CABA
El modelo: Rosario, la ciudad del aborto legal
En la segunda ciudad del país el aborto es atendido como una cuestión de salud pública. Los resultados derriban todo mito. Cómo funciona el modelo rosarino y porqué además de la ley, la salida es política. Por Lucía Aíta.

Las actrices Muriel Santa Ana y Dolores Fonzi, en su visita a centros de salud rosarinos.
Foto: Martina Perosa
La vicepresidenta de la Nación declara que en el interior del país “nadie está a favor de legalizar el aborto” y que si una mujer es violada y queda embarazada no sabe qué hay que hacer pero, por las dudas, opina que no debería abortar. El Presidente Provisional del Senado presenta un proyecto denominado El Estado se hace cargo según el cual se podría adoptar un bebé desde el embarazo, quiera la mujer continuar con el mismo o no. Así, la distopía de El Cuento de la Criada se hace carne. Entre esa distopía y la -por ahora- utopía de un mundo feminista igualitario está la realidad: en Rosario el Estado efectivamente se hace cargo de acompañar con responsabilidad y conciencia la salud reproductiva de las mujeres.
La realidad dos: eso hizo que disminuya a cero desde el 2012 el número de muertes maternas por aborto.
La realidad tres: dos actrices (Dolores Fonzi y Muriel Santana), una diputada nacional (Victoria Donda) y una periodista (Claudia Acuña) caminaron juntas los centros médicos y de salud rosarinos para poder contestar con experiencias concretas a los improperios esgrimidos por quienes deberían legislar por nuestro bien común.
Aquí, algunos resultados.

Daniel Teppaz, coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del municipio.
Foto: Martina Perosa
Historia de una política
El indicador de sanidad materna de Rosario es contundente: cero muertes por abortos. Esto no es casualidad ni arte de magia. Leonardo Caruana, Secretario de Salud de Rosario, cuenta que para ello se tendió una red de 1.100 trabajadores de la salud con fuerte presencia en el territorio en el ámbito municipal, y 80 centros de salud equipados para implementar el protocolo relativo a la Interrupción Legal del Embarazo.
¿Qué dicen los protocolos y desde cuándo rigen? En 2005, a nivel nacional se lanzó la Guía para el mejoramiento de la atención en el post aborto, a la que Rosario adhiere desde entonces. En 2007, el Ministerio de Salud de la Nación emitió el Primer Protocolo sobre atención de abortos no punibles. Rosario, ese mismo año, sanciona el Protocolo de Atención Integral para las Personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que dice: “Las prácticas médicas comprendidas en el presente protocolo deberán realizarse garantizando que la persona no sea discriminada y reciba una atención humanizada, rápida, efectiva y con asesoramiento en base a información veraz, adecuada y completa respetando la intimidad y autonomía; garantizando la provisión de insumos anticonceptivos; como así también los establecimientos de salud deberán poner a disposición asistencia psicológica antes y después de la intervención”. En 2012, año en el que tuvo lugar el fallo F.A.L (que determinó la impunibilidad de los abortos en casos de violación), se desprendieron en Rosario nuevas normativas para los equipos de salud y se actualizaron las ordenanzas en los años 2015 y 2017.
Dos medidas clave, que demuestran lo que puede hacer el Estado aun sin aborto legal:
En 2012 se decidió la compra de Misoprostol (medicamento utilizado para la interrupción del embarazo) desde la Secretaría de Salud Pública para las prácticas de Interrupción Legal del Embarazo. A pesar de tener diferentes usos en ginecología y obstetricia (aborto incompleto, feto muerto y retenido y prevención del sangrado posparto, entre otras) y estando su uso avalado por fuerte evidencia científica, el Misoprostol sigue sin ser aprobado a nivel nacional para estas indicaciones.
En 2016 se introdujo la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) en hospitales públicos para complementar la utilización de Misoprostol.
Los directivos de salud de Rosario aseguran que es la primera y única ciudad argentina que está a punto de fabricar Misoprostol en un laboratorio provincial. Eso bajaría los costos de la salud pública por abortos un 40%.

La intendenta Mónica Fein, presente en la recorrida.
Foto: Martina Perosa
Día a día
¿Cómo funciona el sistema que plantean esos protocolos en el día a día en Rosario? Según relataron los médicos involucrados durante la recorrida, el sistema es así: una mujer va a uno de los 80 centros de salud donde pueden acceder a la tecnología necesaria y segura (según la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología) para interrumpir su embarazo en los servicios de salud pública. Allí es acompañada por un profesional o consejeras (especializadas en psicología, trabajo social y ginecología) para decidir qué hacer con su embarazo. Desde ese momento es paciente del centro de salud ya sea que se decida una intervención de control ambulatorio o una internación. Los directivos de salud de Rosario aseguran que el 70 por ciento de las intervenciones son ambulatorias y que si requiere una internación los hospitales también están preparados: los profesionales están en constante diálogo con los centros de salud, que son quienes dictan la intervención. Así, el número de abortos es menor que en las épocas oscuras, sin protocolos ni tecnología, en las que contaban 650 internaciones por complicaciones derivadas del aborto por año.
“Este hospital atiende un promedio de 60 consultas el mes por prácticas abortivas y sólo 10 por mes son internaciones”, asegura Matías Vidal, director del Hospital Roque Sáenz Peña. “El resto es ambulatorio. Las consultorías que reciben a la mujer que quiere abortar realizan un diagnóstico integral y controlan desde cuándo se hizo la última mamografía, hasta qué método anticonceptivo falló”.
Si hablamos de presupuesto, el secretario de salud pública de Rosario Leonardo Caruana asegura que hay otra ventaja cuando se proporciona una atención de interrupción de embarazo desde la salud pública: al poder hacer un seguimiento ambulatorio las mujeres sólo son internadas por complicaciones, y esas internaciones se reducen drásticamente. Menos pacientes en internación, menor costo para los hospitales.
¿Cómo impactaría la legalización? Los profesionales rosarinos sostienen que una legalización igualaría no sólo el acceso para las mujeres más pobres, sino también para mujeres que están en el sistema de la medicina de obras sociales y hoy no tienen cobertura en estos casos. Según dijeron en la Municipalidad rosarina a MU, de las pacientes que concurrieron a realizarse un AMEU desde su incorporación en hospitales públicos, un 25% tenía obras sociales o prepagas.

La folletería que cuenta los procedimientos de atención, prevención y acopañamiento.
Foto: Martina Perosa
Prevenir, evitar, acompañar
Frente a los mitos sobre la interrupción del embarazo, Matías Vidal vuelve a relatar a actrices, diputada y periodista en qué consiste la intervención desde que la mujer ingresa a su hospital. Lo hace con la serenidad de quien sabe de lo que habla: “Se da la medicación y se controla ambulatoriamente. Cuando no reúnen los requisitos porque es un caso más complejo y lo reciben las chicas de la consejería, se entrevista a la mujer para ver cómo se puede acompañar el caso. En el equipo están los médicos, alguien de salud mental y un trabajador social. Se arma la intervención. A veces no funcionó la medicación, por ejemplo, y después de dos intentos se vuelve a hacer y funciona. Y si es necesario un AMEU, que es la aspiración, se hace acá en un quirófano que tenemos para eso. La mujer llega, se interna, se hace el AMEU y a las dos horas se va a su casa. Todo eso está regulado, se firman los consentimientos”.
Con tan buen tino como cara de preocupación, Dolores Fonzi repregunta por la importancia de las consejerías. “Lo que puede pasar en una intervención es que hay mujeres que vienen que no quieren abortar, el que quiere es su pareja. Y eso te lo dice en la entrevista con el equipo psicológico cuando está sola”, responde Vidal. ¿Qué se hace en esos casos? “Se acompaña a la mujer para que pueda continuar con el embarazo si quiere hacerlo”, contesta una médica del hospital Roque Saenz Peña.
Así Rosario desarma otra clave que salva vidas y desactiva violencias sobre los cuerpos de las mujeres: un programa de salud sexual y reproductiva bien aplicado también impide abortos no deseados, impuestos por terceros. En esta misma línea, en Rosario también cuentan con un programa para embarazo adolescente que está acompañando a 300 jóvenes para que puedan continuar con su embarazo.

Médicas y médico en uno de los centros de salud públicos que atienden y acompañan mujeres.
Foto: Martina Perosa
Menos abortos, más salud
Daniel Teppaz es el Director del Área de Salud Sexual en Rosario. Dice a MU: “Cuando luchamos por el aborto legal también luchamos por una maternidad bien vivida y por un sistema de salud que reconozca derechos. Aceptar el aborto dentro del sistema de salud nos obligó a trabajar en territorio, en cercanía con las mujeres. Rompió distancia entre sistema de salud y pacientes. Pasamos de un sistema de salud que no podía comprar anticonceptivos a este que rompe con las barreras de acceso a la salud. Nos llevó 30 años”. Teppaz agrega que los logros en materia de salud sexual y reproductiva de la ciudad no incluyen sólo cómo las mujeres pueden acceder a un aborto seguro, sino también la inauguración de maternidades, de consejerías de asistencia psicológica y de espacios de parto respetado.
Teppaz lleva 25 años trabajando en el Sistema de salud pública de Rosario y más de la mitad de su carrera estuvo volcada al sector público. Tuvo formación religiosa como católico y cuenta que en su juventud militó en contra de la legalización de la interrupción del embarazo, hasta que comenzó su especialización en ginecología. Desde entonces no paró hasta ser uno de los expositores que aportó argumentos a favor de la Ley en el debate parlamentario que tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación.
Teppaz dijo desde el estrado que durante su especialización fue testigo de torturas y malos tratos a mujeres que concurrían al hospital con la intención de realizarse un aborto. Y luego dio una primera conclusión sobre cómo cambió su mirada: “Pensar la salud en clave de derechos exige mucho más que tratar bien a las mujeres que deciden abortar. Se necesitan políticas públicas que acompañen”.
Entre esas políticas, desde 1996 funciona en Rosario el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable con el objetivo de poner a disposición de la comunidad la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios que garanticen el derecho humano de decidir libre y responsablemente sus pautas reproductivas. La página que presenta el programa hace la siguiente aclaración: “Información y orientación que posibiliten encarar la sexualidad de manera positiva, segura y autónoma para la adopción de decisiones libres de coerción y un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales que posibiliten a todas y todos obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia”. Teppaz señala que es fundamental que esto también esté acompañado a partir de la formación de los médicos: desde 2017 está en funcionamiento en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario la primera cátedra sobre el aborto en una universidad nacional, a aula llena y hasta con lista de espera.
Leonardo Caruama dice al respecto: “Estamos acostumbrados a un modelo médico que elige el método anticonceptivo según un modelo dominante de la propia cultura. Discutir qué método es adecuado en cada situación y con cada una de las parejas también es un encuentro importante a ofrecer”. “El médico también se deconstruye”, le responde rápida y atenta la actriz Muriel Santa Ana, con la sensibilidad de alguien que ya expuso públicamente que tuvo que practicarse un aborto clandestino.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.
Foto: Martina Perosa
Con ciencia
En Rosario cuentan que, al interpretar el protocolo, la definición de las causales es una pesada carga que expone a los médicos a miedos de demandas o juzgamientos por haber elegido erróneamente los motivos que hacen que un aborto sea legal: “Esto lleva a que se quiera eludir la responsabilidad de tomar casos de interrupción legal del embarazo, escudándose detrás de falsas objeciones de conciencia, como lo ha demostrado nuestro trabajo en la realización de un registro público de objetores”, dice el director de Salud Sexual Teppaz. Y agrega: “Habitualmente cuando se habla de aborto cae de maduro la palabra objeción de conciencia. Y lo que nosotros tenemos con los profesionales y las profesionales en Rosario es que no dejan la conciencia como patrimonio de los objetores, sino que a conciencia no pueden abandonar a las mujeres que atienden y entonces las acompañan asumiendo todas las consecuencias”.
En el 2010, la provincia de Santa Fe creó el Registro Público de Objetores de Conciencia bajo la Resolución 843 en base a la Ley 11.888, que arrojó un dato contundente: de casi 400 profesionales, el 61 por ciento no pudo argumentar debidamente razones profundas que justifiquen objetar y no acompañar a las mujeres en la interrupción de su embarazo.

Funcionarias, actrices y diputadas, juntas por el Aborto Legal.
Foto: Martina Perosa
Por qué la ley
¿Cuál es la solución propuesta a nivel provincial en los casos en los que esto no ocurre? Andrea Uboldi, Ministra de Salud de Santa Fe: “La provincia de Santa Fe tiene distintas tradiciones culturales que pueden hacer que una mujer vaya a un efector (médico y centro de salud que no efectúan el protocolo) y no encuentre la respuesta adecuada. Por eso, la posibilidad de la consejería y los sistemas de comunicación hacen que otro equipo pueda estar acompañando esto y que quizás si en ese efector hay objetores de conciencia y no se puede realizar el procedimiento, encontremos dónde se puede. El funcionamiento en red de todos los centros nos permite respetar a profesionales y pacientes”. Así, las decisiones personales no obstruyen la salud pública. Y por esto, los funcionarios santafesinos coinciden en que la real solución sería una Ley que no deje abierta la interrupción del embarazo a la interpretación de los médicos.
Lo que deja en evidencia Rosario no es sólo que es posible -y hasta más económico- contar con un sistema atención integral para las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, sino que refleja el oscuro vacío del resto del país, sin los protocolos ni las tecnologías adecuadas para atender a las mujeres en estos casos.
La recorrida culminó de un modo conmovedor, con un teatro desbordado de mujeres frente a las actrices y diputadas. Pañuelos verdes, fuerza colectiva, y un grito:
-“Aborto Legal en el hospital”.
CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
CABA
La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.
María del Carmen Varela
Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.
Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.


La historia
A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…
Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.
A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.
Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.
El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .
De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.
El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.
En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.
La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.
Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.
Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.
Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.
Atlas de un mundo imaginado
Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre
Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.
Actualidad
Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».
Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.
Por Tiempo Argentino
Fotos: Antonio Becerra.
En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.
“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.
“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Represión como respuesta
La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.
“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal
La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.
El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.
Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

- Revista MuHace 3 semanas
Mu 205: Hay futuro
- CABAHace 2 semanas
Villa Lugano: una movilización en contra del “Máster Plan”
- #NiUnaMásHace 2 semanas
Femicidios en julio: la noticia es el horror
- ActualidadHace 2 semanas
Mendoza movilizada: sábado de caravanazo contra la minera San Jorge
- ActualidadHace 3 semanas
Mapuches en Neuquén: 10.000 personas movilizadas contra la represión y en apoyo a las comunidades originarias