CABA
MU en Salta: la tierra del hambre
San Martín, Orán y Rivadavia son departamentos salteños en los que murieron 108 niñas y niños por desnutrición y bajo peso en 2020, 64 en seis meses de 2021 y 44 solo en el primer trimestre de 2022. Traducción: hambre. La mayoría, wichis. Hay 7.543 menores de 5 años en riesgo nutricional. Recorrida para conocer, escuchar y comprender un desastre socioambiental. El agua, la salud, la política. El rol de las mujeres indígenas. Cómo se muere y cómo se vive. Por Francisco Pandolfi.


Artículo 1: Declárase el estado de emergencia sociosanitaria en los Departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, por un plazo de ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha del presente, quedando el Poder Ejecutivo facultado a prorrogarlo por noventa (90) días”.
La “fecha del presente” en que la Legislatura de Salta sancionó la ley 8.185 fue el 29 de enero de 2020; los 180 días se cumplieron el 27 de julio y la prórroga el 25 de octubre de 2020. Este territorio en emergencia, intensiva y extensiva, lleva a MU al noreste salteño, a Santa Victoria Este, departamento de Rivadavia: el de mayor porcentaje de fallecimientos de menores –o crianzas–, y mayore índice de necesidades básicas insatisfechas. A casi dos años y medio de la sanción de la ley, y tras cinco extensiones (la última, por seis meses, a mediados de mayo) la realidad que se vive en las comunidades no parece entender de estado ni de emergencia, ni de socio, ni de sanitaria.

Vivir y morir en El bravo
Casi 360 kilómetros en micro desde Salta Capital hasta Tartagal. De ahí, a Santa Victoria Este 160 más, en un colectivo que sale sólo una vez al día y hay que andar con suerte para tomarlo. La suerte es esquiva y la única opción es un remis compartido. Allí viaja Sandra Moreno, 47 años y enfermera de la comunidad Pozo El Bravo, una de las más alejadas de la ciudad cabecera de Santa Victoria, una de las más monte adentro, una de las más vulneradas. “Es muy fuerte para mí estar ahí”, dice, y sus palabras toman más valor por lo que dice después: “Es de los sectores más críticos. Antes de que llegara a vivir a El Bravo, todos los años se morían mínimo cuatro chicos por desnutrición. La Asignación Universal por Hijo es la única entrada que tienen las familias, así que fundé un merendero ad honorem para que no se sigan muriendo”.
Sentada en el asiento del acompañante, agrega como quien ya ha naturalizado la carga en la espalda: “Trabajo de lunes a lunes. Las 24 horas del día. Sólo tengo franco nueve días cada dos meses. No tengo movilidad y además es muy complejo acceder al territorio, ni hablar cuando llueve, ya que los caminos se hacen intransitables. Un sábado tuve descanso, murió un bebé por falta de oxígeno. No puede ser que ni siquiera pongan un reemplazo. El Ministerio de Salud provincial no me ayuda con nada”.
Miseria planificada
En Santa Victoria Este hay más de 200 comunidades originarias de las etnias wichis, chorotes, tobas, tapietes y chulupíes. Una de las más empobrecidas, enclavada en el monte, se llama Vertientes Chicas. Lo que está delante de los ojos es muy triste. Y el nudo en la garganta parece hecho de adoquines. A las palabras les cuesta salir, y si salen, salen con miedo, cuidadosas, en puntitas de pie. Porque, ¿cómo se describe la pobreza sin caer en el amarillismo? ¿Cómo se cuentan esos cuerpos flaquísimos, testimonio de un sistema horrible que ha llegado a estos esqueléticos extremos? Causa estupor asimilar que hace dos años se rubricó la emergencia sociosanitaria y sin embargo esas infancias continúan evidentemente con bajo peso o desnutridas. Ella mientras sigue ahí, revisando a sus pacientes como cada día, como cada noche. Lucinda Romero es la enfermera de la comunidad. Habla despacio, con un tono que parece un abrazo más que un sonido. Habla verdades, y lo que describe tiene el filo de un puñal: “Me mudé acá en septiembre de 2019 porque sólo ese año habían muerto de hambre 19 chicos. Era el lugar donde más se morían. Tanto era el abandono que yo fui la primera enfermera que vino a trabajar acá. La mayoría de las personas no tenía documentos, no podían acceder a los beneficios sociales del Estado. De a poco, empecé a atender a las familias y conseguí armar un merendero. Así, se fue levantando un poco de peso”.
Analiza el presente: “En esta comunidad falta todo, no hay nada. El físico de los chicos que están en tercer grado, parece el de nenes que van al jardín de infantes”, sintetiza y dan ganas de llorar. Luego ejemplifica: “Yo trabajo de lunes a viernes, pero se necesita de lunes a lunes y no mandan a nadie a cubrirlo. Hace unas semanas, por ejemplo, una chica perdió su embarazo un sábado porque nadie la pudo atender”.
Ese mediodía caluroso, hay dos crianzas internadas por desnutrición y otras doce internadas con el riesgo de ese mismo diagnóstico. Ese mediodía, a la comunidad tampoco le llegó el centro de salud ni la salita para internación, que Lucinda viene exigiendo desde septiembre de 2019.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública de Salta, en la zona declarada en emergencia 108 crianzas murieron por bajo peso en 2020. 64 en la primera mitad de 2021. Y 44 en los primeros tres meses de este 2022 (79 en toda la provincia). La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia afirma que “al menos 7.543 niñas y niños de entre 0 y 5 años se encuentran en estado de riesgo nutricional”. A fines del año pasado, desde ACIJ se demandó al gobierno provincial por incumplir la ley de Salud Intercultural, que crea una red de apoyo sanitario destinada a los pueblos originarios. La ley rige desde 2014, pero aún no fue reglamentada ni aplicada.


Cómo nos alimentamos
La comunidad La Puntana se emplaza cerca de la costa del Río Pilcomayo, tan cerca de la triple frontera con Paraguay y Bolivia que la escasa señal que se recibe es proveniente del lado boliviano. La falta de conectividad no es el peor de los males: “Es difícil como mujer índigena sobrevivir; hay mucha necesidad de conseguir alimentos; la salud es escasa, no hay atención médica. No tenemos oportunidades”, explica Maribel, wichi de 39 años. Se expresa con dulzura, con diminutivos: “Antes había muchos pececitos, pero ahora es muy escasa la pesca, lo que hace complicado tener dinerito”. La escuchan en ronda otras mujeres artesanas que para sobrevivir decidieron crear Thañi (viene del viento, en wichi), un emprendimiento hermoso de tejido, en el que hacen bolsos, mochilas, riñoneras, muñecas, entre varios objetos. “Se trata de una práctica ancestral mediante el Chaguar”, especifica Claudia, sobre la planta que crece en el chaco semiárido.
Maribel plantea otra problemática para la subsistencia: “El agua es lo más importante para el ser humano, pero no llega; no nos dan respuestas. Tenemos siete pozos que no son profundos, entonces la poca agua que hay está contaminada con arsénico, lo que nos produce vómitos, diarrea, mucha inseguridad”. Se alegra cuando muestra su “quintita”, con sus “lechuguitas y plantitas”. Pero al instante se le borran las sonrisas: “Sin agua, ¿qué hacemos? ¿cómo mantenemos nuestras huertas? ¿cómo nos alimentamos?”, se pregunta. Y se responde sola, sin jamás levantar el tono: “Estamos siendo olvidados por el Estado, no nos quiere reconocer”.
La comunidad chorote Pomis Jiwet es de las más organizadas. De las más autogestionadas. Se ubica a tres kilómetros de la cabecera de Santa Victoria. Dentro del territorio hay una huerta, un proyecto de apicultura, otro de piscicultura, como formas de supervivencia y de mantener las costumbres antepasadas. Fidelina Díaz es la vocera de la comunidad. Abre las puertas de su casa y de su pensamiento: “La situación en el Chaco salteño la padecen todas las comunidades, pero cuando se habla de la pobreza se piensa desde Buenos Aires, no desde los pueblos originarios. No hay consulta previa sobre qué necesitamos acá”.
Tiene 44 años, dos hijas, pelo corto, aritos con forma de corazón. Y una mirada amplia del tema, con crítica y autocrítica: “Debe haber trabajo de ambas partes, porque acostumbrarse al asistencialismo no es bueno. No estoy en contra de los planes, ya que no hay otro apoyo real hacia las comunidades, pero no puede ser el único”. Añade: “Lo que tampoco debe suceder es que en siglo XXI siga habiendo muertes por desnutrición, habiendo esa ayuda. Es una vergüenza”.
¿Cómo se le pone fin a la vergüenza? “Por un lado, debe haber un seguimiento, investigarse cada caso. Las comunidades deben censar a su población, saber quiénes tienen problemas. No deberíamos hablar de pobreza extrema si existen planes sociales”. ¿Por el otro? “En las comunidades chicas no entra el Estado, solo en las grandes. Es una estrategia de la política que es cómplice de lo que nos pasa”.
Involucrarse
Las historias de Valentina y Rodolfo se entrelazan, aunque no se conozcan.
Ella es pediatra. Él es médico clínico. Ella tiene 30 años recién cumplidos. Él, 72.
Rodolfo Franco se mudó hace 9 años desde Buenos Aires a Misión Chaqueña –Embarcación, departamento de San Martín–, que sufría un desamparo total. Era el único médico para atender a las 5 mil personas que vivían en su comunidad y en la lindante Misión Carboncito. Recién hace unos meses sumaron un pediatra y un ginecólogo.
Valentina Fernández Alberdi desde hace algunos años viaja a trabajar junto a las comunidades de Santa Victoria Este. Primero fueron algunos días, luego semanas, después meses y este año tomó la decisión de irse de Buenos Aires e instalarse en el norte.
A ambos, ver y decidir no volver a cerrar los ojos les cambió la perspectiva. Sin conocerse, dialogan sobre la misma realidad. Valentina: “En los pueblos originarios todo está relacionado con todo. La salud, por ejemplo, está relacionada con la alimentación y la alimentación con el territorio. La desnutrición aguda y la deshidratación son los problemas más alarmantes, porque los chicos siguen muriendo por esas causas. En ese sentido, la diarrea y la desnutrición conforman un círculo vicioso, que se cierra con la falta de agua y las barreras para acceder a la salud”. Sigue Rodolfo: “La situación en cuanto al hambre es muy mala. En lo que va del año más al norte de la provincia murieron más de 40 chicos. Todos los veranos mueren mínimo 30, la comida no llega, no hay ayuda de los gobiernos, o es insuficiente”.
Valentina: “En cuanto a la alimentación, de a poco se están perdiendo los conocimientos ancestrales porque la ayuda que llega del Estado a algunos lugares son bolsones con alimentos ultra procesados, enlatados, porquerías que contribuyen al problema de desnutrición, malnutrición, desnutrición materno infantil en general”. Rodolfo: “Antes la cacería y la pesca era lo que les daba sustento, pero ya casi no hay animales en el monte (chanchos, avestruces, corzuelas). Está todo desmontado por el agronegocio y las empresas madereras, entonces los bichos buscan lugares más boscosos donde protegerse. Y casi no hay peces, porque el río Bermejo está contaminado”.
Valentina: “No solo se trata de la falta de comida, que es un gravísimo problema sobre todo en las comunidades monte adentro, donde literalmente no tienen para comer. También hay que poner énfasis en la escasez de infraestructura, de personal, de recursos en general”. Rodolfo: “La emergencia socio sanitaria es un cartel: no mandan remedios, ni enfermeros, ni médicos, ni ambulancias. Son declaraciones fatuas, sin sustento. Para quienes gobiernan, los indígenas son una carga, les importan tres carajos. En mi pueblo desde que estoy no se ha muerto ningún chico de hambre, pero sí hay bajo peso. Es común que le pregunte a mis vecinas si tienen para comer y una respuesta recurrente es ‘a veces tengo’. No me dicen ‘a veces me falta’. De cada tres días comen uno; los demás, mate cocido y pan”.


El gobernador y Nerón
La comunidad wichi Cañaveral es una de las más cercanas a la ciudad de Santa Victoria. Se va y viene caminando. Allí vive Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo. Rompe el silencio: “Tuvimos que hacer una movilización para que nos escucharan, pero eso fue momentáneo. Los primeros siete meses mandaron los módulos alimentarios que pedimos, pero después desaparecieron, como si la situación hubiera mejorado”. Añade: “No existe ayuda alguna del gobierno provincial. Y pese a nuestros reclamos, el Ministerio de Derechos Humanos tampoco aparece. Mientras, acá no hay ambulancias para zonas aledañas; los puestos de salud están sin camillas ni medicamentos. Falta personal: enfermeros, agentes sanitarios. Tenemos los derechos pisoteados”.
El 5 de mayo, desde MU se le solicitó al gobernador salteño Gustavo Sáenz una entrevista para dialogar sobre la situación de los pueblos originarios en la provincia. El pedido no fue ni siquiera respondido.
David Pastor tiene 4 hijas, 4 hijos y 73 años. Es el cacique de la comunidad Pozo El Toro, ubicada monte adentro. Algunas necesidades están a la vista: varias casas están hechas de ramas y techo de plástico. “Hay cinco familias que directamente no tienen casa; las otras 33 viven en casillas”, detalla David. Suma otras problemáticas: “Acá hay muchas carencias y a nosotros las necesidades no nos esperan, porque se trata de nuestras vidas. En la sala de primeros auxilios solo se atiende de 7 a 12 y de 15 a 18. Fuera de ese horario no tenemos ninguna cobertura. Cuando el enfermero se enferma, no mandan a otro. Nos tienen abandonados”.
En las comunidades recorridas existe una unanimidad en denunciar el abandono que sienten por parte del intendente del municipio Rojelio Nerón, primer indígena (wichi) en ser jefe distrital en la provincia. “A nuestra comunidad nos mintió cuatro veces. Hace tiempo que se nos rompió el grupo electrógeno y no tenemos luz. Nos aburrimos de esperar, estamos cansados de sus mentiras. Con el resto hace lo mismo”. MU fue a buscar al municipio al intendente, hubo reiteradas llamadas y mensajes con la solicitud del entrevista, al igual que a su secretario de gobierno, Marcos García, pero ninguno respondió. Sáenz y Nerón no se llevan nada bien, aunque en este tema se parecen…
Últimas noticias
Al cierre de esta edición, otros dos mazazos de realidad. El lunes 23 de mayo María Martina José Díaz falleció por un cuadro respiratorio, tuberculosis y bajo peso. Era de la comunidad wichi La Esperanza, de Coronel Cornejo, departamento San Martín. Tenía un año y tres meses. El domingo 5 de junio murió Griselda Tejerina Pérez tras un episodio de vómitos en su casa, en el paraje Algarrobito, de Embarcación. Tenía bajo peso. Y dos años recién cumplidos.
Sebastián José es el papá de María Martina. El dolor está en su voz, del otro lado del teléfono: “Seguimos adelante y seguimos sin la ayuda de nadie, pese a lo que pasó. El gobierno provincial continúa sin responder, incluso ya con mi hija muerta. Sufrimos muchas necesidades, más de las que cualquiera se podría imaginar”.
¿Cómo se vive? “De manera muy humilde, haciendo changas, trabajos pequeños para sobrevivir y llevar un poquito de comida para la casa, pero muchos días no hay nada. Hay familias enteras que no tienen para comer, porque no hay trabajo, el norte está muy afectado” ¿Cómo se muere? “Mi hija estuvo internada 15 días en el Hospital de Tartagal, había mejorado su estado pero de repente el domingo empeoró, se descompensó y su cuerpo no aguantó”. Y advierte: “Hace unas horas cayó otra niña de mi comunidad, está internada en el Hospital de Mosconi por un cuadro de bronquiolitis. Si alguien del gobierno lee este medio, que por favor ponga la mano en su corazón. Porque a la falta de comida se le suma el frío. No tenemos abrigo y por eso tantos problemas respiratorios, vivimos en casitas de plástico”. Mientras tanto, la emergencia sociosanitaria continúa vigente en Salta y pareciera que le queda larga vida.
“Artículo 8: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese”.
CABA
El teatro sale a la calle por la derogación del decreto 345

A 44 años del atentado al Teatro Picadero en plena dictadura, distintas salas, artistas, productores y gestores organizan un encuentro para conectar pasado y presente. De Teatro Abierto al Festival ENTRÁ, la organización contra el desmantelamiento del sector, representado en el decreto 345, para defender la cultura, la identidad y crear lo que viene.
Por María del Carmen Varela
El 6 de agosto de 1981, a pocos días de haberse iniciado el ciclo Teatro Abierto, el Teatro Picadero sufrió un atentado que lo dejó en ruinas. Por eso, 44 años después, bajo otro ataque sistemático a la cultura, la comunidad teatral sale a la calle para recordar y exigir.
La propuesta reza:
El Teatro está Abierto: ENTRÁ.
La historia no se repite igual, pero rima.
El miércoles próximo, de 17.30 a 19.30, en la puerta del Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA, trabajadorxs de las artes escénicas se reunirán para celebrar que el teatro sigue abierto y para defender al Instituto Nacional del Teatro que por el decreto 345 está siendo desmantelado.
La gacetilla anuncia la participación de Lorena Vega, Valeria Lois, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra leyendo framentos de “Decir sí” de Griselda Gambaro, “El Acompañamiento” de Carlos Gorostiza, “Parlamento” del grupo Piel de lava y “Civilización” de Mariano Saba. Un diálogo entre obras que fueron parte de aquel ciclo y obras contemporáneas que hablan de nuestro presente. También habrá un cierre musical a cargo de Talleres Batuka.
Sigue la gacetilla: «Les invitamos a este evento que es, a su vez, un acto de conmemoración y un encuentro de resistencia. Como Teatro Abierto en los 80, hoy desde ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) seguimos encontrándonos para defender nuestra identidad cultural, nuestro teatro».
El texto poético que acompaña el mitín:
Ayer fue dictadura, hoy es democracia simulada
Ayer fue incendio, hoy es apagón
Ayer fue teatro como refugio, hoy es como grito
Ayer fue unión de artistas, hoy es red federal viva
Ayer y hoy: el teatro vuelve a responder como acto político y vital
En defensa de la cultura, exigimos la derogación del decreto 345.
Entrá porque es urgente
Entrá porque es ahora.
El emblemático ciclo Teatro Abierto arrancó el 28 de julio de 1981 en en el Teatro Picadero. Su organización fue un acto de resistencia en un contexto de dictadura que censuraba a dramaturgxs, directorxs teatrales, actores y actrices de la escena nacional. Un grupo de dramaturgxs comenzó a reunirse en la sede de Argentores para poner al teatro en acción: Así nació Teatro Abierto. Con una programación de 21 obras breves, se proyectó la realización de 3 funciones por día durante 3 meses. Con dramaturgxs como Carlos Gorostiza, Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Pacho O´Donell, Griselda Gambaro y Aída Bortnik, entre otrxs, el ciclo se convirtió en un verdadero fenómeno artístico apenas iniciado. El público respondió a la convocatoria y se agotó la venta de abonos casi de inmediato. Una semana después, el 6 de agosto, se produjo el atentado que destruyó al Picadero. Al día siguiente se produjo una concurrida asamblea en el Teatro Lasalle y decidieron continuar. Varias salas teatrales ofrecieron sus instalaciones y finalmente el Tabarís, clásico espacio de la revista porteña, fue el elegido para reanudar el ciclo. Una semana más tarde, volvió Teatro Abierto con un apoyo multitudinario por parte del público que llenó la sala hasta la última función.
Contacto: +54 9 11 6914-3033 (Ana)
[email protected]
Instagram: @festivalentra
CABA
Villa Lugano: una movilización en contra del “Máster Plan”

Vecinas y vecinos del barrio del sur porteño resisten ante una obra que está haciendo el gobierno de la Ciudad a espaldas de la comunidad: tala de centenares de árboles añosos, el cierre de varios ingresos y egresos de la autopista Dellepiane y la colocación de un nuevo peaje (a 4 km de otro ya existente) para ampliar la recaudación. El silencio del gobierno local y el ruido de sus topadoras arrasando el espacio verde y público. La voz de la organización popular que no calla y sale a la calle, otra vez –este viernes y en una caravana de autos– para visibilizar lo que pasa en una de las zonas más postergadas de CABA: a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel hasta Dellepiane Norte y Piedra Buena.
Por Francisco Pandolfi
Desde noviembre del año pasado la comunidad de Villa Lugano resiste a una obra que ya está haciendo el Gobierno de la Ciudad sin licencia social ni escuchar a la vecindad: el Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de centenares de árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista y otro peaje (a cuatro kilómetros del de avenida Lacarra).
La organización popular no cesó desde el momento en que se enteraron de la iniciativa. Asambleas, audiencias públicas, semaforazos, volanteadas en los distintos sub barrios que forman parte de este barrio porteño bien al sur porteño. Y guardias, para evitar el talado de árboles en lo que las y los vecinos denuncian como “un ecocidio”, que está sucediendo desde marzo.
La comunidad hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, sin respuestas.
Sin embargo, la obra empezó aún incumpliendo la promesa de que antes habrían mesas de trabajo en conjunto. Este viernes, la comunidad decidió volver a manifestarse, en una caravana de autos para seguir visibilizando la problemática. Desde lavaca hablamos con el colectivo de vecinos apartidario No dividan Lugano que está al frente de denunciar la obra.
Sobre lo negativo y lo positivo de la obra, dirán: “El Master plan Autopista Parque Dellepiane fue presentado como una mejora para el sur de la ciudad, pero en la práctica profundiza las desigualdades urbanas, degrada el ambiente y fragmenta el territorio. Lo negativo es abrumador”, y enumeran:
• Implica la tala de más de 500 árboles añosos, sin plan de reforestación efectivo.
• Aumenta la huella de carbono y destruye espacios verdes sin compensación.
• Instala un Metrobus central inaccesible, que obliga a cruzar pasarelas extensas sin rampas adecuadas ni soluciones reales para personas mayores o con movilidad reducida.
• Divide al barrio aún más, eliminando accesos, aislando sectores y obstaculizando la vida cotidiana.
• No contempla una red multimodal de transporte, ni bicisendas, ni centros de transferencia.
• Instaura peajes en tramos que eran gratuitos, generando un nuevo costo para vecinos que hacen trayectos cortos todos los días.
Agregan: “Lo positivo, si lo hay, podría haber sido la oportunidad de pensar el área como un verdadero corredor verde y sustentable. Pero nada de eso fue incorporado, ni escuchado”. Y vuelven a enumerar, en este caso, sobre lo que es fundamental denunciar en esta obra:
• Fue diseñada sin participación ciudadana efectiva, sin diálogo real con la comunidad.
• Incumple múltiples normativas locales y nacionales, desde la Constitución de la Ciudad hasta leyes de accesibilidad, ambiente y derechos ciudadanos.
• Avanza a pesar de un amparo ambiental colectivo presentado por vecinos, vulnerando el Acuerdo de Escazú y los principios de justicia ambiental.
La obra es impulsada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a través de su empresa estatal AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), con financiamiento internacional de la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina. Las veces que lavaca quiso comunicarse con la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño fue imposible. Nadie atiende. En relación a AUSA el prensa de la empresa explicó que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.
Dicen las y los vecinos: “El proyecto fue aprobado sin estudios de impacto ambiental adecuados, sin matrices de costo-beneficio transparentes y sin haber sido sometido a procesos participativos válidos. Hoy, la obra está en plena ejecución, avanzando a toda velocidad sin haber sido revisada tras la presentación del amparo ni durante las mesas de trabajo convocadas por la Justicia, una vez que ya habían iniciado la obra”.
¿Las mesas de trabajo están sirviendo de algo? ¿Hay escucha del gobierno porteño y de la empresa?
Las mesas de trabajo fueron convocadas por orden judicial. Pero en la práctica, no hay escucha real. El GCBA y AUSA llegan a las mesas con el proyecto cerrado, sin brindar información clave, sin contestar a los pedidos de acceso a la información, ni frenar las obras mientras se debate. Las propuestas alternativas presentadas por los vecinos (como usar colectoras, premetro, u otros modelos de movilidad sustentable) ni siquiera fueron consideradas. Las mesas han sido una formalidad dilatoria mientras la obra avanza sin freno.
¿Qué perjuicios ya están sucediendo y cuáles sucederán?
Tala de árboles, pérdida de sombra, humedad y biodiversidad; rotura de veredas, ruidos permanentes, vibraciones y molestias en la vida diaria; corte de accesos históricos, dejando barrios desconectados. Y si no se frena habrá un aumento de inseguridad vial, con colectivos cruzando carriles rápidos en maniobras riesgosas; aislamiento de sectores enteros del barrio; encarecimiento de la vida cotidiana por peajes, más transporte y pérdida de comercios barriales; mayor contaminación ambiental y sonora; desvalorización de las propiedades y deterioro del entorno.
¿Por qué este viernes 1 de agosto la comunidad hará una caravana?
Porque ya no alcanza con reclamar en silencio ni esperar respuestas que no llegan. Convocamos a una caravana vecinal pacífica para visibilizar el conflicto, frenar el avance destructivo de la obra, y exigir participación real. Será una caravana con autos, banderas argentinas y carteles. Queremos que nos vean y que nos escuchen.



La caravana saldrá a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel y finalizará en Dellepiane Norte y Piedra Buena. Participarán familias, organizaciones barriales, ambientalistas, arquitectos, docentes, jubilados, comerciantes. Al finalizar, se realizará una ceremonia simbólica con Flavia Carrión, antropóloga y comunicadora de sabiduría ancestral, en el Día de la Pachamama. “Será un acto de gratitud ambiental, una pausa colectiva para honrar a los árboles y el esfuerzo de toda nuestra gente; para agradecerle a la Tierra por seguir aguantándonos. Un momento para reencontrarnos con lo esencial: la naturaleza, la vida en comunidad y la defensa de lo que amamos”.
Esta misma vecindad organizada se formó el año pasado con el nombre “No dividan Lugano”, cuando evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nivel, que hubiesen significado un abanico de perjuicios para el barrio. En ese entonces, cuando llegaron las topadoras, mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. En esta crónica contamos lo que fue ese proceso comunitario.
Un año después, el barrio de Lugano sigue en pie de resistencia. “Somos una comunidad que se levanta para defender a su barrio. Ya presentamos más de 800 firmas, relevamientos propios y propuestas alternativas. Pero nos siguen ignorando, y la obra sigue destruyendo. Por eso salimos a la calle, otra vez, y así lo seguiremos haciendo cada vez que haga falta”.
Actualidad
Marcha de jubilados: balas y bolitas

Siete detenidos y al menos 30 personas heridas, entre jubilados, curas, trabajadores de prensa (lavaca, Cítrica, Infonews, El Destape y C5N, entre ellos), defensores de derechos humanos, y un niño de 4 años que estaba con su familia en la Plaza de los Dos Congresos. Ese es uno de los saldos de otra semana de represión brutal a la protesta de cada miércoles, esta vez coordinada por la Policía de la Ciudad, que disparó postas de goma, balines con gas pimienta, granadas aturdidoras, golpeó con escudos y lanzó un nuevo tipo de gas que producía tos y vómitos. El despliegue también implicó tareas de inteligencia ilegal con efectivos que filmaban y fotografiaban manifestantes, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que también relevó «policías armados con postas de plomo que están prohibidos». Los carteles, las reflexiones, y la creatividad: algunos integrantes de la marcha terminaron jugando a las bolitas en la calle con los balines policiales.
Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi. Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org

El padre Paco Olveira muestra los balines que golpean y expulsan gas pimienta. Terminaron jugando con ellos a la bolita sobre la acera.
Otro miércoles de protesta de jubilados y otro miércoles de represión feroz y absurda enfocada principalmente a jubilados y a la prensa que cubría lo que estaba ocurriendo. Con ataques directos a los ojos y a los cuerpos. A las cámaras y a los celulares que registraban la bestialidad de las fuerzas de seguridad –el fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, entre ellos, con quemaduras de primer grado en el cuello y en la oreja–. No es difícil imaginar lo que hubiese ocurrido si ese ataque le hubiera llegado directamente a los ojos. Esta vez fue la Policía de la Ciudad la encargada de lanzar gases y disparos a mansalva en la intersección de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña cuando la movilización pretendía ir hacia la Casa Rosada.

El fotógrafo Juan Valeiro de lavaca, uno de los periodistas atacados, como ocurrió con profesionales de Cítrica, Infonews, El Destape y C5N.
Hubo 7 detenidos (Agustín Cano, Leandro Maristains, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos, Hugo Eischler y Javier Mendoza) y al menos 30 heridos según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre ellos un niño de 4 años que estaba en la Plaza de los Dos Congresos junto a su familia.

Escenas de otro miércoles de violencia estatal absurda.
Más allá de la violencia ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la concentración de jubilados tuvo un eje concreto de reclamo: el “no al veto” del gobierno nacional a la suba de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, Javier Milei ya avisó que vetará las leyes aprobadas por el Congreso. Tiene plazo hasta el lunes 4 de agosto, tiempo destinado a ofrecer distintas cuestiones no públicas a diputados que se sumen a apoyar el veto, como ha venido ocurriendo. ¿El argumento del oficialismo contra un ínfimo aumento a jubilados? “Va en contra del equilibrio fiscal”.

Una de las jubiladas víctimas del coraje policial contra ellas, y de un nuevo gas tóxico, un símbolo de esta época.
Con la camiseta de Independiente y máscara del Hombre Araña, un jubilado entendió el mapa económico que traza esa decisión, y lo señaló con un cartel en tono bíblico: en el Génesis se habla de un sueño con vacas gordas y vacas flacas, referencia a los períodos de prosperidad y a los de dificultades. El jubilado escribió una actualización argentina de aquella imagen que ya no tiene forma de sueño sino de pesadilla.
- “Vacas gordas, jubilados flacos”.

El Hombre Araña es del Rojo, y releyó el Génesis.
Números y un café
Carlos trabajó cuarenta años en el Correo y no falta ningún miércoles a la marcha de jubilados y jubiladas con su remera ya mítica de Chacarita. Tanto, que casi nadie sabe que se llama Carlos y la gente le dice “Chaca”. Hoy caminó por Rivadavia con dos vendas que le envolvieron sus dos antebrazos. “Como todos los miércoles, venimos a reclamar y te cagan a palos. Acá tenés la prueba”, dijo a lavaca mostrando sus moretones. “Pero ya lo dije: esta sangre mía Bullrich la va a pagar”.
Héctor acaba de cumplir 75 años: “Decir que la suba de las jubilaciones atenta contra el equilibrio fiscal es una payasada. Milei lo deja claro cuando le baja las retenciones al campo, como dijo el sábado en la Sociedad Rural. Para nosotros nada y para los ricos todo, esa es la política del gobierno. ¿El beneficio para el campo no genera déficit fiscal? Milei es una máquina de mentir”. El hombre cuenta sus propias y reales retenciones: “Ya no salgo más que los miércoles acá. Ya no tengo la vida que tenía antes, no puedo viajar ni tomarme un café”.

Policías en acción, frente a jubilados que reclaman por sus haberes amputados por la motosierra.
De ratificarse el veto a los jubilados, la suba de agosto no será del 7,2% como fija la ley aprobada (el haber mínimo $441.600), sino del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51.
Abus en la calle
Alicia tiene 63 años y lleva un pañuelo firmado por siete de sus nietos: “Abus en lucha”, “Aguanten los jubilados”. No entiende la distribución de la riqueza. O sí, pero la ve obscena: “La baja de las retenciones y el veto a los jubilados es una guasada total”. Sus retenciones: “Ya no me puedo dar más un gustito. Vivo el día a día, ya no estoy comprando nada ni semanal ni mensual”.
En la marcha hubo muchos carteles al respecto:
- No al veto: nuestra indigencia es tu superávit
- Ni veto ni represión: fuera el FMI
- No al veto a las leyes en jubilaciones
- No al veto: cobarde estafador (y la cara de Milei).
Ana, 74 años, trajo su propia pancarta: “Baja las retenciones a los ricos, hambrea a los viejos”. Cuenta que su hijo trabaja en el Correo y teme ser despedido, que su nieta encontró trabajo en un Todo Moda pero la echaron a los dos meses. Para ella todo el pueblo debería movilizarse: “No sólo los jubilados y los del Garrahan. Todos”.

No hay plata para el cine argentino (el Gaumont como símbolo) pero sí para filmar ilegalmente a manifestantes.
Walter (66) y Julio (62) llegaron de Campana, norte de la provincia de Buenos Aires. Sumaron otros dos carteles: “Viejo: no te quedes en tu casa, vení a luchar” y “Ayudame a luchar. El próximo viejo sos vos”. Walter movió la cabeza de un lado para el otro al recordar el discurso de Milei en la Sociedad Rural: “Un tipo desquiciado, frente a toda la oligarquía, los terratenientes, los dueños de la tierra. Él mismo dice: ‘soy cruel’. Nos la está haciendo parir. Nos quitó la medicación, todo un desastre”.
Julio coincidió: “Ahí ves realmente para quién gobierna. Hasta el que tiene séptimo grado, como yo, se da cuenta”.

Jubilado hablándole a la pared.
Roberto, 62 años, de Trelew (Chubut), lo escucha: “Pero hay que seguir viniendo, compañeros. Son totalmente inescrupulosos. Hoy hablaba con un amigo que me decía que había que respetar el voto popular, pero Hitler también ganó con el voto popular. Si no salimos a la calle, no sé qué más va a pasar”.
Vallas a donde vayas
El Congreso estuvo totalmente vallado. Vallas sobre Entre Ríos, Riobamba, Yrigoyen, Rivadavia. “Este quilombo lo hizo la Buillrich”, gritó un cincuentón a los automovilistas que se quejaban porque avanzar por las calles lindantes era un imposible.
Luis llevó un cartel: “Menstruación=sueldo de jubilado; viene una vez y se va a los tres días”. Dijo que lo escuchó a Milei cuando anunció en La Rural la baja de las retenciones al agro. “Lo que me dolió fue que la gente aplaudió cuando dijo que iba a vetar nuestro aumento. La gente del campo aplaude a todos los que empiezan con la “m” de mierda: Martínez de Hoz, Menem, Macri y ahora Milei”.

Mensaje para el tal vez próximo embajador de Trump en Argentina. Un apellido que parece un mandato.
Después de la radio abierta, como cada miércoles, empezó la movilización. Las columnas bajaron a Hipólito Yrigoyen, cuya circulación no estaba cortada y marcharon por la calle. “Luche que se van”, fue otra vez el hit, al que siguió “que se vayan todos”. Uno de los temas, con dedicatoria explícita: “A dónde está, que no se ve, esa famosa CGT”. Nobleza obliga: ni la CGT ni ningún partido político, con la cabeza en las elecciones legislativas y no en la calle.
La violencia y las bolitas
Sobre Yrigoyen, casi Luis Sáenz Peña, se divisaba un camión hidrante que se retiró. La columna dobló al final de la Plaza para ir hacia Avenida de Mayo con la intención de seguir la marcha hacia Plaza de Mayo. Sin embargo, en otro operativo de pésima coordinación –esta vez por la Policía de la Ciudad– la manifestación se mezcló entre autos y colectivos que seguían pasando.

“¡Por la vereda!”, gritaron algunos jubilados. Pero en ese momento, los efectivos cortaron de cordón a cordón empezando con la respuesta física violenta. El operativo estuvo acompañado, como suele ocurrir, por oficiales con cámaras que filmaron y sacaron fotos (con el objetivo de realizar algún tipo de “inteligencia” y amedrentamiento a quienes ejercen el derecho de reclamar).
La movilización avanzó pero rápidamente empezaron las detonaciones de escopeta con postas de goma y de granadas. Dispararon balines de armas byrna, redondos y de colores, que impactaban en los cuerpos, provocando lastimaduras y liberación del gas que llevan dentro. También lo hicieron sobre la vereda, donde se supone que no hay “protocolo”. Detuvieron, golpearon y gasearon fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras de prensa, como cada semana. El efecto de esos spray, que poseen una sustancia espesa y viscosa: penetra los poros y quema durante horas. El fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, como otros reporteros (Cítrica, Infonews, C5N y El Destape, entre otros), fueron atendidos en la misma plaza y en el Instituto Patria. “Quemadura de primer grado”, diagnosticaron a nuestro compañero.

¿Qué escudan los escudos?
Nadie fue ajeno a esta nueva ofensiva. La policía disparó un gas que generaba tos hasta el punto de provocar arcadas y vómitos. La sensación era extraña, porque no había un sabor ácido ni picante, pero provocaba una tos ronca. El efecto llegaba incluso a las calles aledañas, aparentemente ajenas al la marcha. “El registro del despliegue policial evidencia su brutalidad e irracionalidad”, denunció la CPM, organismo que precisó otro detalle alarmante: “Se relevaron también policías armados con armas con postas de plomo que están prohibidas, y acciones de inteligencia ilegal”.
Agregó la CPM que el ataque incluyó a defensores de derechos humanos, cuyo hostigamiento tenía como fin evitar el registro de los hechos.
Sin embargo, la gente no se fue.
La gente se quedó. La policía avanzaba, seguía gaseando, y la gente siguió.
“¡Tienen miedo!”, gritó una jubilada. “¡Tienen miedo!”.
Uno de los primeros detenidos había sido el padre Paco Olveira. Lo golpearon, lo gasearon y lo salvó la gente. Se llevó de recuerdo dos de los balines de la Policía. “Es el último arma que trajo Bullrich”, explica y muestra a lavaca. “Te tiran y salta el gas. No te deja respirar. Y duele, porque nos dieron unos cuantos en los pies. Gracias a Dios hoy no tiraron a los ojos”.
De fondo, la jubilada siguió gritando: “¡Tienen miedo!”.
Otro miércoles de protesta de jubilados se diluía entre detenciones y balines de gas. Entre un cordón con armas largas sobre Rivadavia y un grupo de la motorizada dispuesto a salir sobre Rodríguez Peña. Sin embargo, mientras el padre Paco seguía mostrando los balines, alguien propuso:
–Juguemos a las bolitas.
Todos se rieron, por el absurdo de la situación.
De nuevo, frente al horror, la creatividad social.
Y así, frente a policías que seguían filmando ahora una burla, un párroco y una jubilada arrodillados en la calle, jugaron a las bolitas con los balines para cerrar otro miércoles argentino.

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