El próximo miércoles 31 de julio dará inicio el juicio al ex Director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Gustavo Concha. El ex funcionario enfrenta un pedido de cadena perpetua por “homicidio calificado con motivo de abuso sexual con acceso carnal en ocasión de sus funciones y violencia de género”. Es el modo técnico de acusar por un femicidio. La vida que costó es la de Luana Ludueña, bombera voluntaria de 26 años. Luana murió tras un tercer intento de suicidio, pero cambió la carátula de la causa al plantearse que la decisión de la joven está directamente relacionada con la violencia que sufrió. La solidaridad subterránea entre el testimonio de la ex pareja de Concha y el de Luana. El abrazo a la causa de las brigadistas forestales organizadas en FUEGAS, y la propuesta de resistencia y de monte vivo.

Por Bernardina Rosini

Desde el miércoles 31 de julio y durante poco más de dos semanas, la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba, compuesta por un jurado popular y un tribunal técnico, llevará adelante el proceso que determinará la responsabilidad del ex Director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Gustavo Concha, en los cargos de “homicidio calificado con motivo de abuso sexual con acceso carnal en ocasión de sus funciones y violencia de género”.

Luana Ludueña, bombera voluntaria, pudo hacer la denuncia luego de que Concha fuera detenido por otro caso en su contra. El entonces funcionario fue apresado el 27 de noviembre de 2021, después de que su ex esposa –también bombera– lo denunciara por agresiones y amenazas. Segú su testimonio, Concha le habría apuntado con un arma en la cabeza y amenazado con matarla, además de perseguirla en ruta y cruzarle la camioneta dentro del reguero de agresiones sufridas desde su separación. A raíz de esta denuncia y la consecuente detención, fue que Luana pudo denunciar la agresión que ella misma había sufrido.

Esto es significativo: que una mujer contara su abuso, permitió que otra se sintiera en condiciones de narrar el suyo. Como el Poder Judicial atendió la gravedad de la situación y dictaminó la prisión preventiva, Luana se sintió segura para poder hablar.

Concha: sospechosa lentitud

Diego Concha (54) creció entre cuarteles: es hijo, hermano y padre de bomberos. Fue jefe del Cuerpo de Bomberos de Icho Cruz por 25 años. Con 35 años de experiencia es el mayor referente en manejo del fuego en una provincia que cuenta con casi 5 mil bomberos voluntarios. Incluso en el 2021 se presentó un proyecto en la Legislatura unicameral para que el Cuartel que encabeza lleve su nombre. 

Diego Concha posando para las fotos, aunque se sospecha de su parsimonia frente a los incendios. La acusación: “homicidio calificado con motivo de abuso sexual con acceso carnal en ocasión de sus funciones y violencia de género.

Ocupó el cargo de Director Provincial de Protección Civil durante 10 años, fue designado por José Manuel de la Sota en su tercer mandato y sostenido luego por Juan Schiaretti. En su rol articulaba acciones con la cúpula de la policía provincial. Discutido por los ambientalistas de la zona, fue señalado como rostro cómplice de un gobierno sospechado de dejar avanzar múltiples incendios a los que siempre acudió a destiempo. También Concha desde Defensa Civil estuvo a cargo de la búsqueda de personas, entre ellas Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa, quienes finalmente aparecieron muertas. En ambos casos se criticó su lentitud y escaso accionar.

“Mi vida ya no es mi vida”

La primera denunciante fue la ex pareja de Concha, integrante del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y parte del cuerpo de Bomberos, que depende de la Policía de Córdoba.  Radicada la denuncia, el fiscal Raymundo Barrera, de Cruz del Eje, indicó que se analizaron indicios de peligrosidad procesal o de entorpecimiento de la investigación debido a que “(Concha) era un funcionario público que trabajaba en un área cercana a la de esta señora resultando jefe de su ex pareja”. Bajo este fundamento lograron que Diego Concha quede detenido inmediatamente.

Luana y su perro. Cuando estaba siendo víctima y temió lo peor, pensó: “Él va a tirarme en cualquier lugar, a hacerme cualquier cosa, descartarme, y  mi perro va a terminar buscándome”.

El entonces abogado defensor Luciano Mayer solicitó la liberación del ex funcionario, al aducir que tras la renuncia al cargo, se elimina el presunto peligro de intervención en las pruebas. Pero la situación se complicó rápidamente. A cuatro días de su detención se sumó una nueva imputación por “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado, por violencia de género y por el desempeño de sus funciones”. Luana había logrado contar lo que había sufrido.

Tras sumarse esta nueva denuncia, Mayer renunció como representante del denunciado.

Luana tenía clara vocación de servicio: enfermera y bombera voluntaria, entrenó a su propio perro como animal de búsqueda y rescate y logró que fuera reconocido por el ministerio de Seguridad nacional. Luana contó lo que pensó durante el ataque: “Mi perro va a terminar buscándome a mí. Él va a tirarme en cualquier lugar, a hacerme cualquier cosa, descartarme, y  mi perro va a terminar buscándome”.

En una entrevista posterior a la denuncia, Luana contó que tuvo dos intentos de suicidio, que estuvo más de 20 días internada en una clínica psiquiátrica. “Estoy con tratamiento y de carpeta médica en mi trabajo. Mi vida ya no es mi vida. No puedo volver a ejercer como bombero: escucho una sirena y lloro. No paro de llorar”.

Movilizaciones pidiendo justicia por Luana.

El bombero obediente

Así transitaba los días Luana, con Emiliano Conti, bombero y quien era su pareja hasta el momento del abuso. Pero tras la denuncia, lejos de apoyarla la buscó en varias ocasiones para hostigarla y exigirle que diera marcha atrás con su reclamo ya que se veía afectado su propio jefe: Conti tenía un cargo en el ETAC y no quería quedar en medio del conflicto de Luana con Concha.

El empeño de Conti en defensa de Diego Concha fue tal que llegó a buscarla en la clínica psiquiátrica donde estaba internada. En otra ocasión la encerró en un auto; y por último la enfrentó en el centro vacunatorio donde Luana estaba trabajando. Conti también fue denunciado. La fiscalía de Río Segundo lo imputó por el supuesto delito de privación ilegítima de la libertad calificada por violencia de género, y a Luana le dieron las medidas de protección que suele otorgar el sistema para estos casos.

Luana, con botón antipánico, con medicamentos, sentía sin encontrar fuerzas siquiera para pasear al perro, sin poder soñar lo que siempre soñó. En terapia intensiva tras un tercer intento de quitarse la vida, le pidió a la familia que la deje ir. El 21 de enero de 2022 murió habiendo transcurrido sólo nueve semanas desde el ataque.

El suicidio como homicidio

“Luana no pudo superar las secuelas psicológicas que le produjo este asalto sexual” aseguró Carlos Nayi, representante legal de la víctima, quien tras la muerte de la bombera solicitó que la causa cambie de carátula y sea investigada como “homicidio en ocasión de abuso sexual” asegurando que la decisión de Luana está directamente relacionada con la violencia que sufrió.

Parasolicitar el cambio de carátula citó como antecedente el caso Sathya Aldana, que se quitó la vida a los 19 años luego de haber sido sometida sexualmente durante varios años por su padre biológico. En 2021, la Cámara 3ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dictó la máxima pena para Walter Insaurralde al  encontrarlo “autor penalmente responsable de homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia preexistente, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores de 18 años, doblemente agravado por el vínculo y por el medio intimidatorio”.

Fue la primera vez a nivel nacional que se condenó por homicidio a un violador responsabilizándolo por el suicidio de su víctima.

Mujeres en llamas

La memoria de Luana fue recogida por las brigadistas forestales, “Fuegas” una red de mujeres y disidencias de las brigadas comunitarias de las Sierras Chicas de Córdoba. Se conformaron como Fuegas justamente a partir de la muerte de Luana, con quien compartieron largas jornadas de incendios y montes ardiendo. Recuerdan sus ojos y su cara cubierta de hollín, era una de sus compañeras. (Aquí, la nota sobre Fuegas publicada en la revista MU).

Las Fuegas son el reverso del aparato que encabezaba Concha. Ellas velan por el monte y toda la vida que alberga, lo consideran un hogar para la vida en sus distintas expresiones.

Empujan además por la transformación del concepto de “tareas de cuidado”, llevándolo mucho más allá de lo doméstico. En sus remeras mandaron a inscribir un lema: “La Revolución es cuidar”. 

Pero también advierten: “Ni el monte ni los cuerpos son territorios de conquista”.

Ellas son parte de las que estarán recordando ese principio que a la vez es un objetivo, cuando el miércoles aparezca Diego Concha en Tribunales y comience el juicio para que el crimen de Luana no quede impune.

Un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional sobre el primer semestre de 2024 muestra que las cárceles federales están rebalsadas y casi la mitad de la gente presa no tiene sentencia firme. El aumento en las detenciones de jóvenes de entre 18 y 21 años es del 9%. El análisis del fiscal Gustavo Gómez sobre la investigación, mientras hay insólitas prisiones domiciliarias a narcos. El deterioro de la Justicia, propuestas para transformarla, y lo que se trata de ocultar. El informe completo.

Por Francisco Pandolfi

1) La población presa creció un 2,7% (11.612 personas en total).

2) La sobrepoblación en las cárceles federales es del 6,2%: 680 personas por encima de su capacidad.

3) La cantidad de jóvenes entre 18 a 21 años aumentó un 9% y más de la mitad está presa sin condena (57.9%).

4) el 47% de los presos tiene prisión preventiva, sin sentencia firme.

Estos puntos que reflejan cifras y estas cifras que representan personas son algunos de los ejes que denuncia el documento publicado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) sobre las cárceles federales. Los datos relevados entre enero y junio de 2024 corresponden a personas detenidas en unidades y complejos del Servicio Penitenciario Federal, por lo que no abarca al universo de cárceles provinciales y comisarías. Ni a una importante cantidad de presos federales alojados en comisarías y cárceles provinciales porque el SPF no tiene lugar para alojarlos.

Gustavo Gómez, actualmente Fiscal General ante la Cámara General de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, plantea a lavaca su mirada sobre el aumento de la cantidad de menores de 21 años detenidos. Un breve mapa sociológico de la actualidad:

“Si uno hace un vínculo directo entre los hechos ilícitos y la pobreza; o los grados de miseria que tenemos en nuestra sociedad, con las dificultades que hay para ofrecer escuelas y un sistema educativo integral; mientras sigan aumentando los índices de pobreza paralelamente aumentará la cantidad de delitos en jóvenes. No se les ofrecen otras posibilidades y vienen heredando el estado de miseria de varias generaciones para atrás, así que cuanto más pobreza tengamos en los índices, más jóvenes presos habrá. En los hechos delictuales es en el único lugar que ven un posible ascenso social, que antes lo daban el trabajo y la educación”.

Amontonamiento sin sentido

Gómez investiga desde hace décadas delitos vinculados al narcotráfico, a la corrupción, a los deterioros ambientales.

¿Cómo se vislumbra la situación hacia adelante a partir del informe?

–El Poder Ejecutivo deberá construir o alquilar más edificios si proyecta tener presos desde los 13 años– responde.

No le escapa a la opinión sobre la idea de bajar la edad de imputabilidad: “Nuestra Constitución Nacional dice claramente que las cárceles no son para castigo, entonces les tenemos que dar la finalidad que merece. El Estado definitivamente tiene que hacerse cargo de aquellos menores que cometen delitos para darles un tratamiento de reeducación, pero hoy se tienen herramientas vetustas que no se ajustan a la realidad, son inaplicables. Si yo voy a bajar la edad de imputabilidad y no tengo un lugar para alojarlos para ese proceso de recuperación que ordena el artículo 18 de la Constitución, será otra vez una ley que sólo amontonará gente en comisarías y en celdas sin ningún sentido”.

Narcos con domiciliaria

Gustavo Gómez (su primer nombre es Antonio pero prefiere evitarlo) es fiscal federal desde septiembre de 1990, cuando fue nombrado en la fiscalía de Rawson, Chubut. Allí, en su Patagonia natal (Puerto Deseado, Santa Cruz), permaneció hasta ser designado Fiscal General ante la Cámara General de Tucumán, nada menos que el 19 de diciembre de 2001. “Mi decreto lo firmó De la Rúa antes de irse”, recuerda sobre aquellas horas funestas para el país.

Hoy, 23 años después y ante la consulta de lavaca, agrega sobre los datos del informe de la Procuvin: “Algo obvio es que tenemos un serio problema en materia de construcción de cárceles, porque en este semestre hemos pasado el máximo de detenidos”. A mediados de diciembre el cupo del Servicio Penitenciario Federal (10.932 personas) rebalsó.

Plantea una solución: “No todo pasa por construir cárceles; de hecho, hay soluciones alternativas que son más baratas. Por ejemplo, el alquiler o la compra de hoteles en desuso, donde se aloje a los presos que estén en la etapa final de sus penas y no se van a fugar. Con cárceles de mínima seguridad, pero con controles, descomprimís a todo el sistema carcelario”.

Cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo: “La alternativa es mucho más insólita, porque tenemos personas acusadas de tráfico de estupefacientes alojadas en su casa con prisión domiciliaria, donde la capacidad que tiene el Estado para controlar es muy reducida al depender de las tobilleras, de la línea telefónica y de un policía que pase cada tanto por el domicilio de esa persona”.

Justicia sin jueces

¿Qué hay detrás del aumento en la cantidad de presas y presos?

–El sistema penal de administración de la Justicia Federal en Argentina está en retroceso, en una crisis muy fuerte, muy severa. Una gran cantidad de causas están prescribiendo o se hacen juicios abreviados por penas menores porque no hay espacio para tener a los detenidos, porque directamente no hay ni siquiera jueces para hacer los juicios orales. Un ejemplo concreto: en Tucumán tenemos tres vacantes de jueces del tribunal oral federal, entonces cada vez que hacemos un juicio debemos andar pidiendo prestados jueces y fiscales a Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y a otras provincias, magistrados que a su vez atienden sus carteras propias. Ningún sistema de administración de Justicia penal puede funcionar con más del 30% de vacantes en la Magistratura”.

¿Esto significa que si el sistema funcionara bien, habría muchas más detenciones?

–Seguro, no tengo dudas. Otro de los puntos importantes del informe y que muestra el fracaso del sistema de administración de Justicia penal es que casi la mitad de los presos (47%) en el Sistema Penitenciario Federal están sin sentencia firme, no están condenados, sino con prisiones preventivas.

Tres propuestas

El fiscal acompaña el análisis de los datos duros con propuestas concretas para revertirlos. Tres ideas, como para empezar a hablar:

1) El paso a un sistema acusatorio. “Es urgente: a los jueces se les quita el poder de investigar las causas y se le otorga a los fiscales para tener la posibilidad de decir qué causas penales investigar y cuáles no, evitando así un dispendio de recursos económicos y concentrarse en los casos verdaderamente importantes. Hoy Argentina está dividida en dos: Salta, Jujuy y la jurisdicción federal de Rosario aplican un sistema procesal, el acusatorio. El resto del país el otro, que tiene más de 30 años”.

2) La modernización del sistema penitenciario. “Para que no esté concentrado en los barrotes y no haya una gran cantidad de policías abocados a custodiar las prisiones domiciliarias o en las superpobladas comisarías”.

3) Orientar la política criminal. “Para que la administren los fiscales y no como ahora, que queda en manos del Poder Ejecutivo”.

Lo que se tapa

Cuando se le pregunta por el indicador que más lo perturba pensando a futuro, primero ríe, y luego sorprende: “Te va a parecer curioso, pero lo que más me preocupa no está en ese informe. Son los datos de las cárceles provinciales, que están ocultos”. Sobre las cárceles provinciales, vale como muestra la foto de portada que publicamos, en la que se ve la situación en Rosario mientras las autoridades policiales intentaban imitar el estilo aplicado en El Salvador por Nayib Bukele.

¿Por qué es más preocupante la situación en las provincias?

–Por la gravedad institucional que significan esos datos. Lo más grave en nuestro país y en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre hace hincapié, es en la situación de las cárceles provinciales, pero desde el Ministerio de Seguridad de la Nación no se difunde una evaluación estadística integral que incluya a todas las provincias. Si es que existe. Las cárceles están recontra superpobladas y las fotografías que nos mandan son horrorosas. En muchas comisarías ni siquiera les dan abrigo. Ni siquiera les dan comida suficiente. Todo depende de lo que les traigan los familiares”.

La prohibición de palabras que intenta el INTA, que se agrega al ocultamiento del informe internacional SPRINT, que detectó 100% de casos estudiados en el país con decenas de pesticidas en sangre, orina y materia fecal. La denuncia del gremio con respecto al “adoctrinamiento” propiciado por la Vocería del actual gobierno. La agroecología como posibilidad que se intenta invisibilizar para favorecer a las corporaciones. (Foto de portada: grupos de productores recorriendo campos agroecológicos en Guaminí, provincia de Buenos Aires).

La principal organización gremial dentro del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) denunció entre otras cosas: “La censura impuesta sobre la divulgación de conceptos relacionados al Plan Estratégico Institucional 2015-2030, por ejemplo: cambio climático, sustentabilidad, agroecología, género, biodiversidad, huella de carbono y prohuerta, entre otros”.

APINTA (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) lanzó en junio el documento (que reproducimos aquí en su totalidad) con la firma de todas sus autoridades. Desde el gremio aclararon a lavaca que la censura no responde a una circular escrita, sino a una orden verbal surgida del presidente de la institución, un reconocido impulsor de los agronegocios: Juan Cruz Molina Hafford.

La prohibición busca anular actividades del propio INTA (el programa Prohuerta, por ejemplo) y avanza además sobre emprendimientos como la REDAE (Red Agroecológica del INTA). Pero fundamentalmente se inscribe en lo que el gobierno en curso llama “batalla cultural” que busca censurar, agredir y cancelar a quienes no actúen con obediencia debida, como intento, de paso, de distraer la atención sobre sus propias fallas, ineptitudes y escándalos.

El ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá plantea a lavaca una pregunta que resulta una curiosidad de época: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?” en referencia al crecimiento de la agroecología como producción sana y sustentable de alimentos, que combate naturalmente el cambio climático, y favorece la biodiversidad.      

La prohibición parece una declaración de principios: el INTA busca censurar en el lenguaje interno y hacia la sociedad términos como agroecología, biodiversidad, cambio climático, huella de carbono o sustentabilidad. Una especie de fumigación de palabras que evidencia una mirada –o no mirada– de las autoridades de la institución respecto de lo que el ambiente científico internacional alerta frente a la crisis a la que están siendo sometidos el planeta y la humanidad por modelos de producción fundamentados en la destrucción de la naturaleza y la ceguera frente a sus efectos.

No se privaron de incluir “género” entre lo que no se debe decir. O “cambio climático” o “biodiversidad. El trasfondo mental de esa actitud se basa en la idea de que lo que no se nombra, o no aparece, no existe. En el país se aplicó durante décadas en el siglo pasado. No se podían nombrar ni escribir palabras como Perón o Evita. La dictadura de 1976 prohibió no solo palabras sino escritores, artistas, canciones, manuales de matemáticas, películas libros infantiles y hasta El Principito.  

El documento gremial fue firmado por el secretario general de la organización Mario Alberto Romero, el adjunto Luis Ceballos y unos 140 representantes del INTA de todo el país.

Adoctrinamiento oficialista

El gremio denuncia –además de la censura– la utilización de bots y trolls oficiales que descalifican las publicaciones institucionales en redes sociales, y además las agresiones, insultos y difamaciones contra el INTA y otros organismos científicos “por parte de personajes que posteriormente pasan a ser funcionarios del gobierno actual”.

Repudia también la recepción de correos de “propaganda política / adoctrinamiento desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno (Secretaría General de la Presidencia) utilizando las cuentas de correo electrónico institucionales”. Esas áreas son encabezadas por Manuel Adorni (SVC) y Karina Milei (SGP).

El Plan Estratégico Institucional 2015-2030 que APINTA da a entender que es el blanco de esta censura, está destinado a un desarrollo sostenible del sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, “inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente”. El Plan resalta la intención de contribuir a la  “soberanía científico-tecnológica, a la seguridad y soberanía alimentaria”.

Juan Kiehr, fallecido en junio, durante una producción para la revista MU en su campo La Aurora, de Benito Juárez, catalogado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como establecimiento emblemático de la agroecología, la palabra que el INTA busca desterrar.

Pesticidas hasta en la sangre

La maniobra tiene antecedentes en la institución. A fines de 2022 el INTA de córdoba, entonces regenteado por Molina Hafford, apercibió al ingeniero agrónomo de la institución, César Gramaglia, por haber planteado en un programa radial algo evidente: que la agroecología permite producir cultivos sin aplicación de pesticidas agroquímicos.

Tal vez esa sea la clave del intento censor. la agroecología no perjudica en nada al modelo basado en insumos químicos y transgénicos (en realidad ocurre al revés, ya que la deriva contaminante en aire, agua y tierra sí puede dañar a los cultivos agroecológicos). Pero en lo que sí perjudica la agroecología al modelo que defiende el señor Molina Hartford es en que desnuda lo innecesario y lo insano del uso de esos insumos, más todavía en un país agobiado por la falta de dólares.

Más recientemente, en junio de 2023, la institución ordenó a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce omitir toda información pública sobre el proyecto SPRINT de la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Unión Europea. La rama argentina tuvo al INTA como referente y además intervinieron 28 universidades e instituciones del exterior.

Los resultados completos del proyecto Sprint, también ocultados por el INTA en 2023.

Tal vez el resultado explique la mordaza: el total (100%) de 73 participantes argentinos en la investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El estudio incluyó a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como “omnipresentes”. Se encontraron además los venenos en los alimentos (contaminados con hasta 22 agrotóxicos), el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

Tapa de uno de los dos volúmenes que conforman un libro editado por lavaca.

La información que el INTA pretendía ocultar agregaba que los agrotóxicos encontrados fueron glifosato, su metabolito AMPA, Atrazina, Metolacloro, 2,4-D (Free), Clorpirifos (prohibido en el país). Insecticidas como Fipronil, Imidacloprid, Cipermetrina. Funguicidas como el Tebuconazol, entre otras peligrosas sustancias que representan un riesgo para la salud y el ambiente.

En declaraciones recientes el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, ex director nacional de Agroecología, planteó que la situación es muy triste y se preguntó: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?”. Recordó también ante el medio Todo provincial, que “hay más de 100 municipios que fomentan la agroecología y más de 2 mil productores que encuentran en ella una alternativa a una forma de producir que está trayendo muchos problemas y está contaminando el aire, el agua y el suelo”.

Eduardo Cerdá en MU.

Esos municipios están reunidos en la RENAMA (Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología). “Se ha producido una notable pérdida de biodiversidad. El 70% de la tierra del país están sembrados con soja y maíz. Está demostrado que hemos perdido el 50% de la fertilidad”, explicó Cerdá. “Las malezas son cada vez más resistentes por lo que aumentan cada vez más las dosis de agroquímicos generando problemas sanitarios y de contaminación a todo nivel”.

Remo Vénica, de la granja Naturaleza Viva, de Santa Fe, uno de los pioneros de la agroecología, que el INTA busca ocultar.

Eso lo ha llevado a plantear en la revista MU que los campos fertilizados y fumigados con pesticidas son “drogadictos”, ya que se precisa cada vez más veneno para lograr el mismo efecto.

La agroecología implica otro enfoque: “El que se lanza por este camino, no vuelve a lo anterior”. El argumento de Cerdá apunta a que quien produce agroecológicamente deja de invertir en la compra de agroquímicos valorizados, para colmo, según el dólar, y organiza por lo tanto un esquema productivo que además de la salud y el ambiente, implica también mejor rentabilidad.

Las autoridades del INTA siguen ejerciendo el silencio ante los temas de interés público aquí planteados.

Tapa del segundo volumen del libro que mejor no nombrar en el INTA.