A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia.

POR MARÍA EUGENIA MARENGO

El 9 de octubre pasado Daniel Basaldúa y Susana Reyes se enteraron, reunidos por segunda vez con la fiscal Sabrina Ardiles en los tribunales de Cruz del Eje, que el cuerpo de su hija había sido retirado de la morgue judicial de Córdoba en el año 2021.

Esto sucedió antes de que se iniciara el juicio que absolvió a Lucas Bustos, el único imputado sin pruebas, en una causa que investigó la fiscalía de Cosquín a cargo de Paula Kelm.

“Nosotros tenemos acá un papel, un comunicado, que dice que el cuerpo de Cecilia no está en la morgue”, les dijo Sabrina Ardiles, la nueva fiscal a cargo de la segunda investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa.

Hacía tan solo siete meses que el anterior fiscal –Nelson Lingua–, en el mismo lugar, sentado detrás de un escritorio, le había dicho a la familia que iba a ocuparse del traslado del cuerpo a Buenos Aires para la realización de nuevas pericias. Un pedido histórico de Daniel y Susana.

En esa reunión la prosecretaria de la Fiscalía, Silvia Rivero, expresó que nunca se había dejado de investigar.

La necesidad de la confianza volvió a ser una tregua durante esa hora de reunión, en la que los tecnicismos se suspendieron y las palabras se abrieron en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

Una tregua apenas.

Siete meses después, a la causa en la “que nunca dejaron de investigar” le apareció “un papel” que notifica que el cuerpo de Cecilia no está en ninguna morgue judicial desde el año 2021.

La partida de defunción de Cecilia estaba en el expediente de Lucas Bustos, con fecha del mes de octubre de 2021.

A dicho expediente, desde la primera elevación a juicio –que fue para noviembre del mismo año–, la querella no pudo tener más acceso.

Sin embargo, ni siquiera en pleno desarrollo del juicio en 2022 la familia fue avisada sobre esta situación.

Daniel, el padre de Cecilia, le recordó a la fiscal Ardiles su obligación: la Ley de Víctimas 27.372 establece entre otras cosas, el derecho …echo a ser escuchados, tratados con dignidad, e informados fehacientemente.

“Para nosotros fue un mazazo”, dijo Daniel Basaldúa el sábado 7 de noviembre desde Buenos Aires, frente al mural que recuerda a su hija en el barrio de Núñez.

“Paula Kelm y compañía, hicieron lo que quisieron con el cuerpo”, denunció Daniel, quien esperó el día del cumpleaños 42 de su hija para comunicarlo delante de la familia y de los amigos:

“Hace mucho tiempo que venimos con este tema. Al principio no lo quisimos traer porque veíamos que la cosa venía bastante oscura y no podíamos hacer nada, era pandemia”.

Continuó Daniel y explicó que les quisieron dar el cuerpo pero se negaron, ya que requerían que se examinara de nuevo.

“La abogada presentó un escrito donde decía que no nos lo íbamos a llevar hasta que hicieran bien las pericias. Eso fue al principio”.

Y desde ese principio nace una responsabilidad: el Estado debe garantizar la imparcialidad en la investigación y proteger a las víctimas y familiares.

Ante esa disposición arbitraria del cuerpo por parte del sistema judicial, Daniel lo volvió a repetir como hace cinco años: acá hay complicidad.

“Ya no nos callamos más. Fuimos a un juicio con Cecilia enterrada. Ahora pedimos que haya pericias nuevamente. Queremos confirmar si el cuerpo que está ahí es el de ella”, exigió.

¿QUÉ DIJO LA FISCAL?

A partir de un comunicado del Equipo de Justicia por Cecilia, donde se manifestó el acompañamiento a la familia y la exigencia de transparencia en los mecanismos de investigación, el 18 de noviembre la fiscal Sabrina Ardiles habló a la prensa.

En el medio Cba24 insistió en que los abogados y la familia habían sido notificados de lo sucedido cuatro años atrás.

“Como ya se habían realizado las pericias necesarias, fue informada la familia de esta situación a través de sus abogados para que dispusieran del cuerpo. Al no obtener respuesta, luego de varias notificaciones, se dispuso de oficio la inhumación en el Cementerio de San Vicente”.

Al día siguiente, la abogada Daniela Pavón le respondió a la fiscal Ardiles a través del mismo medio de comunicación de la ciudad de Córdoba.

Allí dejó en claro que recién en la reunión de octubre tomaron conocimiento de un oficio y una constancia que estaba agregada a la causa desde noviembre de 2021, en la que se había dispuesto que el cuerpo fuera enterrado en un cementerio de Córdoba Capital.

No existieron esas “varias notificaciones” y el cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin el consentimiento y sin la autorización de la familia.

“Nos pareció otro acto más de impunidad. Nosotros en un escrito con fecha del 5 de noviembre del año 2021 nos opusimos a ese pedido y el cuerpo quedó a resguardo en la morgue. Vamos a pedir que sea exhumado y que se lo puedan llevar sus papás”, enfatizó la abogada y dejó en claro que se va a solicitar un ADN para determinar la identidad.

PRIMER ENCUENTRO

El tiempo es un reloj en cuenta regresiva. La familia lo sabe y por eso nunca duda en recorrer los 868 kilómetros que la separan desde Buenos Aires para llegar a los Tribunales de Cruz del Eje.

Fue en el mes de junio cuando hablaron por primera vez con la nueva fiscal, Sabrina Ardiles.

Afuera, como siempre, los carteles se ubicaron sobre las escaleras a la entrada de los Tribunales:

“Verdad y Justicia por Cecilia Basaldúa. ¿Qué pasa en Capilla del Monte?”.

En esa primera reunión, Susana sintió frialdad:

“No la conocía y que sea de Capilla del Monte, no me transmite confianza”, dijo en aquel entonces.

Faltaban cuatro meses para que volvieran a verse y se enteraran de que el cuerpo de su hija ya no se hallaba en la morgue como creían.

Luego del juicio que en julio de 2022 absolvió a Lucas Bustos por el crimen de Cecilia, se inició esta nueva investigación y en el año 2023 la familia fue recibida por Silvia Rivero, la prosecretaria de la Fiscalía en los tribunales de Cruz del Eje.

Paradójicamente les había hablado sobre la posibilidad de hacer una autopsia psicológica de Cecilia. Esta medida era algo que ya se había hecho en la causa anterior y dejó como resultado tantas inconsistencias como absurdos.

Hoy, con la distancia que construye el paso de los años, Susana y Daniel observan de qué modo se van moviendo los operadores de una justicia en la que no creen.

Sienten que van en retroceso y que deberían ir detrás de todas las personas que se nombran en “el audio de María”, una prueba que nunca fue considerada como tal, ni indagada en profundidad por ninguna de las instrucciones que atravesó esta causa.

En aquella primera reunión, la fiscal Ardiles les había planteado que se iba a concentrar en distintas líneas de investigación.

Habían intercambiado varias ideas al respecto, además de hacer hincapié en la hipótesis principal, que rondaba en torno a Mario Mainardi como sospechoso –se trata de la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte– y la posibilidad de que se terminen de analizar las 11 muestras halladas con luminol en su casa.

UNIFORMADOS PRESOS

A lo largo del intercambio, habían repasado algunos momentos importantes de los años anteriores.

La imputación de Lucas Bustos sin pruebas; la inspección judicial que realizó el entonces fiscal Nelson Lingua en agosto de 2024, en los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado antes de su muerte.

Esto último ayudó a dejar en evidencia la dudosa hipótesis de la fiscal Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida.

Se insistió en que la policía de Capilla del Monte no fuera la encargada de realizar las notificaciones a los testigos, a partir del mal desempeño del año anterior, por el que luego de la denuncia presentada en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad, fueron imputados el actual comisario de la ciudad, René Lambir, y el policía Gerardo López.

De la misma manera, la querella está atenta a ese proceder judicial y policial, más aun con los antecedentes de varios de los uniformados de Córdoba que tuvieron activa participación en la primera pesquisa y hoy se encuentran detenidos por violencia de género:

Diego Alejandro Bracamonte (ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda); Ariel Daniel Zárate (ex subcomisario); Diego Concha (ex director de Defensa Civil);
Adrián Lúquez (ex sub comisario), hoy en libertad.

El año avanzó y la investigación continuó: se tomaron más de 30 testimoniales.

Además de los aportes permanentes de la querella, se manifestó un descontento vinculado a los cambios en el equipo de la Dirección de Investigación Operativa (DIO), dependiente de la policía judicial, que venía trabajando en la causa hasta el momento.

También por las demoras con las que la abogada y el abogado son notificados mediante el llamado SUAC –Sistema de Actualización de Causas Multifueros–, para estar informados.

Y finalmente por la decisión de la fiscal de que no puedan tener más contacto con los investigadores de la DIO.

LA JUSTICIA EN FALSO

Una familia que insiste con la presencialidad, a pesar de la distancia, pone en evidencia cada movimiento en falso de la investigación.

Pasaron tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro de que el cuerpo de Cecilia fuera enterrado sin el consentimiento de sus seres queridos. Cinco de una investigación por la que pasaron cuatro fiscales, además del fiscal de Cámara de Villa Dolores, Sergio Cuello; la lista incluye a Kelm, Barrera, Lingua y Ardiles y cuatro policías presos por violencia de género y las recientes imputaciones del comisario Lambir y el policía Gerardo López.

“Ya hace cinco años y medio que estamos gritando para que se haga justicia, con muchas trabas”, dice Daniel Basaldúa.

“Entre gallos y medianoche sacaron de la morgue el cuerpo y fue enterrado. Oficialmente no sabemos dónde, por eso es que reclamamos”.

Continúa Daniel y pone en su voz la angustia de un dolor abierto.

Admite que la familia nunca se enteró de esto y sabe que ahora será muy difícil hacer las pericias que solicitaban:

“Hicieron lo que querían que era destruir las pruebas”.

Hay un manejo del tiempo que se convierte en otra de las formas que va adoptando la impunidad.

La justicia parece tomar distancia de sus propios sentidos. El tiempo judicial se distribuye de manera desigual. Todo se vuelve una trama enredada, sin el hilo de Ariadna para salir del laberinto. Nadie aparece para encontrar el camino.

Los problemas se disputan entre actos administrativos. Costumbres burocráticas que emergen de esa articulación entre las instituciones de control, espacios de sociabilidad entre agentes policiales y agentes judiciales, rutinas de las burocracias penales que invisibilizan la influencia del poder de policía.

En el medio, la familia de la víctima lleva miles de kilómetros en el cuerpo.

Es la presencia que interpela la normalización de este poder –judicial, policial y político–, es el cuerpo presente de su hija, la evidencia de lo que falta.