Investigaciones del CONICET junto a empresas sobre soja resistente a sequías; los proyectos legislativos para extraer litio; los científicos y trabajadores que reclaman “reorientar” la política científica que, cada vez más, aparece ligada a las transnacionales extractivas. Por Darío Aranda.

El glifosato es como agua con sal”.

Lino Barañao, agosto 2011.

El único funcionario de alto rango que pasó del kirchnerismo al gobierno de Mauricio Macri, Lino Barañao, sigue impulsando como línea estratégica del Ministerio de Ciencia a la biotecnología.

Esa fue la principal espada del gobierno para atacar en 2009 a Andrés Carrasco, científico y ex presidente del CONICET que confirmó, mediante estudios de laboratorio, las consecuencias del glifosato en embriones anfibios. En un hecho inédito, Barañao también solicitó al Comité de Ética del CONICET que juzgara el accionar de Carrasco. Luego eligió el programa de Héctor Huergo, director de Clarín Rural, para atacar a Carrasco, y también el congreso anual de Aapresid (empresarios del agronegocios).

Con menos prensa, intervino la Comisión del Ministerio de Salud para Agroquímicos para que no se emitiera ningún documento crítico. Lo logró: incluyó a científicos del agronegocio y el informe Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente, de 130 páginas, que dio luz verde para seguir utilizando 200 millones de litros de glifosato al año. La Comisión utilizó como argumento reiterado un trabajo de Gary Williams, Robert Kroes y de Ian Munro, presentados como académicos independientes, pero vinculados a Monsanto. Documentos judiciales recientes, de tribunales de Estados Unidos, confirmaron que Monsanto financió las investigaciones de Williams.

A pesar de más de cien publicaciones científicas sobre las consecuencias del glifosato, realizadas en universidades públicas (UBA, del Litoral, Río Cuarto, Rosario, Nordeste), Barañao aún defiende al glifosato: “De acuerdo con el prospecto de los plaguicidas, no hay peligro”, dijo por última vez).

En junio pasado Barañao dio una entrevista a la Revista Petroquímica. Petróleo, gas, química y energía, patrocinada por empresas extractivas, en la que resaltó la importancia central que el Ministerio y el CONICET le dan a la actividad petrolera y minera, con fondos, investigadores y becarios. “Estamos trabajando en lo que se ha dado en llamar minería inteligente, practicada en forma sustentable y sin los efectos ambientales asociados a la actividad. Sucede que el país no puede prescindir de la actividad minera. Y me parece poco honesto intelectualmente que un habitante metropolitano niegue a un ciudadano de San Juan la posibilidad de tener una vida digna porque no le gusta la minería”, arremetió la máxima autoridad de ciencia del país. Y fue por más: “El CONICET es una entidad de referencia que puede garantizar la ausencia de impacto ambiental en un proyecto”.

Científica modelo

“Madre, ama de casa y científica: la mujer del hito genético antisequía”, fue el título de la entrevista que el diario El Litoral le realizó en marzo de 2012 a la bióloga molecular Ráquel Chan, investigadora del CONICET y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL), que desarrolló una soja resistente a la sequía. Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la felicitó: “Me siento muy orgullosa de formar parte de un Gobierno y de un proyecto que ayude a que científicos argentinos puedan desarrollar estas aptitudes que le sirven a todo el mundo y que nos constituyen en un verdadero ejemplo”. Y explicó el avance: “La nueva semilla de soja va a generar, a través de inversión de empresas argentinas y empresas extranjeras, regalías, pero fundamentalmente productividad, mayor rendimiento, mayor resistencia en la agricultura al estrés hídrico”.

En una entrevista, la científica Chan también replicó argumentos de las grandes empresas del agronegocio: “Este desarrollo significaría mayor producción de alimentos, con una población mundial que crece cada vez más”.

Lo que no contaron fue que la investigación fue realizada junto a Bioceres, una empresa en la que sobresalen referentes de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y Gustavo Grobocopatel, el bautizado “rey de la soja”.

El titular del Grupo Los Grobo es uno de los accionistas de Bioceres, la empresa detrás de Ráquel Chan y socia del CONICET. Otros socios de peso son Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid) y Hugo Sigman (Grupo Insud), multifacético empresario que posee desde laboratorios hasta la editorial Capital Intelectual, el mensuario Le Monde Diplomatique, es productor de la película Relatos Salvajes y accionista del laboratorio Biogénesis-Bagó, dedicado a la biotecnología.

Consecuencias

La Red Nacional de Acción Ecologista, mediante un escrito de la organización Ecos de Saladillo, cuestionó al “gen mágico” contra la sequía. “Sojas y maíces resistentes a la sequía se transformarán en agrocombustibles que alimentarán el consumismo del primer mundo y el de las clases altas de los mal llamados países emergentes”, alertó la organización. “Este descubrimiento transgénico nos hará cada vez más dependientes de los mercados globales”.

También se expidieron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CONICET). “¿Ciencia al servicio del pueblo o a favor de las corporaciones?”, fue el título del escrito que cuestiona que “el nuevo desarrollo tecnológico se hizo vinculado a las corporaciones de los agronegocios”. Puntualizaron las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio, y recordaron que “numerosos estudios realizados por trabajadores del CONICET y otras agencias del Estado, aunque obviados por los funcionarios de Ciencia y Técnica del país, demuestran que el modelo de desarrollo basado en los agronegocios solo genera riquezas para unos pocos, incrementa la brecha entre ricos y pobres, genera dependencia tecnológica, aumenta la contaminación con productos de toxicidad crónica, y anula las posibilidades de alcanzar una verdadera soberanía alimentaria”.

Los trabajadores de ATE-CONICET llamaron a “reorientar la política científica para que esté al servicio del pueblo, en particular de los más sectores más perjudicados por el actual modelo económico extractivista. Convocamos a nuestros colegas a profundizar el debate sobre cuáles deben ser las prioridades de investigación para el país, que nos permitan devolver a a nuestro pueblo todo el esfuerzo que hace en sostener nuestro trabajo”.

La nueva obsesión

Las multinacionales mineras lo bautizaron “oro blanco”, y los periodistas tomaron el sinónimo. Se trata del litio, esencial para las baterías de teléfonos, computadoras y autos. En el norte de Argentina existen reservas (también el Chile y Bolivia) donde se encuentran las salinas, esos paisajes de postal, planicies blancas, lugar de vida y trabajo durante siglos de los pueblos originarios que cuidan y defienden el territorio ante el avance empresario.

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

En junio pasado, la mayor parte de los diarios porteños replicaron la noticia de investigadores de la UBA sobre una nueva forma de explotar. “Un equipo del CONICET y la UBA ganó un concurso sobre energías alternativas. Idearon una nueva tecnología para la extracción de litio”, difundió Clarín. “La ciencia como imán de inversiones”, fue el título de Página/12, firmado por el “periodista científico” Pablo Esteban. “El litio llegó al cielo”, magnificó el portal de noticias Nexciencia, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

El alabado por la prensa fue Ernesto Calvo, investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Exactas de la UBA, premiado en el concurso Bright Minds Challenge. Según las crónicas, desarrollaron un “método limpio, económico, selectivo y respetuoso con el medio ambiente que utiliza energía solar para obtener litio a partir de la salmuera natural de salares de altura”.

El monto del premio consiste en “100 mil dólares en horas de asesoramiento con expertos internacionales” en temas que el grupo considera claves para poder avanzar con su propuesta.

Con el objetivo de hacer minería de litio, en 2014 se firmó un acuerdo entre el CONICET, Y-TEC (empresa de “tecnología” de YPF), la Universidad de Jujuy y la provincia para construir en Palpalá el “Centro de investigaciones sobre el litio”, que permitirá “la generación de conocimiento y tecnologías sostenibles para la exploración y producción en la provincia de sus reservas de litio”. La inversión anunciada fue de 60 millones de dólares. A pesar de los cambios de gobierno (tanto en Nación como Provincia), el plan continúa vigente.

Desde la política y la economía también piensan y proponen acciones para explotar litio. En 2015, los diputados kirchneristas Carlos Heller y Juan Carlos Junio presentaron un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”, declarar al mineral “bien estratégico” y propusieron, con discurso progresista, procesarlo y que el Estado se apropie de esa renta.

El “especialista en la materia” (que actuó como asesor del proyecto) fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, es “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, EEUU. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.

Desde 2010 es pública la lucha de 33 comunidades kollas y atacama por las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), organizadas en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron diversas acciones (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, cortes de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes: según leyes nacionales, para cualquier actividad que pudiera afectar los territorios indígenas debe existir el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. El caso de Salinas Grandes pasó por la Corte Suprema y tramita ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Clemente Flores, uno de los voceros de las comunidades, alerta: “Dicen que no van a contaminar pero ya afectaron el acuífero y las salinas. No nos contó nadie, lo vimos nosotros mismos en el territorio”. Flores afirma que nunca científicos ni académicos se presentaron ante las comunidades por el tema litio. “Lamentablemente hay mucho investigador de escritorio, que habla bonito y escribe libros, pero que no nos visita, no nos escucha, no camina las salinas y encima propone cosas para nuestro territorio sin siquiera consultarnos”.

En Catamarca también avanzan, de la mano del gobierno provincial, las mineras de litio.

La Unión de los Pueblos Diaguita emitió un comunicado el 28 de mayo en el que reafirmó su “rotunda negativa” a estos proyectos mineros.

Otro modelo

Juan Wahren, investigador del CONICET y coordinador del Grupo de Estudios Rurales (GER-Gemsal) del Instituto Gino Germani de la UBA explica que “desde hace muchos años, y sobre todo a partir de las gestiones de Lino Barañao, se ha conformado un sistema de ciencia y técnica cada vez más hacia sectores ligados a las transnacionales extractivas” en ramas estratégicas como la biotecnología, la nanotecnología y la ingeniería en hidrocarburos. “Esto se profundiza con el actual gobierno en el marco de un fuerte recorte al financiamiento general y achicamiento de las becas e ingresos de investigadores en el CONICET”. Cuestiona Wahren que en la actualidad existe “una variopinta gama de intelectuales transgénicos que sostienen una forma de hacer ciencia al servicio de las empresas extractivas”. Incluyó en esta calificación tanto a biólogos, agrónomos y geólogos, como también sociólogos y antropólogos, entre otras ramas académicas.

En Rosario, el equipo de las materias Salud Socioambiental y Práctica Final de la Facultad de Ciencias Médicas organiza cada dos años un encuentro internacional que tiene entre sus ejes principales la salud socioambiental. “Madre tierra, una sola salud”, fue la consigna entre el 12 y el 16 de junio. El último día se desarrolló la mesa “Ciencia Digna para la resistencia de la Madre Tierra”.

Una de las disertantes, Alicia Massarini afirmó que el desafío es recuperar y  actualizar la crítica a la noción de neutralidad de la ciencia y la tecnología, y reforzar diálogos horizontales entre científicos rebeldes y las comunidades campesinas, indígenas y movimientos sociales que “hoy definen una agenda propia en la resistencia al modelo ecocida”.