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Más pobreza, más presos: creció un 9% la cantidad de detenidos de entre 18 y 21 años en 2024

Un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional sobre el primer semestre de 2024 muestra que las cárceles federales están rebalsadas y casi la mitad de la gente presa no tiene sentencia firme. El aumento en las detenciones de jóvenes de entre 18 y 21 años es del 9%. El análisis del fiscal Gustavo Gómez sobre la investigación, mientras hay insólitas prisiones domiciliarias a narcos. El deterioro de la Justicia, propuestas para transformarla, y lo que se trata de ocultar. El informe completo.
Por Francisco Pandolfi
1) La población presa creció un 2,7% (11.612 personas en total).
2) La sobrepoblación en las cárceles federales es del 6,2%: 680 personas por encima de su capacidad.
3) La cantidad de jóvenes entre 18 a 21 años aumentó un 9% y más de la mitad está presa sin condena (57.9%).
4) el 47% de los presos tiene prisión preventiva, sin sentencia firme.
Estos puntos que reflejan cifras y estas cifras que representan personas son algunos de los ejes que denuncia el documento publicado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) sobre las cárceles federales. Los datos relevados entre enero y junio de 2024 corresponden a personas detenidas en unidades y complejos del Servicio Penitenciario Federal, por lo que no abarca al universo de cárceles provinciales y comisarías. Ni a una importante cantidad de presos federales alojados en comisarías y cárceles provinciales porque el SPF no tiene lugar para alojarlos.
Gustavo Gómez, actualmente Fiscal General ante la Cámara General de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, plantea a lavaca su mirada sobre el aumento de la cantidad de menores de 21 años detenidos. Un breve mapa sociológico de la actualidad:
“Si uno hace un vínculo directo entre los hechos ilícitos y la pobreza; o los grados de miseria que tenemos en nuestra sociedad, con las dificultades que hay para ofrecer escuelas y un sistema educativo integral; mientras sigan aumentando los índices de pobreza paralelamente aumentará la cantidad de delitos en jóvenes. No se les ofrecen otras posibilidades y vienen heredando el estado de miseria de varias generaciones para atrás, así que cuanto más pobreza tengamos en los índices, más jóvenes presos habrá. En los hechos delictuales es en el único lugar que ven un posible ascenso social, que antes lo daban el trabajo y la educación”.

Amontonamiento sin sentido
Gómez investiga desde hace décadas delitos vinculados al narcotráfico, a la corrupción, a los deterioros ambientales.
¿Cómo se vislumbra la situación hacia adelante a partir del informe?
–El Poder Ejecutivo deberá construir o alquilar más edificios si proyecta tener presos desde los 13 años– responde.
No le escapa a la opinión sobre la idea de bajar la edad de imputabilidad: “Nuestra Constitución Nacional dice claramente que las cárceles no son para castigo, entonces les tenemos que dar la finalidad que merece. El Estado definitivamente tiene que hacerse cargo de aquellos menores que cometen delitos para darles un tratamiento de reeducación, pero hoy se tienen herramientas vetustas que no se ajustan a la realidad, son inaplicables. Si yo voy a bajar la edad de imputabilidad y no tengo un lugar para alojarlos para ese proceso de recuperación que ordena el artículo 18 de la Constitución, será otra vez una ley que sólo amontonará gente en comisarías y en celdas sin ningún sentido”.
Narcos con domiciliaria
Gustavo Gómez (su primer nombre es Antonio pero prefiere evitarlo) es fiscal federal desde septiembre de 1990, cuando fue nombrado en la fiscalía de Rawson, Chubut. Allí, en su Patagonia natal (Puerto Deseado, Santa Cruz), permaneció hasta ser designado Fiscal General ante la Cámara General de Tucumán, nada menos que el 19 de diciembre de 2001. “Mi decreto lo firmó De la Rúa antes de irse”, recuerda sobre aquellas horas funestas para el país.
Hoy, 23 años después y ante la consulta de lavaca, agrega sobre los datos del informe de la Procuvin: “Algo obvio es que tenemos un serio problema en materia de construcción de cárceles, porque en este semestre hemos pasado el máximo de detenidos”. A mediados de diciembre el cupo del Servicio Penitenciario Federal (10.932 personas) rebalsó.

Plantea una solución: “No todo pasa por construir cárceles; de hecho, hay soluciones alternativas que son más baratas. Por ejemplo, el alquiler o la compra de hoteles en desuso, donde se aloje a los presos que estén en la etapa final de sus penas y no se van a fugar. Con cárceles de mínima seguridad, pero con controles, descomprimís a todo el sistema carcelario”.
Cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo: “La alternativa es mucho más insólita, porque tenemos personas acusadas de tráfico de estupefacientes alojadas en su casa con prisión domiciliaria, donde la capacidad que tiene el Estado para controlar es muy reducida al depender de las tobilleras, de la línea telefónica y de un policía que pase cada tanto por el domicilio de esa persona”.
Justicia sin jueces
¿Qué hay detrás del aumento en la cantidad de presas y presos?
–El sistema penal de administración de la Justicia Federal en Argentina está en retroceso, en una crisis muy fuerte, muy severa. Una gran cantidad de causas están prescribiendo o se hacen juicios abreviados por penas menores porque no hay espacio para tener a los detenidos, porque directamente no hay ni siquiera jueces para hacer los juicios orales. Un ejemplo concreto: en Tucumán tenemos tres vacantes de jueces del tribunal oral federal, entonces cada vez que hacemos un juicio debemos andar pidiendo prestados jueces y fiscales a Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y a otras provincias, magistrados que a su vez atienden sus carteras propias. Ningún sistema de administración de Justicia penal puede funcionar con más del 30% de vacantes en la Magistratura”.
¿Esto significa que si el sistema funcionara bien, habría muchas más detenciones?
–Seguro, no tengo dudas. Otro de los puntos importantes del informe y que muestra el fracaso del sistema de administración de Justicia penal es que casi la mitad de los presos (47%) en el Sistema Penitenciario Federal están sin sentencia firme, no están condenados, sino con prisiones preventivas.

Tres propuestas
El fiscal acompaña el análisis de los datos duros con propuestas concretas para revertirlos. Tres ideas, como para empezar a hablar:
1) El paso a un sistema acusatorio. “Es urgente: a los jueces se les quita el poder de investigar las causas y se le otorga a los fiscales para tener la posibilidad de decir qué causas penales investigar y cuáles no, evitando así un dispendio de recursos económicos y concentrarse en los casos verdaderamente importantes. Hoy Argentina está dividida en dos: Salta, Jujuy y la jurisdicción federal de Rosario aplican un sistema procesal, el acusatorio. El resto del país el otro, que tiene más de 30 años”.
2) La modernización del sistema penitenciario. “Para que no esté concentrado en los barrotes y no haya una gran cantidad de policías abocados a custodiar las prisiones domiciliarias o en las superpobladas comisarías”.
3) Orientar la política criminal. “Para que la administren los fiscales y no como ahora, que queda en manos del Poder Ejecutivo”.
Lo que se tapa
Cuando se le pregunta por el indicador que más lo perturba pensando a futuro, primero ríe, y luego sorprende: “Te va a parecer curioso, pero lo que más me preocupa no está en ese informe. Son los datos de las cárceles provinciales, que están ocultos”. Sobre las cárceles provinciales, vale como muestra la foto de portada que publicamos, en la que se ve la situación en Rosario mientras las autoridades policiales intentaban imitar el estilo aplicado en El Salvador por Nayib Bukele.
¿Por qué es más preocupante la situación en las provincias?
–Por la gravedad institucional que significan esos datos. Lo más grave en nuestro país y en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre hace hincapié, es en la situación de las cárceles provinciales, pero desde el Ministerio de Seguridad de la Nación no se difunde una evaluación estadística integral que incluya a todas las provincias. Si es que existe. Las cárceles están recontra superpobladas y las fotografías que nos mandan son horrorosas. En muchas comisarías ni siquiera les dan abrigo. Ni siquiera les dan comida suficiente. Todo depende de lo que les traigan los familiares”.
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Jubilados: el triunfo es seguir

El Congreso de la Nación convirtió en ley el primer triunfo social que se logró al sostener en la calle, todos los miércoles y durante casi dos años, un reclamo que ni los gases ni los palos ni las detenciones arbitrarias pudieron desalentar.
Lo que deriva, ahora, es también el primer gran desafío político para un gobierno agobiado por la debilidad de su plan económico –debilidad que ahora quiere atribuir a esta decisión legislativa– y desgastado por una retórica abusiva que lo está dejando sin aliados y rodeado únicamente por aduladores, odiadores y especuladores.
La aprobación de un aumento de las jubilaciones del 7,2%, un incremento del bono de 70.000 a 110.000 y la extensión de la moratoria extinguida por decreto fue suficiente para que, además, comenzaran los reproches públicos de la interna oficialista, que tuvieron a la gran perdedora de esta pulseada –la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich– como vocera.
La estrategia de la ministra de sofocar con palos y criminalización el reclamo social dejó ayer en evidencia su fracaso, tal como había sucedido en su anterior gestión al frente de esa cartera en tiempos de Mauricio Macri presidente.
Lejos de aprender la lección, la repitió cosechando idéntico resultado. Lo sintetiza Beatriz Blanco, 81 años, la jubilada golpeada, tumbada y gaseada durante una la jornada de protesta del 12 de marzo (en la que también fue atacado el fotógrafo Pablo Grillo que continúa su arduo proceso de rehabilitación): “Si no aflojamos, lo logramos: esa es la lección de hoy”.
Beatriz no está confiada ni esperanzada: “Estoy decidida”, dice para definir qué espera en los próximos días, cuando se defina si el Congreso apoya o desactiva el anunciado veto del presidente Milei.
Esa decisión que define el estado de ánimo de Beatriz tiene un por qué: “ya no estamos tan solos y eso nos permite creer en nosotros. Nuestra fuerza es seguir”.
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La independencia de los jubilados

Hubo marcha alrededor del Congreso vigilada por 26 vehículos de Gendarmería y Policía Federal como anticipo de las movilizaciones convocadas para la semana próxima. Sin embargo fue un 9 de Julio sin violencia contra quienes manifiestan, mientras lavaca planteaba una pregunta a jubiladas y jubilados: ¿De qué hay que independizarse?
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos: lavaca.org
“Tengo 48 años de aportes y no llego a 500 mil pesos de jubilación. No puede ser que ni siquiera tenga para un gustito de comprarme un dulce de batata” dice a lavaca Hugo, 74 años, mientras marcha alrededor del Congreso. Tiene una barba blanquísima que le envidiaría Papá Noel. Vino desde Villa Domímico. Su síntesis para un 9 de Julio: “De lo que tenemos que independizarnos es de este gobierno, que no da para más”.

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamó la Independencia de estas tierras. Ese día, las manifestaciones populares se concentraron en los alrededores de la Casa de Tucumán, coreando el grito de «Viva la Patria».
209 años después, este 9 de julio de 2025, afuera de ese Congreso de la Nación integrado por diputados y senadores, jubiladas y jubilados proclaman de qué falta todavía independizarse en un contexto de jubilaciones licuadas (el haber mínimo a $379 mil), de barrida de la moratoria previsional y de la gratuidad los remedios.
Hugo sigue describiendo la situación tras sus 48 años de aportes, a través de un montón de preguntas: “¿Dónde está lo que pagué durante tantos años? ¿Cómo como? ¿Cómo vivo? ¿Quién me explica eso?”. Agrega otro elemento: “Soy epiléptico, tomo un remedio que me sale 200 mil pesos. Con mi señora ya no comemos a la noche. Esto es una esclavitud”.

Un dolor en el pecho
Graciela, 78 años, es de Libertad, Merlo: “Tenemos que independizarnos de esta mierda de gobierno y de todo lo que nos explotan día a día. Estoy viviendo mal, no me puedo comprar los remedios que necesito. Nos han quitado todo a los jubilados. Este es un gobierno democrático, elegido por una votación, pero tremendamente dictatorial”.
Un poco más joven, Osvaldo tiene 72 julios. Llegó desde Claypole donde vive. Dice que hay que independizarse de lo que define del siguiente modo: “Es una mafia que está regalando el país, todos los bienes naturales. Volvimos a depender de Estados Unidos, nos endeudan cada vez más, es un desastre”. Cuenta que cobra la mínima y que tiene un dolor en el pecho cada vez que lo visita alguno de sus seis nietos: “Me piden un yogur y no se los puedo comprar. Mis hijos no me ayudan aunque quieran, porque están peor”. Hace una pausa. Confiesa. “Te digo la verdad: ya no ceno, me tomo un té, no me da para otra cosa”.

Lo que quiere Milei
Alrededor del Congreso, esta vez sin vallas, dos ejércitos desproporcionados están apostados para evitar vaya a saber qué: Gendarmería Nacional (15 vehículos) y Policía Federal (11 vehículos). Pero no pueden impedir que los y las jubiladas marchen alrededor del palacio legislativo, al grito de “qué vergüenza, pegarle a un jubilado por dos pesos con cincuenta”, aunque evidentemente los haberes de los llamados efectivos son otros.
Surgen algunas preguntas entre los manifestantes:
¿Cuánto cuesta un operativo así de desmedido?
¿Por feriado se les paga doble a ese montón de uniformados?
¿Qué sentido tiene tanta parafernalia de seguridad?

Este jueves está prevista la sesión en el Senado para tratar el aumento de jubilaciones. Opina Hugo: “Milei ya dijo que lo volverá a vetar. Y eso que sería un miserable aumento, es una vergüenza, es un desalmado, una mala persona”. Argumenta Graciela: “No tengo expectativas, porque aunque el Congreso apruebe todo, el señorito que tenemos por presidente lo veta. Él quiere a los jubilados sin nada, muertos”.

Señalando la corrupción
Teresa dice que pasó los ochenta y que es de un territorio innombrable: La Matanza. Se presenta como militante comunitaria en Laferrere, con acción en la casa de salud barrial, y cuando se le pregunta por el día patrio, se enciende: “Hay que independizarse de la corrupción”, dice y señala al Congreso: “Si pueden tirarlo abajo, tírenlo, porque no me representa a mí ni a ninguno de los que estamos acá. Nosotros hacemos la patria grande, con este bastoncito que ves hice mucho por esta Patria, la amo y me la están robando. Luché mucho por ella, hijo. Mucho”. Nos pide que escuchemos un tema de Horacio Guarany,
“Qué te ha pasado justicia”. Lo que se cantaba en el siglo pasado:
A ver, señor diputado,
¿qué le ha pasado que se olvidó
del bendito pueblo obrero
que usted en campaña siempre nombró?
Tengo mis hijos pidiendo,
que por la calle siempre se ven
y usted se aumentó la dieta,
y yo a la dieta la hago muy bien.
Alicia, 80 años, es otra de las jubiladas con esa dieta (cobra la mínima, $304.723,90 más el bono de $70.000), y dice que hay que independizarse de todo: “Somos una colonia. Se han posesionado de nuestros recursos naturales, el agua, el litio, el petróleo, están regalando las mineras, la educación, la salud, la jubilación. En realidad, no tenemos nada”.

¿Qué necesitamos?: “Otra independencia”, sintetiza Alicia, que integra Jubilados Insurgentes.
Mónica, 72 años, de la Asamblea de Vecinos de Boedo, viene siempre los miércoles sin importar si llueve o hace frío, y la hace corta: “Hay que independizarnos del presidente cipayo que tenemos, de Estados Unidos y de Israel”.
A su lado está Ricardo, 84, de Lanús, conurbano sur: “Llegamos al 9 de Julio con despidos masivos, garrote y gaseo a trabajadores del INTI, de Vialidad Nacional, con una CGT traidora. Esto, con huelga y un plan de lucha se termina. En 1919, los trabajadores de la Semana Trágica luchaban por trabajar ocho horas en lugar de doce y se cargaron 700 cuerpos. Hoy la clase argentina trabaja por salarios de hambre y no se para de manos”.
Pertenece a una agrupación llamada Bastones en rebeldía y dice que viene por quienes no pueden estar por razones de salud. “Acá tiene que venir más gente, somos seis millones de jubilados…”. Se enoja, mueve la cabeza y cuenta que tiene siete categorías para englobar a quienes no vienen cada semana a lo que se transformó en el epicentro de la resistencia a este gobierno: 1) Los indiferentes 2) Los indecisos 3) Los adormecidos 4) Los que naturalizan todo 5) Los resignados 6) Los mesiánicos 7) Los hiperindividualistas. Dice que no tiene necesidad económica, pero que prefiere seguir marchando.

Las 14 organizaciones que integran la Mesa de jubiladas y jubilados en lucha convocan para el próximo miércoles 16 de julio, desde las 15, a una “gran marcha antirrepresiva entre todos los sectores que hoy padecen la crueldad de este gobierno”.
Llaman a marchar el jueves 17 con los trabajadores del Hospital Garrahan.
El 9 de julio de 1816 marcó la independencia política “de España y de toda dominación extranjera”, pero siguieron existiendo muchas formas de dependencia: económica, cultural, productiva, mental. Toda relación entre aquellos eventos de Tucumán y las cosas que ocurren 209 años después, ¿serán pura coincidencia? A más tardar la semana próxima las calles volverán a decir lo suyo.

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Otro ataque a la salud pública y al Garrahan: las movilizaciones que se vienen

No solo no soluciona el problema, sino que lo empeora: el gobierno difundió un reglamento que degrada las condiciones laborales de los profesionales de la salud residentes en hospitales nacionales al buscar convertirlos en “becarios”. Asambleas y la decisión: paro y un abrazo al Garrahan el próximo jueves 10, y la convocatoria a una gran marcha federal por la salud el jueves 17 de julio.
Por Francisco Pandolfi
Residentes sí, becarios no. Ese es el nuevo lema que hoy levantan (y denuncian) residentes de los hospitales nacionales del país, ante el nuevo reglamento que dictaminó el 2 de julio el ministerio de Salud de la Nación para las residencias médicas.
¿Qué son las residencias? Tienen como objetivo capacitar y especializar a egresados de carreras como medicina, enfermería, psicología y bioquímica, entre otras, en el marco del trabajo asistencial y académico.
¿Qué aduce el gobierno nacional para la formulación del nuevo reglamento? “Recuperar su rol formativo y permitir que los residentes puedan elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación y cómo administrar el monto de las becas percibidas. A fin de jerarquizar el carácter formativo de esta etapa, el nuevo reglamento recupera el concepto de beca (excluyendo cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio) y ofrece a los residentes la posibilidad de elegir entre dos modalidades diferentes: Beca Institución (el hospital otorga la beca) o Beca Ministerio (contrato con el Ministerio de Salud). No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal”.
Ante la Resolución 2109/2025, las y los residentes del Hospital Garrahan a la cabeza, y todos los profesionales de la salud del sistema de residencias nacionales realizaron ayer una conferencia de prensa en Plaza de Mayo, donde denunciaron: “Este modelo de residencias, ampliamente utilizado a nivel global y que rige en Argentina desde hace más de 30 años y que fue perfeccionándose en el tiempo, garantizó profesional altamente capacitado en cada rincón del sistema de salud. La nueva normativa desmantela las bases fundamentales del sistema, se nos atribuye libertad de elección ante dos opciones de las cuales ninguna resuelve la problemática salarial de base, y además ambas implican la pérdida de múltiples derechos laborales adquiridos; pretende transformar lo que hasta ahora era un régimen formativo en servicio, remunerado y con derechos reconocidos, en un esquema de becas sin vínculo laboral claro, ni aporte y con importantes recortes en licencia, descanso y condiciones de trabajo”.
Entre los puntos “más alarmantes”, destacaron:
- Aumento de la carga horaria y del número de guardias (de 70 horas semanales a 93).
- Eliminación del descanso post guardia (lo que implica pasar de 24 horas de corrido a 30).
- Reducción del valor de la hora trabajada: en caso de la Beca Institución, $3.200 de cobrarse un bono hospitalario. En Beca Ministerio: $2.200.
- En la Beca Institución, mayor dinero en mano, pero a expensas de la pérdida del aguinaldo, aportes previsionales y obra social.
- En la Beca Ministerio, menos dinero en mano, obra social estatal y sin posibilidad de cobrar bonos institucionales.
- En caso de rescisión de contrato, no se contará con indemnización.
- Renovación de contrato de forma anual a pesar de concursarse por formación de 3 a 4 años.
Como cierre de la conferencia, sentenciaron: “No se puede aludir a la libertad cuando se nos acorrala entre dos opciones de precarización extrema. La residencia sí es un trabajo. Exigimos la inmediata derogación de la resolución y la apertura urgente de instancias de diálogo con las y los residentes de todo el país. Sin residencia como fuente de personal capacitado, no hay futuro posible para la salud de Argentina”.
Abrazo y marcha federal
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 37 años recién cumplidos y hace 16 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. Además, es delegado de la junta interna de ATE. Habla con lavaca: “La modificación en las residencias no sólo es una degradación de las condiciones laborales de las y los residentes, sino también implica la degradación del sistema de salud completo, porque cambian la forma de contratación quitando derechos laborales. Lo que decretan es que dejan de ser trabajadores, para hacer las tareas por una especie de bono, a través de una metodología de becas”.
Esta nueva medida se enmarca en una política de ajuste a la salud pública en general, y al hospital Garrahan en particular. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados se estaba tratando la emergencia para el Garrahan, pero la sesión se levantó por discusiones entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza, y el peronismo. La emergencia quedó sin tratar…
¿Cuál es la emergencia? Josmar Flores plantea cuatro puntos clave:
- Una recomposición salarial del 100%.
- Que la persona que recién ingresa cobre lo mismo que estipula la canasta básica familiar: un millón ochocientos mil pesos.
- El aumento del presupuesto del hospital.
- Mejora en las condiciones de trabajo: que se reconozca un régimen de insalubridad especial para el hospital.
¿Cómo sigue la cuestión? “Todos los trabajadores del hospital, incluidos los residentes, hacemos asambleas conjuntas y acabamos de decidir ir a paro los próximos dos jueves –cuenta Josmar–. El 10 llamamos a un abrazo solidario al hospital, en la puerta sobre Combate de los Pozos; y 17 convocamos a toda la población a una gran marcha federal, que en la Ciudad Buenas Aires irá desde Congreso a Plaza de Mayo”.
Cierra: “Este gobierno nos ataca por muchos ángulos y la única manera de cambiar la realidad es seguir por este camino”.
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