CABA
Tuberculosis: El bacilo de la esclavitud
El mayor porcentaje de los casos de tuberculosis corresponde a costureros bolivianos. Tres hospitales porteños revelan números y causas y un estudio de la UBA detalla lo que hay detrás de cada enfermo: el 60 por ciento vive en el Bajo Flores, el 89 por ciento es pobre y el 90 por ciento trabaja en negro. ¿A quién le importa?
A na no es Ana. Quiere preservar su verdadera identidad porque teme perder su trabajo por el solo hecho de decir quién es. Está muy preocupada por no poder continuar ganándose la vida en el mismo lugar en el que se enfermó de tuberculosis: un taller de costura clandestino del Bajo Flores. Su voz se escucha un tanto engolada, tal vez por el barbijo celeste que le cubre media cara y que se infla y se desinfla con cada palabra que pronuncia. La joven, de 19 años, es una de los quince bolivianos internados durante la última semana de mayo en el pabellón Koch del Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz, también conocido con el poco feliz apodo de “Hospital de las Pestes”.
El dato de la nacionalidad de Ana y su lugar de trabajo merecen especial atención. El 39 por ciento de los 1.200 casos de tuberculosis declarados el año pasado en la Capital Federal correspondió a personas de origen boliviano, según subraya Antonio Sancineto, coordinador de la Red de Atención a la Tuberculosis de la Ciudad de Buenos Aires. Para comenzar a develar por qué la enfermedad se ensaña con los inmigrantes del Altiplano más que con ningún otro grupo o sector, el médico –que lleva 38 años asentado en el Muñiz– detalla cuáles son los factores de riesgo para adquirir el bacilo:
El primer caldo de cultivo es el hacinamiento, cuando en un ambiente viven más de tres personas y alguna de ellas está contagiada.
El máximo riesgo de contagio está dado por la permanencia de seis horas o más, junto a un paciente infectado. En encuentros ocasionales, como puede ser un viaje en subte o compartir una clase, la posibilidad de transmisión de la enfermedad es mínima.
La mala alimentación debilita el sistema inmunológico y facilita el contagio. La pobreza y la desnutrición aumentan la posibilidad de contraer el bacilo.
Cosiendo pestes
La vida de Ana –que es casi lo mismo que decir su trabajo– cumple con todos los requisitos necesarios para contraer la tuberculosis. La joven vive en el taller de costura donde la emplean a cambio de una paga de veinte centavos por prenda que cose. Comparte la habitación con su madre, su padre, sus tres hermanos y su beba de dos meses. Con ella viven, también, otras tres costureras internadas en el Muñiz con el mismo diagnóstico. Cada una de ellas, a su vez, convive con sus respectivas familias.
Ahora que describe su labor en el taller de costura, Ana retrae la voz. Habla para adentro, casi hay que adivinarle las palabras. Cuenta que trabaja todos los días, excepto los domingos; que la jornada laboral arranca a las 6 de la mañana y finaliza recién a las 8 de la noche. Únicamente el sábado termina un rato antes, a la hora de la merienda. Tiene sólo una hora de descanso, al mediodía, destinada a almorzar. El propietario del taller –“también es boliviano, me duele que un connacional nos haga esto”, se lamenta– les provee el almuerzo, por lo general un guiso “bien a la argentina”. Sólo una vez a la semana se rompe la rutina alimentaria: como si fuera una recompensa, el dueño les ofrece fideos mostachole, a la usanza boliviana, bien picantes y acompañados con papas.
En la planta alta del pabellón se alojan los hombres. Diez bolivianos intentan ganarle la batalla a la tuberculosis. El único que no trabaja en un taller textil es albañil, pero está acompañado de un amigo costurero que fue a visitarlo y a consolarlo: “No te preocupes, hace tres meses yo estuve internado aquí y mira que bien estoy ahora”. Los varones parecen aun mucho más reservados que las mujeres, ante cualquier pregunta sobre su vida prefieren bajar la mirada. Apenas uno se anima a romper el hielo con una insólita pregunta: “¿Cómo es el gusto del asado argentino?”
Tal vez por esa inquietud gastronómica sus ojos se mueven con sagacidad cuando advierte a ese hombre con barbijo y guantes de látex que entra al pabellón arrastrando un carrito con bandejas con comida. Todos los que ingresan a la sala –sean pacientes, visitas o personal hospitalario– deben hacerlo con las fosas nasales y la boca cubiertas. “El bacilo ataca los pulmones y se contagia a través del aire, ingresando por las vías respiratorias”, explica Sancineto, acodado en una caja que almacena centenas de blister dorados que contienen medicación para combatir la enfermedad. El tratamiento –explica el médico– es casi siempre ambulatorio. La internación queda como un recurso extremo, cuando la vida del paciente corre riesgo, cuando no hay posibilidad de que se aloje en un lugar digno y, en algunos casos, cuando no se puede garantizar la ingesta de la medicación.
Es la pobreza, estúpido
Sancineto señala que la cantidad de pacientes bolivianos infectados con tuberculosis se fue incrementando en los últimos diez años. El Hospital Piñero, ubicado en la zona de influencia del Bajo Flores –donde se asienta gran parte de la comunidad boliviana y de los talleres textiles clandestinos– atendió en 2006 a 136 nuevos casos de tuberculosis cada cien mil habitantes, mientras que el promedio en toda la red sanitaria de la ciudad fue de 40.
Otro hospital que se encuentra en el área de residencia de la comunidad boliviana es el Santojanni, ubicado en Mataderos. Allí, más del 79 por ciento de los casos de tuberculosis atendidos por el servicio de Neumonología en 2005 –última estadística disponible– correspondió a personas inmigrantes.
“Cuando decimos inmigrantes, estamos diciendo bolivianos, indocumentados hombres y mujeres jóvenes que trabajan en una industria textil clandestina, en un ambiente de insalubridad, en general, y de hacinamiento, en particular. Las características de los talleres y las condiciones de trabajo que se desarrollan en ellos constituyen un factor relevante en la transimisión de tuberculosis”, explicita Carlos Boccia, autodefinido como un médico de trinchera
Con tanto paciente atendido, Boccia comenzó a comprender sus limitaciones y a inocularse ciertas dosis de impotencia: “La condición de ilegalidad –tanto la laboral como la referida a la documentación– en que se encuentran los pacientes impiden un apropiado combate contra la enfermedad. No se puede realizar cualquier intervención médica en los talleres de costura, porque eso inhibiría las consultas de los casos. Cuando los pacientes vienen al hospital, lo hacen con la seguridad de que no serán denunciados a las autoridades”.
Según estándares internacionales, cada enfermo de tuberculosis infecta al 20 ó 30 por ciento de sus contactos. Por eso, una de las primeras preguntas que se le hace a una persona a la que se le diagnosticó el bacilo es con quiénes se frecuenta, para tratarlos preventivamente. “Los pacientes mencionan apenas a dos o tres familiares, pero sólo uno de ellos se acerca al hospital. Por la propia condición de ilegalidad, no existen para el sistema de salud, excepto cuando dejan de ser contactos para convertirse en enfermos. Este tipo de control es un fracaso debido a la raíz socioeconómica del problema, que trasciende las posibilidades del quehacer médico”, reconoce Boccia. Y define: “Se trata de un problema de la pobreza. Entonces es un problema de la política. Como decía el sanitarista Ramón Carrillo, frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”.
La asociación entre tuberculosis-comunidad boliviana-trabajo esclavo ya había sido estudiada por el Instituto de Tisioneumonología de la Universidad de Buenos Aires –del cual depende el pabellón Koch– sobre casos atendidos en el año 2004. El trabajo comienza describiendo que la mitad de los casos atendidos en el lapso investigado correspondía a inmigrantes y, de ellos, más del 75 por ciento eran bolivianos. A través de una encuesta realizada a los pacientes que portaban tuberculosis, los responsables del estudio detectaron que:
Más del 60 por ciento vivía en el Bajo Flores,
Cerca del 68 por ciento trabajaba como costurero,
Un 37 por ciento dormía en el lugar de empleo,
El 89 por ciento se encontraba con las necesidades básicas insatisfechas, el 62 por ciento vivía hacinado y el 75 por ciento comía en el lugar de trabajo,
Tres de cada cuatro trabajaban más de 40 horas semanales y compartían el ambiente laboral con más cuatro personas,
Un 94 por ciento carecía de cobertura de salud,
El 90 por ciento establecía su relación laboral de palabra, sin contratos ni recibo de sueldo alguno y el 77 por ciento carecía de Documento Nacional de Identidad, lo que dificultaba su inserción en el mercado laboral formal.
Con todo este panorama, el dato más difícil de comprender, tal vez, sea que el 85 por ciento llevaba al menos cinco años de antigüedad en su lugar de empleo. “El que no trabaja, no come”, explica Sancineto.
“La suma de estos factores –pobreza, vulnerabilidad social, vivienda y trabajos indignos– favorecen el desarrollo de la enfermedad en inmigrantes a medida que pasan los años, viviendo en nuestra Ciudad en esa situación social”, concluye el trabajo elaborado por el Instituto de Tisioneumonología de la UBA.
La complicidad mata
Como demuestra el informe, la existencia de talleres textiles clandestinos no es nueva. Pero el tema recién se hizo público a partir del incendio de uno de ellos, el 30 de marzo de 2006, cuando dos costureros y cuatro niños murieron carbonizados en un local de la calle Luis Viale al 400, de Villa Crespo. A partir de ese suceso, la Unión de Trabajadores Costureros denunció a más de 70 marcas cuyas prendas son confeccionadas con trabajo esclavo. Entre ellas, las afamadas Kosiuko, Cheeky, Lacar, Soho y Glidado, una firma que provee de camisas, pantalones, pulóveres, gorras, corbatas y charreteras a la Policía Federal.
De acuerdo con un trabajo presentado el 29 de mayo pasado por la Organización Interrupción junto a la Fundación El Otro –una entidad que trabaja, entre otras cosas, para garantizar la participación ciudadana y la responsabilidad social de las empresas–, se estima que en Argentina viven entre 100.000 y 130.000 inmigrantes bolivianos que son víctimas de la explotación sexual o laboral. El 20 por ciento del pbi boliviano se explica –según ese estudio– por las remesas de los talleres de confección radicados en Argentina.
“Las autoridades de la Nación y las autoridades policiales saben de la existencia de trabajo esclavo en la Ciudad de Buenos Aires y tienen autoridad y competencia para la inspección. Es una cadena de responsabilidades y complicidad que se extiende hasta la frontera, que implica tanto al Estado como a las empresas”, declaró para ese informe Mercedes Assorati, coordinadora de fointra, el programa que diseñó contra la trata de personas la Organización Internacional para las Migraciones. “Prácticamente, en Argentina el trabajo esclavo no tiene sanción penal”, denunció.
Después de que se incendiara el taller de la calle Luis Viale, el gobierno de la Ciudad salió con una agresiva campaña publicitaria y empapeló Buenos Aires con la leyenda: “El trabajo esclavo mata”. También se anunció el Plan Nacional de Regularización del Trabajo y el plan Patria Grande para paliar la indocumentación de los inmigrantes. Sin embargo, los índices de tuberculosis en los costureros bolivianos continúan demostrando que el problema aún no encuentra solución.
La complicidad de altos funcionarios ya había quedado expuesta, de manera explícita, cuando el mismísimo cónsul boliviano participó de las manifestaciones en las que los talleristas exigían el cese de las clausuras de los locales clandestinos que habían comenzado a producirse por la presión de la opinión pública tras el incendio de la calle Luis Viale. El diplomático argumentaba a favor del sistema de explotación con el único justificativo de la existencia de patrones culturales distintos entre su país y Argentina.
Después de que el cónsul boliviano fue obligado a dejar el cargo por “negligencia profesional”, la representación diplomática de ese país pareció, en primer lugar, admitir la existencia del problema. En la página web del consulado se publica un artículo titulado “La tuberculosis mata”. Allí describe los síntomas de la enfermedad –fiebre, cansancio, pérdida de peso y tos por más de quince días, que puede o no estar acompañada de expectoraciones con sangre– y enuncia una lista de obligaciones que deben cumplir los talleres de costura:
“Efectuar la Revisión Médica Ocupacional de todas las personas de viven y trabajan en el taller.
Separar los ambientes de vivienda y de trabajo.
Cuidar de no tener a niños en el ambiente de trabajo.
Tener buena ventilación e higienizar áreas de trabajo, baños, cocinas y dormitorios.
Cuidar de una alimentación adecuada y balanceada.
Evitar sobrecarga de trabajo.
Usar barbijo.”
Ana está recostada en su cama hospitalaria, con el elástico vencido y tapada hasta el cuello con una frazada con la que intenta mitigar el frío de un pabellón que carece de sistema de calefacción. La joven probablemente desconozca aquella página web del consulado, pero su relato pone en evidencia la letra muerta de la ley. “Nuestro patrón nunca quería darnos barbijos, la pasábamos tosiendo a toda hora por el polvillo de las telas que cosíamos”, se queja.
¿El dueño sabe que estás internada?
No –contesta por primera vez con voz firme–. Si se entera no me da más trabajo.
A dos metros de distancia, una de sus compañeras internadas se reclina en la cama con esfuerzo y replica con fastidio:
–¡Sí que sabe! Pero no le importa, nosotros no le importamos a nadie.
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El teatro sale a la calle por la derogación del decreto 345

A 44 años del atentado al Teatro Picadero en plena dictadura, distintas salas, artistas, productores y gestores organizan un encuentro para conectar pasado y presente. De Teatro Abierto al Festival ENTRÁ, la organización contra el desmantelamiento del sector, representado en el decreto 345, para defender la cultura, la identidad y crear lo que viene.
Por María del Carmen Varela
El 6 de agosto de 1981, a pocos días de haberse iniciado el ciclo Teatro Abierto, el Teatro Picadero sufrió un atentado que lo dejó en ruinas. Por eso, 44 años después, bajo otro ataque sistemático a la cultura, la comunidad teatral sale a la calle para recordar y exigir.
La propuesta reza:
El Teatro está Abierto: ENTRÁ.
La historia no se repite igual, pero rima.
El miércoles próximo, de 17.30 a 19.30, en la puerta del Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA, trabajadorxs de las artes escénicas se reunirán para celebrar que el teatro sigue abierto y para defender al Instituto Nacional del Teatro que por el decreto 345 está siendo desmantelado.
La gacetilla anuncia la participación de Lorena Vega, Valeria Lois, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra leyendo framentos de “Decir sí” de Griselda Gambaro, “El Acompañamiento” de Carlos Gorostiza, “Parlamento” del grupo Piel de lava y “Civilización” de Mariano Saba. Un diálogo entre obras que fueron parte de aquel ciclo y obras contemporáneas que hablan de nuestro presente. También habrá un cierre musical a cargo de Talleres Batuka.
Sigue la gacetilla: «Les invitamos a este evento que es, a su vez, un acto de conmemoración y un encuentro de resistencia. Como Teatro Abierto en los 80, hoy desde ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) seguimos encontrándonos para defender nuestra identidad cultural, nuestro teatro».
El texto poético que acompaña el mitín:
Ayer fue dictadura, hoy es democracia simulada
Ayer fue incendio, hoy es apagón
Ayer fue teatro como refugio, hoy es como grito
Ayer fue unión de artistas, hoy es red federal viva
Ayer y hoy: el teatro vuelve a responder como acto político y vital
En defensa de la cultura, exigimos la derogación del decreto 345.
Entrá porque es urgente
Entrá porque es ahora.
El emblemático ciclo Teatro Abierto arrancó el 28 de julio de 1981 en en el Teatro Picadero. Su organización fue un acto de resistencia en un contexto de dictadura que censuraba a dramaturgxs, directorxs teatrales, actores y actrices de la escena nacional. Un grupo de dramaturgxs comenzó a reunirse en la sede de Argentores para poner al teatro en acción: Así nació Teatro Abierto. Con una programación de 21 obras breves, se proyectó la realización de 3 funciones por día durante 3 meses. Con dramaturgxs como Carlos Gorostiza, Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Pacho O´Donell, Griselda Gambaro y Aída Bortnik, entre otrxs, el ciclo se convirtió en un verdadero fenómeno artístico apenas iniciado. El público respondió a la convocatoria y se agotó la venta de abonos casi de inmediato. Una semana después, el 6 de agosto, se produjo el atentado que destruyó al Picadero. Al día siguiente se produjo una concurrida asamblea en el Teatro Lasalle y decidieron continuar. Varias salas teatrales ofrecieron sus instalaciones y finalmente el Tabarís, clásico espacio de la revista porteña, fue el elegido para reanudar el ciclo. Una semana más tarde, volvió Teatro Abierto con un apoyo multitudinario por parte del público que llenó la sala hasta la última función.
Contacto: +54 9 11 6914-3033 (Ana)
[email protected]
Instagram: @festivalentra
CABA
Villa Lugano: una movilización en contra del “Máster Plan”

Vecinas y vecinos del barrio del sur porteño resisten ante una obra que está haciendo el gobierno de la Ciudad a espaldas de la comunidad: tala de centenares de árboles añosos, el cierre de varios ingresos y egresos de la autopista Dellepiane y la colocación de un nuevo peaje (a 4 km de otro ya existente) para ampliar la recaudación. El silencio del gobierno local y el ruido de sus topadoras arrasando el espacio verde y público. La voz de la organización popular que no calla y sale a la calle, otra vez –este viernes y en una caravana de autos– para visibilizar lo que pasa en una de las zonas más postergadas de CABA: a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel hasta Dellepiane Norte y Piedra Buena.
Por Francisco Pandolfi
Desde noviembre del año pasado la comunidad de Villa Lugano resiste a una obra que ya está haciendo el Gobierno de la Ciudad sin licencia social ni escuchar a la vecindad: el Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de centenares de árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista y otro peaje (a cuatro kilómetros del de avenida Lacarra).
La organización popular no cesó desde el momento en que se enteraron de la iniciativa. Asambleas, audiencias públicas, semaforazos, volanteadas en los distintos sub barrios que forman parte de este barrio porteño bien al sur porteño. Y guardias, para evitar el talado de árboles en lo que las y los vecinos denuncian como “un ecocidio”, que está sucediendo desde marzo.
La comunidad hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, sin respuestas.
Sin embargo, la obra empezó aún incumpliendo la promesa de que antes habrían mesas de trabajo en conjunto. Este viernes, la comunidad decidió volver a manifestarse, en una caravana de autos para seguir visibilizando la problemática. Desde lavaca hablamos con el colectivo de vecinos apartidario No dividan Lugano que está al frente de denunciar la obra.
Sobre lo negativo y lo positivo de la obra, dirán: “El Master plan Autopista Parque Dellepiane fue presentado como una mejora para el sur de la ciudad, pero en la práctica profundiza las desigualdades urbanas, degrada el ambiente y fragmenta el territorio. Lo negativo es abrumador”, y enumeran:
• Implica la tala de más de 500 árboles añosos, sin plan de reforestación efectivo.
• Aumenta la huella de carbono y destruye espacios verdes sin compensación.
• Instala un Metrobus central inaccesible, que obliga a cruzar pasarelas extensas sin rampas adecuadas ni soluciones reales para personas mayores o con movilidad reducida.
• Divide al barrio aún más, eliminando accesos, aislando sectores y obstaculizando la vida cotidiana.
• No contempla una red multimodal de transporte, ni bicisendas, ni centros de transferencia.
• Instaura peajes en tramos que eran gratuitos, generando un nuevo costo para vecinos que hacen trayectos cortos todos los días.
Agregan: “Lo positivo, si lo hay, podría haber sido la oportunidad de pensar el área como un verdadero corredor verde y sustentable. Pero nada de eso fue incorporado, ni escuchado”. Y vuelven a enumerar, en este caso, sobre lo que es fundamental denunciar en esta obra:
• Fue diseñada sin participación ciudadana efectiva, sin diálogo real con la comunidad.
• Incumple múltiples normativas locales y nacionales, desde la Constitución de la Ciudad hasta leyes de accesibilidad, ambiente y derechos ciudadanos.
• Avanza a pesar de un amparo ambiental colectivo presentado por vecinos, vulnerando el Acuerdo de Escazú y los principios de justicia ambiental.
La obra es impulsada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a través de su empresa estatal AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), con financiamiento internacional de la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina. Las veces que lavaca quiso comunicarse con la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño fue imposible. Nadie atiende. En relación a AUSA el prensa de la empresa explicó que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.
Dicen las y los vecinos: “El proyecto fue aprobado sin estudios de impacto ambiental adecuados, sin matrices de costo-beneficio transparentes y sin haber sido sometido a procesos participativos válidos. Hoy, la obra está en plena ejecución, avanzando a toda velocidad sin haber sido revisada tras la presentación del amparo ni durante las mesas de trabajo convocadas por la Justicia, una vez que ya habían iniciado la obra”.
¿Las mesas de trabajo están sirviendo de algo? ¿Hay escucha del gobierno porteño y de la empresa?
Las mesas de trabajo fueron convocadas por orden judicial. Pero en la práctica, no hay escucha real. El GCBA y AUSA llegan a las mesas con el proyecto cerrado, sin brindar información clave, sin contestar a los pedidos de acceso a la información, ni frenar las obras mientras se debate. Las propuestas alternativas presentadas por los vecinos (como usar colectoras, premetro, u otros modelos de movilidad sustentable) ni siquiera fueron consideradas. Las mesas han sido una formalidad dilatoria mientras la obra avanza sin freno.
¿Qué perjuicios ya están sucediendo y cuáles sucederán?
Tala de árboles, pérdida de sombra, humedad y biodiversidad; rotura de veredas, ruidos permanentes, vibraciones y molestias en la vida diaria; corte de accesos históricos, dejando barrios desconectados. Y si no se frena habrá un aumento de inseguridad vial, con colectivos cruzando carriles rápidos en maniobras riesgosas; aislamiento de sectores enteros del barrio; encarecimiento de la vida cotidiana por peajes, más transporte y pérdida de comercios barriales; mayor contaminación ambiental y sonora; desvalorización de las propiedades y deterioro del entorno.
¿Por qué este viernes 1 de agosto la comunidad hará una caravana?
Porque ya no alcanza con reclamar en silencio ni esperar respuestas que no llegan. Convocamos a una caravana vecinal pacífica para visibilizar el conflicto, frenar el avance destructivo de la obra, y exigir participación real. Será una caravana con autos, banderas argentinas y carteles. Queremos que nos vean y que nos escuchen.



La caravana saldrá a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel y finalizará en Dellepiane Norte y Piedra Buena. Participarán familias, organizaciones barriales, ambientalistas, arquitectos, docentes, jubilados, comerciantes. Al finalizar, se realizará una ceremonia simbólica con Flavia Carrión, antropóloga y comunicadora de sabiduría ancestral, en el Día de la Pachamama. “Será un acto de gratitud ambiental, una pausa colectiva para honrar a los árboles y el esfuerzo de toda nuestra gente; para agradecerle a la Tierra por seguir aguantándonos. Un momento para reencontrarnos con lo esencial: la naturaleza, la vida en comunidad y la defensa de lo que amamos”.
Esta misma vecindad organizada se formó el año pasado con el nombre “No dividan Lugano”, cuando evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nivel, que hubiesen significado un abanico de perjuicios para el barrio. En ese entonces, cuando llegaron las topadoras, mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. En esta crónica contamos lo que fue ese proceso comunitario.
Un año después, el barrio de Lugano sigue en pie de resistencia. “Somos una comunidad que se levanta para defender a su barrio. Ya presentamos más de 800 firmas, relevamientos propios y propuestas alternativas. Pero nos siguen ignorando, y la obra sigue destruyendo. Por eso salimos a la calle, otra vez, y así lo seguiremos haciendo cada vez que haga falta”.
Actualidad
Marcha de jubilados: balas y bolitas

Siete detenidos y al menos 30 personas heridas, entre jubilados, curas, trabajadores de prensa (lavaca, Cítrica, Infonews, El Destape y C5N, entre ellos), defensores de derechos humanos, y un niño de 4 años que estaba con su familia en la Plaza de los Dos Congresos. Ese es uno de los saldos de otra semana de represión brutal a la protesta de cada miércoles, esta vez coordinada por la Policía de la Ciudad, que disparó postas de goma, balines con gas pimienta, granadas aturdidoras, golpeó con escudos y lanzó un nuevo tipo de gas que producía tos y vómitos. El despliegue también implicó tareas de inteligencia ilegal con efectivos que filmaban y fotografiaban manifestantes, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que también relevó «policías armados con postas de plomo que están prohibidos». Los carteles, las reflexiones, y la creatividad: algunos integrantes de la marcha terminaron jugando a las bolitas en la calle con los balines policiales.
Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi. Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org

El padre Paco Olveira muestra los balines que golpean y expulsan gas pimienta. Terminaron jugando con ellos a la bolita sobre la acera.
Otro miércoles de protesta de jubilados y otro miércoles de represión feroz y absurda enfocada principalmente a jubilados y a la prensa que cubría lo que estaba ocurriendo. Con ataques directos a los ojos y a los cuerpos. A las cámaras y a los celulares que registraban la bestialidad de las fuerzas de seguridad –el fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, entre ellos, con quemaduras de primer grado en el cuello y en la oreja–. No es difícil imaginar lo que hubiese ocurrido si ese ataque le hubiera llegado directamente a los ojos. Esta vez fue la Policía de la Ciudad la encargada de lanzar gases y disparos a mansalva en la intersección de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña cuando la movilización pretendía ir hacia la Casa Rosada.

El fotógrafo Juan Valeiro de lavaca, uno de los periodistas atacados, como ocurrió con profesionales de Cítrica, Infonews, El Destape y C5N.
Hubo 7 detenidos (Agustín Cano, Leandro Maristains, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos, Hugo Eischler y Javier Mendoza) y al menos 30 heridos según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre ellos un niño de 4 años que estaba en la Plaza de los Dos Congresos junto a su familia.

Escenas de otro miércoles de violencia estatal absurda.
Más allá de la violencia ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la concentración de jubilados tuvo un eje concreto de reclamo: el “no al veto” del gobierno nacional a la suba de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, Javier Milei ya avisó que vetará las leyes aprobadas por el Congreso. Tiene plazo hasta el lunes 4 de agosto, tiempo destinado a ofrecer distintas cuestiones no públicas a diputados que se sumen a apoyar el veto, como ha venido ocurriendo. ¿El argumento del oficialismo contra un ínfimo aumento a jubilados? “Va en contra del equilibrio fiscal”.

Una de las jubiladas víctimas del coraje policial contra ellas, y de un nuevo gas tóxico, un símbolo de esta época.
Con la camiseta de Independiente y máscara del Hombre Araña, un jubilado entendió el mapa económico que traza esa decisión, y lo señaló con un cartel en tono bíblico: en el Génesis se habla de un sueño con vacas gordas y vacas flacas, referencia a los períodos de prosperidad y a los de dificultades. El jubilado escribió una actualización argentina de aquella imagen que ya no tiene forma de sueño sino de pesadilla.
- “Vacas gordas, jubilados flacos”.

El Hombre Araña es del Rojo, y releyó el Génesis.
Números y un café
Carlos trabajó cuarenta años en el Correo y no falta ningún miércoles a la marcha de jubilados y jubiladas con su remera ya mítica de Chacarita. Tanto, que casi nadie sabe que se llama Carlos y la gente le dice “Chaca”. Hoy caminó por Rivadavia con dos vendas que le envolvieron sus dos antebrazos. “Como todos los miércoles, venimos a reclamar y te cagan a palos. Acá tenés la prueba”, dijo a lavaca mostrando sus moretones. “Pero ya lo dije: esta sangre mía Bullrich la va a pagar”.
Héctor acaba de cumplir 75 años: “Decir que la suba de las jubilaciones atenta contra el equilibrio fiscal es una payasada. Milei lo deja claro cuando le baja las retenciones al campo, como dijo el sábado en la Sociedad Rural. Para nosotros nada y para los ricos todo, esa es la política del gobierno. ¿El beneficio para el campo no genera déficit fiscal? Milei es una máquina de mentir”. El hombre cuenta sus propias y reales retenciones: “Ya no salgo más que los miércoles acá. Ya no tengo la vida que tenía antes, no puedo viajar ni tomarme un café”.

Policías en acción, frente a jubilados que reclaman por sus haberes amputados por la motosierra.
De ratificarse el veto a los jubilados, la suba de agosto no será del 7,2% como fija la ley aprobada (el haber mínimo $441.600), sino del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51.
Abus en la calle
Alicia tiene 63 años y lleva un pañuelo firmado por siete de sus nietos: “Abus en lucha”, “Aguanten los jubilados”. No entiende la distribución de la riqueza. O sí, pero la ve obscena: “La baja de las retenciones y el veto a los jubilados es una guasada total”. Sus retenciones: “Ya no me puedo dar más un gustito. Vivo el día a día, ya no estoy comprando nada ni semanal ni mensual”.
En la marcha hubo muchos carteles al respecto:
- No al veto: nuestra indigencia es tu superávit
- Ni veto ni represión: fuera el FMI
- No al veto a las leyes en jubilaciones
- No al veto: cobarde estafador (y la cara de Milei).
Ana, 74 años, trajo su propia pancarta: “Baja las retenciones a los ricos, hambrea a los viejos”. Cuenta que su hijo trabaja en el Correo y teme ser despedido, que su nieta encontró trabajo en un Todo Moda pero la echaron a los dos meses. Para ella todo el pueblo debería movilizarse: “No sólo los jubilados y los del Garrahan. Todos”.

No hay plata para el cine argentino (el Gaumont como símbolo) pero sí para filmar ilegalmente a manifestantes.
Walter (66) y Julio (62) llegaron de Campana, norte de la provincia de Buenos Aires. Sumaron otros dos carteles: “Viejo: no te quedes en tu casa, vení a luchar” y “Ayudame a luchar. El próximo viejo sos vos”. Walter movió la cabeza de un lado para el otro al recordar el discurso de Milei en la Sociedad Rural: “Un tipo desquiciado, frente a toda la oligarquía, los terratenientes, los dueños de la tierra. Él mismo dice: ‘soy cruel’. Nos la está haciendo parir. Nos quitó la medicación, todo un desastre”.
Julio coincidió: “Ahí ves realmente para quién gobierna. Hasta el que tiene séptimo grado, como yo, se da cuenta”.

Jubilado hablándole a la pared.
Roberto, 62 años, de Trelew (Chubut), lo escucha: “Pero hay que seguir viniendo, compañeros. Son totalmente inescrupulosos. Hoy hablaba con un amigo que me decía que había que respetar el voto popular, pero Hitler también ganó con el voto popular. Si no salimos a la calle, no sé qué más va a pasar”.
Vallas a donde vayas
El Congreso estuvo totalmente vallado. Vallas sobre Entre Ríos, Riobamba, Yrigoyen, Rivadavia. “Este quilombo lo hizo la Buillrich”, gritó un cincuentón a los automovilistas que se quejaban porque avanzar por las calles lindantes era un imposible.
Luis llevó un cartel: “Menstruación=sueldo de jubilado; viene una vez y se va a los tres días”. Dijo que lo escuchó a Milei cuando anunció en La Rural la baja de las retenciones al agro. “Lo que me dolió fue que la gente aplaudió cuando dijo que iba a vetar nuestro aumento. La gente del campo aplaude a todos los que empiezan con la “m” de mierda: Martínez de Hoz, Menem, Macri y ahora Milei”.

Mensaje para el tal vez próximo embajador de Trump en Argentina. Un apellido que parece un mandato.
Después de la radio abierta, como cada miércoles, empezó la movilización. Las columnas bajaron a Hipólito Yrigoyen, cuya circulación no estaba cortada y marcharon por la calle. “Luche que se van”, fue otra vez el hit, al que siguió “que se vayan todos”. Uno de los temas, con dedicatoria explícita: “A dónde está, que no se ve, esa famosa CGT”. Nobleza obliga: ni la CGT ni ningún partido político, con la cabeza en las elecciones legislativas y no en la calle.
La violencia y las bolitas
Sobre Yrigoyen, casi Luis Sáenz Peña, se divisaba un camión hidrante que se retiró. La columna dobló al final de la Plaza para ir hacia Avenida de Mayo con la intención de seguir la marcha hacia Plaza de Mayo. Sin embargo, en otro operativo de pésima coordinación –esta vez por la Policía de la Ciudad– la manifestación se mezcló entre autos y colectivos que seguían pasando.

“¡Por la vereda!”, gritaron algunos jubilados. Pero en ese momento, los efectivos cortaron de cordón a cordón empezando con la respuesta física violenta. El operativo estuvo acompañado, como suele ocurrir, por oficiales con cámaras que filmaron y sacaron fotos (con el objetivo de realizar algún tipo de “inteligencia” y amedrentamiento a quienes ejercen el derecho de reclamar).
La movilización avanzó pero rápidamente empezaron las detonaciones de escopeta con postas de goma y de granadas. Dispararon balines de armas byrna, redondos y de colores, que impactaban en los cuerpos, provocando lastimaduras y liberación del gas que llevan dentro. También lo hicieron sobre la vereda, donde se supone que no hay “protocolo”. Detuvieron, golpearon y gasearon fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras de prensa, como cada semana. El efecto de esos spray, que poseen una sustancia espesa y viscosa: penetra los poros y quema durante horas. El fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, como otros reporteros (Cítrica, Infonews, C5N y El Destape, entre otros), fueron atendidos en la misma plaza y en el Instituto Patria. “Quemadura de primer grado”, diagnosticaron a nuestro compañero.

¿Qué escudan los escudos?
Nadie fue ajeno a esta nueva ofensiva. La policía disparó un gas que generaba tos hasta el punto de provocar arcadas y vómitos. La sensación era extraña, porque no había un sabor ácido ni picante, pero provocaba una tos ronca. El efecto llegaba incluso a las calles aledañas, aparentemente ajenas al la marcha. “El registro del despliegue policial evidencia su brutalidad e irracionalidad”, denunció la CPM, organismo que precisó otro detalle alarmante: “Se relevaron también policías armados con armas con postas de plomo que están prohibidas, y acciones de inteligencia ilegal”.
Agregó la CPM que el ataque incluyó a defensores de derechos humanos, cuyo hostigamiento tenía como fin evitar el registro de los hechos.
Sin embargo, la gente no se fue.
La gente se quedó. La policía avanzaba, seguía gaseando, y la gente siguió.
“¡Tienen miedo!”, gritó una jubilada. “¡Tienen miedo!”.
Uno de los primeros detenidos había sido el padre Paco Olveira. Lo golpearon, lo gasearon y lo salvó la gente. Se llevó de recuerdo dos de los balines de la Policía. “Es el último arma que trajo Bullrich”, explica y muestra a lavaca. “Te tiran y salta el gas. No te deja respirar. Y duele, porque nos dieron unos cuantos en los pies. Gracias a Dios hoy no tiraron a los ojos”.
De fondo, la jubilada siguió gritando: “¡Tienen miedo!”.
Otro miércoles de protesta de jubilados se diluía entre detenciones y balines de gas. Entre un cordón con armas largas sobre Rivadavia y un grupo de la motorizada dispuesto a salir sobre Rodríguez Peña. Sin embargo, mientras el padre Paco seguía mostrando los balines, alguien propuso:
–Juguemos a las bolitas.
Todos se rieron, por el absurdo de la situación.
De nuevo, frente al horror, la creatividad social.
Y así, frente a policías que seguían filmando ahora una burla, un párroco y una jubilada arrodillados en la calle, jugaron a las bolitas con los balines para cerrar otro miércoles argentino.

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