En la segunda ciudad del país el aborto es atendido como una cuestión de salud pública. Los resultados derriban todo mito. Cómo funciona el modelo rosarino y porqué además de la ley, la salida es política. Por Lucía Aíta.

Las actrices Muriel Santa Ana y Dolores Fonzi, en su visita a centros de salud rosarinos.
Foto: Martina Perosa

La vicepresidenta de la Nación declara que en el interior del país “nadie está a favor de legalizar el aborto” y que si una mujer es violada y queda embarazada no sabe qué hay que hacer pero, por las dudas, opina que no debería abortar. El Presidente Provisional del Senado presenta un proyecto denominado El Estado se hace cargo según el cual se podría adoptar un bebé desde el embarazo, quiera la mujer continuar con el mismo o no. Así, la distopía de El Cuento de la Criada se hace carne. Entre esa distopía y la -por ahora- utopía de un mundo feminista igualitario está la realidad: en Rosario el Estado efectivamente se hace cargo de acompañar con responsabilidad y conciencia la salud reproductiva de las mujeres.

La realidad dos: eso hizo que disminuya a cero desde el 2012 el número de muertes maternas por aborto.

La realidad tres: dos actrices (Dolores Fonzi y Muriel Santana), una diputada nacional (Victoria Donda) y una periodista (Claudia Acuña) caminaron juntas los centros médicos y de salud rosarinos para poder contestar con experiencias concretas a los improperios esgrimidos por quienes deberían legislar por nuestro bien común.

Aquí, algunos resultados.

Daniel Teppaz, coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del municipio.
Foto: Martina Perosa

Historia de una política

El indicador de sanidad materna de Rosario es contundente: cero muertes por abortos. Esto no es casualidad ni arte de magia. Leonardo Caruana, Secretario de Salud de Rosario, cuenta que para ello se tendió una red de 1.100 trabajadores de la salud con fuerte presencia en el territorio en el ámbito municipal, y 80 centros de salud equipados para implementar el protocolo relativo a la Interrupción Legal del Embarazo.

¿Qué dicen los protocolos y desde cuándo rigen? En 2005, a nivel nacional se lanzó la Guía para el mejoramiento de la atención en el post aborto, a la que Rosario adhiere desde entonces. En 2007, el Ministerio de Salud de la Nación emitió el Primer Protocolo sobre atención de abortos no punibles. Rosario, ese mismo año, sanciona el Protocolo de Atención Integral para las Personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que dice: “Las prácticas médicas comprendidas en el presente protocolo deberán realizarse garantizando que la persona no sea discriminada y reciba una atención humanizada, rápida, efectiva y con asesoramiento en base a información veraz, adecuada y completa respetando la intimidad y autonomía; garantizando la provisión de insumos anticonceptivos; como así también los establecimientos de salud deberán poner a disposición asistencia psicológica antes y después de la intervención”. En 2012, año en el que tuvo lugar el fallo F.A.L (que determinó la impunibilidad de los abortos en casos de violación), se desprendieron en Rosario nuevas normativas para los equipos de salud y se actualizaron las ordenanzas en los años 2015 y 2017.

Dos medidas clave, que demuestran lo que puede hacer el Estado aun sin aborto legal:

En 2012 se decidió la compra de Misoprostol (medicamento utilizado para la interrupción del embarazo) desde la Secretaría de Salud Pública para las prácticas de Interrupción Legal del Embarazo. A pesar de tener diferentes usos en ginecología y obstetricia (aborto incompleto, feto muerto y retenido y prevención del sangrado posparto, entre otras) y estando su uso avalado por fuerte evidencia científica, el Misoprostol sigue sin ser aprobado a nivel nacional para estas indicaciones.

En 2016 se introdujo la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) en hospitales públicos para complementar la utilización de Misoprostol.

Los directivos de salud de Rosario aseguran que es la primera y única ciudad argentina que está a punto de fabricar Misoprostol en un laboratorio provincial. Eso bajaría los costos de la salud pública por abortos un 40%.

La intendenta Mónica Fein, presente en la recorrida.
Foto: Martina Perosa

Día a día

¿Cómo funciona el sistema que plantean esos protocolos en el día a día en Rosario? Según relataron los médicos involucrados durante la recorrida, el sistema es así: una mujer va a uno de los 80 centros de salud donde pueden acceder a la tecnología necesaria y segura (según la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología) para interrumpir su embarazo en los servicios de salud pública. Allí es acompañada por un profesional o consejeras (especializadas en psicología, trabajo social y ginecología) para decidir qué hacer con su embarazo. Desde ese momento es paciente del centro de salud ya sea que se decida una intervención de control ambulatorio o una internación. Los directivos de salud de Rosario aseguran que el 70 por ciento de las intervenciones son ambulatorias y que si requiere una internación los hospitales también están preparados: los profesionales están en constante diálogo con los centros de salud, que son quienes dictan la intervención. Así, el número de abortos es menor que en las épocas oscuras, sin protocolos ni tecnología, en las que contaban 650 internaciones por complicaciones derivadas del aborto por año.
“Este hospital atiende un promedio de 60 consultas el mes por prácticas abortivas y sólo 10 por mes son internaciones”, asegura Matías Vidal, director del Hospital Roque Sáenz Peña. “El resto es ambulatorio. Las consultorías que reciben a la mujer que quiere abortar realizan un diagnóstico integral y controlan desde cuándo se hizo la última mamografía, hasta qué método anticonceptivo falló”.
Si hablamos de presupuesto, el secretario de salud pública de Rosario Leonardo Caruana asegura que hay otra ventaja cuando se proporciona una atención de interrupción de embarazo desde la salud pública: al poder hacer un seguimiento ambulatorio las mujeres sólo son internadas por complicaciones, y esas internaciones se reducen drásticamente. Menos pacientes en internación, menor costo para los hospitales.
¿Cómo impactaría la legalización? Los profesionales rosarinos sostienen que una legalización igualaría no sólo el acceso para las mujeres más pobres, sino también para mujeres que están en el sistema de la medicina de obras sociales y hoy no tienen cobertura en estos casos. Según dijeron en la Municipalidad rosarina a MU, de las pacientes que concurrieron a realizarse un AMEU desde su incorporación en hospitales públicos, un 25% tenía obras sociales o prepagas.

La folletería que cuenta los procedimientos de atención, prevención y acopañamiento.
Foto: Martina Perosa

Prevenir, evitar, acompañar

Frente a los mitos sobre la interrupción del embarazo, Matías Vidal vuelve a relatar a actrices, diputada y periodista en qué consiste la intervención desde que la mujer ingresa a su hospital. Lo hace con la serenidad de quien sabe de lo que habla: “Se da la medicación y se controla ambulatoriamente. Cuando no reúnen los requisitos porque es un caso más complejo y lo reciben las chicas de la consejería, se entrevista a la mujer para ver cómo se puede acompañar el caso. En el equipo están los médicos, alguien de salud mental y un trabajador social. Se arma la intervención. A veces no funcionó la medicación, por ejemplo, y después de dos intentos se vuelve a hacer y funciona. Y si es necesario un AMEU, que es la aspiración, se hace acá en un quirófano que tenemos para eso. La mujer llega, se interna, se hace el AMEU y a las dos horas se va a su casa. Todo eso está regulado, se firman los consentimientos”.

Con tan buen tino como cara de preocupación, Dolores Fonzi repregunta por la importancia de las consejerías. “Lo que puede pasar en una intervención es que hay mujeres que vienen que no quieren abortar, el que quiere es su pareja. Y eso te lo dice en la entrevista con el equipo psicológico cuando está sola”, responde Vidal. ¿Qué se hace en esos casos? “Se acompaña a la mujer para que pueda continuar con el embarazo si quiere hacerlo”, contesta una médica del hospital Roque Saenz Peña.

Así Rosario desarma otra clave que salva vidas y desactiva violencias sobre los cuerpos de las mujeres: un programa de salud sexual y reproductiva bien aplicado también impide abortos no deseados, impuestos por terceros. En esta misma línea, en Rosario también cuentan con un programa para embarazo adolescente que está acompañando a 300 jóvenes para que puedan continuar con su embarazo.

Médicas y médico en uno de los centros de salud públicos que atienden y acompañan mujeres.
Foto: Martina Perosa

Menos abortos, más salud

Daniel Teppaz es el Director del Área de Salud Sexual en Rosario. Dice a MU: “Cuando luchamos por el aborto legal también luchamos por una maternidad bien vivida y por un sistema de salud que reconozca derechos. Aceptar el aborto dentro del sistema de salud nos obligó a trabajar en territorio, en cercanía  con las mujeres. Rompió distancia entre sistema de salud y pacientes. Pasamos de un sistema de salud que no podía comprar anticonceptivos a este que rompe con las barreras de acceso a la salud. Nos llevó 30 años”. Teppaz agrega que los logros en materia de salud sexual y reproductiva de la ciudad no incluyen sólo cómo las mujeres pueden acceder a un aborto seguro, sino también la inauguración de maternidades, de consejerías de asistencia psicológica y de espacios de parto respetado.

Teppaz lleva 25 años trabajando en el Sistema de salud pública de Rosario y más de la mitad de su carrera estuvo volcada al sector público. Tuvo formación religiosa como católico y cuenta que en su juventud militó en contra de la legalización de la interrupción del embarazo, hasta que comenzó su especialización en ginecología. Desde entonces no paró hasta ser uno de los expositores que aportó argumentos a favor de la Ley en el debate parlamentario que tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación.

Teppaz dijo desde el estrado que durante su especialización fue testigo de torturas y malos tratos a mujeres que concurrían al hospital con la intención de realizarse un aborto. Y luego dio una primera conclusión sobre cómo cambió su mirada: “Pensar la salud en clave de derechos exige mucho más que tratar bien a las mujeres que deciden abortar. Se necesitan políticas públicas que acompañen”.

Entre esas políticas, desde 1996 funciona en Rosario el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable con el objetivo de poner a disposición de la comunidad la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios que garanticen el derecho humano de decidir libre y responsablemente sus pautas reproductivas. La página que presenta el programa hace la siguiente aclaración: “Información y orientación que posibiliten encarar la sexualidad de manera positiva, segura y autónoma para la adopción de decisiones libres de coerción y un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales que posibiliten a todas y todos obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia”. Teppaz señala que es fundamental que esto también esté acompañado a partir de la formación de los médicos: desde 2017 está en funcionamiento en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario  la primera cátedra sobre el aborto en una universidad nacional, a aula llena y hasta con lista de espera.

Leonardo Caruama dice al respecto: “Estamos acostumbrados a un modelo médico que elige el método anticonceptivo según un modelo dominante de la propia cultura. Discutir qué método es adecuado en cada situación y con cada una de las parejas también es un encuentro importante a ofrecer”. “El médico también se deconstruye”, le responde rápida y atenta la actriz Muriel Santa Ana, con la sensibilidad de alguien que ya expuso públicamente que tuvo que practicarse un aborto clandestino.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.
Foto: Martina Perosa

Con ciencia

En Rosario cuentan que, al interpretar el protocolo, la definición de las causales es una pesada carga que expone a los médicos a miedos de demandas o juzgamientos por haber elegido erróneamente los motivos que hacen que un aborto sea legal: “Esto lleva a que se quiera eludir la responsabilidad de tomar casos de interrupción legal del embarazo, escudándose detrás de falsas objeciones de conciencia, como lo ha demostrado nuestro trabajo en la realización de un registro público de objetores”, dice el director de Salud Sexual Teppaz.  Y agrega: “Habitualmente cuando se habla de aborto cae de maduro la palabra objeción de conciencia.  Y lo que nosotros tenemos con los profesionales y las profesionales en Rosario es que no dejan la conciencia como patrimonio de los objetores, sino que a conciencia no pueden abandonar a las mujeres que atienden y entonces las acompañan asumiendo todas las consecuencias”.

En el 2010, la provincia de Santa Fe creó el Registro Público de Objetores de Conciencia bajo la Resolución 843 en base a la Ley 11.888, que arrojó un dato contundente: de casi 400 profesionales, el 61  por ciento no pudo argumentar debidamente razones profundas que justifiquen objetar y no acompañar a las mujeres en la interrupción de su embarazo.

Funcionarias, actrices y diputadas, juntas por el Aborto Legal.
Foto: Martina Perosa

Por qué la ley

¿Cuál es la solución propuesta a nivel provincial en los casos en los que esto no ocurre? Andrea Uboldi, Ministra de Salud de Santa Fe: “La provincia de Santa Fe tiene distintas tradiciones culturales que pueden hacer que una mujer vaya a un efector (médico y centro de salud que no efectúan el protocolo) y no encuentre la respuesta adecuada. Por eso, la posibilidad de la consejería y los sistemas de comunicación hacen que otro equipo pueda estar acompañando esto y que quizás si en ese efector hay objetores de conciencia y no se puede realizar el procedimiento, encontremos dónde se puede. El funcionamiento en red de todos los centros nos permite respetar a profesionales y pacientes”. Así, las decisiones personales no obstruyen la salud pública. Y por esto, los funcionarios santafesinos coinciden en que la real solución sería una Ley que no deje abierta la interrupción del embarazo a la interpretación de los médicos.

Lo que deja en evidencia Rosario no es sólo que es posible -y hasta más económico- contar con un sistema atención integral para las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, sino que refleja el oscuro vacío del resto del país, sin los protocolos ni las tecnologías adecuadas para atender a las mujeres en estos casos.

La recorrida culminó de un modo conmovedor, con un teatro desbordado de mujeres frente a las actrices y diputadas. Pañuelos verdes, fuerza colectiva, y un grito:

-“Aborto Legal en el hospital”.