Desmontes masivos, pérdida de biodiversidad, desalojos violentos, concentración de tierras y asesinatos. El lado silenciado del modelo sojero es revelado en esta investigación de Darío Aranda, especial para mu.

Sandra Elisabeth Juárez, la Ely Juárez, campesina santiagueña, de palabra firme y sonrisa sincera. El lunes 25 de marzo de 1996, a 1200 kilómetros de su casa, sucedió un hecho que ella nunca conoció, pero cambiaría su vida y la de miles de campesinos. El gobierno de Carlos Menem firmó la autorización para la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. Una década y media después ese cultivo pasó a ocupar de seis millones a 19 millones de hectáreas, lo que ya representa el 56 por ciento de la superficie cultivada del país. Otro dato: en 1997 las exportaciones de soja sumaban 3200 millones de dólares; diez años después, 16.000 millones de dólares. Un negocio millonario en el cual siete cerealeras concentran el 83 por ciento de las exportaciones y el Estado obtiene el 35 por ciento en concepto de retenciones. El modelo sojero tiene un rostro menos difundido: 200.000 familias fueron expulsadas de sus territorios, existen al menos ocho millones de hectáreas en conflicto con campesinos e indígenas, hubo un aumento exponencial del desmonte y se acentuó la concentración de tierras en pocas manos. A 15 años del hecho que más cambios provocó en la agricultura contemporánea, la Ely Juárez, como la llaman en su pago, 32 años, madre de dos niños, ya no sonríe: falleció al enfrentar una topadora que pretendía expulsarla de su tierra. El costo humano de un modelo publicitado como exitoso.
Ruidos y nueces de la 125
El lunes 21 de marzo de 2011, el Ministerio de Agricultura de Nación envió una gacetilla que era esperada desde hace años por los actores vinculados a los agronegocios. “La cosecha 2010/2011 supera las 100 millones de toneladas”. Es la mayor de la historia. La soja representa ya la mitad: 50 millones de toneladas. Apenas 10 años antes solo representaba el 10 por ciento de la producción de granos del país. El fenómeno tiene una explicación: “Se trata de un modelo basado en la extrema sojización, motorizado por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el libro Del paro agrario a las elecciones de 2009. Estos economistas hacen un detallado análisis de la estructura agraria argentina. Afirman que ninguno de los actores de la Resolución 125 cuestionó el modelo sojero y aseguran que esa polémica medida de ninguna manera ocasionaría la quiebra de los chacareros (como sostenía la Mesa de Enlace) ni tampoco implicaba una medida distributiva (como prometía el Gobierno). En base a datos del Ministerio de Agricultura, aportan cifras precisas:
Entre 1997 y 2008 las exportaciones pasaron de 3.232 millones de dólares a 16.298.
En once años, el complejo sojero representó exportaciones por 86.338 millones de dólares. Equivalente a 96 veces el presupuesto anual del Ministerio de Salud de la Nación.
Un puñado de empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja: Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera.
El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías: Bunge, LDC-Dreyfus, Cargill, AGD y Molinos Río de la Plata.
El 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores: Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata.
Ninguna de estas compañías sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la Resolución 125. “Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávits de la balanza comercial y fiscal, necesarios para –entre otras razones– hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo, al ´campo´ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguna de las dos partes en conflicto criticó al modelo sojero, que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Teubal y Palmisano.
32 hectáreas por día
Doña Ramona Bustamante tiene 82 años. Siempre vivió y trabajó en el mismo campo, Puesto de Castro, al norte de Córdoba. En 2004 llegó hasta el lugar un grupo de chacareros que echó de sus parcelas históricas a decenas de campesinos. A doña Ramona le derribaron el rancho con una topadora, mataron sus animales y contaminaron el pozo de agua con gasoil. Semanas de vivir a la intemperie, meses de intimidaciones y una decisión: “Ni un metro menos. La tierra es nuestra”, gritó la abuela, quien junto al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) recuperó su tierra y se transformó en una referente de la lucha contra empresarios y productores sojeros.
Córdoba es una de las provincias pilares de este modelo. El monocultivo creció de forma geométrica y avanzó sobre bosques y territorios que se destinaban a la ganadería. El avance de la soja y el desplazamiento ganadero acentuó dos consecuencias, desalojos y desmontes. Marcelo Cabido y Marcelo Zak son investigadores principales del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv) de la Universidad Nacional de Córdoba y del Conicet. En su investigación Deforestación, agricultura y biodiversidad analizan la situación y alertan:
La tasa de deforestación de Argentina es del 0,8 por ciento anual, según datos la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), el doble que el Amazonas (0,38 por ciento).
Córdoba registra una tasa de deforestación del 2,93 por ciento, casi cuadriplica la media nacional y es trece veces mayor que la media mundial (0,23 por ciento).
“Las tasas de deforestación sufridas año a año por los bosques cordobeses no tienen parangón a nivel mundial, superando incluso a las correspondientes a bosques tropicales en otros países pobres”, denuncian y remarcan la directa relación con el avance de la frontera agrícola. “Lamentablemente Córdoba constituye el más dramático ejemplo del desmonte. Por ejemplo, los procesos de expansión de la agricultura en los departamentos del norte cordobés, entre 1970 y 2000, ocasionaron la pérdida de más de un millón de hectáreas de bosques por conversión a cultivos anuales, principalmente soja”, detallan los investigadores.
A nivel nacional, en panorama no es mejor. El último Inventario Nacional de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Nación revela que, en el periodo 2002-2006, en el país dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques, 277 mil hectáreas por año, que equivalen a 760 por día, 32 hectáreas por hora. La misma Secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja.
En todas las provincias con monocultivo se observa el mismo fenómeno. Según la Secretaría de Ambiente, en Santiago del Estero, en el período 2002-2006, se arrasaron 515.228 hectáreas de bosque, un 71,61 por ciento más que entre 1998 y 2002. En Salta, entre 2002 y 2006, dejaron de existir 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998 y 2002.
Un avance sostenido
La Secretaría de Ambiente de Nación nunca se expresó formalmente sobre el avance de la soja transgénica. Recién en marzo de 2008, en pleno conflicto por la resolución 125 entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, la Secretaría difundió un documento de doce carillas titulado El avance de la frontera agropecuaria y sus consecuencias y confirmó lo que desde hacía tiempo denunciaban movimientos campesinos y organizaciones ambientales: “La producción de soja conlleva también a problemas ambientales como la deforestación, la degradación de suelos (…). La expansión de la soja representa una reciente y poderosa amenaza sobre la biodiversidad de Argentina”.
La resolución 125, que aumentaba el impuesto a la exportación de soja, no pudo ser aplicada, votación en el Congreso mediante. La disputa entre Gobierno y Mesa de Enlace continuó, pero eso no impidió que la superficie de soja aumente: de 16,6 millones de hectáreas sembradas en 2008 se saltó a 19 millones en la campaña 2010, acompañada del incremento del precio internacional de la oleaginosa.
Nunca más la Secretaría de Ambiente, ni ningún otro ámbito del Estado nacional, elaboraron informes críticos al avance del monocultivo de soja.
La tierra en disputa
Argentina es visto como un alumno modelo en el mercado de agronegocios mundial. En 1997 se cosecharon en el país 11 millones de toneladas de soja transgénica. Catorce años después, se esperan 50 millones de toneladas. Consecuencia directa: según el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), 200 mil familias fueron expulsadas de sus territorios ancestrales con destino a los barrios empobrecidos de las grandes ciudades. Hasta el gobernador de la sojera Santa Fe, Hermes Binner, reconoció en marzo de 2008 que “el proceso de sojización ha vaciado los campos”.
El Foro por la Tierra del Chaco advierte desde 2006 sobre el fenómeno. En 1991 la población rural provincial representaba el 28,5 por ciento y en 2001 sólo era del 16,5. El éxodo tuvo un solo destino: los márgenes de las grandes ciudades.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena remarca otro dato silenciado. El modelo agropecuario actual, basado en la exportación y la producción intensiva, produce mayor concentración. El Censo Agropecuario 2002 pareciera darle la razón. El diez por ciento de las denominadas “explotaciones agropecuarias” más grandes concentran el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país.
El censo se realizó en 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. Aportaría datos precisos, luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec: no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos obtenidos. Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
Según el relevamiento de 1988 había en el país 422.000 chacras, que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos). La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), titulada La tierra en Argentina, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume: “Desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Y, en base a un entrecruce de estudios oficiales, revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
De la mano de la soja, y durante todos los gobierno de los últimos quince años, en Argentina se ejecutó una reforma agraria al revés: en beneficio de terratenientes y pooles siembra, en perjuicio de campesinos e indígenas.
Desalojos y represión
Domingo Leguizamón tiene 18 hijos, más de treinta nietos, medio cuerpo paralizado por una hemiplejia y un bastón con el que se ayuda para caminar. Nació, se crió y vive en el paraje El Calderón-Lote 5, a 60 kilómetros de la ciudad de Quimilí, pleno monte santiagueño. Integra la comunidad indígena Guaycurú y cuenta con 400 hectáreas, de donde obtiene leña y cría animales. Su parcela exhibe una particularidad: está rodeada de sembradíos de soja, que desde hace tiempo pretenden avanzar sobre el bosque nativo que preserva Leguizamón.
El 2 de noviembre de 2007, se quebró la tranquilidad del monte santiagueño. Cuarenta efectivos de infantería, con pasamontañas, chalecos antibalas y armas largas patearon la precaria puerta, se abalanzaron sobre don Leguizamón, lo esposaron, interrogaron a punta de fusil y detuvieron. Leguizamón estuvo seis días incomunicado, acusado de usurpar la tierra donde siempre vivió. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde milita la familia, denunciaron que “el actual gobierno provincial, y el sistema judicial, actúan coordinados según los intereses de empresarios sojeros, que quieren hacerse de las tierras de las familias”.
El Mocase-VC explica que el avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. “Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras santiagueñas un paraíso para grandes empresarios. Con la soja, las tierras se tornaron un bien preciado”, afirman.
No existen estadísticas oficiales de conflictos por tierras en ámbitos rurales. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, oenegés ambientales, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino, que contabilizó 164 disputas de tierras y ambientales, que afectaban a casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino: Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba.
El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.
El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y falta de respuestas estatales”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 La violencia rural en la Argentina de los agronegocios, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física. “La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd. Y señala el rol del Estado. “La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal”.
El futuro no es prometedor. El gobierno nacional ya dio a conocer su Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016, proyecto que apuesta a aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que en lenguaje técnico se denomina “correr la frontera agropecuaria”, pero que en la vida cotidiana se traduce en desmontes y desalojos. Y a veces en algo peor.
El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, Sandra, la “Ely” Juárez falleció luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familia. Ocho meses después, el 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, en un corte ruta en el que reclamaba por el derecho a habitar sus tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.