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Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda

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La historia de dos jóvenes del barrio Las Palmas, donde se cobran deudas económicas con la vida de las mujeres. La fractura social expuesta en las barriadas cordobesas, su relación con narcos y policías, y el caso de la fiscal que es paradigma de por qué (no) se investigan ni las denuncias previas ni los femicidios. Por Bernardina Rosini.

Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda
El barrio Las Palmas, en la periferia de la capital cordobesa.

Jessica vive en Córdoba capital, tiene 30 años y tres hijos varones de 11, 8 y 2 años. No tiene trabajo. Hace mes y medio que se aloja en la casa de su hermana menor, tras irse de la casa de barrio Las Palmas donde convivía con Rodrigo, el padre de los niños. Discusiones, control, maltratos de todo tipo. Rodrigo debe plata a gente del barrio; “si no te la cobramos a vos, se la cobramos a tu mujer”, escuchó de una vecina en más de una ocasión. Fue el propio Rodrigo quien pasó a Jessica el contacto de sus acreedores para que sean ellos quienes le faciliten dinero para cubrir las necesidades de sus hijos.

Esos acreedores, se sabe, forman parte de una banda de crimen organizado.    

En la madrugada del sábado 2 de abril el cuerpo de Jessica Ruiz fue abandonado frente a la puerta de una sala de emergencias. 

El personal del hospital la recogió sin signos vitales; pudieron reanimarla pero horas más tarde tuvo nuevamente un paro cardiorespiratorio, y ya no pudieron revertirlo.

Ese domingo siguiente era su cumpleaños.

Un caso testigo

El barrio Las Palmas se encuentra en la zona noroeste de la ciudad capital, a solo 5 kilómetros del centro. Su tamaño apenas supera el kilómetro y medio cuadrado. Algo así como 20 cuadras por 8. Pero para muestra basta un botón.

En el barrio funciona la Escuela de Oficiales Libertador San Martín. Espacio clave para la Policía de Córdoba, no solo porque en este edificio se forman los próximos oficiales –y por lo tanto, cargos jerárquicos– sino también porque se dictan cursos de capacitación. Funciona, además, una base policial y en las inmediaciones está la planta de verificación de autos de la fuerza. Es decir, se trata de una zona de alto tránsito de patrulleros y uniformados de azul. A media cuadra de la Comisaría Nº 2 hay una Unidad Judicial.

A pesar de estas coordenadas, Las Palmas es reconocido por el crimen, la impunidad y la desprotección: robo de autos y gomas, homicidios, entraderas, narcomenudeo, entre otros etcéteras. Ejemplo: en 2018 se realizó un megaoperativo en el que se secuestraron 3.000 dosis de cocaína de máxima pureza. 

Y más: en junio de este año se allanó una gomería que traficaba neumáticos de vehículos de alta gama; el valor de lo incautado fue calculado en unos 120 millones de pesos aproximadamente. 

Sobre este entramado, todas las violencias diarias.

Deudas impagas. Córdoba: qué revelan los casos impunes de Jessica y Brenda
Un mural que grita: “Basta de violencia contra las mujeres”.

Más denuncias que años

Brenda fue encontrada el 17 de septiembre en las inmediaciones de la Circunvalación, el anillo vial que bordea Córdoba Capital. Con la pelvis fracturada, con heridas de arma blancas, la lengua mutilada, con vida. Es la cuarta vez que le suministran sustancias y la abusan sexualmente. La tercera ocasión que en ese abuso es grupal. Siempre son los mismos, se dice en referencia a un grupo del barrio Las Palmas.

Este ensañamiento sobre el cuerpo de Brenda es disciplinador: ella se atrevió a denunciarlos tras el primer abuso ocurrido en julio de 2018, hace cuatro años, cuando tenía 21. Desde entonces Brenda y su familia padecen la persecución, la intimidación y el ataque constante por parte de esta banda: tras la primera denuncia les quemaron la casa, fueron tras la madre y la hermana. Las persiguieron. Brenda estuvo internada diez días en terapia tras una feroz golpiza.

Las denuncias continuaron a pesar del hostigamiento y la violencia incansable, y a pesar de la inacción de la justicia. La hermana de Brenda contabiliza 28 denuncias radicadas en distintas fiscalías, comisarías, Polo de la Mujer. “Mi hermana tiene más denuncias que años”, dice. 

La historia de Brenda saltó a los medios de comunicación impulsada por la bronca de la impunidad; recién ahí, aún con el historial de denuncias realizadas, la investigación comenzó a moverse. Declaró en octubre, luego se dictaron cinco detenciones preventivas. En el momento de cerrar esta nota se conoció que los principales acusados por “abuso sexual con acceso carnal calificado por el grave daño a la salud de la víctima” fueron sobreseídos tras acreditar que estaban en otros lugares al momento del ataque. Quedan en libertad a pesar de estar señalados en el primer ataque grupal de 2018 y en las causas de amenazas y hostigamiento.

Los otros tres detenidos son un taxista de 42 años que está también imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado”, y un joven de 24 años que es dueño –junto a otro de los acusados principales– de un local nocturno. Ésta persona se encuentra también imputada por el ataque de 2018 como partícipe –habría tomado imágenes– y a pesar de haber sido allanado su domicilio en aquel entonces y de haber sido secuestrado el celular, cuatro años después la policía judicial todavía no realizó la pericia correspondiente. Por último, se encuentra además detenido L.B. quien fue señalado también como responsable del ataque ocurrido en mayo de 2022.

La justicia sorda

La familia de Brenda señala no solo que no fueron escuchados, sino que la Fiscalía de Instrucción especializada en Delitos contra la Integridad Sexual a cargo de la fiscal Alicia Chirino agredió a la denunciante: la trataron de mentirosa, la estigmatizaron por consumidora de sustancias y desconocieron sistemáticamente los antecedentes de esta familia que implora ayuda. “Nos decían que en el sistema no había nada. Era ir a denunciar llevando las fotocopias de las denuncias anteriores y repetir una y otra vez el padecimiento, siempre actualizado”, relatan a MU.

La abogada Daniela Pavón, quien acompañó los primeros años de este camino del horror, apunta a los mecanismos de la (in)justicia: las denuncias de hostigamiento y amenazas fueron separadas de la causa origen, la de abuso sexual, y derivadas al Foro de Violencia Familiar y de Género. Allí solo se limitan a la aplicación de medidas preventivas y precautorias, y ante nuevos sucesos, esas medidas solo eran prorrogadas. “Las medidas no contaban con seguimiento, y jamás lograron que, ante la gravedad de la situación declarada una y otra vez esta dependencia remita orden de actuar a la fiscal”, señaló Pavón.

En cuatro años los denunciados no fueron imputados ni detenidos: solo recibieron citaciones a declarar y restricciones de acercamiento y contacto que desconocieron de hecho.

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Familiares de Jessica en una de las movilizaciones para exigir justicia.

Nadie paga

En el caso de Jessica Ruiz, a ocho meses de su muerte la causa se mantiene caratulada como “muerte de etiología dudosa”, aun con las señales y marcas de abuso sexual en sus piernas, en sus brazos, en sus genitales, y en sus uñas.. En este tiempo la causa estuvo, primero, a cargo del fiscal Ernesto de Aragón, que la remitió a la Fiscalía de Delitos de Integridad Sexual; ahí la fiscal Chirino la recibió, pero desconoció competencia y la devolvió.

Brenda y Jessica no solo comparten barrio. 

En la causa de Jessica no hay imputados, no hay detenidos, no hay indagatorias a pesar de haber sido reconocidos los dos hombres que la abandonaron en el piso frente al ingreso al sanatorio, y pese que esos dos hombres también fueron señalados repetidamente por Brenda como partícipes del grupo que la abusó sexualmente en tres ocasiones. Uno de ellos le había advertido a Brenda que la iba a violar cuantas veces quisiera y la iba a terminar matando.

En síntesis: un mismo barrio, mismos imputados, suministro de sustancias en ambos casos y abusos sexuales, en uno seguido de muerte. 

A pesar de este escenario común, de compartir metodología y acusados, la justicia cordobesa hace el trabajo sostenido para subdividir, dosificar y distribuir el espanto.

Juicios y jubilaciones

La fiscal Alicia Chirino a cargo de la Fiscalía de Instrucción especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Córdoba merece un texto aparte. 

Quienes tienen alguna relación con la temática a la que se dedica la fiscalía que encabeza Chirino y se les consulta por su figura, como mínimo revolean los ojos; cuanto más, sueltan un historial de sus intervenciones entrelazadas con epítetos irreproducibles.

Los casos más emblemáticos que envuelven a Chirino son: la desestimación de las dieciséis denuncias que realizaron padres de preescolar de la institución Collegium por el abuso sexual a sus hijxs por parte de un maestro. Los hechos y las denuncias se remontan a 2015 y Chirino cerró la causa tras dos años de instrucción. Posteriormente, el fiscal de Acusación Jorge Leiva ordenó a la fiscal que desarchive la causa y complete la investigación, ya que esta se encontraba incompleta y solicitó que “al profundizarla, debe hacer una valoración en conjunto y no ‘caso por caso’”.

De igual modo procedió con las seis denuncias por abuso sexual hacia  infancias en el jardín municipal “Casita del hornero”, ubicado en el Barrio Villa Corina. El colectivo “Infancias y Adolescencias Libres de Violencia” señaló oportunamente que “los testimonios de les niñes en cámara Gesell, entrevistas e informes psicológicos son contundentes. Nunca la fiscal investigó quiénes podrían ser los otros docentes involucrados en la causa. El allanamiento a la casa de la principal denunciada se realiza con tal demora que la misma tuvo tiempo de cambiar de domicilio a un barrio cerrado de la ciudad. El arbitrario dictamen del archivo se realiza a partir de los testimonios de las denunciadas, no de quienes denuncian”.

Las organizaciones también recuerdan que “es la responsable de la obstrucción de derechos del hijo de Gilda Morales, determinando la revinculación del niño con su progenitor abusador y el impedimento de contacto con su madre. La misma fiscal, también, es la responsable de la demora de seis años antes de pasar a juicio la causa de Gisella Nocella” quien en 2014 denunció a su pareja, Nelson Barrera, por abusar de su hija, quien padece de parálisis cerebral, hipoacusia conductiva y neurosensorial.

La fiscal Chirino no investiga a los denunciados y determina el archivo de las causas. Solo de este modo se explica este escandaloso indicador: de cada 100 denuncias que se radican en su fiscalía apenas tres llegan a juicio. Y demoran hasta seis años en arribar a esa instancia.

Ante la visibilidad que adquirió el último ataque a Brenda, y la dolorosa e indignante cantidad de denuncias acumuladas, la Fiscalía General de Córdoba decidió investigar las actuaciones de las fiscalías intervinientes en su caso.

Cuando esta orden se conoció, Chirino ordenaba la detención de tres de las siete personas señaladas por Brenda.

Mientras se escribe esta nota, en la ciudad se rumorea que antes de la feria judicial de enero la fiscal Alicia Chirino –quien supo esquivar varios pedidos de juicio político y se encuentra bajo la lupa por el pedido de informe por parte de la Fiscalía General– tal vez se tome licencia, esperando el momento de jubilarse.

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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

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Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos. 


Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.

Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición. 

Los narcos robados

A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza. 

Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar. 

Quiénes están en prisión

Hasta el momento las nueve personas detenidas son:

  • Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
  • Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta. 
  • Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando. 
  • Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa. 
  • Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”. 
  • Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
  • Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven. 
  • Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno. 

Vínculo de confianza

Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”. 

Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.

Ya pasó un mes. 

Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia. 

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Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

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Por Evangelina Bucari

Fotos: Carlos Luna @un_chino.of

Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.

La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

La bandera en la marcha.

Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.

En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

La presencia mapuche en el acto por Azul.

Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.

“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.

La violencia avanza

El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia. 

Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.

Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.

“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.

Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

En silencio.

La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar. 

Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común. 

“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.

Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?

De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, nadie habla. 

Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.

Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, la ronda termina. 

Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las bengalas se encienden.

Las familias se abrazan, se descargan. 

Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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