CABA
El modelo: Rosario, la ciudad del aborto legal
En la segunda ciudad del país el aborto es atendido como una cuestión de salud pública. Los resultados derriban todo mito. Cómo funciona el modelo rosarino y porqué además de la ley, la salida es política. Por Lucía Aíta.

Las actrices Muriel Santa Ana y Dolores Fonzi, en su visita a centros de salud rosarinos.
Foto: Martina Perosa
La vicepresidenta de la Nación declara que en el interior del país “nadie está a favor de legalizar el aborto” y que si una mujer es violada y queda embarazada no sabe qué hay que hacer pero, por las dudas, opina que no debería abortar. El Presidente Provisional del Senado presenta un proyecto denominado El Estado se hace cargo según el cual se podría adoptar un bebé desde el embarazo, quiera la mujer continuar con el mismo o no. Así, la distopía de El Cuento de la Criada se hace carne. Entre esa distopía y la -por ahora- utopía de un mundo feminista igualitario está la realidad: en Rosario el Estado efectivamente se hace cargo de acompañar con responsabilidad y conciencia la salud reproductiva de las mujeres.
La realidad dos: eso hizo que disminuya a cero desde el 2012 el número de muertes maternas por aborto.
La realidad tres: dos actrices (Dolores Fonzi y Muriel Santana), una diputada nacional (Victoria Donda) y una periodista (Claudia Acuña) caminaron juntas los centros médicos y de salud rosarinos para poder contestar con experiencias concretas a los improperios esgrimidos por quienes deberían legislar por nuestro bien común.
Aquí, algunos resultados.

Daniel Teppaz, coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del municipio.
Foto: Martina Perosa
Historia de una política
El indicador de sanidad materna de Rosario es contundente: cero muertes por abortos. Esto no es casualidad ni arte de magia. Leonardo Caruana, Secretario de Salud de Rosario, cuenta que para ello se tendió una red de 1.100 trabajadores de la salud con fuerte presencia en el territorio en el ámbito municipal, y 80 centros de salud equipados para implementar el protocolo relativo a la Interrupción Legal del Embarazo.
¿Qué dicen los protocolos y desde cuándo rigen? En 2005, a nivel nacional se lanzó la Guía para el mejoramiento de la atención en el post aborto, a la que Rosario adhiere desde entonces. En 2007, el Ministerio de Salud de la Nación emitió el Primer Protocolo sobre atención de abortos no punibles. Rosario, ese mismo año, sanciona el Protocolo de Atención Integral para las Personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que dice: “Las prácticas médicas comprendidas en el presente protocolo deberán realizarse garantizando que la persona no sea discriminada y reciba una atención humanizada, rápida, efectiva y con asesoramiento en base a información veraz, adecuada y completa respetando la intimidad y autonomía; garantizando la provisión de insumos anticonceptivos; como así también los establecimientos de salud deberán poner a disposición asistencia psicológica antes y después de la intervención”. En 2012, año en el que tuvo lugar el fallo F.A.L (que determinó la impunibilidad de los abortos en casos de violación), se desprendieron en Rosario nuevas normativas para los equipos de salud y se actualizaron las ordenanzas en los años 2015 y 2017.
Dos medidas clave, que demuestran lo que puede hacer el Estado aun sin aborto legal:
En 2012 se decidió la compra de Misoprostol (medicamento utilizado para la interrupción del embarazo) desde la Secretaría de Salud Pública para las prácticas de Interrupción Legal del Embarazo. A pesar de tener diferentes usos en ginecología y obstetricia (aborto incompleto, feto muerto y retenido y prevención del sangrado posparto, entre otras) y estando su uso avalado por fuerte evidencia científica, el Misoprostol sigue sin ser aprobado a nivel nacional para estas indicaciones.
En 2016 se introdujo la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) en hospitales públicos para complementar la utilización de Misoprostol.
Los directivos de salud de Rosario aseguran que es la primera y única ciudad argentina que está a punto de fabricar Misoprostol en un laboratorio provincial. Eso bajaría los costos de la salud pública por abortos un 40%.

La intendenta Mónica Fein, presente en la recorrida.
Foto: Martina Perosa
Día a día
¿Cómo funciona el sistema que plantean esos protocolos en el día a día en Rosario? Según relataron los médicos involucrados durante la recorrida, el sistema es así: una mujer va a uno de los 80 centros de salud donde pueden acceder a la tecnología necesaria y segura (según la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología) para interrumpir su embarazo en los servicios de salud pública. Allí es acompañada por un profesional o consejeras (especializadas en psicología, trabajo social y ginecología) para decidir qué hacer con su embarazo. Desde ese momento es paciente del centro de salud ya sea que se decida una intervención de control ambulatorio o una internación. Los directivos de salud de Rosario aseguran que el 70 por ciento de las intervenciones son ambulatorias y que si requiere una internación los hospitales también están preparados: los profesionales están en constante diálogo con los centros de salud, que son quienes dictan la intervención. Así, el número de abortos es menor que en las épocas oscuras, sin protocolos ni tecnología, en las que contaban 650 internaciones por complicaciones derivadas del aborto por año.
“Este hospital atiende un promedio de 60 consultas el mes por prácticas abortivas y sólo 10 por mes son internaciones”, asegura Matías Vidal, director del Hospital Roque Sáenz Peña. “El resto es ambulatorio. Las consultorías que reciben a la mujer que quiere abortar realizan un diagnóstico integral y controlan desde cuándo se hizo la última mamografía, hasta qué método anticonceptivo falló”.
Si hablamos de presupuesto, el secretario de salud pública de Rosario Leonardo Caruana asegura que hay otra ventaja cuando se proporciona una atención de interrupción de embarazo desde la salud pública: al poder hacer un seguimiento ambulatorio las mujeres sólo son internadas por complicaciones, y esas internaciones se reducen drásticamente. Menos pacientes en internación, menor costo para los hospitales.
¿Cómo impactaría la legalización? Los profesionales rosarinos sostienen que una legalización igualaría no sólo el acceso para las mujeres más pobres, sino también para mujeres que están en el sistema de la medicina de obras sociales y hoy no tienen cobertura en estos casos. Según dijeron en la Municipalidad rosarina a MU, de las pacientes que concurrieron a realizarse un AMEU desde su incorporación en hospitales públicos, un 25% tenía obras sociales o prepagas.

La folletería que cuenta los procedimientos de atención, prevención y acopañamiento.
Foto: Martina Perosa
Prevenir, evitar, acompañar
Frente a los mitos sobre la interrupción del embarazo, Matías Vidal vuelve a relatar a actrices, diputada y periodista en qué consiste la intervención desde que la mujer ingresa a su hospital. Lo hace con la serenidad de quien sabe de lo que habla: “Se da la medicación y se controla ambulatoriamente. Cuando no reúnen los requisitos porque es un caso más complejo y lo reciben las chicas de la consejería, se entrevista a la mujer para ver cómo se puede acompañar el caso. En el equipo están los médicos, alguien de salud mental y un trabajador social. Se arma la intervención. A veces no funcionó la medicación, por ejemplo, y después de dos intentos se vuelve a hacer y funciona. Y si es necesario un AMEU, que es la aspiración, se hace acá en un quirófano que tenemos para eso. La mujer llega, se interna, se hace el AMEU y a las dos horas se va a su casa. Todo eso está regulado, se firman los consentimientos”.
Con tan buen tino como cara de preocupación, Dolores Fonzi repregunta por la importancia de las consejerías. “Lo que puede pasar en una intervención es que hay mujeres que vienen que no quieren abortar, el que quiere es su pareja. Y eso te lo dice en la entrevista con el equipo psicológico cuando está sola”, responde Vidal. ¿Qué se hace en esos casos? “Se acompaña a la mujer para que pueda continuar con el embarazo si quiere hacerlo”, contesta una médica del hospital Roque Saenz Peña.
Así Rosario desarma otra clave que salva vidas y desactiva violencias sobre los cuerpos de las mujeres: un programa de salud sexual y reproductiva bien aplicado también impide abortos no deseados, impuestos por terceros. En esta misma línea, en Rosario también cuentan con un programa para embarazo adolescente que está acompañando a 300 jóvenes para que puedan continuar con su embarazo.

Médicas y médico en uno de los centros de salud públicos que atienden y acompañan mujeres.
Foto: Martina Perosa
Menos abortos, más salud
Daniel Teppaz es el Director del Área de Salud Sexual en Rosario. Dice a MU: “Cuando luchamos por el aborto legal también luchamos por una maternidad bien vivida y por un sistema de salud que reconozca derechos. Aceptar el aborto dentro del sistema de salud nos obligó a trabajar en territorio, en cercanía con las mujeres. Rompió distancia entre sistema de salud y pacientes. Pasamos de un sistema de salud que no podía comprar anticonceptivos a este que rompe con las barreras de acceso a la salud. Nos llevó 30 años”. Teppaz agrega que los logros en materia de salud sexual y reproductiva de la ciudad no incluyen sólo cómo las mujeres pueden acceder a un aborto seguro, sino también la inauguración de maternidades, de consejerías de asistencia psicológica y de espacios de parto respetado.
Teppaz lleva 25 años trabajando en el Sistema de salud pública de Rosario y más de la mitad de su carrera estuvo volcada al sector público. Tuvo formación religiosa como católico y cuenta que en su juventud militó en contra de la legalización de la interrupción del embarazo, hasta que comenzó su especialización en ginecología. Desde entonces no paró hasta ser uno de los expositores que aportó argumentos a favor de la Ley en el debate parlamentario que tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación.
Teppaz dijo desde el estrado que durante su especialización fue testigo de torturas y malos tratos a mujeres que concurrían al hospital con la intención de realizarse un aborto. Y luego dio una primera conclusión sobre cómo cambió su mirada: “Pensar la salud en clave de derechos exige mucho más que tratar bien a las mujeres que deciden abortar. Se necesitan políticas públicas que acompañen”.
Entre esas políticas, desde 1996 funciona en Rosario el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable con el objetivo de poner a disposición de la comunidad la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios que garanticen el derecho humano de decidir libre y responsablemente sus pautas reproductivas. La página que presenta el programa hace la siguiente aclaración: “Información y orientación que posibiliten encarar la sexualidad de manera positiva, segura y autónoma para la adopción de decisiones libres de coerción y un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales que posibiliten a todas y todos obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia”. Teppaz señala que es fundamental que esto también esté acompañado a partir de la formación de los médicos: desde 2017 está en funcionamiento en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario la primera cátedra sobre el aborto en una universidad nacional, a aula llena y hasta con lista de espera.
Leonardo Caruama dice al respecto: “Estamos acostumbrados a un modelo médico que elige el método anticonceptivo según un modelo dominante de la propia cultura. Discutir qué método es adecuado en cada situación y con cada una de las parejas también es un encuentro importante a ofrecer”. “El médico también se deconstruye”, le responde rápida y atenta la actriz Muriel Santa Ana, con la sensibilidad de alguien que ya expuso públicamente que tuvo que practicarse un aborto clandestino.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.
Foto: Martina Perosa
Con ciencia
En Rosario cuentan que, al interpretar el protocolo, la definición de las causales es una pesada carga que expone a los médicos a miedos de demandas o juzgamientos por haber elegido erróneamente los motivos que hacen que un aborto sea legal: “Esto lleva a que se quiera eludir la responsabilidad de tomar casos de interrupción legal del embarazo, escudándose detrás de falsas objeciones de conciencia, como lo ha demostrado nuestro trabajo en la realización de un registro público de objetores”, dice el director de Salud Sexual Teppaz. Y agrega: “Habitualmente cuando se habla de aborto cae de maduro la palabra objeción de conciencia. Y lo que nosotros tenemos con los profesionales y las profesionales en Rosario es que no dejan la conciencia como patrimonio de los objetores, sino que a conciencia no pueden abandonar a las mujeres que atienden y entonces las acompañan asumiendo todas las consecuencias”.
En el 2010, la provincia de Santa Fe creó el Registro Público de Objetores de Conciencia bajo la Resolución 843 en base a la Ley 11.888, que arrojó un dato contundente: de casi 400 profesionales, el 61 por ciento no pudo argumentar debidamente razones profundas que justifiquen objetar y no acompañar a las mujeres en la interrupción de su embarazo.

Funcionarias, actrices y diputadas, juntas por el Aborto Legal.
Foto: Martina Perosa
Por qué la ley
¿Cuál es la solución propuesta a nivel provincial en los casos en los que esto no ocurre? Andrea Uboldi, Ministra de Salud de Santa Fe: “La provincia de Santa Fe tiene distintas tradiciones culturales que pueden hacer que una mujer vaya a un efector (médico y centro de salud que no efectúan el protocolo) y no encuentre la respuesta adecuada. Por eso, la posibilidad de la consejería y los sistemas de comunicación hacen que otro equipo pueda estar acompañando esto y que quizás si en ese efector hay objetores de conciencia y no se puede realizar el procedimiento, encontremos dónde se puede. El funcionamiento en red de todos los centros nos permite respetar a profesionales y pacientes”. Así, las decisiones personales no obstruyen la salud pública. Y por esto, los funcionarios santafesinos coinciden en que la real solución sería una Ley que no deje abierta la interrupción del embarazo a la interpretación de los médicos.
Lo que deja en evidencia Rosario no es sólo que es posible -y hasta más económico- contar con un sistema atención integral para las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, sino que refleja el oscuro vacío del resto del país, sin los protocolos ni las tecnologías adecuadas para atender a las mujeres en estos casos.
La recorrida culminó de un modo conmovedor, con un teatro desbordado de mujeres frente a las actrices y diputadas. Pañuelos verdes, fuerza colectiva, y un grito:
-“Aborto Legal en el hospital”.
Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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