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Guerra a las neuronas: cómo la industria tóxica oculta info

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Nuevas evidencias revelan cómo las corporaciones químicas (Bayer y Syngenta, entre otras) ocultan los estudios sobre el daño neuronal que sus pesticidas pueden ocasionar, por lo que deberían ser prohibidos. La trama de cómo se omitió la neurotoxicidad de productos como el glifosato, entre tantos, cuando el mercado vale más que la salud humana y ambiental.

Texto: Anabel Pomar

No faltan pruebas. La industria química responsable de inundar cuerpos y territorios con agrotóxicos ha omitido o falseado datos para ocultar los peligros que provocan  sus productos sobre cuerpos y ambientes.  Ejemplos cómo los Monsanto papers (la confirmación sobre cómo se ocultó a sabiendas el daño cancerígeno y genotóxico del glifosato), o los Paraquat papers (cómo Syngenta sabía desde hace décadas la asociación entre ese herbicida altamente tóxico y un trastorno del sistema nervioso central como el Parkinson), hacen caer a pedazos la propaganda corporativa que pregona la inocuidad de los plaguicidas.

La nueva evidencia, esta vez, llega desde Europa.  Recientemente, un estudio publicado en PubMed, una plataforma de difusión de trabajos científicos sostenida por el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37259092/) realizado por los investigadores suecos Axel Mie y Christina Ruden reveló que los productores de plaguicidas, incluidos Bayer y Syngenta, habían presentado estudios de neurotoxicidad a la EPA (Agencia de protección ambiental estadounidense), pero no a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). La neurotoxicidad implica un daño a las neuronas, que son las células esenciales del sistema nervioso, del cerebro, de la médula, las que reciben, emiten y gestionan toda la información externa e interna del cuerpo para que la vida funcione.  

Este ocultamiento de datos científicos además ocurre dentro de un sistema de aprobaciones que ya de por sí está atravesado por un grave conflicto de interés. Los estudios que se tienen en cuenta a la hora de clasificar la peligrosidad de una sustancia, son realizados básicamente por los mismos fabricantes de esos agrotóxicos. Como ahora se confirma con este estudio, pueden ocultar sus resultados de quienes deberían ejercer el control.

Las consecuencias de esa “omisión” provocan la interferencia concreta en la toma de decisiones de las agencias regulatorias de control. El objetivo de esa actitud corre por una línea puramente comercial: la intención de mantener productos de la industria en el mercado, permitiendo así que se prolongue la exposición de las personas a esos tóxicos que ponen en jaque, en este caso, a nuestras neuronas.

Ataque neurológico

Tenemos 100 mil millones de neuronas. De su correcto desarrollo y maduración va a depender la calidad de nuestras capacidades intelectuales y afectivas. Las exposiciones a plaguicidas, incluso en bajísimas dosis,  durante el embarazo o la niñez están asociadas con déficits del desarrollo neurológico, como un coeficiente intelectual más bajo y trastornos como el autismo, el déficit de atención con hiperactividad y el trastorno generalizado del desarrollo.

Antes de la pandemia, en 2019, se publicó, en la British Medical Journal, un enorme estudio californiano analizando 2.961 casos de niños con autismo/TGD/problemas de aprendizaje contrastados con 30,000 controles. Ese estudio medía y correlacionaba la exposición a pesticidas en madres embarazadas y niños menores. El glifosato –uno de los herbicidas más usados en nuestro país– mostró  una dramática asociación positiva.

“La neurotoxicidad es la capacidad de una sustancia de provocar un daño al sistema nervioso central y alterar el funcionamiento del cerebro”, explica Medardo Ávila Vázquez, médico de la Red de Pueblos Fumigados y profesor de Pediatría de la Universidad Nacional de Córdoba. “Los primeros agrotóxicos fueron desarrollados cómo armas químicas por la industria bélica para afectar la actividad neurológica del enemigo. Esos químicos, inhiben la colinesterasa (una enzima que ayuda al sistema nervioso a funcionar de la manera que debería), provocando que los soldados dejaran de respirar y murieran. Del mismo modo actúan los insecticidas que dañan los sistemas nerviosos hasta provocar la muerte”, resume.

Sin llegar a ese extremo fatal la exposición a estos agrotóxicos provocan también otros síntomas y enfermedades graves. “Está probado que la exposición a agrotóxicos puede afectar el neurodesarrollo y  que también provoca daño estructural que produce atrofia o envejecimiento precoz del cerebro”. Asimismo, enumera el profesional, los plaguicidas neurotóxicos provocan debilidad, pérdida del habla, problemas para caminar o pérdida de fuerzas momentánea. “Recuerdo que en el barrio Anexo Ituzaingó de Córdoba, encontrábamos vecinos que cuando pasaba una avioneta pulverizando insecticidas, no se podían levantar de la silla. A veces tardaban hasta una hora en poder recuperarse”. 

Daños por años

Entre los hallazgos de los estudios no revelados a la agencia regulatoria europea, mencionados en el trabajo de Mie y Ruden, se encuentran pruebas que muestran de qué modo los agrotóxicos provocan  cambios en el tamaño del cerebro, retraso en la maduración sexual y reducción del aumento de peso en las crías de ratas de laboratorio expuestas a un plaguicida durante el embarazo.

Los estudios, según señala la publicación científica de ambos autores, en muchos casos llegaron a la agencia europea más de una década después de ser presentados ante la agencia de los Estados Unidos y, una vez conocidos, modificaron decisiones y parámetros en el uso de algunos de esos agrotóxicos.

Los pesticidas identificados en el nuevo estudio incluyen los insecticidas abamectina, etoprofos, piridabén, buprofezin, fenamifos y  pimterozine, el fungicida fluazinam y el herbicida glifosato (en sal trimetilsulfonio). Todos productos que se utilizan o se han utilizado, en una variedad de cultivos alimenticios, incluidos tomates, frutillas, papas, berenjenas y cítricos.

El etoprofos está prohibido en la Argentina y en la Unión Europea recién desde 2019. El estudio señala que su permanencia fue permitida justamente por las omisiones de esos estudios, una malversación informativa y científica que provocó la demora en remover el químico neurotóxico unos quince años.

El mencionado trabajo señala además que las empresas bajo escrutinio para la renovación del glifosato en la Unión Europea agregaron en el dossier estudios que evidencian  daño neurotóxico para el glifosato en esa composición de sal, que jamás habían incluido en años anteriores.

De los otros agrotóxicos mencionados en la publicación cuyos efectos se ocultan en los estudios, en Argentina actualmente están autorizadas 97 formulaciones que contienen abamectina, 7 formulaciones que contienen fluazinam (4 cuatro de ellas como banda verde, es decir la de menor peligrosidad), 2 formulaciones que contienen piridabén, 2 que contienen pimetrozine ,  1 de buprofezin y 1 de fenamifos. 

La regla, no la excepción

El trabajo sueco además señala que esas omisiones o retrasos no son raros sino una constante de la industria tóxica. Desde la Red Acción de Plaguicidas de Europa (PAN EU),  coinciden con esa apreciación y listan los principales problemas que tiene el sistema regulatorio sobre los agrotóxicos y que este episodio sobre neurotoxicidad vuelve a poner en foco.

Los productos peligrosos son permitidos en el mercado en base a los propios estudios del fabricante que demuestran que son seguros y quedan a la venta incluso después de que existan pruebas serias sobre el riesgo o daño, porque las autoridades son muy lentas en investigar esta evidencia.

Cuando surge una discusión sobre los efectos adversos de los productos, de todos modos permanecen en el mercado mientras se perpetúa esa controversia.

Muchas de las sustancias prohibidas quedan en el mercado mediante excepciones que consiguen de parte los organismos que deberían controlarlas.

La neurotoxicidad no se investiga adecuadamente y esto podría contribuir a dañar el desarrollo cerebral de los niños y al rápido desarrollo de enfermedades como el Parkinson.

¿El resultado de estos problemas?, concluye el informe de PAN EU (www.pan-europe.info): “Los agricultores, los ciudadanos y la naturaleza no están adecuadamente protegidos contra los impactos negativos de plaguicidas peligrosos”.

En Argentina sucede exactamente lo mismo, con el agravante de que aquí se usan aún un centenar de agrotóxicos que en Europa ya están prohibidos. Es decir el sistema es todavía más lento.

Algunos ejemplos ilustran la gravedad del tema:

  1. La permanencia aún en nuestro país del paraquat, señalado como neurotóxico y causante de enfermedades como el Parkinson, prohibido ya en 72 países.
  2. De la atrazina, prohibida en la UE desde hace dos décadas por su peligrosidad y persistencia en el ambiente.  
  3. La demora en sacar del mercado el clorpirifos, prohibido en la Unión Europea en 2020. En argentina se prohibió en 2021 pero con un periodo de gracia que les permitió agotar el stock recién en junio de este año. Pese a eso, todavía es posible comprar un bidón de 20 litros por Mercado Libre, en cuotas y recibirlo en el hogar.

Los mismos investigadores suecos ya habían publicado, a fines de 2022, un trabajo también en PubMed titulado Lo que no se sabe aún puede hacerle daño: Sub-registro en la regulación de plaguicidas de la UE. Alertaban: “Las autoridades evalúan la información presentada (…) Sin embargo, no tienen una forma sistemática de saber a qué información tienen acceso los solicitantes pero que no se incluyeron en el expediente. Por lo tanto, el sistema regulatorio se basa en la confianza de que las empresas cumplen con las reglas y presentan toda la información relevante que está disponible para ellas”, mencionan textualmente.

Quienes se jactan de que los agrotóxicos y su uso es una actividad de las más controladas y reguladas del mercado caen bajo el peso de la contundente y amplía prueba de lo contrario. Resta sólo que quienes profundizan y permiten estos agrotóxicos en nuestros cuerpos, territorios y  ambientes antepongan  la salud pública por sobre el rédito de esas pocas empresas a las que les creen ciegamente.  

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Parir memoria: Teresa Laborde

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Nació en un móvil policial, en plena dictadura. Ella y su madre, Adriana Calvo, sobrevivieron al secuestro gracias a los cuidados de cinco mujeres en cautiverio. Adriana dedicó su vida a testimoniar y buscar a los hijos de esas desaparecidas. Uno de ellos, hijo de Cristina Navajas, es el nieto 133. Y el hermano de ese nieto es la actual pareja de Teresa. Memoria, verdad, justicia y amor: una historia conmovedora y el arte como proyecto para recuperar el futuro.

Texto: Claudia Acuña

La sonrisa de Teresa Laborde es nuestro trofeo, nuestra Copa Mundial, nuestro Oscar.

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Corazón mirando al sur: Agroecología y comercialización en la Comarca Andina

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La experiencia del Corredor Patagónico Soberano de la UTT (Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra) contada desde El Hoyo y El Bolsón: dos almacenes de ramos generales, 5.000 km de ruta de productos agroecológicos y cooperativos, respuesta gremial y organización del sector. Texto: Lucas Pedulla.

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Corazón mirando al sur: Agroecología y comercialización en la Comarca Andina

“El sistema alimentario de una nación representa su historia, cultura, pasado, presente y futuro. Por eso, en un contexto global de desigualdad, convocamos a dar los debates y luchas necesarias para comprender que el comer bien es un derecho que relaciona a la salud, el trabajo y las oportunidades de desarrollo individual y social”. Así lo plantea la Mesa Agroalimentaria Argentina, una red sectorial que nuclea organizaciones cooperativas, movimientos campesinos e indígenas y de pequeños y medianos productores.

La Mesa organizó la Expo Alimentaria, se movilizó al Congreso, pasando por la Secretaría de Agricultura entre tractorazo y verdurazos, para presentar el “Programa Agrario para el Alimento”, que incluye propuestas como la Ley de Acceso a la Tierra, la Ley de Arrendamiento Rural, la Ley de Protección de Territorios de Familias Campesinas e Indígenas, la Ley de Segmentación Impositiva Agraria, la creación de una Empresa Pública de Alimentos, un Plan Nacional de Abastecimiento Alimentario, un Plan de Financiamiento Cooperativo, un Programa Nacional de Impulso a la Agroecología y un Plan Nacional de Creación de Mercados de Cercanía.

La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT) es una de las organizaciones de esa Mesa, y Erika Benavente, con sus 31 años, sus dulces agroecológicos y sus cuentas que lleva prolijamente desde el área de Comercialización en la regional patagónica del gremio, en el municipio chubutense de El Hoyo, sabe bien qué significa ese “desarrollo individual y social”: integra la logística del llamado “Corredor Patagónico Soberano”, un recorrido de 5.000 km que distribuye alimentos sanos en Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut. “Y llegamos hasta Santa Cruz”, acota con una sonrisa.

Detrás de esa sonrisa, hay un movimiento que demuestra modos diferentes de actuar y de interactuar para crear otros estilos de relación y de consumo.

La naranja mecánica

La Patagonia –o la “Línea Sur”, como le llaman en la UTT– es  de las experiencias “más nuevitas” dentro del gremio que nuclea a 25 mil familias campesinas, según refiere Juan Pablo Acosta, su coordinador regional. Acosta –más conocido como Pocho– se  vino con su familia desde La Plata en 2016. “Había ganado Macri, era todo un quilombo”, rememora. De a poco, la comercialización la fueron aprendiendo de la práctica de una cooperativa mapuche en la meseta chubutense. Hasta manejaban fondos rotatorios, un instrumento de gestión de financiamiento que lleva adelante una organización para rotar recursos en forma de crédito. “Tienen un galpón, exportan lana, y así compran forraje y comida para el invierno”. La respuesta organizativa y gremial que aportó la UTT fue la comercialización de corderos: “Nunca una organización cooperativa lo había hecho”. Así arrancó un camino.

Antes de la apertura del Almacén de Ramos Generales de El Hoyo, habían vendido 800 mil kilos de alimento cooperativo en compras comunitarias, lo cual implicó una logística importante. “No es fácil la Patagonia –cuenta–. Tiene un estatus sanitario donde no era sencillo entrar frutas, verduras ni carnes”. Por ejemplo, para ingresar el morrón debían gasearlo con bromuro de metilo por controles fitosanitarios para evitar posibles plagas. Juan Pablo razona: “Nos rompimos el alma produciendo agroecológicamente, tomamos tierras, hicimos biofábrica, pero ¿vamos a venir  acá y le ponemos veneno? Decidimos no traerlo entonces hasta encontrar la vuelta”. Descubrieron la posibilidad de dejarlo 30 días en cámara con frío, lo que le agrega valor: “Es una logística: un pallet de naranjas de Entre Ríos, por ejemplo, lo dejás en una cámara en Bahía Blanca, y que luego un camión la traiga. Pero lo fuimos logrando: la naranja llega impecable y la gente la recibe muy bien”.

El almacén de El Hoyo es uno de los 15 que la UTT tiene en todo el país. Este año inauguraron otro en El Bolsón (Río Negro), en un predio recuperado donde había un galpón abandonado, propiedad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con la guarda administrativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Lo pusimos en valor y hoy está al servicio de la comunidad”, celebra Pocho.

Durante el verano, los almacenes se abastecen en gran medida con producción local, pero en invierno el camión de Buenos Aires llega cada 15/20 días. Erika: “Sacás una publicación que dice que llegó el camión y a las cuatro de la tarde tenés cola esperando llevarse verdura fresca y sin químicos, que es lo que consumimos en verano de chacras de la zona”. Los meses fuertes de producción local son de noviembre a marzo. El Hoyo es la capital nacional de la fruta fina: “Empieza la primera floración de la frambuesa. También hay mora, algunos tienen frutilla. Después otros tienen arvejas. Hojas como lechuga, espinaca, rúcula, acelga. Pak choi, kale, repollo. La manzana obviamente, duraznos, membrillo”. Pocho explica que la producción local se organiza más fácil: “El productor pone su precio, y lo que hacemos es compararlo: no me vendas más caro un tomate que si lo traigo de La Plata. Ese es el límite”. A esas discusiones les llaman “paritarias” y la actualizan cada tres meses.

De abril a octubre, ya empiezan a llegar los camiones. Pocho: “No hay tantas hectáreas puestas en producción. Algunos trabajos del INTA en pueblos de la cordillera dicen que no producen el 20 por ciento de lo que comen. En la Patagonia no nos abastecemos. En todo Chubut la cordillera es una franjita de 50 km a lo largo de la provincia. Después, el 95 por ciento es meseta. Y de esa franja cordillerana, la zona productiva es poquita, porque tenés mucha montaña”.

El Hoyo tiene ese nombre porque está ubicado en una depresión de la cordillera, a 200 metros sobre el nivel del mar: “Es el mejor lugar de la Patagonia para producir”. Sin embargo, cuentan que la producción, generalmente familiar (“son producciones chiquitas que cultivan un poquito de cada cosa”), está perdiendo terreno con la urbanización. Erika y la experiencia propia: “La chacra de mi abuelo era de 45 hectáreas. Luego, entre los hermanos, se la dividieron. Y se viene dando un proceso donde termina ganando la urbanización”. Cuentan que la puja se está dando entre producción familiar y desarrollo inmobiliario, también con fines turísticos: “El mejor suelo para producir es donde hoy están los barrios. Pero, de a poco, se fueron convirtiendo en loteos. Y no se produce”.

Agroecología: A mi manera

Este trabajo permitió a la UTT iniciar el “Corredor Patagónico” con 5.000 km de “ruta soberana”, como le llaman, cruzando La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut: los productos patagónicos llegan así a los almacenes en Buenos Aires y, con el invierno, llegan los camiones que parten desde Buenos Aires. Erika enumera los alimentos locales: “Fideos de harina de maíz saborizados con rosa mosqueta, harina de trigo molida por familias en sus molinos, muchos dulces, mostazas, propóleo, pepinillos encurtidos”.

El último camión que partió tenía 500 frascos de dulces y 600 de miel. “Para los productores, en esta época, es un montón. El invierno es un período donde no hay trabajo. La gente busca changas”. Pocho vuelve al punto anterior: “La matriz económica está cambiando a más turística. Si la plata de la temporada no te alcanzó, y no te armaste, se hace difícil”. Erika explica: “Para que la tierra te rinda para vivir, necesitás superficie, y eso ya no está. Tenés un pedacito pero te alcanza para guardar para vos y vender el excedente. Y después, tenés que hacerte la cabaña para alquilar por día en verano, para sacar la tranquilidad de los días de lluvia que no podés trabajar”.

Erika, con su compañero, tuvo que encontrar esa vuelta: además de la chacra, hacen cabalgatas en el bellísimo paraje Puerto Patriada, a metros de la costa norte de la belleza del Lago Epuyén. El trabajo con las cabalgatas va del 20 de diciembre al 20 de febrero. En esos meses, a su vez, juntan leña para vender en invierno. “Nuestra calefacción es a leña, así que es para vender y para uso personal. Después, en primavera empezamos con la huerta, la fruta va al freezer, y así también tenés para invierno. Y, en el medio, está la cosecha de hongos de pino, que vienen a buscarlos en octubre”. Este máster en gestión y planificación, que jamás se estudiará en Harvard, aplica Erika a la comercialización UTT.

La proyección es seguir aún más hacia el sur expandiéndose en Santa Cruz, a donde ya llegaron en Pico Truncado, ciudad petrolera. Ese trabajo es fruto de la producción de alimentos agroecológicos de más de 25 mil familias que integran la organización, distribuidas en 21 provincias. En Patagonia, la organización promovió una red de productores que se afilian al gremio abonando una cuota cuyo valor es el equivalente a dos litros de nafta, con el beneficio que le aporta la representación de una organización nacional, además de descuento en las compras en almacenes. Pocho: “Ahora se están conformando delegados de base para discutir política gremial en la UTT. Hasta este momento eso no pasaba, no hay muchas organizaciones como la nuestra acá en la zona. Es algo medio nuevo que a veces no se entiende. No somos el Estado. En un momento había una interpelación a la organización como que teníamos que resolver todos los problemas. Les decíamos que somos un gremio, no una organización del Estado: vení y militá. Tampoco somos una fundación que ayuda gente, porque capaz venía un productor y decía: ‘Comprame’”. 

Para Erika, esa confusión se suele dar porque, desde la UTT se resolvieron problemas que el Estado no estaba encarando: un ejemplo son los fondos rotatorios. “El productor, en general, es cliente del almacén, entonces se asocia a la red, participa de nuestras jornadas, y puede plantear: ‘No tengo plata, pero tengo fruta y azúcar. Si me dan un fondo rotatorio para frascos, cuando hago los envíos los pago a valor del día’”. De esa manera, los productores pueden continuar su circuito de comercialización, mientras el fondo sigue rotando entre las familias que lo necesiten.

La propia Erika utilizó el fondo para poder comprar los fardos para que los caballos se alimenten. “Gracias a la UTT pudimos acceder a insumos y vender nuestros productos regionales”. Su familia siempre trabajó la chacra. Ella es técnica agropecuaria y cursó estudios de Producción Vegetal Orgánica. Hace un año trabaja en la comercialización.

¿Por qué es importante? “En esta zona, que no haya intermediarios ayuda mucho al precio, tanto al productor como al consumidor. Y la posibilidad de vender productos en invierno, como hablábamos, es una súper mano cuando está todo quieto. Podés acompañar y mejorar la economía local en un momento que no se mueve tanto”.

¿Y por qué la agroecología? Erika mira el bellísimo lago que tiene frente a sus ojos: “Más que el no uso de productos de síntesis química, tiene que ver con una forma de vida. El uso de recursos de forma sustentable y sostenible”. Esto es: sin químicos, sin venenos, cuidando el ambiente, la salud y también mejorando la producción. “Eso es lo que necesitamos para seguir viviendo de esta manera”.

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Abajo el cáncer: Resistencia al asbesto en el subte

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Vagones envenenados con un material prohibido –descartados en España– fueron comprados durante la era Macri en la ciudad de Buenos Aires. Muchos trabajadores en contacto con el asbesto contrajeron enfermedades. Algunos murieron, otros sobreviven en la incertidumbre. El gremio está en conflicto para dar visibilidad a un crimen hasta ahora impune. La empresa y el Estado no brindan respuesta, salvo amenazas a quienes reclaman. Los datos, voces, sombras y luces de una batalla por la salud.

Texto: Anabella Arrascaeta

Cuando Horacio Ortiz, 55 años, vio que el asado de fin de año con sus compañeros de trabajo terminaba y cada uno se iba a su casa, lloró desconsolado.

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