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Tuberculosis: El bacilo de la esclavitud

Publicada

hace 18 años

03/06/2007

El mayor porcentaje de los casos de tuberculosis corresponde a costureros bolivianos. Tres hospitales porteños revelan números y causas y un estudio de la UBA detalla lo que hay detrás de cada enfermo: el 60 por ciento vive en el Bajo Flores, el 89 por ciento es pobre y el 90 por ciento trabaja en negro. ¿A quién le importa?

A na no es Ana. Quiere preservar su verdadera identidad porque teme perder su trabajo por el solo hecho de decir quién es. Está muy preocupada por no poder continuar ganándose la vida en el mismo lugar en el que se enfermó de tuberculosis: un taller de costura clandestino del Bajo Flores. Su voz se escucha un tanto engolada, tal vez por el barbijo celeste que le cubre media cara y que se infla y se desinfla con cada palabra que pronuncia. La joven, de 19 años, es una de los quince bolivianos internados durante la última semana de mayo en el pabellón Koch del Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz, también conocido con el poco feliz apodo de “Hospital de las Pestes”.
El dato de la nacionalidad de Ana y su lugar de trabajo merecen especial atención. El 39 por ciento de los 1.200 casos de tuberculosis declarados el año pasado en la Capital Federal correspondió a personas de origen boliviano, según subraya Antonio Sancineto, coordinador de la Red de Atención a la Tuberculosis de la Ciudad de Buenos Aires. Para comenzar a develar por qué la enfermedad se ensaña con los inmigrantes del Altiplano más que con ningún otro grupo o sector, el médico –que lleva 38 años asentado en el Muñiz– detalla cuáles son los factores de riesgo para adquirir el bacilo:
El primer caldo de cultivo es el hacinamiento, cuando en un ambiente viven más de tres personas y alguna de ellas está contagiada.
El máximo riesgo de contagio está dado por la permanencia de seis horas o más, junto a un paciente infectado. En encuentros ocasionales, como puede ser un viaje en subte o compartir una clase, la posibilidad de transmisión de la enfermedad es mínima.
La mala alimentación debilita el sistema inmunológico y facilita el contagio. La pobreza y la desnutrición aumentan la posibilidad de contraer el bacilo.
Cosiendo pestes
La vida de Ana –que es casi lo mismo que decir su trabajo– cumple con todos los requisitos necesarios para contraer la tuberculosis. La joven vive en el taller de costura donde la emplean a cambio de una paga de veinte centavos por prenda que cose. Comparte la habitación con su madre, su padre, sus tres hermanos y su beba de dos meses. Con ella viven, también, otras tres costureras internadas en el Muñiz con el mismo diagnóstico. Cada una de ellas, a su vez, convive con sus respectivas familias.
Ahora que describe su labor en el taller de costura, Ana retrae la voz. Habla para adentro, casi hay que adivinarle las palabras. Cuenta que trabaja todos los días, excepto los domingos; que la jornada laboral arranca a las 6 de la mañana y finaliza recién a las 8 de la noche. Únicamente el sábado termina un rato antes, a la hora de la merienda. Tiene sólo una hora de descanso, al mediodía, destinada a almorzar. El propietario del taller –“también es boliviano, me duele que un connacional nos haga esto”, se lamenta– les provee el almuerzo, por lo general un guiso “bien a la argentina”. Sólo una vez a la semana se rompe la rutina alimentaria: como si fuera una recompensa, el dueño les ofrece fideos mostachole, a la usanza boliviana, bien picantes y acompañados con papas.
En la planta alta del pabellón se alojan los hombres. Diez bolivianos intentan ganarle la batalla a la tuberculosis. El único que no trabaja en un taller textil es albañil, pero está acompañado de un amigo costurero que fue a visitarlo y a consolarlo: “No te preocupes, hace tres meses yo estuve internado aquí y mira que bien estoy ahora”. Los varones parecen aun mucho más reservados que las mujeres, ante cualquier pregunta sobre su vida prefieren bajar la mirada. Apenas uno se anima a romper el hielo con una insólita pregunta: “¿Cómo es el gusto del asado argentino?”
Tal vez por esa inquietud gastronómica sus ojos se mueven con sagacidad cuando advierte a ese hombre con barbijo y guantes de látex que entra al pabellón arrastrando un carrito con bandejas con comida. Todos los que ingresan a la sala –sean pacientes, visitas o personal hospitalario– deben hacerlo con las fosas nasales y la boca cubiertas. “El bacilo ataca los pulmones y se contagia a través del aire, ingresando por las vías respiratorias”, explica Sancineto, acodado en una caja que almacena centenas de blister dorados que contienen medicación para combatir la enfermedad. El tratamiento –explica el médico– es casi siempre ambulatorio. La internación queda como un recurso extremo, cuando la vida del paciente corre riesgo, cuando no hay posibilidad de que se aloje en un lugar digno y, en algunos casos, cuando no se puede garantizar la ingesta de la medicación.

Es la pobreza, estúpido
Sancineto señala que la cantidad de pacientes bolivianos infectados con tuberculosis se fue incrementando en los últimos diez años. El Hospital Piñero, ubicado en la zona de influencia del Bajo Flores –donde se asienta gran parte de la comunidad boliviana y de los talleres textiles clandestinos– atendió en 2006 a 136 nuevos casos de tuberculosis cada cien mil habitantes, mientras que el promedio en toda la red sanitaria de la ciudad fue de 40.
Otro hospital que se encuentra en el área de residencia de la comunidad boliviana es el Santojanni, ubicado en Mataderos. Allí, más del 79 por ciento de los casos de tuberculosis atendidos por el servicio de Neumonología en 2005 –última estadística disponible– correspondió a personas inmigrantes.
“Cuando decimos inmigrantes, estamos diciendo bolivianos, indocumentados hombres y mujeres jóvenes que trabajan en una industria textil clandestina, en un ambiente de insalubridad, en general, y de hacinamiento, en particular. Las características de los talleres y las condiciones de trabajo que se desarrollan en ellos constituyen un factor relevante en la transimisión de tuberculosis”, explicita Carlos Boccia, autodefinido como un médico de trinchera
Con tanto paciente atendido, Boccia comenzó a comprender sus limitaciones y a inocularse ciertas dosis de impotencia: “La condición de ilegalidad –tanto la laboral como la referida a la documentación– en que se encuentran los pacientes impiden un apropiado combate contra la enfermedad. No se puede realizar cualquier intervención médica en los talleres de costura, porque eso inhibiría las consultas de los casos. Cuando los pacientes vienen al hospital, lo hacen con la seguridad de que no serán denunciados a las autoridades”.
Según estándares internacionales, cada enfermo de tuberculosis infecta al 20 ó 30 por ciento de sus contactos. Por eso, una de las primeras preguntas que se le hace a una persona a la que se le diagnosticó el bacilo es con quiénes se frecuenta, para tratarlos preventivamente. “Los pacientes mencionan apenas a dos o tres familiares, pero sólo uno de ellos se acerca al hospital. Por la propia condición de ilegalidad, no existen para el sistema de salud, excepto cuando dejan de ser contactos para convertirse en enfermos. Este tipo de control es un fracaso debido a la raíz socioeconómica del problema, que trasciende las posibilidades del quehacer médico”, reconoce Boccia. Y define: “Se trata de un problema de la pobreza. Entonces es un problema de la política. Como decía el sanitarista Ramón Carrillo, frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”.
La asociación entre tuberculosis-comunidad boliviana-trabajo esclavo ya había sido estudiada por el Instituto de Tisioneumonología de la Universidad de Buenos Aires –del cual depende el pabellón Koch– sobre casos atendidos en el año 2004. El trabajo comienza describiendo que la mitad de los casos atendidos en el lapso investigado correspondía a inmigrantes y, de ellos, más del 75 por ciento eran bolivianos. A través de una encuesta realizada a los pacientes que portaban tuberculosis, los responsables del estudio detectaron que:

Más del 60 por ciento vivía en el Bajo Flores,
Cerca del 68 por ciento trabajaba como costurero,
Un 37 por ciento dormía en el lugar de empleo,
El 89 por ciento se encontraba con las necesidades básicas insatisfechas, el 62 por ciento vivía hacinado y el 75 por ciento comía en el lugar de trabajo,
Tres de cada cuatro trabajaban más de 40 horas semanales y compartían el ambiente laboral con más cuatro personas,
Un 94 por ciento carecía de cobertura de salud,
El 90 por ciento establecía su relación laboral de palabra, sin contratos ni recibo de sueldo alguno y el 77 por ciento carecía de Documento Nacional de Identidad, lo que dificultaba su inserción en el mercado laboral formal.

Con todo este panorama, el dato más difícil de comprender, tal vez, sea que el 85 por ciento llevaba al menos cinco años de antigüedad en su lugar de empleo. “El que no trabaja, no come”, explica Sancineto.
“La suma de estos factores –pobreza, vulnerabilidad social, vivienda y trabajos indignos– favorecen el desarrollo de la enfermedad en inmigrantes a medida que pasan los años, viviendo en nuestra Ciudad en esa situación social”, concluye el trabajo elaborado por el Instituto de Tisioneumonología de la UBA.

La complicidad mata
Como demuestra el informe, la existencia de talleres textiles clandestinos no es nueva. Pero el tema recién se hizo público a partir del incendio de uno de ellos, el 30 de marzo de 2006, cuando dos costureros y cuatro niños murieron carbonizados en un local de la calle Luis Viale al 400, de Villa Crespo. A partir de ese suceso, la Unión de Trabajadores Costureros denunció a más de 70 marcas cuyas prendas son confeccionadas con trabajo esclavo. Entre ellas, las afamadas Kosiuko, Cheeky, Lacar, Soho y Glidado, una firma que provee de camisas, pantalones, pulóveres, gorras, corbatas y charreteras a la Policía Federal.
De acuerdo con un trabajo presentado el 29 de mayo pasado por la Organización Interrupción junto a la Fundación El Otro –una entidad que trabaja, entre otras cosas, para garantizar la participación ciudadana y la responsabilidad social de las empresas–, se estima que en Argentina viven entre 100.000 y 130.000 inmigrantes bolivianos que son víctimas de la explotación sexual o laboral. El 20 por ciento del pbi boliviano se explica –según ese estudio– por las remesas de los talleres de confección radicados en Argentina.
“Las autoridades de la Nación y las autoridades policiales saben de la existencia de trabajo esclavo en la Ciudad de Buenos Aires y tienen autoridad y competencia para la inspección. Es una cadena de responsabilidades y complicidad que se extiende hasta la frontera, que implica tanto al Estado como a las empresas”, declaró para ese informe Mercedes Assorati, coordinadora de fointra, el programa que diseñó contra la trata de personas la Organización Internacional para las Migraciones. “Prácticamente, en Argentina el trabajo esclavo no tiene sanción penal”, denunció.
Después de que se incendiara el taller de la calle Luis Viale, el gobierno de la Ciudad salió con una agresiva campaña publicitaria y empapeló Buenos Aires con la leyenda: “El trabajo esclavo mata”. También se anunció el Plan Nacional de Regularización del Trabajo y el plan Patria Grande para paliar la indocumentación de los inmigrantes. Sin embargo, los índices de tuberculosis en los costureros bolivianos continúan demostrando que el problema aún no encuentra solución.
La complicidad de altos funcionarios ya había quedado expuesta, de manera explícita, cuando el mismísimo cónsul boliviano participó de las manifestaciones en las que los talleristas exigían el cese de las clausuras de los locales clandestinos que habían comenzado a producirse por la presión de la opinión pública tras el incendio de la calle Luis Viale. El diplomático argumentaba a favor del sistema de explotación con el único justificativo de la existencia de patrones culturales distintos entre su país y Argentina.
Después de que el cónsul boliviano fue obligado a dejar el cargo por “negligencia profesional”, la representación diplomática de ese país pareció, en primer lugar, admitir la existencia del problema. En la página web del consulado se publica un artículo titulado “La tuberculosis mata”. Allí describe los síntomas de la enfermedad –fiebre, cansancio, pérdida de peso y tos por más de quince días, que puede o no estar acompañada de expectoraciones con sangre– y enuncia una lista de obligaciones que deben cumplir los talleres de costura:

“Efectuar la Revisión Médica Ocupacional de todas las personas de viven y trabajan en el taller.
Separar los ambientes de vivienda y de trabajo.
Cuidar de no tener a niños en el ambiente de trabajo.
Tener buena ventilación e higienizar áreas de trabajo, baños, cocinas y dormitorios.
Cuidar de una alimentación adecuada y balanceada.
Evitar sobrecarga de trabajo.
Usar barbijo.”

Ana está recostada en su cama hospitalaria, con el elástico vencido y tapada hasta el cuello con una frazada con la que intenta mitigar el frío de un pabellón que carece de sistema de calefacción. La joven probablemente desconozca aquella página web del consulado, pero su relato pone en evidencia la letra muerta de la ley. “Nuestro patrón nunca quería darnos barbijos, la pasábamos tosiendo a toda hora por el polvillo de las telas que cosíamos”, se queja.

¿El dueño sabe que estás internada?
No –contesta por primera vez con voz firme–. Si se entera no me da más trabajo.
A dos metros de distancia, una de sus compañeras internadas se reclina en la cama con esfuerzo y replica con fastidio:
–¡Sí que sabe! Pero no le importa, nosotros no le importamos a nadie.

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Portada

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

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hace 2 semanas

08/10/2025

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

“Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
“El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

Publicada

hace 2 meses

22/08/2025

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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CABA

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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hace 3 meses

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.