La justicia contravencional los condenó sin acreditar quién es el dueño de la casa por la que pagaban un alquiler, en un delirante juicio que deja serias consecuencias.

Mariela Aguirre tiene 44 y dos princesas de 10 y 7 años. Es empleada doméstica de lunes a sábado y los domingos no descansa: vende su comida casera entre los artesanos que trabajan en las calles de San Telmo. Ahora tiene también otra tarea: explicar cómo alguien como ella puede ser considerada una delincuente. “Yo pagaba 1.400 pesos por una habitación en un hotel del barrio cuando un mecánico de la cuadra me avisó que un hombre ofrecía alquilar un cuarto en una casa. Él estaba preocupado porque no quería que se metiera gente mala y por eso empezó a correr la voz entre los que conocía y confiaba”. Mariela agradeció el dato y lo compartió con las mujeres del hotel que, como ellas, eran madres solteras asfixiadas por rentar a precio de lujo un espacio miserable.
La casa de Chacabuco 630 es amplia y con varios cuartos en los que se fueron acomodando 10 familias, la mayoría de mujeres solas, con varios hijos. Angélicatiene 3 (15, 4 y 5 años), Alejandra otros tres (10, 9 y 7) y Margarita cuatro (12, 10, 8 y 7 años). La más joven del grupo es Valeria tiene 19 y su bebé tiene un año. Al tiempo se sumaron Robustiano y su señora Cayetana, dos jubilados de 76 y 74 años, y Cristian, un trabajador que de 7 a 7 deja el sudor en el puerto haciendo changas. Los inquilinos pactaron con el encargado de la casa –de apellido Benítez y al que algunos identifican como ex jugador de Boca Juniors– que pagarían tres meses en concepto de depósito y, luego, 400 por mes. Al poco tiempo recibieron la visita de Néstor Osvaldo Nakama, que compartía negocios turbios con Benítez, por los que llegaron incluso a las trompadas. “Trajo un bidón de nafta y amenazó con prenderme fuego”, cuenta Mariela.
 
¿Te acordás cuándo fue?
El 6 de julio de este año. No me olvido más, porque mi hija se asustó tanto que salió corriendo y se rompió la clavícula. Al día siguiente hice la denuncia en la comisaría 2°. La constancia está en la causa, pero, ¿para qué?
Cosa juzgada
La causa la inició el juzgado N° 20 del Fuero Contravencional que inauguró así el traspaso de ciertas figuras penales a su ámbito, como la de este caso, que fue caratulado como ocupación. El juicio consumió 4 días durante los cuales los inquilinos no pudieron declarar. La jueza María Luisa Escrich prefirió escuchar a Nakama, un hombre que decía tener los derechos de propiedad por el fallecimiento de una prima, titular de la vivienda. Pero los herederos directos –madre e hijo de la fallecida– nunca fueron llamados a declarar. El desquiciado testimonio de Nakama –quien incluso ante el tribunal narró sus sospechas de que la prima había sido envenenada por su socio Benítez– parece haber sido suficiente para el fiscal Ángel Carestía: pidió la condena de los inquilinos, recomendando su encarcelamiento. La jueza aceptó los cargos y dictaminó la prisión de todos, por seis meses. También ordenó el desalojo.
“Nunca en toda mi carrera presencié un procesamiento así, con tal falta de pruebas”, resume el abogado defensor Gerardo Echeverry. Cuenta también que Nakama “fue internado en el Hospital Borda por orden de la justicia” y que “consta en el expediente el informe médico que especifica que es considerado peligroso para sí mismo y para otras personas”. Nada dicen los profesionales psiquiátricos sobre el estado de salud de la justicia contravencional con la que Nakama parece haber sintonizado.
La calle
Mariela tiene ahora un montón de palabras atragantadas que brotan una tras otra sin tregua: es la única de todo el grupo que debe cumplir con la condena de encierro, porque tiene un antecedente penal. Le pregunto por qué y sin titubear me cuenta: “Defendí a mi hija de un abuso y lo volvería a hacer si la tocaran de nuevo”. Después me dirá que por aquel episodio fue absuelta en primera instancia. “Pero el fiscal apeló y yo no me avivé qué tenía que hacer. Y me encerraron. No me supe defender y tuve que cumplir con mi condena. Salí en libertad condicional por buena conducta. Saldé todas mis deudas. ¿Qué iba a hacer? Así es la justicia para los pobres”.
Las autoridades de la ciudad no parecen preocupadas por el destino de estas diez familias, que es la calle. “Quise hacer el trámite del subsidio habitacional, pero hasta ahora no tengo nada”, dice en voz bajita Don Robustiano. Las 10 familias dependen ahora del resultado del trámite de apelación, para el cual buscan el apoyo de organizaciones sociales y de derechos humanos. Saben que su destino está atado a la suerte de un barrio en cuyos planes de progreso los pobres están condenados de antemano.
En la terraza de la casa una docena de criaturas convierte en juego la ceremonia de las fotos. Las nenas se sientan en primera fila y se abrazan. No entran en el cuadro todas juntas, pero habrá que hacer el esfuerzo de registrarlas tal como están porque lo difícil, lo brutal, es separarlas.