El Estado argentino le pidió perdón por no actuar ante sus denuncias por violencia machista: casi muere apuñalada por su marido. Los reclamos sin respuestas, la desidia judicial y policial, el “pobre hombre” y todo lo que hay que hacer para no morir en el intento: convenció a sus abogados de ir a las cortes internacionales para exigir medidas reparatorias para las víctimas, y cambios profundos en el Poder Judicial. Lo que todavía sigue esperando. Por Anabella Arrascaeta

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Olga del Rosario Díaz llegó al Hospital Pirovano casi sin pulso. Había recibido cinco puñaladas: cuello, mano, brazo, seno y espalda, por parte de Luis Palavecino, su ex marido y padre de tres de sus cuatro hijes.

Corría el 24 de marzo de 2017. Olga tenía 61 años. Pasó 45 días en terapia intensiva.

Palavecino la atacó en la puerta de su casa, y aunque ella lo había denunciado, el Estado no hizo nada. Por eso, cuatro años después, el 15 de abril de 2021, se convirtió en la primera víctima de violencia machista a la que el Estado argentino le pidió públicamente disculpas por su “responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos” que Olga sufrió. También se comprometió con una serie de medidas reparatorias y de no repetición; muchas aún no las cumplió.

“Recibí las disculpas en nombre de aquellas que no fueron escuchadas”, dice ahora Olga a MU. “Me considero una sobreviviente porque estuve al borde de la muerte. Doy gracias a Dios por poder volver a salir y poder trasmitir mi experiencia”.

Vivir para contarla

La primera denuncia fue en el año 2002, casi veinte años atrás. Olga se enteró de que su marido le era infiel y quiso separarse. Llevaban 36 años juntos. Tenían tres hijes, y él había criado además a la hija mayor de Olga como si fuera propia. Cuando ella le pidió que se fuera de la casa donde vivían –en Villa Pueyrredón– Luis Palavecino la golpeó, amenazó de muerte, y amenazó además a una de las hijas, rompió parte de la casa y le prendió fuego al auto. “Hasta ahí nunca había sido violento. Mis amistades no podían creer lo que estaba pasando; él era muy servicial conmigo, con los chicos. Pero cuando yo le pido que se vaya, explota y demuestra realmente quién es”.

Olga lo denunció. Y se abrió una causa penal por amenazas e incendio con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29. Recuerda: “Estuve en Tribunales, en el edificio de la calle Uruguay; fui citada, quedaron en que lo iban a citar a él, y nunca llegó una citación ni a él, ni a mí. Yo volví una vez a Tribunales para averiguar pero como no tenía abogado, no me daban informes”.

No había mucho que informar. El Poder Judicial no hizo nada en esa causa durante 15 años, hasta que finalizó en 2017 por haberse declarado la extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento de Palavecino.

“Una no está asesorada, y no sabe cómo seguir”, recuerda Olga. “En esa época no teníamos absolutamente nada, ningún referente, alguien que nos orientara. Es más: lo tildaban como un caso más. Me decían: son cosas que pasan, esto es muy común, uno a veces tiene esos deslices. Al principio te escuchan, pero incluso la propia familia después dice: ‘vos exagerás un poco, ya vas a ver que se le pasa, quién no tuvo un romance, una aventura; es el padre de tus hijos, quién va a criar a tus hijos, quién los va a querer, quién te va a ayudar’. Todos te escuchan, pero vos sentís que que no existís, que no tenés ningún derecho a abrir la boca”.

Olga del Rosario Díaz y Luis Palavecino siguieron conviviendo. Dormían separados. Y él la seguía amenazando: “Vos me denunciás y vas dos metros bajo tierra”, recuerda Olga una de las tantas frases; además le decía que Antonella, su hija menor, que en ese momento tenía 4 años, iría a un orfanato. En ese momento sus hijes tenían: 4, 15, 16, 20 años. “Todos estaban bajo mis alas”.

Ella se preguntaba: “¿A dónde voy? ¿Dónde me refugio? No encontraba un apoyo, un lugar, alguien que me escuchara. Nada”.

En esa búsqueda llegó a un centro de salud cerca de su casa a pedir ayuda psicológica. Cuando contó lo que le estaba pasando, la psicóloga se agarró la cabeza: Olga supo que no era por ahí. También fue a un centro donde mujeres que estaban pasando situaciones de violencia se juntaban y acompañaban. “Cada una aportaba lo que le pasaba pero no había una solución. Una de ellas salió a llevar al chico al colegio y vino toda golpeada, entonces dije: no es lo que yo busco”.

Fue entonces cuando empezó a buscar trabajo fuera de su casa. “Yo no trabajaba, él me decía: vos aportaste la casa, yo voy a trabajar para poder mantener la propiedad y que vos cuides a los chicos”. Hasta ese momento ella tenía algunas changas, ropa que cosía o vendía, y se ocupaba de la casa y de sus hijes. “Me di cuenta de que me tenía que independizar para poder afrontar situaciones mucho más difíciles que iban a venir. Sabía que iban a venir cosas complicadas, que mi vida no iba a ser muy fácil. Yo soy creyente, la fe me ayudó mucho”. Desde entonces trabaja como asistente de un médico; fue ahí donde la ayudaron a encontrar ayuda psicológica y legal.

En ese momento Olga decidió: “Una vez que Antonella sea mayor de edad, voy a hacer todas las denuncias”.

Lo que no funciona

En 2008, ante un nuevo intento de separación, la violencia recrudeció. “Ahí no lo denuncié; veía las noticias, escuchaba, y pensaba: no está funcionando esto. Otra mujer muerta, otra mujer que hizo la denuncia. Una tras otra. Lo seguimos viendo”. 

En 2016 él la volvió a agredir y amenazar de muerte, y ella se fue de su casa. “Ahí todas eran mayores. Y había llegado a lo máximo. Dije: yo lo denuncio”.

El 2 de febrero de 2017 llegó a las cinco de la tarde a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Sabía lo que me iba a pasar”, recuerda Olga sobre la experiencia: para radicar  denuncia tuvo que esperar hasta las 9 de la mañana del día siguiente. “Es mucho tiempo, deberían poner más gente, más profesionales. Una vez que te toman la denuncia, pasás por lo psicológico, ves a la socióloga, analizan todo el contexto: todo eso lleva tiempo. Hay que ir profundo”. En la OVD Olga pidió que Palavecino se fuera de su casa, una perimetral para ella y sus hijes, y un botón antipánico.

Por esa denuncia se abrieron dos expedientes: uno en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 8, y otro en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12.

Desde el juzgado civil fijaron una mediación para el 6 de febrero. A Palavecino lo llamaron delante de Olga, que salió llorando del juzgado porque nada de lo que había pedido se estaba contemplando. “La secretaria del juzgado me dijo: señora, siendo tan grande, pobre hombre, cómo lo va a denunciar. Las palabras textuales eran: qué le va a decir a sus nietos, ¿que lo metió preso porque la amenazó?”, recuerda sobre los horrores que tuvo que escuchar. Además fijaron una prohibición de acercamiento de 200 metros hasta la fecha de la mediación, pero la policía la hizo efectiva recién 10 días después, cuando la medida ya estaba vencida.

Olga no se presentó a la mediación. Nadie averiguó por qué se había ausentado; tampoco resolvieron ninguna medida de protección. Diez días después fue a Tribunales con un abogado y volvió a reiterar la situación de peligro en la que se encontraba.

“Pobre hombre”

El juzgado dispuso la “exclusión” de Palavecino de la casa de Olga recién el 23 de febrero de 2017. Le dieron a ella un papel para que fuese a la comisaría a pedir que lo saquen de la casa. “La policía me tuvo una semana dando vueltas que no podían, que no había móviles, que no había gente”. Olga fue a la comisaría desde el 24 de febrero hasta el 4 de marzo, todos los días. “Ese día me dijeron: no tenemos móviles, están todos en un partido de fútbol. Les dije: me quedo y espero. Tuve que hacer eso”.

Esperó que lo sacaran para volver a su casa. Lo primero que le pidió al policía fueron las llaves. Le contestó: “Ay señora, pobre hombre, sabe cómo se fue, una pena, no señora, yo no le voy a pedir la llave”. Entonces preguntó si se quedaba alguna custodia. Le contestó: “No señora, quédese tranquila, me dio una pena este hombre”.

La policía se fue y Olga llamó a un cerrajero para cambiar las llaves de las tres entradas que tiene en su casa. Volvió junto a Esteban, su hijo. “De ahí en más todo fue tratar de volver a ubicarme en tiempo y espacio en la casa. Volver otra vez a una casa donde estaba todo mal: hasta el día de hoy me está costando volver a repararla”.

Desde el Juzgado no hicieron ningún seguimiento. Veinte días después, el 24 de marzo, Palavecino la apuñaló.

La puñalada

Olga y su hijo Esteban preparaban la ropa y herramientas que Palavecino necesitaba para trabajar; se las darían a un vecino, que hacía de intermediario. Desde el 4 de marzo Olga no veía a su ex pareja, aunque sabía que estaba en una remisería del barrio, a muy pocas cuadras de su casa.

“Estoy hablando con el vecino para explicarle que todo lo que estaba en el jardín era lo que se tenía que llevar. Y no recuerdo nada más”, dice Olga situándose a las 11 de la mañana del 24 de marzo de 2017, cuando Palavecino apareció y le dio cinco puñaladas. 

También atacó a Esteban, su hijo, que intentó defenderla. Después se escapó, cruzó General Paz para el lado de provincia, volvió a cruzar a Capital. Atacó a policías. Y fue detenido.   

A ella la llevaron al Hospital Pirovano. Despertó recién el 7 de abril. “Fue despertar sin saber qué pasaba: veo las luces y me veo cableada, con respirador, sin poder hablar. Con gestos pregunté: qué hago acá. No sabía que había pasado, por qué estaba ahí”.

Estuvo 37 días en terapia intensiva y 2 en sala común. Estuvo con asistencia respiratoria con traqueotomía y sedada farmacológicamente. Sufrió polineuropatía del paciente crítico y trastorno deglutorio. Recibió múltiples transfusiones de sangre. Le dieron el alta el 5 de mayo, pero 19 días después tuvo que ser internada nuevamente por una trombosis venosa profunda. Casi un mes más de internación. El alta definitiva la recibió recién el 14 de junio de 2017. 

Las consecuencias aún las siente en el cuerpo: “Hasta el día de hoy todavía tengo ciertos flashes en la calle: voy caminando y por ahí me quedo en una nebulosa. Tuve que hacer toda una rehabilitación para volver a hablar, comer. Me lastimó en el cuello y me quedaron secuelas. Para volver a caminar tardé tres meses. Yo no tomaba ni una aspirina, y hoy dependo de dos pastillas: una del corazón, por una arritmia, y una por la diabetes”.

Pedir mucho

Luis Palavecino fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 de Capital Federal a 20 años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra su ex pareja y por mediar violencia de género, y por tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra un descendiente, amenazas coactivas con armas en tres ocasiones, y resistencia a la autoridad  en concurso ideal con lesiones y amenazas coactivas. La causa penal fue puesta en conocimiento del juzgado civil, que no tomó ninguna medida para verificar el estado de salud de Olga ni la situación de la familia.

Olga siguió: “Una vez que finalizó el juicio mi inquietud era que no había un resguardo, una atención, una escucha, un cuidado a la persona que es la víctima: la mujer va y hace la denuncia cuando es agredida. El agresor termina cumpliendo lo que promete, le dice: te voy a matar, y la termina matando. Mi historia terminó con el juicio pero pensé en todas las mujeres, tengo hijas, tengo nietas, amigas, vecinas, familia. Dije: algo hay que cambiar”.

Llevó su inquietud a sus abogados. Le dijeron: “Estás pidiendo mucho, vamos a ver cómo se puede hacer”. Encontraron la forma denunciando al Estado Argentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW). La denuncia fue interpuesta por la Defensoría General de la Nación; en ella se detalló la ineficiente aplicación de las medidas preventivas, la falta de medidas de protección oportunas y eficaces, la falta de escucha a la víctima durante el proceso, el traslado a la víctima de garantizar su propia protección, la falta de seguimiento de las medidas de protección, la presencia de estereotipos en las actuaciones judiciales, la fragmentación de las causas en distintos juzgados y la falta de abordaje integral. Aunque los abogados le habían explicado que el proceso podía tardar una década, Olga igual quiso seguir adelante, y finalmente la CEDAW contestó rápido.

En febrero de 2019 se realizó una primera reunión entre Olga y representantes de distintos organismos del Estado. “En ese encuentro, se pusieron de pie y uno por uno me vinieron a pedir perdón”, recuerda ella, que desde entonces estuvo presente en todas las reuniones que se hicieron para acordar las medidas reparatorias.

El perdón

Finalmente, el 29 de octubre de 2019, bajo la anterior gestión, se firmó el acuerdo de solución amistosa en el que el Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional y se compromete a ofrecer públicamente disculpas. Además se establece una reparación económica para Olga, que aún, a más de dos años, todavía no cobró y que espera con ansias para poder viajar a ver a su hijo Esteban a Texas, donde se casó y vive hace años.

Se establecieron también medidas tendientes a que no vuelva a suceder, entre ellas:

La elaboración de un documento para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

La inclusión por parte del Consejo de la Magistratura de la evaluación de conocimientos sobre violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial. 

La confección de un registro público de denuncias presentadas contra magistrados por violencia de género. 

El acuerdo fue aprobado el 17 de agosto de 2020 mediante el decreto N° 679. Y el 15 de abril de este año se realizó, de manera virtual, el acto público donde se le pidió perdón a Olga, con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dirigida por Horacio Pietragalla Corti.

Cada una de las medidas se acordó en base a lo que Olga exigió. “Vieron que se equivocaron, y que por la equivocación del Estado estuve al borde de la muerte: hubiera sido una más. No quiero que siga creciendo esa lista. Es importante poder ayudarnos entre mujeres pero debe ser el Estado el que se responsabilice del cuidado de las mujeres, poniendo gente idónea”.

Por eso para Olga es fundamental que las medidas estén pensadas desde las víctimas: “Lo que falla es la parte judicial, mover a los jueces que no toman las medidas. En el Ministerio de las Mujeres lo hablamos antes de la reunión: algo hay que hacer con la persona que es agresora, porque está bien, a la mujer le damos la protección, el botón antipánico, le podemos ofrecer muchas cosas, pero no funciona. Las tobilleras, los hombres, se las sacan. Ellas me decían: en ese caso le avisamos a la mujer que está en peligro. Pero esa mujer no puede ir  por la vida pendiente de un teléfono: ahora mi inquietud es esa”.

De las medidas que el Estado prometió hay muchas que aún no se están cumpliendo, o que se llevan adelante de manera parcial e ineficiente. Por ejemplo, el registro público de denuncias presentadas contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género que se encuentra en la página web del Consejo de la Magistratura tiene solamente cinco funcionarios denunciados.

Olga considera fundamentales todas las medidas que apunten a mejorar el accionar de los jueces. ¿Por qué? “Por lo que me pasó a mí. Quiero que no vuelva a pasar: las vidas son importantes. Queremos ver crecer a nuestros hijos. Y la pelea de ir, denunciar, y trabajar para tener una vida mejor es demostrarle a ellos que se puede”.