San Martín, Orán y Rivadavia son departamentos salteños en los que murieron 108 niñas y niños por desnutrición y bajo peso en 2020, 64 en seis meses de 2021 y 44 solo en el primer trimestre de 2022. Traducción: hambre. La mayoría, wichis. Hay 7.543 menores de 5 años en riesgo nutricional. Recorrida para conocer, escuchar y comprender un desastre socioambiental. El agua, la salud, la política. El rol de las mujeres indígenas. Cómo se muere y cómo se vive. Por Francisco Pandolfi.

Artículo 1: Declárase el estado de emergencia sociosanitaria en los Departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, por un plazo de ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha del presente, quedando el Poder Ejecutivo facultado a prorrogarlo por noventa (90) días”. 

La “fecha del presente” en que la Legislatura de Salta sancionó la ley 8.185 fue el 29 de enero de 2020; los 180 días se cumplieron el 27 de julio y la prórroga el 25 de octubre de 2020. Este territorio en emergencia, intensiva y extensiva, lleva a MU al noreste salteño, a Santa Victoria Este, departamento de Rivadavia: el de mayor porcentaje de fallecimientos de menores –o crianzas–, y mayore índice de necesidades básicas insatisfechas. A casi dos años y medio de la sanción de la ley, y tras cinco extensiones (la última, por seis meses, a mediados de mayo) la realidad que se vive en las comunidades no parece entender de estado ni de emergencia, ni de socio, ni de sanitaria.

Vivir y morir en El bravo

Casi 360 kilómetros en micro desde Salta Capital hasta Tartagal. De ahí, a Santa Victoria Este 160 más, en un colectivo que sale sólo una vez al día y hay que andar con suerte para tomarlo. La suerte es esquiva y la única opción es un remis compartido. Allí viaja Sandra Moreno, 47 años y enfermera de la comunidad Pozo El Bravo, una de las más alejadas de la ciudad cabecera de Santa Victoria, una de las más monte adentro, una de las más vulneradas. “Es muy fuerte para mí estar ahí”, dice, y sus palabras toman más valor por lo que dice después: “Es de los sectores más críticos. Antes de que llegara a vivir a El Bravo, todos los años se morían mínimo cuatro chicos por desnutrición. La Asignación Universal por Hijo es la única entrada que tienen las familias, así que fundé un merendero ad honorem para que no se sigan muriendo”.

Sentada en el asiento del acompañante, agrega como quien ya ha naturalizado la carga en la espalda: “Trabajo de lunes a lunes. Las 24 horas del día. Sólo tengo franco nueve días cada dos meses. No tengo movilidad y además es muy complejo acceder al territorio, ni hablar cuando llueve, ya que los caminos se hacen intransitables. Un sábado tuve descanso, murió un bebé por falta de oxígeno. No puede ser que ni siquiera pongan un reemplazo. El Ministerio de Salud provincial no me ayuda con nada”.

Miseria planificada

En Santa Victoria Este hay más de 200 comunidades originarias de las etnias wichis, chorotes, tobas, tapietes y chulupíes. Una de las más empobrecidas, enclavada en el monte, se llama Vertientes Chicas. Lo que está delante de los ojos es muy triste. Y el nudo en la garganta parece hecho de adoquines. A las palabras les cuesta salir, y si salen, salen con miedo, cuidadosas, en puntitas de pie. Porque, ¿cómo se describe la pobreza sin caer en el amarillismo? ¿Cómo se cuentan esos cuerpos flaquísimos, testimonio de un sistema horrible que ha llegado a estos esqueléticos extremos? Causa estupor asimilar que hace dos años se rubricó la emergencia sociosanitaria y sin embargo esas infancias continúan evidentemente con bajo peso o desnutridas. Ella mientras sigue ahí, revisando a sus pacientes como cada día, como cada noche. Lucinda Romero es la enfermera de la comunidad. Habla despacio, con un tono que parece un abrazo más que un sonido. Habla verdades, y lo que describe tiene el filo de un puñal: “Me mudé acá en septiembre de 2019 porque sólo ese año habían muerto de hambre 19 chicos. Era el lugar donde más se morían. Tanto era el abandono que yo fui la primera enfermera que vino a trabajar acá. La mayoría de las personas no tenía documentos, no podían acceder a los beneficios sociales del Estado. De a poco, empecé a atender a las familias y conseguí armar un merendero. Así, se fue levantando un poco de peso”.

Analiza el presente: “En esta comunidad falta todo, no hay nada. El físico de los chicos que están en tercer grado, parece el de nenes que van al jardín de infantes”, sintetiza y dan ganas de llorar. Luego ejemplifica: “Yo trabajo de lunes a viernes, pero se necesita de lunes a lunes y no mandan a nadie a cubrirlo. Hace unas semanas, por ejemplo, una chica perdió su embarazo un sábado porque nadie la pudo atender”.

Ese mediodía caluroso, hay dos crianzas internadas por desnutrición y otras doce internadas con el riesgo de ese mismo diagnóstico. Ese mediodía, a la comunidad tampoco le llegó el centro de salud ni la salita para internación, que Lucinda viene exigiendo desde septiembre de 2019.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública de Salta, en la zona declarada en emergencia 108 crianzas murieron por bajo peso en 2020. 64 en la primera mitad de 2021. Y 44 en los primeros tres meses de este 2022 (79 en toda la provincia). La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia afirma que “al menos 7.543 niñas y niños de entre 0 y 5 años se encuentran en estado de riesgo nutricional”. A fines del año pasado, desde ACIJ se demandó al gobierno provincial por incumplir la ley de Salud Intercultural, que crea una red de apoyo sanitario destinada a los pueblos originarios. La ley rige desde 2014, pero aún no fue reglamentada ni aplicada.

Cómo nos alimentamos

La comunidad La Puntana se emplaza cerca de la costa del Río Pilcomayo, tan cerca de la triple frontera con Paraguay y Bolivia que la escasa señal que se recibe es proveniente del lado boliviano. La falta de conectividad no es el peor de los males: “Es difícil como mujer índigena sobrevivir; hay mucha necesidad de conseguir alimentos; la salud es escasa, no hay atención médica. No tenemos oportunidades”, explica Maribel, wichi de 39 años. Se expresa con dulzura, con diminutivos: “Antes había muchos pececitos, pero ahora es muy escasa la pesca, lo que hace complicado tener dinerito”. La escuchan en ronda otras mujeres artesanas que para sobrevivir decidieron crear Thañi (viene del viento, en wichi), un emprendimiento hermoso de tejido, en el que hacen bolsos, mochilas, riñoneras, muñecas, entre varios objetos. “Se trata de una práctica ancestral mediante el Chaguar”, especifica Claudia, sobre la planta que crece en el chaco semiárido.

Maribel plantea otra problemática para la subsistencia: “El agua es lo más importante para el ser humano, pero no llega; no nos dan respuestas. Tenemos siete pozos que no son profundos, entonces la poca agua que hay está contaminada con arsénico, lo que nos produce vómitos, diarrea, mucha inseguridad”. Se alegra cuando muestra su “quintita”, con sus “lechuguitas y plantitas”. Pero al instante se le borran las sonrisas: “Sin agua, ¿qué hacemos? ¿cómo mantenemos nuestras huertas? ¿cómo nos alimentamos?”, se pregunta. Y se responde sola, sin jamás levantar el tono: “Estamos siendo olvidados por el Estado, no nos quiere reconocer”.

La comunidad chorote Pomis Jiwet es de las más organizadas. De las más autogestionadas. Se ubica a tres kilómetros de la cabecera de Santa Victoria. Dentro del territorio hay una huerta, un proyecto de apicultura, otro de piscicultura, como formas de supervivencia y de mantener las costumbres antepasadas. Fidelina Díaz es la vocera de la comunidad. Abre las puertas de su casa y de su pensamiento: “La situación en el Chaco salteño la padecen todas las comunidades, pero cuando se habla de la pobreza se piensa desde Buenos Aires, no desde los pueblos originarios. No hay consulta previa sobre qué necesitamos acá”. 

Tiene 44 años, dos hijas, pelo corto, aritos con forma de corazón. Y una mirada amplia del tema, con crítica y autocrítica: “Debe haber trabajo de ambas partes, porque acostumbrarse al asistencialismo no es bueno. No estoy en contra de los planes, ya que no hay otro apoyo real hacia las comunidades, pero no puede ser el único”. Añade: “Lo que tampoco debe suceder es que en siglo XXI siga habiendo muertes por desnutrición, habiendo esa ayuda. Es una vergüenza”. 

¿Cómo se le pone fin a la vergüenza? “Por un lado, debe haber un seguimiento, investigarse cada caso. Las comunidades deben censar a su población, saber quiénes tienen problemas. No deberíamos hablar de pobreza extrema si existen planes sociales”. ¿Por el otro? “En las comunidades chicas no entra el Estado, solo en las grandes. Es una estrategia de la política que es cómplice de lo que nos pasa”.

Involucrarse

Las historias de Valentina y Rodolfo se entrelazan, aunque no se conozcan.

Ella es pediatra. Él es médico clínico. Ella tiene 30 años recién cumplidos. Él, 72. 

Rodolfo Franco se mudó hace 9 años desde Buenos Aires a Misión Chaqueña –Embarcación, departamento de San Martín–, que sufría un desamparo total. Era el único médico para atender a las 5 mil personas que vivían en su comunidad y en la lindante Misión Carboncito. Recién hace unos meses sumaron un pediatra y un ginecólogo.

Valentina Fernández Alberdi desde hace algunos años viaja a trabajar junto a las comunidades de Santa Victoria Este. Primero fueron algunos días, luego semanas, después meses y este año tomó la decisión de irse de Buenos Aires e instalarse en el norte. 

A ambos, ver y decidir no volver a cerrar los ojos les cambió la perspectiva. Sin conocerse, dialogan sobre la misma realidad. Valentina: “En los pueblos originarios todo está relacionado con todo. La salud, por ejemplo, está relacionada con la alimentación y la alimentación con el territorio. La desnutrición aguda y la deshidratación son los problemas más alarmantes, porque los chicos siguen muriendo por esas causas. En ese sentido, la diarrea y la desnutrición conforman un círculo vicioso, que se cierra con la falta de agua y las barreras para acceder a la salud”. Sigue Rodolfo: “La situación en cuanto al hambre es muy mala. En lo que va del año más al norte de la provincia murieron más de 40 chicos. Todos los veranos mueren mínimo 30, la comida no llega, no hay ayuda de los gobiernos, o es insuficiente”.

Valentina: “En cuanto a la alimentación, de a poco se están perdiendo los conocimientos ancestrales porque la ayuda que llega del Estado a algunos lugares son bolsones con alimentos ultra procesados, enlatados, porquerías que contribuyen al problema de desnutrición, malnutrición, desnutrición materno infantil en general”. Rodolfo: “Antes la cacería y la pesca era lo que les daba sustento, pero ya casi no hay animales en el monte (chanchos, avestruces, corzuelas). Está todo desmontado por el agronegocio y las empresas madereras, entonces los bichos buscan lugares más boscosos donde protegerse. Y casi no hay peces, porque el río Bermejo está contaminado”.

Valentina: “No solo se trata de la falta de comida, que es un gravísimo problema sobre todo en las comunidades monte adentro, donde literalmente no tienen para comer. También hay que poner énfasis en la escasez de infraestructura, de personal, de recursos en general”. Rodolfo: “La emergencia socio sanitaria es un cartel: no mandan remedios, ni enfermeros, ni médicos, ni ambulancias. Son declaraciones fatuas, sin sustento. Para quienes gobiernan, los indígenas son una carga, les importan tres carajos. En mi pueblo desde que estoy no se ha muerto ningún chico de hambre, pero sí hay bajo peso. Es común que le pregunte a mis vecinas si tienen para comer y una respuesta recurrente es ‘a veces tengo’. No me dicen ‘a veces me falta’. De cada tres días comen uno; los demás, mate cocido y pan”.

El gobernador y Nerón

La comunidad wichi Cañaveral es una de las más cercanas a la ciudad de Santa Victoria. Se va y viene caminando. Allí vive Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo. Rompe el silencio: “Tuvimos que hacer una movilización para que nos escucharan, pero eso fue momentáneo. Los primeros siete meses mandaron los módulos alimentarios que pedimos, pero después desaparecieron, como si la situación hubiera mejorado”. Añade: “No existe ayuda alguna del gobierno provincial. Y pese a nuestros reclamos, el Ministerio de Derechos Humanos tampoco aparece. Mientras, acá no hay ambulancias para zonas aledañas; los puestos de salud están sin camillas ni medicamentos. Falta personal: enfermeros, agentes sanitarios. Tenemos los derechos pisoteados”.

El 5 de mayo, desde MU se le solicitó al gobernador salteño Gustavo Sáenz una entrevista para dialogar sobre la situación de los pueblos originarios en la provincia. El pedido no fue ni siquiera respondido.

David Pastor tiene 4 hijas, 4 hijos y 73 años. Es el cacique de la comunidad Pozo El Toro, ubicada monte adentro. Algunas necesidades están a la vista: varias casas están hechas de ramas y techo de plástico. “Hay cinco familias que directamente no tienen casa; las otras 33 viven en casillas”, detalla David. Suma otras problemáticas: “Acá hay muchas carencias y a nosotros las necesidades no nos esperan, porque se trata de nuestras vidas. En la sala de primeros auxilios solo se atiende de 7 a 12 y de 15 a 18. Fuera de ese horario no tenemos ninguna cobertura. Cuando el enfermero se enferma, no mandan a otro. Nos tienen abandonados”. 

En las comunidades recorridas existe una unanimidad en denunciar el abandono que sienten por parte del intendente del municipio Rojelio Nerón, primer indígena (wichi) en ser jefe distrital en la provincia. “A nuestra comunidad nos mintió cuatro veces. Hace tiempo que se nos rompió el grupo electrógeno y no tenemos luz. Nos aburrimos de esperar, estamos cansados de sus mentiras. Con el resto hace lo mismo”. MU fue a buscar al municipio al intendente, hubo reiteradas llamadas y mensajes con la solicitud del entrevista, al igual que a su secretario de gobierno, Marcos García, pero ninguno respondió. Sáenz y Nerón no se llevan nada bien, aunque en este tema se parecen…

Últimas noticias

Al cierre de esta edición, otros dos mazazos de realidad. El lunes 23 de mayo María Martina José Díaz falleció por un cuadro respiratorio, tuberculosis y bajo peso. Era de la comunidad wichi La Esperanza, de Coronel Cornejo, departamento San Martín. Tenía un año y tres meses. El domingo 5 de junio murió Griselda Tejerina Pérez tras un episodio de vómitos en su casa, en el paraje Algarrobito, de Embarcación. Tenía bajo peso. Y dos años recién cumplidos.

Sebastián José es el papá de María Martina. El dolor está en su voz, del otro lado del teléfono: “Seguimos adelante y seguimos sin la ayuda de nadie, pese a lo que pasó. El gobierno provincial continúa sin responder, incluso ya con mi hija muerta. Sufrimos muchas necesidades, más de las que cualquiera se podría imaginar”. 

¿Cómo se vive? “De manera muy humilde, haciendo changas, trabajos pequeños para sobrevivir y llevar un poquito de comida para la casa, pero muchos días no hay nada. Hay familias enteras que no tienen para comer, porque no hay trabajo, el norte está muy afectado” ¿Cómo se muere? “Mi hija estuvo internada 15 días en el Hospital de Tartagal, había mejorado su estado pero de repente el domingo empeoró, se descompensó y su cuerpo no aguantó”. Y advierte: “Hace unas horas cayó otra niña de mi comunidad, está internada en el Hospital de Mosconi por un cuadro de bronquiolitis. Si alguien del gobierno lee este medio, que por favor ponga la mano en su corazón. Porque a la falta de comida se le suma el frío. No tenemos abrigo y por eso tantos problemas respiratorios, vivimos en casitas de plástico”. Mientras tanto, la emergencia sociosanitaria continúa vigente en Salta y pareciera que le queda larga vida.

“Artículo 8: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese”.