Nota
Tantas veces me mataron: Olga del Rosario Díaz, una apuñalada que vive
El Estado argentino le pidió perdón por no actuar ante sus denuncias por violencia machista: casi muere apuñalada por su marido. Los reclamos sin respuestas, la desidia judicial y policial, el “pobre hombre” y todo lo que hay que hacer para no morir en el intento: convenció a sus abogados de ir a las cortes internacionales para exigir medidas reparatorias para las víctimas, y cambios profundos en el Poder Judicial. Lo que todavía sigue esperando. Por Anabella Arrascaeta
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Olga del Rosario Díaz llegó al Hospital Pirovano casi sin pulso. Había recibido cinco puñaladas: cuello, mano, brazo, seno y espalda, por parte de Luis Palavecino, su ex marido y padre de tres de sus cuatro hijes.
Corría el 24 de marzo de 2017. Olga tenía 61 años. Pasó 45 días en terapia intensiva.
Palavecino la atacó en la puerta de su casa, y aunque ella lo había denunciado, el Estado no hizo nada. Por eso, cuatro años después, el 15 de abril de 2021, se convirtió en la primera víctima de violencia machista a la que el Estado argentino le pidió públicamente disculpas por su “responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos” que Olga sufrió. También se comprometió con una serie de medidas reparatorias y de no repetición; muchas aún no las cumplió.
“Recibí las disculpas en nombre de aquellas que no fueron escuchadas”, dice ahora Olga a MU. “Me considero una sobreviviente porque estuve al borde de la muerte. Doy gracias a Dios por poder volver a salir y poder trasmitir mi experiencia”.
Vivir para contarla
La primera denuncia fue en el año 2002, casi veinte años atrás. Olga se enteró de que su marido le era infiel y quiso separarse. Llevaban 36 años juntos. Tenían tres hijes, y él había criado además a la hija mayor de Olga como si fuera propia. Cuando ella le pidió que se fuera de la casa donde vivían –en Villa Pueyrredón– Luis Palavecino la golpeó, amenazó de muerte, y amenazó además a una de las hijas, rompió parte de la casa y le prendió fuego al auto. “Hasta ahí nunca había sido violento. Mis amistades no podían creer lo que estaba pasando; él era muy servicial conmigo, con los chicos. Pero cuando yo le pido que se vaya, explota y demuestra realmente quién es”.
Olga lo denunció. Y se abrió una causa penal por amenazas e incendio con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29. Recuerda: “Estuve en Tribunales, en el edificio de la calle Uruguay; fui citada, quedaron en que lo iban a citar a él, y nunca llegó una citación ni a él, ni a mí. Yo volví una vez a Tribunales para averiguar pero como no tenía abogado, no me daban informes”.
No había mucho que informar. El Poder Judicial no hizo nada en esa causa durante 15 años, hasta que finalizó en 2017 por haberse declarado la extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento de Palavecino.
“Una no está asesorada, y no sabe cómo seguir”, recuerda Olga. “En esa época no teníamos absolutamente nada, ningún referente, alguien que nos orientara. Es más: lo tildaban como un caso más. Me decían: son cosas que pasan, esto es muy común, uno a veces tiene esos deslices. Al principio te escuchan, pero incluso la propia familia después dice: ‘vos exagerás un poco, ya vas a ver que se le pasa, quién no tuvo un romance, una aventura; es el padre de tus hijos, quién va a criar a tus hijos, quién los va a querer, quién te va a ayudar’. Todos te escuchan, pero vos sentís que que no existís, que no tenés ningún derecho a abrir la boca”.
Olga del Rosario Díaz y Luis Palavecino siguieron conviviendo. Dormían separados. Y él la seguía amenazando: “Vos me denunciás y vas dos metros bajo tierra”, recuerda Olga una de las tantas frases; además le decía que Antonella, su hija menor, que en ese momento tenía 4 años, iría a un orfanato. En ese momento sus hijes tenían: 4, 15, 16, 20 años. “Todos estaban bajo mis alas”.
Ella se preguntaba: “¿A dónde voy? ¿Dónde me refugio? No encontraba un apoyo, un lugar, alguien que me escuchara. Nada”.
En esa búsqueda llegó a un centro de salud cerca de su casa a pedir ayuda psicológica. Cuando contó lo que le estaba pasando, la psicóloga se agarró la cabeza: Olga supo que no era por ahí. También fue a un centro donde mujeres que estaban pasando situaciones de violencia se juntaban y acompañaban. “Cada una aportaba lo que le pasaba pero no había una solución. Una de ellas salió a llevar al chico al colegio y vino toda golpeada, entonces dije: no es lo que yo busco”.
Fue entonces cuando empezó a buscar trabajo fuera de su casa. “Yo no trabajaba, él me decía: vos aportaste la casa, yo voy a trabajar para poder mantener la propiedad y que vos cuides a los chicos”. Hasta ese momento ella tenía algunas changas, ropa que cosía o vendía, y se ocupaba de la casa y de sus hijes. “Me di cuenta de que me tenía que independizar para poder afrontar situaciones mucho más difíciles que iban a venir. Sabía que iban a venir cosas complicadas, que mi vida no iba a ser muy fácil. Yo soy creyente, la fe me ayudó mucho”. Desde entonces trabaja como asistente de un médico; fue ahí donde la ayudaron a encontrar ayuda psicológica y legal.
En ese momento Olga decidió: “Una vez que Antonella sea mayor de edad, voy a hacer todas las denuncias”.
Lo que no funciona
En 2008, ante un nuevo intento de separación, la violencia recrudeció. “Ahí no lo denuncié; veía las noticias, escuchaba, y pensaba: no está funcionando esto. Otra mujer muerta, otra mujer que hizo la denuncia. Una tras otra. Lo seguimos viendo”.
En 2016 él la volvió a agredir y amenazar de muerte, y ella se fue de su casa. “Ahí todas eran mayores. Y había llegado a lo máximo. Dije: yo lo denuncio”.
El 2 de febrero de 2017 llegó a las cinco de la tarde a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Sabía lo que me iba a pasar”, recuerda Olga sobre la experiencia: para radicar denuncia tuvo que esperar hasta las 9 de la mañana del día siguiente. “Es mucho tiempo, deberían poner más gente, más profesionales. Una vez que te toman la denuncia, pasás por lo psicológico, ves a la socióloga, analizan todo el contexto: todo eso lleva tiempo. Hay que ir profundo”. En la OVD Olga pidió que Palavecino se fuera de su casa, una perimetral para ella y sus hijes, y un botón antipánico.
Por esa denuncia se abrieron dos expedientes: uno en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 8, y otro en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12.
Desde el juzgado civil fijaron una mediación para el 6 de febrero. A Palavecino lo llamaron delante de Olga, que salió llorando del juzgado porque nada de lo que había pedido se estaba contemplando. “La secretaria del juzgado me dijo: señora, siendo tan grande, pobre hombre, cómo lo va a denunciar. Las palabras textuales eran: qué le va a decir a sus nietos, ¿que lo metió preso porque la amenazó?”, recuerda sobre los horrores que tuvo que escuchar. Además fijaron una prohibición de acercamiento de 200 metros hasta la fecha de la mediación, pero la policía la hizo efectiva recién 10 días después, cuando la medida ya estaba vencida.
Olga no se presentó a la mediación. Nadie averiguó por qué se había ausentado; tampoco resolvieron ninguna medida de protección. Diez días después fue a Tribunales con un abogado y volvió a reiterar la situación de peligro en la que se encontraba.
«Pobre hombre»
El juzgado dispuso la “exclusión” de Palavecino de la casa de Olga recién el 23 de febrero de 2017. Le dieron a ella un papel para que fuese a la comisaría a pedir que lo saquen de la casa. “La policía me tuvo una semana dando vueltas que no podían, que no había móviles, que no había gente”. Olga fue a la comisaría desde el 24 de febrero hasta el 4 de marzo, todos los días. “Ese día me dijeron: no tenemos móviles, están todos en un partido de fútbol. Les dije: me quedo y espero. Tuve que hacer eso”.
Esperó que lo sacaran para volver a su casa. Lo primero que le pidió al policía fueron las llaves. Le contestó: “Ay señora, pobre hombre, sabe cómo se fue, una pena, no señora, yo no le voy a pedir la llave”. Entonces preguntó si se quedaba alguna custodia. Le contestó: “No señora, quédese tranquila, me dio una pena este hombre”.
La policía se fue y Olga llamó a un cerrajero para cambiar las llaves de las tres entradas que tiene en su casa. Volvió junto a Esteban, su hijo. “De ahí en más todo fue tratar de volver a ubicarme en tiempo y espacio en la casa. Volver otra vez a una casa donde estaba todo mal: hasta el día de hoy me está costando volver a repararla”.
Desde el Juzgado no hicieron ningún seguimiento. Veinte días después, el 24 de marzo, Palavecino la apuñaló.
La puñalada
Olga y su hijo Esteban preparaban la ropa y herramientas que Palavecino necesitaba para trabajar; se las darían a un vecino, que hacía de intermediario. Desde el 4 de marzo Olga no veía a su ex pareja, aunque sabía que estaba en una remisería del barrio, a muy pocas cuadras de su casa.
“Estoy hablando con el vecino para explicarle que todo lo que estaba en el jardín era lo que se tenía que llevar. Y no recuerdo nada más”, dice Olga situándose a las 11 de la mañana del 24 de marzo de 2017, cuando Palavecino apareció y le dio cinco puñaladas.
También atacó a Esteban, su hijo, que intentó defenderla. Después se escapó, cruzó General Paz para el lado de provincia, volvió a cruzar a Capital. Atacó a policías. Y fue detenido.
A ella la llevaron al Hospital Pirovano. Despertó recién el 7 de abril. “Fue despertar sin saber qué pasaba: veo las luces y me veo cableada, con respirador, sin poder hablar. Con gestos pregunté: qué hago acá. No sabía que había pasado, por qué estaba ahí”.
Estuvo 37 días en terapia intensiva y 2 en sala común. Estuvo con asistencia respiratoria con traqueotomía y sedada farmacológicamente. Sufrió polineuropatía del paciente crítico y trastorno deglutorio. Recibió múltiples transfusiones de sangre. Le dieron el alta el 5 de mayo, pero 19 días después tuvo que ser internada nuevamente por una trombosis venosa profunda. Casi un mes más de internación. El alta definitiva la recibió recién el 14 de junio de 2017.
Las consecuencias aún las siente en el cuerpo: “Hasta el día de hoy todavía tengo ciertos flashes en la calle: voy caminando y por ahí me quedo en una nebulosa. Tuve que hacer toda una rehabilitación para volver a hablar, comer. Me lastimó en el cuello y me quedaron secuelas. Para volver a caminar tardé tres meses. Yo no tomaba ni una aspirina, y hoy dependo de dos pastillas: una del corazón, por una arritmia, y una por la diabetes”.
Pedir mucho
Luis Palavecino fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 de Capital Federal a 20 años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra su ex pareja y por mediar violencia de género, y por tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra un descendiente, amenazas coactivas con armas en tres ocasiones, y resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones y amenazas coactivas. La causa penal fue puesta en conocimiento del juzgado civil, que no tomó ninguna medida para verificar el estado de salud de Olga ni la situación de la familia.
Olga siguió: “Una vez que finalizó el juicio mi inquietud era que no había un resguardo, una atención, una escucha, un cuidado a la persona que es la víctima: la mujer va y hace la denuncia cuando es agredida. El agresor termina cumpliendo lo que promete, le dice: te voy a matar, y la termina matando. Mi historia terminó con el juicio pero pensé en todas las mujeres, tengo hijas, tengo nietas, amigas, vecinas, familia. Dije: algo hay que cambiar”.
Llevó su inquietud a sus abogados. Le dijeron: “Estás pidiendo mucho, vamos a ver cómo se puede hacer”. Encontraron la forma denunciando al Estado Argentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW). La denuncia fue interpuesta por la Defensoría General de la Nación; en ella se detalló la ineficiente aplicación de las medidas preventivas, la falta de medidas de protección oportunas y eficaces, la falta de escucha a la víctima durante el proceso, el traslado a la víctima de garantizar su propia protección, la falta de seguimiento de las medidas de protección, la presencia de estereotipos en las actuaciones judiciales, la fragmentación de las causas en distintos juzgados y la falta de abordaje integral. Aunque los abogados le habían explicado que el proceso podía tardar una década, Olga igual quiso seguir adelante, y finalmente la CEDAW contestó rápido.
En febrero de 2019 se realizó una primera reunión entre Olga y representantes de distintos organismos del Estado. “En ese encuentro, se pusieron de pie y uno por uno me vinieron a pedir perdón”, recuerda ella, que desde entonces estuvo presente en todas las reuniones que se hicieron para acordar las medidas reparatorias.
El perdón
Finalmente, el 29 de octubre de 2019, bajo la anterior gestión, se firmó el acuerdo de solución amistosa en el que el Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional y se compromete a ofrecer públicamente disculpas. Además se establece una reparación económica para Olga, que aún, a más de dos años, todavía no cobró y que espera con ansias para poder viajar a ver a su hijo Esteban a Texas, donde se casó y vive hace años.
Se establecieron también medidas tendientes a que no vuelva a suceder, entre ellas:
La elaboración de un documento para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales.
La inclusión por parte del Consejo de la Magistratura de la evaluación de conocimientos sobre violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial.
La confección de un registro público de denuncias presentadas contra magistrados por violencia de género.
El acuerdo fue aprobado el 17 de agosto de 2020 mediante el decreto N° 679. Y el 15 de abril de este año se realizó, de manera virtual, el acto público donde se le pidió perdón a Olga, con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dirigida por Horacio Pietragalla Corti.
Cada una de las medidas se acordó en base a lo que Olga exigió. “Vieron que se equivocaron, y que por la equivocación del Estado estuve al borde de la muerte: hubiera sido una más. No quiero que siga creciendo esa lista. Es importante poder ayudarnos entre mujeres pero debe ser el Estado el que se responsabilice del cuidado de las mujeres, poniendo gente idónea”.
Por eso para Olga es fundamental que las medidas estén pensadas desde las víctimas: “Lo que falla es la parte judicial, mover a los jueces que no toman las medidas. En el Ministerio de las Mujeres lo hablamos antes de la reunión: algo hay que hacer con la persona que es agresora, porque está bien, a la mujer le damos la protección, el botón antipánico, le podemos ofrecer muchas cosas, pero no funciona. Las tobilleras, los hombres, se las sacan. Ellas me decían: en ese caso le avisamos a la mujer que está en peligro. Pero esa mujer no puede ir por la vida pendiente de un teléfono: ahora mi inquietud es esa”.
De las medidas que el Estado prometió hay muchas que aún no se están cumpliendo, o que se llevan adelante de manera parcial e ineficiente. Por ejemplo, el registro público de denuncias presentadas contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género que se encuentra en la página web del Consejo de la Magistratura tiene solamente cinco funcionarios denunciados.
Olga considera fundamentales todas las medidas que apunten a mejorar el accionar de los jueces. ¿Por qué? “Por lo que me pasó a mí. Quiero que no vuelva a pasar: las vidas son importantes. Queremos ver crecer a nuestros hijos. Y la pelea de ir, denunciar, y trabajar para tener una vida mejor es demostrarle a ellos que se puede”.
Nota
La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario
Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.
Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Hay muchos jóvenes.
Muchos docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.
Hay una Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que llega y gente que se va.
Gente que estuvo todo el tiempo.
Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.
Está el movimiento disca, también siempre presente.
Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.
Hay carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.
Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.
Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
“Milei cumplí la ley”
Es la cuarta.
Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.
Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.
Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.
Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.
El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Algunos datos de contexto:
- Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
- El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
- La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
- Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas.
- Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Docentes Uber
Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.
Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”.
Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.
Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”.
Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”.
Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Plata para la deuda
Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”.
Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”.
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”.
En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
El contagio
Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.
La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.
Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos:
- “Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y
- “No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”.
Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.
Foto: lavaca.org
Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:
“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.
Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.
Y sonríe.
Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.
Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.
Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.
¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.
Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.
Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán
- junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
- Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
- De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
- De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:
“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.
La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:
“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.
La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.
Que la cosa sigue.
En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.
Sigue cada miércoles en el Congreso.
Y todas las veces que hagan falta.
Porque hay muchos jóvenes.
Docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.
Hubo otra Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.
Hay más carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
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Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
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Nota
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