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Presas sin ley

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La criminilación del aborto: datos y realidades. Este año ya suman 15 las mujeres presas por abortos espontáneos. Y la tendencia crece. Cuál es el rol de los médicos en la criminalización. Qué dice la ministra de Salud bonaerense. Y cómo es la excepción que es modelo: la maternidad Estela de Carlotto. Por María Florencia Alcaraz.

La idea de que podían ayudarla con ese dolor de panza y con la hemorragia que no paraba se hizo un bollito en la cabeza de Carla cuando el médico Christian Pesce le dijo: “Vas a ir presa por asesina”. Carla había llegado la mañana del 31 de agosto al Hospital Juan Sanguinetti de Pilar, al norte del conurbano bonaerense, en busca de ayuda. La había acompañado su papá, asustado porque los cachetes de la chica de 20 años habían perdido color y el Ibuprofeno no alcanzaba. En el Hospital, la joven supo que el sangrado no era menstruación y que estaba embarazada. Ahí tuvo un alumbramiento de placenta y sufrió un interrogatorio que la ubicaba más en una escena policial que en una habitación hospitalaria. “¿Dónde está el feto?”, le preguntaba una y otra vez el doctor Pesce, mientras otros profesionales le raspaban el útero durante el legrado.

El médico, cirujano de Tocoginecología, también es jefe del servicio de Ginecología del Hospital Militar de Campo de Mayo. El doctor Pesce abrió la puerta a la criminalización de Carla cuando llamó al destacamento Agustoni y la denunció. Los pasillos del lugar se llenaron de uniformes de la Bonaerense. El doctor Pesce firmó una planilla de intervención policial y completó el supuesto delito a investigar: “parto domiciliario (sin feto)”.

Le dijeron a Carla que no podía irse, que estaba detenida en el propio Hospital. Salió a los dos días: el movimiento de mujeres, rápido de reflejos, hizo público el caso y consiguió que una abogada feminista interviniera en su defensa. Pero la causa en su contra, al cierre de esta edición, todavía está abierta.

Criminalizando pacientes

¿Cómo se arma una causa contra una mujer que no pudo o no quiso ser madre? Así como el olfato policial funciona como una supuesta destreza que tienen los policías para identificar ladrones, la cultura de la sospecha que atraviesa al sistema de salud opera para reconocer supuestas mujeres que abortan. La presunción de inocencia desaparece: todas abortaron hasta que se demuestre lo contrario. Dejan de ser pacientes para ser criminalizadas. Rehenes de lo que ocurre en sus propios úteros, las mujeres con complicaciones obstétricas y aquellas que abortaron en la clandestinidad son así empujadas a un encierro injusto.

Mientras el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado en el Congreso, aún no camina hacia la discusión, la cultura de la sospecha avanza y se convierte en una trampa para muchas. A Belén, en Tucumán, le significó casi 900 días de encierro y aún espera la absolución. Un entramado que tiene la marca y el disciplinamiento en tándem de la corporación médica, la policía y el Poder Judicial.

El expediente contra Carla recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Pilar. El fiscal Leonardo Loiterstein tiene que decidir si lo archiva o no. Está a la espera de los resultados de las pericias sobre la placenta que expulsó en el hospital. Por el momento la carátula es “averiguación de delito”. Aunque el doctor Pesce, como si fuese fiscal, ya la acusó de homicidio cuando todavía estaba en una camilla.

Víctima de Estado

«Quiero que todo esto termine y volver a mi vida normal”, dice Carla. Ese no es su nombre real, es una identidad ficticia que se creó para protegerla. Sentada en las escalinatas de la plaza central de Pilar, tiene la mirada puesta en un punto perdido. A su alrededor, dos chicas improvisan una coreografía sin música y unos pibes rapean.

La “vida normal” de Carla eran los cursos de arte a los que iba y su trabajo. Ahora todo está en pausa: le cuesta salir a la calle porque se siente observada. Quizás por eso esconde su pelo largo en la capucha de una campera de algodón. Nunca se saca la mochila repleta de pines de Pokemon y cada tanto pispea el celular. “Si no fuera por las chicas no sé que hubiera sido de mí. Por ahí iba presa”, dice de repente.

“Las chicas” son un grupo de mujeres organizadas de manera autogestiva y militante en las defensorías de género que funcionan en distintos barrios. Una de ellas había conocido a una médica en un viaje a Pilar, arriba del colectivo 57, y habían intercambiado teléfonos. Esa mujer fue la que las alertó sobre la situación de Carla.

Las chicas, con Aixa Rossi a la cabeza, se movieron rápido hasta el hospital Sanguinetti junto a otras activistas como las integrantes de Red de Mujeres. Aixa fue víctima de violencia obstétrica: estuvo cinco días detenida en una comisaría de Ezeiza por denunciar al hospital de ese municipio por la pérdida de su bebé que, se supone, nació muerto. De víctima de la violencia institucional pasó a ayudar a otras.

Gabriela Chiqui Conder, integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados, está a cargo de la defensa de Carla. “Están expulsando a las mujeres del sistema de salud. La persecución es terrible. Parece como si estuvieran a la espera para denunciarlas. Están a la caza de las que abortan y de las que tienen complicaciones obstétricas”, resume Conder.

Si se tiene en cuenta que en 2014, sólo en la provincia de Buenos Aires, fueron 15.000 los egresos hospitalarios por abortos inseguros, esta atmósfera de persecución es preocupante.

La ministra responde

No se trata solo de la denuncia contra Carla. Antes, el 20 de agosto, circuló la foto de un cartel del centro de salud Doctor Springolo, en Morón, que obligaba a los médicos a violar el secreto profesional y denunciar a las mujeres de las que se “sospechara aborto”. El mensaje era explícito: iba acompañado con el número de teléfono de la comisaría de El Palomar. Después de que saliera a la luz, el intendente Ramiro Tagliaferro separó al coordinador médico de ese centro de salud, Mario Marine, y al coordinador administrativo, Daniel Araujo.

A los pocos días del cartel, el Ministerio de Salud bonaerense distribuyó la comunicación N° 4 para recordar cuál es el protocolo vigente para asistir a mujeres que consultan por abortos:

“Debe respetarse la confidencialidad y el secreto médico, de acuerdo a lo establecido en las leyes”.

“No debe realizarse denuncia policial o judicial o amenazar con realizar tal denuncia”.

El comunicado enumera todas las legislaciones vigentes y  los fallos de la Corte que establecen que el deber de confidencialidad de profesionales de la salud tiene preeminencia sobre el eventual deber de denunciar, aún en el caso de una comisión de un delito. Sin embargo, una semana después sucedió lo de Carla.

“La realidad es que muchas veces se pierde más tiempo en interrogar a la mujer que en atenderla. Y eso no tiene que suceder porque muchas veces está en juego la vida”, dice Zulma Ortiz, Ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué está haciendo el ministerio para evitar que médicos criminalicen a las mujeres?

El cartel que apareció en Morón nos sirvió para recordarles a los colegas los marcos normativos y legales a través de la circular que difundimos. Pero también demuestra que queda mucho por hacer. Se cometen estos errores por el tema de la objeción de conciencia, por desconocimiento y también por desidia. Estamos trabajando fuertemente en capacitaciones, en que se cumplan los protocolos de atención post aborto y en la implementación de la ley que creó consejerías para situaciones de embarazos no planificados, que es un proyecto de la senadora Mónica Macha. También abrimos una dirección que antes no existía, de Maternidad, infancia y adolescencia. Y seguimos con el Programa de Salud Sexual y Reproductiva.

¿Cómo intervinieron en el caso de Carla?

Es un caso diferente porque está judicializado y faltan muchas cuestiones por determinar. Según la información que nos llega, la chica cursaba un embarazo ya en el tercer trimestre. Ofrecimos asistencia con el equipo de psicólogos que tenemos para situaciones que generan estrés post traumático.

En este contexto, ¿el proyecto de ley de despenalización del aborto que está en el Congreso no es una forma de dar marco legal a las interrupciones de embarazos y frenar la criminalización?

Como funcionaria no tengo opinión personal. Es una respuesta institucional y no es un tema que hayamos hablado con la gobernadora.

La gobernadora María Eugenia Vidal dijo en una entrevista que hay que dar el debate legislativo…

La gobernadora le ha dado mucha jerarquía a la Secretaría de Derechos Humanos y es clave que tengamos una opinión conjunta. Todavía no lo hemos hablado

El mapa de la criminalización es claro: de pacientes a presas

Aunque no hay estadísticas oficiales, Carla no es un caso aislado. El Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo bonaerense le pidió a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires números. Todavía esperan una respuesta. El organismo que dirige Laurana Malacalza reaccionó al panorama de denuncias con una propuesta: que la Procuración defina directrices que dispongan la anulación de investigaciones penales cuando se originan por denuncias de personal de salud que no respetan la confidencialidad y el secreto profesional.

El síntoma Belén

Con la mirada puesta en todo el país, en los últimos años se registraron, al menos, 15 casos de mujeres criminalizadas por complicaciones obstétricas o abortos. La abogada feminista Daniela Fagioli, de Mujeres en lucha, se ocupó de recopilarlos. Belén representó la situación más extrema, pero existen otras con distintos niveles de criminalización.

Un resumen del panorama:

En Jujuy, en 2014, tres amigas fueron imputadas por ese crimen. Estuvieron presas en una comisaría hasta que los abogados consiguieron prisión domiciliaria.

En San Juan hay otra mujer encerrada en su casa acusada del mismo delito.

En Villa Dolores, Córdoba, hay un proceso abierto desde 2013 que espera su juicio.

En Tierra del Fuego, dos mujeres sufrieron una persecución penal que duró seis años: en 2010 las acusaron de haber consentido un aborto. La absolución llegó recién este año.

En Rosario, Yamila, 19 años, sufrió un parto espontáneo en su casa en 2012. La jueza Marisol Usandizaga la condenó en septiembre a nueve años de prisión.

En Santiago del Estero se registraron dos casos en lo que va del año. Eva estuvo presa 21 días en una comisaría de La Banda acusada de haber ayudado a su hermana, que murió después de la intervención, a interrumpir un embarazo. La denuncia salió del Hospital Regional Ramón Carrillo. El 12 de septiembre otra joven de 20 años llegó con un aborto en curso a un hospital zonal de la ciudad de Clodomira. Cuando la derivaron al Centro Integral de Salud La Banda los médicos la revisaron y encontraron restos de misoprostol en el útero: la denunciaron.

En Buenos Aires, además de Carla, en septiembre hubo un caso de una chica en Zárate acusada de homicidio tras parir en el baño de su casa.

En el ámbito porteño, Fagioli encontró dos criminalizaciones más.

Lo que se oculta

A Florencia Maffeo, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de Socorristas en Red, le sonó el teléfono la mañana del 27 de septiembre. Se preparaba para dar una charla sobre la temática en la Legislatura porteña y casi tiene que salir corriendo al Hospital Ramos Mejía. Una médica de ahí se había alarmado por la presencia de policía en el sector de obstetricia y avisó a las socorristas. Se trataba de una chica de 18 años, migrante, que llamó al SAME en su casa por dolores abdominales fuertes y hemorragia. Después de que expulsara de forma espontánea un feto de alrededor de 21 semanas, los médicos del SAME la denunciaron en la fiscalía de turno. La red de organizaciones feministas y los médicos del Hospital atajaron la persecución. La chica fue dada de alta al día siguiente. La causa todavía no fue archivada. ¿Cuántos casos no llegan a tener difusión mediática? ¿O no son detenidos a tiempo por las redes del movimiento de mujeres?

“Nunca habíamos vivido situaciones así de salir corriendo como este caso. En este contexto político-regional de avance del conservadurismo no es menor. Hay un clima en el Poder Judicial que da lugar a estas causas. Algunos médicos, como el que denunció a Carla, están envalentonados. Quizás unos meses atrás no lo hacían. Creen que pueden ser médicos y fiscales”, analiza Maffeo.

La excepción hace regla

En Argentina, la práctica del aborto es un derecho amparado en el Código Penal sólo bajo el modelo de causales desde 1921: si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una “mujer idiota o demente”.

Con la lupa en la mano, en las tramas estatales no todo es un panorama de sombras. ¿Cómo acompañar a las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos? En la Maternidad Estela de Carlotto pueden dar cátedra. El lugar funciona desde 2013 en Trujui, un barrio del partido de Moreno. Su directora, Patricia Rosemberg, se para en la vereda de enfrente del paradigma médico hegemónico. Desde mayo de 2014 hasta hoy registran 3.000 nacimientos. Los partos se hacen en salas amplias que incluyen aromaterapia, música, instrumentos musicales, pelotas gigantes, telas de colores y la familia de la mujer. Hasta los empleados de seguridad son distintos a aquellos de los hospitales tradicionales: se los llama “cuidadores hospitalarios”.

En esta isla sanitaria la interrupción voluntaria del embarazo es vista como una instancia más. Los abortos seguros se convierten en la forma de frenar la mortalidad materna. Sólo en los primeros seis meses del año acompañaron a 26 mujeres en sus abortos legales. El 73% de ellas se fue con un método anticonceptivo a largo plazo para tratar de evitar que se repita la situación. Las acompañan en consejerías interdisciplinarias antes, durante y después. En un modelo similar al que funcionaba en Uruguay antes de la legalización. También en un programa de reducción de riesgos y daños, donde les brindan la información necesaria.

“Las interrupciones se hacen con la mujer asistida en la Maternidad hasta la semana 16, con misoprostol o aspiración manual endouterina (AMEU). Si vienen con un embarazo más avanzado, tiene que ver con que no pudieron llegar al sistema de salud antes. O con el momento que ellas deciden pedir ayuda”, explica Rosemberg. Cuenta que la mayoría de estos abortos tienen que ver con situaciones de abuso sexual.

¿Por qué hay tanta resistencia de la corporación médica sobre el aborto legal?

Los equipos de salud fuimos formados en una hegemonía y en una asimetría: el poder de las decisiones de los médicos sobre las personas. Sin embargo, nosotros no tenemos que estar de acuerdo con lo que el otro piense, tenemos que garantizar la atención. Hay que desaprender lo aprendido. Hace 20 años que soy médica y me tocó estar en guardias en las que le preguntaban a la mujer qué se puso, qué se colocó, cómo se lo colocó. La elección es siempre una circunstancia única de la mujer.

¿En qué medida el aborto es una realidad cotidiana para las mujeres en edad fértil?

El 50 por ciento de los embarazos termina en abortos espontáneos. Muchas veces la mujer no se entera que estaba embarazada y pasa como un sangrado más. Por otra parte, la mitad de las mujeres que llegan a parir no estaban buscando ese embarazo. Si una mujer pasa por una situación de un embarazo no deseado hay algo que está atentando contra su integralidad. Y para la Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud tiene un sentido amplio: es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Ahí es donde interviene la causal salud que está en nuestra ley.

El problema es la interpretación de la ley, por eso es necesario que se apruebe el proyecto de ley de despenalización…

Es importante la ley porque cuanto más explicitado está, menos discusiones hay. La legislación tiene que garantizar menos interpretaciones. El peregrinaje de cómo acceder a la medicación hoy también es un problema. Es un mercado negro que va desde los 2.000 a los 8.000 pesos.

Más cuentas:

El Ministerio de Salud de la Nación reconoció que en 2015 se hicieron entre 370 y 522 mil abortos.

El aborto inseguro es la primera causa de mortalidad en mujeres gestantes y se calcula que al menos una mujer por día muere por falta de un sistema de salud que la proteja.

Ante las trampas del sistema de salud que sospecha de todas y no ayuda a muchas, queda claro que la ley de aborto legal, seguro y gratuito es la llave para cerrar la puerta a la criminalización.

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