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La justicia acosadora

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Jueces, fiscales y machismo. Un caso emblemático: Julio César Castro, fiscal y ex responsable de la Unidad especializada en delitos de integridad sexual, está acusado de acoso laboral. La voz de la víctima. El sumario al que accedió MU. Y las historias de otros funcionarios que abusan con poder judicial. Por Florencia Alcaraz.

No. Esa es la palabra, el límite, que desencadena hostigamiento, maltratos, descalificación personal y laboral cuando quienes la reciben como respuesta son acosadores. Incluso en el Poder Judicial. Si persiste el “no” -ese límite- la cadena de violencias puede motorizar un patrón de acción que incluye extorsión, complicidades y silencios.

El caso del fiscal Julio César Castro, de la Fiscalía General 15, tiene todos estos ingredientes. Y suma uno más: en 2007 había sido titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños (Ufisex). Una antinomia que propone por lo menos dos evidencias:

Las conductas machistas se reproducen en todos los ámbitos.

Las estructuras del Poder Judicial contienen funcionarios proclives al abuso de poder en términos cotidianos y con quienes los rodean, lo cual encierra una paradoja con respecto a su capacidad para juzgar la conducta de los demás. Ideas tales como “formación con perspectiva de género” quedan en simple expresión de deseos.

La historia de Castro repite la cadena de violencias que se presentan ante un “no”. Una empleada judicial, cuya identidad es reservada, dijo “no” a las insinuaciones e insistentes invitaciones de su jefe. El hombre comenzó a opinar sobre su cuerpo, direccionó sus miradas siempre hacia el mismo  lugar, como desafío y provocación.  Y ante la negativa de la mujer a tener “un vínculo más allá de lo laboral”, le quitó tareas y ordenó su traslado apenas supo que ella, además, estaba embarazada.

La denuncia se presentó ante la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación. La investigación avanzó por la propia tenacidad de la víctima hasta que después de cuatro años la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó firmó, el último 28 de marzo, la resolución 672/17 donde insta a que se investiguen “todos los hechos que se relacionan con la denuncia”. La respuesta del funcionario judicial acusado  fue salir velozmente de la cancha para anticiparse: solicitó una licencia.

¿Qué esperás de esta investigación?

Que lo destituyan. Una Justicia íntegra y transparente no puede tener a una persona así, con trato con quienes trabajan. Además este caso tiene que servir como ejemplo porque hay muchísimas otras situaciones más de este tipo: jueces y fiscales se manejan con total impunidad. Espero que se termine esto.

La denunciante de Castro habla con MU después de recorrer una vez más la Procuración para conocer el estado de la causa. Ahora la investigación administrativa está en pleno curso y pronto ella será llamada a declarar. La mujer se desempeñó en la Fiscalía General 15 ante los Tribunales Orales en lo Criminal porteños por dos años: desde mayo de 2012 hasta octubre de 2014. Las situaciones de acoso sexual y laboral empezaron desde la primera entrevista. Después sobrevinieron invitaciones a llevarla a su casa, a tomar un café, a tener una relación por fuera de lo laboral “para tomar algo y conocernos un poco”. Ante todos esos pedidos y presiones, la mujer respondió negativamente  una y otra vez.

La situación era acompañada por miradas y comentarios sobre su cuerpo. “Estás muy flaquita”, opinó el fiscal Castro en cierta oportunidad. Ella vivía sus jornadas laborales en un estado de nerviosismo cotidiano. Hablando con sus compañeras y otros funcionarios judiciales, se entró de una realidad comentada en voz baja en los pasillos tribunalicios: Castro era  conocido por sus actitudes de acoso.

Embarazada castigada

Según la denunciante otras personas venían sufriendo algo similar. Una empleada había renunciado por acoso sexual y una ex pareja de Castro lo denunció por lesiones ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), expediente  que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional 6.

La situación con la denunciante llegó al punto máximo de tensión durante la feria judicial del invierno de 2014, cuando la mujer contó en la Fiscalía que estaba embarazada. Ella había hecho uso de dos días de licencia, el 4 y 5 de agosto de ese año.

Al día siguiente Castro la increpó delante de todos sus compañerxs y cuando surgió el tema del embarazo, él dijo:“¿De dónde eras vos? Ah, de la Fiscalía 5, ¿sabés cómo te vas a volver allá vos?”.

Después de esa escena le quitaron tareas y vivió la amenaza constante del traslado. La mujer atravesó su embarazo con contracciones, pérdidas y necesitó el acompañamiento psiquiátrico para poder continuar con su vida. Cuando volvió de la licencia por maternidad fue trasladada a otra dependencia judicial por haber sido víctima de una situación de violencia machista en el ámbito del trabajo. Se encontró con una paradoja que muestra la falla de un sistema que no escucha a las víctimas: la enviaron a la Fiscalía 5 dónde Castro estaba subrogando (reemplazando a otro fiscal). Al evidenciarse el supuesto error, tuvieron que trasladarla a otro lugar.

“Cuando me enteré de que Castro quería ser juez federal me agarró un ataque, porque si cambiaba de fuero mi denuncia nunca iba a prosperar”, cuenta a MU. A fines de 2016 Castro intentó convertirse en juez de Cámara y su pliego fue tratado en la Comisión de Acuerdo del Senado de la Nación. Las senadoras María Ester Labado (FPV-Santa Cruz) y Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) manifestaron su oposición al nombramiento por considerar “graves” las acusaciones de la víctima. La denunciante estuvo en el recinto mientras se debatió el tema. En el momento de su exposición, el fiscal Castro miró a su ex empleada y dijo algo que ni siquiera fue un intento de disculpa: “No tengo problemas con vos y me siento bastante mal”. El pliego de su candidatura fue rechazado.

La investigación administrativa hoy está en manos de la titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, que debe presentar un informe. Además del caso principal, en la resolución 672/17 -a la que tuvo acceso MU– también se hace mención a una sospecha de hostigamiento sexual vía Twitter, y a la denuncia de su ex pareja.

Castro rechazó las acusaciones por escrito. Actualmente está de licencia por un mes, que se tomó luego de que en marzo protagonizara un escándalo judicial durante el debate oral por el crimen de Agustín Marrero, el niño de 5 años asesinado en 2015 tras recibir una paliza en su casa del barrio porteño de Flores.

Por la muerte de Agustín estaba siendo juzgado su padrastro, como presunto autor. En la audiencia inicial Castro, como fiscal de juicio, le preguntó a la madre, también imputada por el caso, con quién vivía actualmente el niño muerto.

Zamarreos y gemidos

Este caso es clave para comprender que los acosadores también visten trajes limpios, camisas impecables, corbatas caras y cargos importantes en el Poder Judicial.

Un ejemplo: el juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de General de San Martín, Sergio Pilarche. Su pareja, la modelo y actriz Alicia Barbasola compartió en televisión durante el verano audios que retratan la violencia, las amenazas, zamarreos y moretones que sufría de su parte.

“El comportamiento del juez Sergio Pilarche es totalmente repudiable y demanda acciones reales del Poder Judicial frente a funcionarios con antecedentes de violencia de género”, dijeron en un comunicado desde la Asociación Civil Red de Mujeres. “Además del ejemplo que tendrían que dar los operadores de la justicia en el cumplimiento de la ley, el agravante irrefutable de su caso es la amenaza desde su cargo de juez y la impunidad que evidencia”, agregaron.

Otro caso es el del prosecretario de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Roberto Pedrozo. A fines de 2013 fue denunciado por abuso sexual por una empleada de limpieza de los tribunales de Comodoro Py. Mientras lo investigaban, Pedrozo logró ser trasladado a otro sector del Poder Judicial. 

El caso sirvió para destapar otras situaciones de acoso: una alumna de la facultad de Derecho de la Universidad de Morón había sido hostigada por él ese mismo año, al rendir la materia Juicio Oral. Luego de aprobarla con un seis, Pedrozo empezó a preguntarle sobre su vida personal: si tenía novio, si seguía trabajando en una peluquería, si tenía amigas paraguayas. Hasta llegar a proponerle un trio sexual a cambio de la aprobación de la materia. Según relató la estudiante, como ella rechazó la propuesta, Pedrozo le advirtió que la materia no la iba a aprobar nunca “ni por parciales, ni por final, porque en la mesa examinadora siempre iba a estar él mismo o alguien influenciable por él, y dijo que en mi vida me iba a recibir porque sabe que es mi última materia de la carrera”.

No son casos aislados, sino historias que se pueden tejer con el mismo hilo patriarcal en todo el país. En Mendoza, el fiscal provincial del departamento de Godoy Cruz, Gustavo Fehlmann, tuvo que renunciar a su cargo de profesor universitario, después de que trascendiera en el ámbito académico y se publicara en un portal de noticias que le había enviado un mensaje por Facebook a una alumna con contenido sexual que podía interpretarse como una extorsión para aprobarla en su materia. “Cuándo voy a sentir tus gemidos amor???”, le escribió Fehlmann a su alumna según la denuncia, después de que ella rindiera un recuperatorio de Derecho Penal, en la Universidad Marcelino Champagnat. Tras la denuncia se abrió una causa por “daños y perjuicios” y el hombre tiene una prohibición de contacto sobre la joven. Según él, el mensaje era para su esposa.

Sin embargo, el gobierno impulsa en el Senado su designación como juez federal. El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, pidió a la Comisión de Acuerdos del Senado que apruebe su pliego. El CELS y la APDH presentaron impugnaciones en el Ministerio de Justicia.

“La violencia machista y el acoso laboral hacia las trabajadoras, que se presenta muchas veces con contenidos sexuales, es un preocupación y uno de los puntos centrales a abordar desde el sindicato”, señala a MU Florencia Losio, del Sitraju Nación – CTA (Sindicato de trabajadorxs judicialxs). A fines del año pasado, lograron incluir dentro del régimen para las trabajadoras del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la licencia por violencia machista. “Aún queda mucho por hacer porque el resto del Poder Judicial y de los ministerios públicos no cuentan con este tipo de licencias, ni con oficinas especializadas que puedan atender a esta problemática”, explica.

La Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA de los trabajadores, con la referencia de Estela Díaz, está armando un documento general en donde se plasman herramientas para abordar la violencia machista en el ámbito laboral. “Es un terreno donde se ha avanzado poco. Hay vacíos legales y ausencia de respuestas creativas y eficaces. La falta de perspectiva de género impacta además en el tipo de Justicia que se imparte. El machismo y el patriarcado atraviesan todas las relaciones sociales” sintetiza Losio para mostrar qué pasa del otro lado del mostrador, cuando la violencia contra las mujeres es ejercida por aquellos que supuestamente deben impartir justicia.

#NiUnaMás

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