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10 años en 10 claves de la no investigación

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Las principales claves que revela Los días sin López, la investigación que desnuda la causa judicial que durante una década se dedicó a no buscar a un testigo clave desaparecido en democracia.

10 años en 10 claves de la no investigaciónCasa

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Jorge Julio López fue visto por última vez la mañana del 18 de septiembre de 2006 en la calle N° 66, entre 137 y 138. “Entre la verdulería y el Edelap”, dijo un vecino que conocía a López, Abel Horacio Ponce, que lo observó parado de espaldas a la calle y de frente a las fachadas, como si estuviera buscando algo. En ese lugar vivía Susana Beatriz Gopar, un nombre que en el expediente se asociaba a uno de los 9 mil agentes de la Bonaerense activos al momento de la segunda desaparición de López, que habían ingresado antes o durante el golpe de Estado. Su nombre aparecía también en la agenda de Etchecolatz. El 19 de septiembre de 2007, un año y un día después de su desaparición, fue citada a declarar, pero no en el marco de la investigación, sino como testigo en el Juicio por la Verdad. Gopar negó conocer a Etchecolatz. Uno de los oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria registró una conversación de la línea de Gopar el 30 de diciembre de 2008. En la televisión hacían referencia a la desaparición de López. Alguien le hizo un comentario de la noticia y, según anotó el policía, Gopar habría respondido:
-Está muerto.
-¿Qué pasó?
-La policía está buscando o por ahí está guardado.
La grabación era de mala calidad, por lo que se hacía difícil volver a oír la conversación. El casete –que llevaba el número 13- fue enviado a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE (conocida como la Ojota), para tratar de limpiar el audio. Pero el material nunca regresó.
 

Averiguación de paradero

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De las dos hipótesis que manejaba el fiscal Marcelo Martini, la del secuestro o la del viejo extraviado, el funcionario judicial sólo tomó declaraciones a quienes aportaban elementos para la segunda. “Yo sólo tengo para investigar una averiguación de paradero”, se excusó ante la querella, entre las que estaban la abogada de Justicia Ya!, Guadalupe Godoy, y Nilda Eloy, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. ¿Sólo seguían detrás de llamadas anónimas? ¿Y a Etchecolatz no lo estaban investigando? En todo el primer cuerpo de la causa provincial, no había una sola medida dirigida al represor que López ayudó a condenar, ni a los policías que mencionó en su declaración y vivían en Los Hornos. La figura de averiguación de paradero duró tres meses.

Cuerpo

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El 20 de septiembre de 2010, cinco amigos encontraron un cadáver en un arroyo cerca del canal de Villa Elisa. Estaba calcinado, boca abajo. No se le distinguían las facciones. Llamaron al 911. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, soltó: “Puta, acá nos tiraron un muerto en el mismo camino en que los tiraba la Triple A”. A las 19:35 iniciaron un rastrillaje con forenses, peritos, un helicóptero que sobrevolaba la zona. El cuerpo tenía un nailon adherido a la cabeza, quemado. Lo habían rociado con gasoil o querosén. No se trataba de un anciano. Medía 1,70, tenía una cicatriz de una operación entre los glúteos: ese detalle permitió descartar que fuera López. El forense determinó que la muerte había sido entre las 10 y las 22 del martes 19 de septiembre, cuando se leyó la condena a Etchecolatz. Casi un año después, cuando la abogada Godoy pudo acceder a los expedientes, se encontraron que unos guardaparques habían visto un auto bordó por la zona y habían hecho un identikit de los ocupantes que nunca se difundió. También vieron una camioneta doble cabina negra o azul oscuro que pasó a gran velocidad por Camino Negro. “Todos los integrantes de Justicia Ya! estaban convencidos de que ese asesinato tenía relación con la desaparición de López”.
 

Llaves

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El 22 de noviembre de 2006, la nuera de Jorge Julio López encontró en el jardín de su casa el juego de llaves que López tenía el día que desapareció. El fiscal Marcelo Martini le aseguró a la prensa que la casa había sido requisada por la Bonaerense en las primeras 72 horas, pero que –como era una causa por averiguación de paradero- no correspondía rastrillar el jardín. ¿Cuándo habían aparecido las llaves ahí? ¿Las había escondido López al salir, pensando en volver sin despertar a su familia? ¿O las habían arrojado los secuestradores? El veloz peritaje de los químicos de la Bonaerense determinó que el período de exposición de las llaves a la intemperie “era bastante menor a 60 días”, pero a la prensa le dijeron que no tenían más de dos semanas, por lo que era prueba concluyente de que las habían dejado los secuestradores. Pero al juez Corazza le dijeron que no llevaban más de tres o cuatro días allí. “La policía mintió para encubrir que no investigaron y el hecho de que no revisaron el jardín”, le dijo Pastor Asuaje, ex compañero de militancia de López a su hijo Rubén.
 

El señor B

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El primer legajo de la causa López, también conocido como Anexo SIDE, contiene una de las pistas que nunca salió en los diarios. La denuncia involucraba a B., un ex jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense. B. tenía llamadas con Elbio Cosso, ex jefe de Seguridad de la cárcel de La Plata cuando López estuvo allí detenido, en abril de 1977. Cosso vivía en Los Hornos, sobre la calle 60: tenía arresto domiciliario. Pero B. también tenía llamadas con Marciana Lescano, la suegra de Etchecolatz, y con el abogado del represor, Luis Boffi Carri. También se pudo encontrar vinculaciones con todo el grupo de penitenciarios presos en Marcos Paz: Abel Dupuy, Héctor El Oso Acuña, Isabelino Vega, Víctor Ríos, Mario García y Julio Rebaynera. En febrero de 2008, Corazza ordenó tareas de inteligencia sobre B.: la SIDE remitió 14 casetes de escuchas que se apilaron en el juzgado sin ser oídas ni transcriptas.
 

Foto

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En agosto de 2006, López se acercó al acto que se conmemoraba el cumpleaños de Clara Anahí, nieta apropiada de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue con su buzo bordó, saludó a Chicha y se sentó en una de las sillas de plástico puestas sobre la calle. Tras la desaparición, la Asociación Clara Anahí revisó las imágenes y videos de esa jornada. Una llamó la atención: un hombre, parado a metros de López, lo observaba mientras el resto del público miraba hacían el frente. Era el único que no aplaudía después de cada discurso. El 7 de diciembre de 2006, Chicha le entregó el video y las fotos al juez Arnaldo Corazza, que delegó la investigación en Oscar Farinelli, personal de inteligencia de la Bonaerense, quien desde la dictadura hizo carrera en la Dirección General de Inteligencia. El 16 de enero de 2007, Farinelli identificó al hombre de la foto: era el ex policía bonaerense Raúl Chicano, de 78 años, retirado en 1980 como oficial administrativo, y que durante la dictadura trabajó en la secretaría privada de Ramón Camps, jefe de Etchecolatz. Diez meses después de que Chicha les dejara la foto, Corazza aún no lo había citado a declarar. Chicha Mariani y su abogado consiguieron que lo citaran en el Juicio por la Verdad, pero como testigo. Fue el 31 de octubre de 2007: dijo que iba a ver a la hija de un socio cerca de donde fue el acto de Chicha y que, como vio gente, se acercó a ver qué pasaba.
 

Teléfonos

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El 18 de diciembre de 2006, Corazza ordenó que se intervinieran los teléfonos que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) había aportado y que -se suponía- usaban los represores. También dispuso que le enviaran el listado de todas las llamadas que habían hecho desde agosto y encargó a la Bonaerense tareas de inteligencia sobre los que tenían arresto domiciliario. La abogada Godoy notó que casi no había conversaciones, mientras que las que aparecían eran de presos comunes. Sin embargo, en una de ellas, la mujer de un preso comentó que había visto la noticia de la desaparición de López en la tele. “El dictador que lo boleteó está en el otro módulo”, contestó el detenido. El superintendente de Investigaciones Complejas, Hugo Matzkin, encontró cinco líneas de Marcos Paz a través de las que se comunicaban familiares y amigos de represores que no habían sido informadas por el SPF. Corazza se mostraba reticente a un allanamiento. La Secretaría de Derechos Humanos le informó del régimen de privilegio que gozaban los represores en la prisión: visitas sin requisa ni horarios, celulares, cámaras y montos de dinero que superaban los mil pesos. También advirtió que “tendrían acceso a un teléfono interno que permite comunicarse con otros internos del penal” y del que “sería factible hacer llamadas al exterior”. En resumen, contaban con todo para organizar lo que quisieran organizar.
El allanamiento no fue sorpresa: las autoridades del SPF estaban al tanto. Los represores, también: en el pabellón los actores judiciales encontraron una buena cantidad de tarjetas de celular, pero no los aparatos. Mientras, las líneas de teléfonos que correspondían al pabellón de los represores volvían a reproducir conversaciones de presos comunes. La Bonaerense informó al juez Corazza que los teléfonos fueron cambiados al menos tres veces más. Matzkin seguía sumando elementos que señalaban una cobertura del SPF a los represores: le indicó al juez que había ocho llamadas del entorno de Etchecolatz a un teléfono que, supuestamente, estaba en otra área del penal. Y que cuatro de esas comunicaciones fueron en los días previos a la desaparición de López y en horarios no permitidos para los presos (por ejemplo, a las 2:18 de la madrugada). A partir de una de las tarjetas de teléfono que le secuestraron a Etchecolatz, descubrieron que hizo dos llamados a Mar del Plata el 16 de septiembre. Eran piezas de un rompecabezas que no podían terminar de armar, porque no sabían cuáles eran los teléfonos que habían usado los represores cuando desapareció López. Durante la requisa, Etchecolatz se mostraba tranquilo. Hasta que vio que sacaban su agenda: ahí se puso como loco.
 

Agenda

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Algunas de las anotaciones de Etchecolatz y su chofer, Hugo Guallama, escritas en la cárcel de Marcos Paz, tenían especial interés en Jorge Julio López. Escrito de puño y letra por el ex director de Investigaciones de la Policía provincial podía leerse “pedir todas las declaraciones del Sr. López”. Y en mayúsculas: “Urgente”. En su agenda, Etchecolatz tenía decenas de números de teléfono de represores, ex policías, familiares y amigos de genocidas.
 

Cable

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A los tres meses de la desaparición, la agencia alemana Deutsche Presse Agentur (DPA) sacó un cable titulado: “ONG argentina afirma: Julio López fue asesinado por ex represores”. El autor del cable fue el periodista alemán Jan Uwe Ronneburger, que vivía en Argentina desde 2000. Una fuente anónima sostenía que a López lo habían secuestrado en la mañana del 18 de septiembre, que los secuestradores “le exigieron que renunciara a su testimonio” y que él se negó. “Fue asesinado e hicieron desaparecer su cuerpo”, indicaba la fuente. El juez Corazza recién lo citó a declarar el 17 de mayo de 2007. El periodista dijo que no sabía quiénes habían intervenido en el secuestro y que tampoco podía revelar sus fuentes, aunque dijo que eran “dos mujeres y dos varones, todos civiles”. Luego, el abogado de la agencia apareció con un correo electrónico anónimo donde se leía la siguiente recomendación: “Busque a Sobrado, ex jefe de Policía bonaerense, y a sus socios”. Con 45 años, Alberto Sobrado había sido el jefe más joven de la Bonaerense, tras el relevamiento de la cúpula luego de los asesinatos de los militantes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Asumió en 2002, pero fue expulsado por Solá en 2003 luego de que el periodista Andrés Kliphann revelara que tenía una cuenta en un paraíso fiscal en Bahamas de 333 mil dólares. La Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó tareas de inteligencia en agosto de 2007 en una agencia de seguridad llamada Broders SRL, donde habrían hecho las tareas de inteligencia previas al secuestro. Allí Sobrado tenía entre sus socios a otro ex policía, Roberto Giusti, retirado de la Bonaerense dos días después de la desaparición de López. La abogada Godoy anotó que la antena del celular de Giusti lo ubica en Villa Elisa el 18 de septiembre de 2006. En el cruce de llamadas, también tenía comunicaciones con el abogado de Etchecolatz, Luis Boffi Carri Pérez. Mientras en esa misma causa se habían realizado allanamientos en base a videntes, Corazza rechazó el allanamiento a la empresa de Sobrado el 12 de diciembre de 2007.
 

Tiempos

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En octubre de 2008, un informe de Justicia Ya! resume el estado de la cuestión: “Hubo que luchar tres meses para que la Justicia reconociera que fue un secuestro, un año para que la Procuración designara personal, un año y medio para apartar a la Bonaerense, y dos años para que el expediente pase a una secretaría especial para delitos de lesa humanidad, y así algún funcionario siguió las líneas que marcamos desde el principio”. En mayo de 2008, la secretaría especial encontró una denuncia que no había sido investigada. Era una llamada que había entrado el 0800 abierto para aportar información sobre López. El que llamó apuntó un nuevo nombre: Carlos Falcone, “íntimo amigo de Etchecolatz”, capitán retirado de la Bonaerense, médico forense, que se escondió en Pehuajó tras la desaparición. “En un asado familiar –sostuvo el denunciante- Falcone se puso a alardear del poder que tenía y dijo que en un Volkwagen Gol gris metalizado lo trasladaron a Jorge Julio López. Falcone vive en el barrio San Jacino, en Mar del Plata”. Citaron al denunciante como testigo de identidad reservada, que declaró que había visto a Falcone desarmando un Gol gris metalizado. “Este auto no puede ver la luz del día”, declaró que le contestó Falcone. Falcone había sido una suerte de asistente de Etchecolatz y de su mujer durante el juicio en el que testificó López. Le había servido de chofer a la esposa del represor, los había acompañado en las pocas audiencias en las que el ex director de Investigaciones decidió dar la cara. También le hacía mandados cuando todavía gozaba de la prisión domiciliaria. Falcone visitó al genocida al menos dos veces cerca de la segunda desaparición de López: el 9 de agosto y el 15 de septiembre. Esta última fue un viernes, es decir, tres días antes del secuestro. Los allanamientos llegaron el 13 de enero de 2009. Los peritos sostuvieron que la suciedad y el tiempo a la intemperie que tenía el Gol modelo 93, sin patentes, encontrado en una de sus casas les dejaba muy poco para poder analizar. Consiguieron un producto especial para detectar manchas de sangre borradas: visualizaron pequeñas manchitas en el techo y en los asientos, pero no lograron reconstruir un perfil de ADN ni tampoco de qué época era. El tiempo se había llevado cualquier huella que pudiera haber existido. El fiscal Marcelo Molina lo citó a declarar recién el 23 de diciembre de 2009. Dijo que el auto –que era robado- estaba sin movimiento desde el 2003. De López no se dijo ni una palabra pese a que estaba siendo indagado en una causa que –se suponía –tenía como objetivo descubrir a los autores de la desaparición forzada del albañil. Falcone se fue tranquilo, sin que le hicieran preguntas como: ¿qué estaba haciendo la mañana del 18 de septiembre de 2006? ¿De qué habló ese día con la mujer de Etchecolatz?”.
 

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