tiene una cámara de fotos en sus manos. Es reportero del diario La Nación, entre otros medios. Está parado en la esquina de Rivadavia y Paraná, donde también hay una fila de oficiales de la Policía de la Ciudad. Y un camión hidrante. “Estaba frente a los escudos y un policía empezó a empujarnos y luego vació el tarro de gas de frente a mis ojos. A otros compañeros les pasó lo mismo. Fue un ataque a la prensa directo”.
Nicolás tiene 37 años: “Hoy fue muy claro el direccionamiento hacia la prensa. Los que quedábamos en esa esquina éramos todos reporteros gráficos. Empezaron a mojar con el hidrante, sin ningún tipo de sentido, nadie estaba haciendo absolutamente nada malo. Yo estaba en la vereda cuando un policía me empezó a empujar con el escudo, le pregunté por qué me estaba empujando y al rato fue el mismo que me tiró directo a los ojos”.
El fotógrafo Rodrigo Abd (AP) recibió el impacto del chorro de agua del hidrante en la cabeza, que lo derribó al piso. Tenía la máscara antigás puesta, uno de los tantos artefactos con los que los periodistas tenemos que trabajar hoy en la calle frente a la represión. Ni siquiera eso sirvió. “Estoy mareado”, le dijo a los profesionales de salud cuando lo socorrieron. Terminó en el hospital.

Rodrigo Abd señala el lugar en el que le golpeó el violento chorro del camión hidrante antidisturbios, que le arrancó su máscara antigás y lo tiró al piso. Lo obvio: no había disturbio alguno, solo violencia gubernamental sobre la prensa.
Al cronista de Crónica TV, Emanuel Herrera, le rompieron el micrófono del móvil y terminó reporteando desde el teléfono. Diego Gómez también fue gaseado. Ya en abril había sido atropellado por un policía motorizado.

Diego Gómez.
Agustín Lecchi es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Dice a lavaca: “Una vez más las y los trabajadores de prensa fuimos víctimas de la represión en la cobertura de las marchas de jubilados frente al Congreso y hoy volvemos a ratificar, en este caso y por segundo miércoles consecutivo que la Policía de la Ciudad, no solamente las fuerzas federales que dependen del gobierno nacional y Patricia Bullrich, ataca específicamente con una saña particular a quienes están garantizando una cobertura periodística y esto es porque no quieren que mostremos lo que está sucediendo, no quieren que se visibilice la protesta y quieren generar miedo y atemorizar a toda la sociedad para que no se multipliquen las protestas. Nosotros desde el SiPreBA así como lo han hecho otras organizaciones como Periodistas Argentinas hemos presentado amparos y hecho denuncias internacionales, y no podemos ni debemos naturalizar esta represión a la prensa ni a la protesta. El trabajo que ejercemos es fundamental para mostrar la movilización de quienes son atacados por un gobierno que baja retenciones a grandes dueños del campo e impuestos a empresarios, y al mismo tiempo veta el aumento de jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad».
Todo lo ocurrido este miércoles sucedió un día después de otro exhibicionismo, a través de la patética prepotencia policial ejercida el martes contra familiares y personas con discapacidad.

Afuera y adentro del Congreso
La marcha de cada semana de jubiladas y jubilados coincidió este miércoles con una sesión maratónica del Congreso donde la oposición logró el quórum para buscar la aprobación de proyectos incómodos para el gobierno de Javier Milei, que viene de vetar el aumento del 7,2% a las jubilaciones, la moratoria previsional y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras la Policía de la Ciudad reprimía a jubilados y trabajadores de prensa como la semana pasada, la Cámara de Diputados, completamente vallada, discutía el financiamiento al Hospital Garrahan y a las universidades. Este último proyecto de ley logró la media sanción con 158 votos afirmativos.
En la calle todo era pacífico. La mayor curiosidad fue una de las manifestantes que lanzaba pompas de jabón a los policías blindados.

Pompas de jabón vs golpes y gas pimienta de policías blindados: el objetivo policial en estos actos según fue visible todo este año es el de generar violencia. Los autos, además, no pudieron circular por los cortes de calle efectuados por la propia policía, como pasa todas las semanas, lo que desmiente la teoría del «protocolo».
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue de otro tipo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reportó al menos 25 personas heridas por la brutalidad policial. Denunció que el cuerpo de infantería avanzó disparando proyectiles de Byrna (los balines con pimienta en su interior), “lanzando gas pimienta a mansalva y agua con productos químicos”. El organismo volvió a describir el despliegue como “desproporcionado e irracional” y que el tránsito –supuesto objetivo del Protocolo Antipiquetes– se vio interrumpido por los propios cordones policiales.

La concentración de este miércoles estuvo marcada por la presencia de muchas otros reclamos además del de jubiladas y jubilados: trabajadores del sector público contra el desguace y desfinanciamiento (INTA, INTI, hospital Garrahan, Vialidad Nacional, Comisión Nacional de Energía Atómica), o la gráfica Morvillo, que a inicios de este año cerró sus puertas. Hubo un actor que hoy no estuvo, a diferencia de todos los miércoles anteriores: los trabajadores de la Empresa Secco despedidos desde el año pasado y que esta mañana fueron reprimidos por la Policía Federal.
Al Congreso también llegó Silvina, desde Trelew (Chubut), viajando más de 1.300 kilómetros con su nieta Ambar, de 7 años, que tiene parálisis cerebral. Vienen cada cuatro meses para atenderse en el Garrahan. Por eso, dice Silvina, esta situación las afecta doblemente: el desfinanciamiento en discapacidad y al hospital de referencia en pediatría. “Si no tuviéramos la obra social, no podríamos estar costeando nada”, explica. “No hay trabajo, no hay salud, no está dejando sin nada. ¿Qué les diría a los diputados? Que voten a favor del pueblo”.

El papel de Milei
Ricardo tiene 88 años y está sentado en su andador ortopédico. Dice: “Estoy convencido que están ejecutando un plan sistemático, maquiavélico, tendiente a eliminar viejos”. Hace una pausa sutil, y agrega: “No tengo la menor duda de que es así, porque cuando vos le negás a un enfermo oncológico su medicina, y al resto de los jubilados los remedios, es condenarnos a morir. Lo que hace Milei cuando veta nuestro aumento, es desempeñar un papel, una obra de teatro que es de terror. Es un miserable, un energúmeno al servicio de Estados Unidos. Esta situación es insostenible”.

La situación a la que alude Ricardo sumó un nuevo capítulo el lunes pasado, cuando el gobierno nacional vetó el aumento de 7.2% de las jubilaciones, el retorno de la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad. Al ratificarse el veto, el aumento de agosto para las y los jubilados fue del 1,62%, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51 en lugar de los 441.600 que establecía la ley. Tras el veto, al Poder Ejecutivo le alcanzará con un tercio de sólo una de las cámaras del Congreso para bloquear cualquier intento de confirmación de las leyes.

Calentando motores
Amanda tiene 86 años y varios carteles: “Fuerza Pablo. Justicia”, “Con los chicos no”, “Nunca más. 30000”. También un guardapolvo blanco escrito a mano donde resalta toda una declaración de principios: “Soy barra, ¡ojo! Y patotera”. Es vecina del Congreso y cuenta que viene porque no puede estar en casa los miércoles: “Me siento impotente ante tanta crueldad, mentira y falsedad. No puedo estar sola en casa. Por eso, vengo”. Amanda mira a su alrededor y se emociona al ver trabajadores universitarios, estatales, del Garrahan, del INTI: “Ojalá no abandonemos nunca la lucha. Ustedes, jóvenes, no la abandonen”.

En la radio abierta que realiza cada miércoles la mesa de todas las organizaciones de jubilados piden “por una gran movilización unificada”, le exigen a la CGT “un paro general que rompa la tregua que tiene con el gobierno” y marcan un camino: “Hay que ir calentando motores. Si confirman el veto en el Congreso, cientos de miles saldremos a la calle, en un gran paro general y una masiva movilización”, imaginan.
Al lado de donde se establece la radio, con decenas de oradores, hay una señora que se pasa gran parte de la concentración tocando un silbato mientras ygolpea un palito de madera contra una lata de arvejas vacía. Lleva colgado un cartel; “Jubilada de la mínima por un aumento real. No nos mientan más”. La señora se llama Silvia, tiene 69 años y vive en Ensenada. Es hipertensa y le sacaron dos remedios que recibía de forma gratuita. “Tengo mucha bronca. Venía de chiquita a esta plaza a darle de comer a las palomas y ahora tengo que venir acá, con mi edad y mis piernas que ya no dan más, a estar parada peleando por lo que no nos dan. Trabajé toda mi vida y lo que recibimos del presidente son risas en nuestra cara. Comemos mal, dormimos mal, vivimos mal, no es justo pasar así nuestra vejez”.

Cuenta que su papá era un obrero de la construcción y que le dejó una frase como legado: “Un país sin construcción no tiene futuro”.
Mientras habla, la columna de las y los trabajadores de Vialidad Nacional se hace cada vez más grande, con personas que vinieron de muchísimas provincias del país como Chubut, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, Corrientes, Neuquén, Entre Ríos, Formosa, por nombrar algunas.
Remata Silvia, con un análisis socioeconómico y un presagio de lo que vendrá: “La plata está mal repartida, nos sobraría porque somos un país rico, pero la guita se va en los poderosos de turno. Nunca vivimos así; el aumento que nos vetaron ni siquiera se acerca a lo que deberíamos cobrar por la canasta básica pero está se va a terminar. Esto irá creciendo cada vez más, porque día a día habrá más y más desempleados, que se venían salvando y mañana van a estar acá”.

Actualidad
Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».
Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.
Por Tiempo Argentino
Fotos: Antonio Becerra.
En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.
“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.
“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Represión como respuesta
La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.
“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal
La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.
El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.
Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

Actualidad
El tren fantasma: paro por otro trabajador del subte muerto por el asbesto

Un paro este lunes 4 de agosto será la primera respuesta de los metrodelegados ante el fallecimiento de Walter Berhovet, la quinta muerte sufrida por los trabajadores como consecuencia de la exposición al asbesto (o amianto) presente en vagones comprados a países como España durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. Walter falleció tras un cáncer de pulmón. Además de los cinco fallecidos hay actualmente 114 afectados, cuatro con cáncer, y 2.179 bajo control médico. Cada uno, bajo la angustia de no poder saber si la enfermedad se desencadenará también en su caso.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) informó que el paro del lunes abarcará a todas las líneas de subte y premetro, de 13 a 15, en repudio al fallecimiento, por cáncer de pulmón, de Walter Berhovet, uno de los trabajadores que se vio letalmente afectado por la exposición al asbesto presente en determinados vagones de los trenes subterráneos.

La situación de Walter y los demás trabajadores ha sido monitoreada y confirmada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Los metrodelegados plantean: “La muerte de nuestro compañero nos llena de tristeza e indignación porque pudo haberse evitado: el asbesto está prohibido en Argentina desde el año 2003. A pesar de ello, durante muchos años trabajamos sin ser informados de la presencia de asbesto en nuestro ámbito laboral″.
Agrega el documento gremial: “La empresa y las autoridades lo negaron hasta que nuestro sindicato demostró que los trenes CAF 5000 contenían ese mineral cancerígeno usado como aislante” y que más tarde “se comprobaría su presencia en otras flotas e instalaciones de la red”.

Los metrodelegados explican: “A las autoridades, que miran para otro lado, les exigimos máxima celeridad en los procesos para garantizar el urgente cambio de las flotas que contienen asbesto. Necesitamos que se aceleren las tareas de descontaminación en base a un plan integral de desasbestización” y reclaman que todas las personas que trabajan en ese ámbito deben ser puestas bajo vigilancia médica”.
Aquí, una de las investigaciones previas realizadas por lavaca y la revista MU con respecto a este tema.
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