La reunión de material fílmico y fotográfico que reproducimos aquí permitió detectar que el disparo de un cartucho de gas que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo (provocándole fracturas en el cráneo y pérdida de masa encefálica) fue efectuado de manera ilegal, apuntándole directamente al joven de 35 años que sigue en terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía. La organización Mapa de la Policía sostiene, además, que el autor fue un cabo 1º de Gendarmería, de apellido Guerrero. En la conferencia de prensa de presentación del video, se supo que el juez Martín Cormick del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, rechazó una cautelar que había presentado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que está intentando una declaración de inconstitucionalidad del “protocolo antipiquetes” implementado por el gobierno. Pero lo que sí planteó Cormick es que “ante la proximidad de la marcha convocada para el miércoles 19/03/25, que genera en los solicitantes la incertidumbre acerca de que los hechos ya acontecidos puedan volver a repetirse, corresponde poner en conocimiento de las partes que este Tribunal observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda” para evitar ‘… todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional».

La presencia judicial en la marcha será una novedad, mientras el oficialismo informa que sostiene reuniones para coordinar la represión de la marcha del miércoles con la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) que aparentemente responde a Santiago Caputo, confirmando el ejercicio de “inteligencia” interna (o espionaje, o manipulación) que se ejerce desde el gobierno. La mayor zozobra de la gestión Milei / Bullrich no parece provenir de los jubilados ni de la crisis social, sino de la presencia de un periodismo que simplemente intenta hacer su trabajo y ejercer la libertad de expresión. El video completo.

El video muestra las imágenes y explica de qué modo falseó la realidad la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al referirse (entre muchas otras falsedades) al modo en el que fue herido el fotógrafo de 35 años Pablo Grillo, a quien le apuntaron para dispararle un cartucho metálico de gas lacrimógeno de unos 20 centímetros de largo que le provocó fracturas en el cráneo y pérdida de la masa encefálica. Hubo otros hechos, como la detención de dos niños que salían de la escuela, o la agresión a la jubilada Beatriz Blanco (87 años) que después de caer de nuca y perder el conocimiento, al menos puede vivir para contarlo.

Todo esto se produce en medio de una desertificación de la actividad periodística, con medios y cuentapropistas que han hecho del callar y mentir un oficio altamente remunerativo, y con grandes empresas que han metamorfoseado la idea de comunicación para convertirse en sedes de operaciones políticas y negocios turbios.

Cartucho como el que de dispararon a Pablo Grillo en la manifestación del miércoles pasado.

El video fue presentado este lunes en la sede de ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina) junto al SiPreBa (Sindicato de Prensa de Buenos Aires).

Paralelamente, y según lo que estila el gobierno, la ministra Bullrich presentó en la Casa Rosada una noticia distractiva; el anuncio sobre un supuesto proyecto de ley contra los barras brava del fútbol (más allá de la generalizada desmentida sobre la presencia de barras en la marcha del último miércoles).

Durante la conferencia en ARGRA Paula Litvachky, del CELS, planteó que otras tres personas también habían sido apuntadas a la cabeza por armas policiales pese a que se estipula el peligro mortal que implica esa forma de disparo.

(Puede agregarse que el maestro Carlos Fuentealba fue asesinado en 2007, en Neuquén, por un proyectil de gas lacrimógeno que le dispararon por la espalda y atravesó la luneta del auto en el que se movilizaba. Los policías responsables fueron condenados, no así los responsables políticos como el entonces gobernador Jorge Sobisch).

Litvachky mencionó que en la causa en la que el CELS y otras organizaciones piden la declaración de inconstitucionalidad del llamado “protocolo antipiquetes”, presentaron una medida cautelar para proteger a quienes se manifiesten este viernes 19 de marzo. La solicitud fue rechazada por el juez Martín Cormik. Explicó Litvachky: “Pero el juez lo que dijo es que efectivamente de las imágenes y relatos sobre lo que había pasado el miércoles pasado lo que hubo fue una actuación policial contraria a los principios que garantizan el derecho a la protesta. Que eso eh daba mucha verosimilitud a la incertidumbre que estábamos planteando quienes pedíamos la medida cautelar. Y por eso decidió para el próximo miércoles hacer una observación presencial de la protesta y eso me parece que es un dato muy relevante porque va generando también otras garantías para quienes quieran manifestarse. Y también porque da la razón a quienes venimos planteando que el uso de su protocolo y la forma en que se dio el operativo es contrario a la Constitución y a las leyes”.

El juez Martín Cormik efectivamente planteó que “el Tribunal no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12/03/25 que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”.

Pablo y su trabajo como reportero gráfico. Hoy sigue en terapia intensiva.

Luego indica que en uso de las facultades instructorias que le competen “y ante la proximidad de la marcha convocada para el miércoles 19/03/25 que genera en los solicitantes la incertidumbre acerca de que los hechos ya acontecidos puedan volver a repetirse, corresponde poner en conocimiento de las partes que este Tribunal observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio –a  través de los medios probatorios

previstos en el CPCCN (en referencia al Código Procesal y Civil de la Nación)- toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho y/o acto que resulte procedente para resolver la cuestión en debate en estos autos, tal es el planteo de inconstitucionalidad de la Resolución 943/23 (Protocolo de Seguridad)”.

«Esto así vista la finalidad de la acción de amparo que ‘… todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus…» y en resguardo de los derechos establecidos en la Constitución Nacional”.

El miércoles será una nueva oportunidad para comprobar hasta dónde el gobierno insiste en una política que tiende a convertirá  los jubilados en marginados sociales, y para confirmar –en el caso del poder judicial– cuál es la distancia entre las palabras y los hechos.

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Registro durante la 33° Marcha del Orgullo en Buenos Aires: nuestra compañera Carla Morales Ríos lee Travesti: una teoría lo suficientemente buena, de Marlene Wayar, desde MU Trinchera Boutique.