Una fábrica de productos agroquímicos explotó en Mercedes: murió un operario y se esparció el veneno en el aire y el agua. El lugar no tenía los recaudos para prevenir ni enfrentar el desastre. Hablan los funcionarios responsables: dicen que no tienen capacidad de control. Las sospechas. Cómo funciona el modelo tóxico. Y el barrio que reclama conocer la verdad: qué pasó, qué quedó, y quién paga. ANABEL POMAR

Que la fábrica explotara era solo cuestión de tiempo.
Ahora las autoridades se pasan la pelota unas a otras. El agua de la napa tiene tóxicos peligrosos. El aire está enrarecido, no solo por las moléculas de químicos sino porque la remediación es encarada por la misma empresa y controlada por los mismos organismos investigados para determinar su responsabilidad en el desastre ambiental.
“Es la historia del lobo cuidando a las gallinas. No hicieron nada para evitar que explote pero ahora hay que creerles cuando dicen que hacen todo para protegernos”, razona Martín Barros, vecino de la fábrica, productor de semillas orgánicas y apicultor.
Barros integra el grupo de habitantes de La Verde que se presentó bajo la figura de particular damnificado, sumándose a la investigación “para determinar si existieron negligencias o la comisión de delitos de acción pública” radicada en la Unidad Fiscal Nº 6 de Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 3. Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente a cargo del fiscal federal Ramiro González, inició una investigación a fin de verificar si se burló la ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051).

La explosión

Viernes 27 de septiembre. Madrugada. La patrulla de Prevención Rural de la Ciudad de Mercedes recibe una alerta proveniente del 911. Un galpón ubicado en ruta 42 y la bajada a la localidad de La Verde se está incendiando.
En SIGMA Agro, una fábrica de agrotóxicos ubicada 5 kilómetros del casco urbano de Mercedes, los bomberos ya estaban trabajando e intentaban infructuosamente controlar las llamas. Habían sido los primeros en llegar y en notar que lo que pasaba era gravísimo.
A las 4.30, al iniciarse el fuego, había cinco trabajadores dentro de la empresa. La mayoría obreros de la construcción que pernoctaban allí, asignados a una obra de ampliación de la fábrica. Ellos encendieron la alarma.
En medio de ese caos inflamable, Rubén Ponce de 42 años, intentó poner a resguardo la retropala con la que trabajaba. Fue hacía la máquina y se perdió entre la humareda tóxica. Desde allí llamó a su mujer para contarle que las máquinas habían “zafado”. Se despidió de ella diciendo: “Me voy porque todo esto es un desastre”.
Poco después, lo vieron correr pidiendo ayuda, empapado, arrancándose la ropa y gritando que se quemaba vivo. Luego cayó en un pozo lleno de químicos. Murió casi una semana después. En el primer certificado de asistencia médica figura que presentaba “quemaduras por líquidos calientes + exposición a agroquímicos” en el 40% de su cuerpo. Quedaron muy cerca del pozo las ropas que se alcanzó a quitar: una remera y unas medias negras. Y la máquina con la que se ganaba el pan, contra un alambrado cortado. Como su vida.
Una explosión habría generado el incendio. “Me tembló la casa”, relata Barros, quien vive con su familia a más de 2 kilómetros de la fábrica: “Lo primero que vi es una torre de fuego de más de 20 metros de alto. Al rato, el aire tenía un olor insoportable. Primero a paraquat, luego a plástico y luego a combustible. A las 10 de la mañana nos autoevacuamos”.
Uno de los obreros agrega: “Estaba descansando cuando escuché la explosión. Fui al galpón (a unos 30 metros del lugar donde dormía) y vi un tanque de agroquímicos ardiendo, con llamas que llegaban hasta el techo”. Bomberos de Navarro, San Andrés de Giles, Luján, Suipacha y General Rodríguez se sumaron a las cinco unidades de Mercedes: más de 10 dotaciones no pudieron impedir que el lugar quedara devastado.
El 90% de las sustancias almacenadas en los bidones de 20 litros se quemó totalmente. Los barriles de 200 litros quedaron hinchados y descoloridos por el calor. También los cuatro tanques de 35.000 litros de capacidad que albergaban biodiesel y potasio desaparecieron por la acción del fuego. Según dijo a MU Juan Cruz Mendía, funcionario a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de Mercedes, el volumen total de las sustancias liberadas al ambiente ascendería a 300.000 litros.
MU se comunicó con la empresa pero, alegando que la investigación judicial no les permite hablar del tema, rechazaron la entrevista.

Infierno químico

egún consta en la investigación, en la planta de SIGMA había insumos utilizados para la fabricación, entreo otros, de Glifosato, Paraquat, 2,4D Ester (prohibido en julio último por el SENASA para “proteger a los cultivos agrícolas, forestales y otros de los daños que podría ocasionar por su alta volatilidad), Power, Imazetapir, Haloxifop, Glufosinato y Dicamba. Coadyuvantes y pesticidas a los que SIGMA, adherida a las llamadas “buenas prácticas agrícolas” (BPA) y al programa Agro Limpio define en sus comunicaciones públicas como “fitoterápicos para la protección de los cultivos”. Tanto el Glifosato, Paraquat, Haloxifop y el Glufosinato de Amonio son sustancias altamente peligrosas, con toxicidad fatal o irreversible si son inhaladas. Son además perturbadores endocrinos, bioacumulables, persistentes en el agua, suelo y sedimentos, muy tóxicos en organismos acuáticos y para las abejas.
Esos venenos quedaron en el aire, el suelo y el agua. El daño es inconmensurable. Por ejemplo: la Policía Ecológica y el área de Sustancias Peligrosas de la Policía Bonaerense, inspectores de Agro industria y el ya citado Juan Cruz Mendía se acercaron al incendio, pero ninguna acción estatal podrá devolver a su lugar todos esos tóxicos liberados. El agua utilizada para apagar el fuego se filtró a las napas subterráneas, donde ya se encontraron tóxicos peligrosos en los estudios sobre el predio que muestra la Municipalidad. MU accedió a uno de esos resultados: en el agua a 4 metros de profundidad, el 18 de octubre, había plaguicidas que ya filtraron la primera estructura del suelo. En la muestra se observan concentraciones de tóxicos de 1.000 a 10.000 veces mayores que lo que suele encontrarse en cursos de agua similares. Otro riesgo por la liberación de agrotóxicos, además del impacto en los bienes naturales: el potencial de malformaciones, abortos espontáneos, enfermedades autoinmunes y degenerativas, problemas respiratorios crónicos, y otras ampliamente conocidas entre quienes quedan expuestos a estos contaminantes.
Según Martín Barros, el incendio y las altas presiones y temperaturas durante la explosión pueden haber generado moléculas nuevas a partir de la mezcla de gases de gran toxicidad: “Ese día se desató un infierno químico, una sinergia que no puede preverse”.
“Te doy un solo ejemplo sobre lo grave que es esto”, grafica. “Tras el incendió perdí 11 de mis 60 colmenas. Y en las restantes el daño se nota en que las abejas juntan polen pero no néctar, producto de los venenos”.
La Municipalidad insiste en que está allí desde el primer día, que asiste a los vecinos, que monitorea el agua y que supervisa la remoción de los residuos peligrosos. La empresa debe remover completamente hasta la última chapa del predio. Los residuos se llevan a Brandsen. En la última reunión de les vecines con los organismos de control y el apoderado de SIGMA fue evidente que ese traslado se estaría haciendo sin cumplir medidas mínimas como el rotulado de los residuos peligrosos. Para la empresa la preocupación es otra: saber si podrá volver a trabajar en el lugar.

Una tragedia anunciada

En Mercedes circulan videos de empleados de la fábrica anteriores al incendio, que de muchos modos hacían previsible el desenlace. En una de las filmaciones se escucha decir a un operario: “Hoy es viernes 8 de febrero de 2019, seguimos viendo como la empresa SIGMA Agro sigue tirando productos químicos a lo que es el medio ambiente”. Las imágenes muestran bidones, vuelcos sobre la tierra, y al mismo operario, obligado por sus empleadores, arrojando residuos químicos sobrantes. “La empresa lleva haciendo esto por años”, agrega el hombre.
Otro video enfoca la instalación eléctrica: alargues y zapatillas hogareñas en medio de un desordenado acopio de sustancias químicas y baldes bajo mangueras de proceso para que goteen los químicos, mientras fabrican Clorpirifos. Se nota la ausencia de infraestructura destinada a la contención de derrames, requisito de seguridad obligatorio por ley para este tipo de empresas. Esos videos forman parte de la presentación judicial. Barros: “Sabemos que algunos empleados han sufrido problemas de salud pero en el hospital eso se ocultaba. Lo único que no se entiende, a un mes del incendio, es cómo no voló todo antes”.

Quién (des) controla

SIGMA Agro denunció que las pérdidas fueron totales. Tiene una superficie de 27.000 metros cuadrados, 6.000 de ellos cubiertos. Declara 32 empleados de los cuales una docena trabajarían en La Verde. También afirma que su industria es segura y estaba habilitada.
En su declaración testimonial, Gustavo Ruffa, apoderado legal de la sociedad anónima a quien los empleados mencionan como el dueño, dice textualmente que “la empresa contaba con una habilitación municipal provisoria y la definitiva en trámite ante la Municipalidad de Mercedes”. Agregó que trabajaban con pesticidas y biodiésel “lo cual no presenta peligro alguno para la salud”. La empresa funcionaba como acopiadora, pero desde hace unos dos años es fábrica de agrotóxicos con movimiento de entre 10 y 12 camiones por día. “Que se instalen acá, en medio de la nada, solo hace pensar que se escondían para producir sin rendirle cuentas a nadie”, reflexiona Barros.
Mendía, el director ambiental de Mercedes, dijo a MU que la responsabilidad sobre el control de la empresa excedía a sus tareas y funciones. “No tuve ni tengo poder de control de empresas de categoría clase 3 –las más peligrosas desde el punto de vista ambiental-, y no me corresponde, ni tengo medios ni recursos para fiscalizar”. Sin embargo, cuando la empresa era ya una pila de escombros tóxicos humeantes, fue él quien procedió a la clausura.
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) plantea: “La Municipalidad es quien se ocupa de la habilitación, ocurrida en 2017. Nosotros nos ocupamos de la parte ambiental. No teníamos elementos que ameritaran la clausura. Ante este organismo, la empresa tenía presentados todos los papeles”.
Con anterioridad la fábrica pertenecía a Dicopack S.A. con las habilitaciones iniciadas en 2013. Tras el cambio de firma a SIGMA Agro, los permisos fueron transferidos porque la empresa declaró que no haría cambios productivos ni modificaciones en la actividad, aunque Dicopack S.A. trabajaba en la elaboración de compuestos para purificar piscinas. Por eso en La Verde se pensaba que ahí, 5 años después, aún se fabricaban pastillas de cloro.
En septiembre de 2018, según consta en documentación de la causa, la Municipalidad le extendió a la empresa un papel para “ser presentado ante quien corresponda” mencionando que bajo el expediente 4075-85/13 se tramitaba el cambio de titularidad de la misma ante la OPDS y que “la firma reúne los requisitos de seguridad e higiene para su funcionamiento y no existe impedimento alguno para tal fin”.
Consultado sobre la responsabilidad municipal Mendía, sin disimular su molestia, manifestó: “No entiendo su insistencia en consultar sobre esos permisos cuando hay una persona muerta y muchos vecinos preocupados a los que asistimos desde el primer día. Debería preguntarme por lo que estamos haciendo ahora”. Y volvió a señalar a la OPDS: “Ellos habían inspeccionado y multado a la empresa en junio de 2018. Si había algo mal debieron haberla clausurado”. La OPDS reconoce que esa multa existió pero dijo que la falta era administrativa y que no se detectaron irregularidades ambientales.
Uno de los abogados de los vecinos resume a MU: “La investigación traerá mayor claridad sobre la cadena de responsabilidades. Hay elementos que apuntan al accionar delictivo de la empresa a lo que se suma un Estado cómplice. La convivencia entre la OPDS y las empresas la hemos acreditado en denuncias contra Atanor, Laboratorio Nova, Prochembio, y otras. Es un paradigma presente en toda la industria sucia”.

¿Error o exceso?

¿Lo que sucedió en Mercedes es una excepción? ¿Un accidente? ¿O forma parte del daño colateral aceptado para seguir sosteniendo un modelo que envenena? En nombre del progreso se ha naturalizado que los agrotóxicos son necesarios, aferrados a la falacia de las BPA, y con el Estado como aliado, sin grieta. “Formulamos la más amplia paleta de Fitoterápicos para ayudarte a producir” asegura SIGMA. Preguntas: ¿producir qué, a qué costo y para beneficio de quiénes?
Para el biólogo y filósofo Guillermo Folguera, lo que está en juego se describe así: “Hay una manera de relacionarse con los territorios y cuerpos en la que prima lo lucrativo como medio y como fin. Y entonces los nombres propios pasan a ser meramente anecdóticos”. Y sostiene que la situación de territorios y cuerpos expuestos a las fumigaciones no es tan diferente a la megaminería o al fracking. Extractivismo aquí o allá, la misma lógica se impone. La magnitud de los crímenes socioambientales y los cuerpos enfermos en los territorios, hacen que ese problema ya no pueda ser esquivado. No hace falta esperar que todo estalle para saber que se reclama un cambio de paradigma productivo, y que ya no se puede elegir cerrar los ojos, o mirar para otro lado.