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Los dilemas de San Cayetano

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Trabajo, fe y peronismo. Planes, pan, paz, tierra, Dios, techo, los evangélicos. Los problemas de querer hacer en esta época, las esperanzas y una agenda para ampliar derechos en esta nueva marcha que fue de Liniers a Plaza de Mayo.

Son las ocho de la mañana, es domingo y Carolina Capristo vende espigas con estampitas de San Cayetano a 100 pesos en el paso a nivel de estación de Liniers, sobre Rivadavia. El sábado trabajó hasta las ocho de la noche, se fue a su casa de Ciudadela –del otro lado de la General Paz, la avenida que divide como portal el conurbano de la CABA–,volvió temprano, y a comparación de lo que vio en la iglesia en otros años suelta un diagnóstico:

-No hay gente. Se perdió la fe. Se hicieron todos evangélicos.

Frente suyo se están acomodando tres cuadras de columnas con banderas de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Barrios de Pie, Movimiento Evita, Frente Social 17 de Octubre, Frente Popular Darío Santillán, Federación Nacional Campesina, Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP), CTA.

Frente suyo, como hace seis años, está por comenzar la movilización por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo que, 15 kilómetros más tarde, cerrará con un acto en Plaza de Mayo.

Carolina, sin embargo, conserva la fe. “Yo era empleada, trabajé en una tienda de ropa de cuero por 15 años, y con Macri fueron cerrando todos los negocios. Me dijeron que le haga juicio pero cómo le voy a hacer juicio al patrón si se fue a la quiebra. Quedamos hundidos y encima después tuvimos la pandemia, que fue mundial. Por eso, no es que la crisis es sólo argentina; y estamos saliendo a flote, aunque se venga el dólar a 300 o llegue a 500”.

Eso sí es fe.

La marcha comienza.

Buscar el peso

Carolina corrige: “Se le tiene fe a Dios y al peronismo. El peronismo nunca va a dejar al pobre a un lado, nunca nos va a escupir en la cara, ¿escuchaste?”.

¿Siente que también al peronismo se le está escapando esa fe? “A mí no”, retruca.

¿Pero qué percibe en general?

El peronismo tiene que ser unido. Lo dijo Perón: lo peor para un peronista es otro peronista que se le ponga en contra. Lo que hizo Máximo (Kirchner) que dejó su banca no me gustó: tu mamá eligió a Alberto, llegaron de nuevo y tenemos que estar unidos. A mí Massa no me gusta, pero tengo que seguir apoyando porque yo los voté.

¿No teme el regreso de ese proceso que hundió su anterior trabajo?

-No tengo miedo ahora. Yo caí en una crisis depresiva en la era Macri. Sabía que mi trabajo iba a la quiebra y yo era una de las empleadas que iba al frente por la camiseta. Me enfermé, estuve ocho meses psiquiátrica, con médico privado porque la clínica de OSECAC (la obra social de empleados de Comercio) es malísima. Y estoy de pie. Ni en la pandemia me agarró depresión. En cuatro casas de familia llegué a trabajar. Se puede.

Cobra un Potenciar Trabajo (en agosto, por un bono de $11.000, percibió $33.770) y está agradecida. “Con eso metí 20 en la tarjeta porque tengo metido un calefón eléctrico, pude hacer arreglos en mi casa de a poquito, y siempre trabajando: siempre busco el peso para que mi hijo, que tiene 14, vea que mamá sale a flote”, dice.

Lo agradece y da su punto de vista sobre la discusión planes-trabajo: “Por mí que me den más trabajo, que pueda hacer algo más por la comunidad, que me llamen para más trabajo social”.

-¿Trabajo, fe y peronismo sería su plataforma?

-Exacto.

Política crónica

A lo largo de la marcha se irán repitiendo algunas de las consignas más urgentes, como incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (el monto percibido en el Potenciar equivale al 50% del salario mínimo), generación de fuentes de trabajo dignas y Salario Básico Universal. Por allí se ve al secretario general de ATE, Hugo Cachorro Godoy, caminando junto a Juan Grabois. También al secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. Por la calle marcha también otro integrante de ese núcleo al que se suele llamar «Los Cayetanos», el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Menéndez, a su vez coordinador nacional de Barrios de Pie.

“Hay una variable que hoy no se analiza que es el proceso de desestabilización de los sectores concentrados”, apunta como contexto de la movilización. “Hay una búsqueda de condicionar y extorsionar muy nítida a través de la debilidad de nuestro gobierno, de una dependencia clara de los sectores que traen dólares a la Argentina, concentrados en la exportación de granos. Sin duda la pelea es porque no nos lleven puestos con un proceso devaluatorio que significaría un salto enorme en términos de pobreza”.

Foto: Hernán Vitenberg

Entre los movimientos sociales también hay una discusión respecto de la salida por abajo de esa crisis: planes, trabajo, salario universal, con miradas contrapuestas. “Tenemos claro que hay un fracaso de la política social en el último tiempo que tiene que ver con la idea de plan social. Fracasó la idea básica que tenía que ver con subsidiar a aquel que está por fuera del mercado del trabajo hasta que pueda volver a integrarse al mercado. La experiencia de los últimos 25 años, con procesos de crecimiento en el medio, da cuenta que no se amplió la masa formal, entonces la idea de un subsidio temporal terminó siendo la de un subsidio crónico”.

Menéndez plantea como hipótesis un camino de inversión productiva: “Hay un hartazgo que se construyó, sobre todo en sectores medios, respecto a la idea de subsidiar al que no trabaja. Por eso hay que poner en valor la inversión productiva. En la actual coyuntura es importante construir respuestas que no estigmaticen la política social, porque ese es el paso previo para achicarla o desmantelarla. Hay que tener una política inteligente capaz de valorizarla”.

Operaciones y preocupaciones

Sara tiene 35 años, es referente de la CCC en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza, y camina de la mano con su bella hija Aimé. Lxs integrantes de la CCC tienen una pechera con el rostro de Freddy Mariño, histórico miembro de la organización, que murió en abril de este año. A los reclamos que se escuchan en la marcha, Sara además suma la criminalización a las organizaciones sociales: la CCC fue acusada de forzar a sus integrantes a aportar un porcentaje de lo que perciben desde el Potenciar Trabajo, y sufrieron allanamientos en 23 merenderos por una causa que se inició en tiempos del macrismo.

“Son todas mentiras y eso está quedando en evidencia: nuestros compañeros hacen un aporte voluntario porque así sostenemos a la organización para poder salir día a día”, explica. “Hoy los planes los necesitamos porque es la única salida para los desocupados que tenemos. Nosotros íbamos a no quedarnos en los planes, sino a generar trabajo genuino a través de cooperativas. Sobre todo pensando también en los jóvenes, que son una camada que quedó por fuera del trabajo en blanco: no los toman en ningún lado por no tener experiencia laboral. Pero hoy la situación está complicada. Por eso salimos a pedir techo, tierra y trabajo”.

Tania tiene 42 años y trabaja en una cooperativa del Frente Agrario del Movimiento Evita en el barrio 9 de abril, en Esteban Echeverría. “¿Qué me aporta la cooperativa? Trabajo y la posibilidad de ayudar al compañero”, responde. Trabaja en el rubro textil y en panificado, y de lunes a lunes está en un merendero que da de comer a 300 familias por día: “La sensación es de satisfacción por poder ayudar, pero también duele mucho”.

Por ese trabajo, también le duele cuando escucha por los medios cómo estigmatizan a las organizaciones: “Sería bueno que no pongan a todos en la misma bolsa. Lo que recibimos, lo merecemos”.

Nurit tiene 30 años y en la marcha del año pasado estaba embarazada: hoy, sobre sus brazos, lleva a Santiago, su hijo de 9 meses que ahora duerme con fuerte compromiso. Milita en el MTE en el acompañamiento de cinco centros barriales de Vientos de Libertad en los barrios porteños de Parque Patricios, Chacarita, Once, Barracas y la 31. Y subraya como urgente un Salario Universal: “Es un contexto crítico. Para nosotros el Potenciar es una política de trabajo dentro de la organización: las personas que lo cobran, trabajan, y te puedo asegurar que mucho más que aquellas personas que hablan por los medios de estas cuestiones. Y el Salario Universal es un ingreso mínimo que permita salir de la indigencia a quienes hoy no pueden llevar el pan arriba de su mesa. Discutir el hambre es una foto de cómo estamos hoy”.

Los centros de Vientos de Libertad son un crudo espejo de la actual situación: “Cuanto peor es el contexto, más trabajo tenemos. El nivel de complejidad que estamos recibiendo es dramático: se nota la degradación del tejido social en momento de crisis, porque hay compañeros y compañeras cada vez más complicados en relación al consumo, a la violencia, y a la violencia de género. La demanda es mucha”.

Y otro indicador: “Cada vez recibimos más gente sin techo. Y lo que se ve son los niveles de desidia estatal y abandono, porque los que llegan a nuestros espacios tuvieron antes un millón de derechos vulnerados. Los compañeros, hoy, están llegando devastados”.

Una agenda

El acto en Plaza de Mayo fue multitudinario. Las organizaciones leyeron un documento en el que detallaron varios puntos para recalcar: “Queremos aprovechar esta ocasión para visibilizar nuestro trabajo y romper el mito de que vivimos de un plan. Hace ya mucho tiempo que convertimos esos planes en trabajo genuino. En unidades productivas de costura, construcción, reciclado, integración urbana. En empresas recuperadas, agricultura familiar, campesina e indígena, en grupos comunitarios de cuidado, educación, deporte, recuperación de adicciones y reinserción de liberados. Hemos hecho miles de kilómetros de veredas, desagües, cloacas, tendidos eléctricos. Hemos recuperado miles de toneladas de plástico, de papel cartón, vidrio, metales. Miles de campera, calzado. Kit sanitarios y escolares. Hemos construido miles de viviendas, polideportivos. Hemos producido toneladas de fruta y alimentos para nuestro pueblo. Hemos alimentado barrios enteros durante la pandemia”.

Eso, destacan, es trabajo y es genuino: “No falta trabajo, nos faltan derechos laborales”.

Y expusieron una serie de puntos, en el marco de una Ley General de Tierra, Techo y Trabajo, que exigen al Congreso tratar de forma “urgente”:

  1. Ampliación de derechos: salario universal y desarrollo de la economía popular. Creación de Ministerio de la Economía Popular. Monotributo productivo. Fondo fiduciario para la promoción del crédito y la economía popular. Compras gubernamentales.
  2. Acceso a la tierra y protección de zonas estratégicas de soberanía alimentaria.
  3. Espacios sociocomunitarios y productivos. Tareas de cuidado y promotoras de género. Reconocimiento de trabajadora de cuidado y promotoras de género. Acompañamiento para víctimas de violencia en barrios. Educación cooperativa y gestión social cooperativa.
  4. Gestión integral de envases y reciclado social.
  5. Protección de humedales: inventario nacional y uso sustentable. Fondo nacional.
  6. Pueblos originarios. Prórroga de la ley 27160. Cronograma de finalización de relevamiento territorial indígena.
  7. Pesca artesanal. Registro nacional de pesca artesanal. Terminales pesqueras de proximidad. Permisos simplificados.
  8. Barrios populares. Prórroga de prohibición de desalojo. Plan nacional de viviendas populares y loteo social.
  9. Empresas recuperadas. Utilidad pública del proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores. Proceso de expropiación de unidades inscriptas en RENACER.
  10. Emergencia en adicciones. Ampliación presupuestaria para casas comunitarias y convivenciales. Pauta publicitaria para prevención de adicciones.

Previo a dar la palabra a referentes de las organizaciones, cierran: “No al ajuste”.

La plaza aplaude.

Tal como dicen, en contextos con anuncios macroeconómicos inciertos y consecuencias aún más oscuras, esa agenda marca un camino: por abajo. Nurit, con su hijo de 9 meses en brazos, cierra entonces qué significa San Cayetano: “En un contexto difícil y desafiante, necesitamos motivos para juntar esperanza”.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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