Un punto de inflexión en la batalla contra la privatización de la naturaleza acaba de ocurrir en Argentina: la multinacional Monsanto logró que el gobierno apruebe el pago de patentes de semillas. El impacto de la medida implica millones de ganancias para una sola empresa, pero también la invasión del mercado en territorios hasta ahora a salvo de la lógica especulativa: el de las semillas. Darío Aranda traza en esta investigación un panorama que va desde el prontuario de la verdadera corpo hasta la asamblea que resiste en Córdoba la instalación de su nueva planta.

“No soy la Presidenta de las corporaciones”
Cristina Fernández de Kirchner
10 de diciembre de 2011. Discurso de reasunción, en el Congreso Nacional.
Juana es abuela, cabello rubio y canas, una bolsa de hacer mandados en la mano y la decisión de enfrentar a la empresa de semillas y agroquímicos más poderosa del mundo: “No queremos a Monsanto”, avisa con naturalidad y arroja la primera pregunta retórica: “¿Los políticos defienden más a las empresas que a los vecinos?”.
Es miércoles a la noche en Malvinas Argentinas, a veinte minutos del centro de Córdoba. Club vecinal de fiestas, un prolijo y humilde salón, escenario de una asamblea de vecinos que se opone a la instalación de Monsanto en el barrio. Doña Juana es una de las voces cantantes en la asamblea. Escucha atenta, primera fila y refuerza su idea: “Si el gobernador y la Presidenta quieren a Monsanto, que la fábrica se instale al lado de sus casas”. Los vecinos la aplauden.
Retrato de la corpo
Monsanto tiene 111 años de historia, su sede central en Estados Unidos, una facturación anual de 7.297 millones de dólares, domina el 27 por ciento del mercado de semillas a nivel mundial y acaba de dar un paso más en su política expansiva: el gobierno nacional aprobó su nueva semilla de soja transgénica, impulsa el cobro de regalías por el uso del producto, impulsa una nueva ley de semillas (muy cuestionada por los campesinos) y comienza la instalación de su planta más grande de Latinoamérica en Córdoba, para avanzar con el maíz transgénico y redoblar la producción de agrocombustibles.
Su modelo de negocios: apoyo político, corrimiento de la frontera agropecuaria, desalojos de campesinos, desmontes y masivo uso de agroquímicos.
Prontuario
La historia oficial señala que Monsanto Chemical Works fue fundada en 1901 por John Francis Queeny, “empleado durante treinta años en la industria farmacéutica”, quien tomó el nombre de su esposa (Olga Méndez Monsanto) y creó una pequeña empresa, pero de rápido crecimiento. Con sede central en Saint Louis (estado de Missouri), su primer producto fue la sacarina. En la década del 20 ya había convertido a la compañía en una de las principales fabricantes de productos básicos de la industria química, entre ellos el ácido sulfúrico.
Brian Tokar, en su investigación Monsanto, una historia en entredicho, aporta un dato que la empresa oculta de su historia oficial. “El herbicida conocido como Agente Naranja, que fue usado por Estados Unidos para defoliar los ecosistemas de selva tropical de Vietnam durante los años 60, era una mezcla de químicos que provenía de varias fuentes, pero el agente naranja de Monsanto tenía concentraciones de dioxina muchas veces superiores al producido por Dow Chemical, el otro gran productor del defoliante”, detalla Tokar, director de investigación en biotecnología del Instituto de Ecología Social de Vermont, Estados Unidos.
En 1976, Monsanto comenzó a comercializar el herbicida Roundup, a base de glifosato. “Pasaría a convertirse en el herbicida más vendido del mundo”, señala aún hoy en su sitio de Internet. En 1981 la compañía se estableció como líder en investigación biotecnológica.
El desembarco
En Argentina, Monsanto cuenta con una planta en Zárate desde 1956. Hace doce años realizó una ampliación y su planta de producción de glifosato pasó a ser la más grande de América Latina. En 1978 se instaló en Pergamino y en 1994 sumó una planta en Rojas, provincia de Buenos Aires.
En 1996, el gobierno argentino aprobó la soja transgénica con uso de glifosato. Con la firma del entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, la resolución 167 tuvo luz verde en un trámite exprés: sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. El expediente, de 146 páginas, carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, y —sobre todo— el Estado argentino no realizó investigaciones propias sobre los posibles efectos del nuevo cultivo y se limitó a tomar como propios los informes presentados por la parte interesada: Monsanto.
Semillas intelectuales
En 1996 la soja ocupaba en Argentina 6,6 millones de hectáreas. En 2000 ya llegaba a 10,6 millones. En 2011 llegó a 19,8 millones de hectáreas, a un promedio de expansión de 800 mil hectáreas por año. Representa el 56 por ciento de la tierra cultivada del país.
Luego de la devaluación de 2002, y cuando la demanda externa de soja aumentó, Monsanto intentó cobrar regalías por el “derecho intelectual” de la semilla transgénica. La Federación Agraria Argentina (FAA) y el gobierno rechazaron el pago. Monsanto llegó hasta los tribunales europeos, donde intentó frenar judicialmente lo barcos con soja proveniente de Argentina. Pero la vía judicial no prosperó.
Lejos estaba la empresa de tener problemas económicos. En 2006 había facturado 4.476 millones de dólares. “Gran parte se debió al mayor precio del herbicida glifosato”, anunciaba la empresa, que señalaba al glifosato como el responsable de la mitad de sus ganancias. En 2007 la facturación llegó a 7.300 millones.
El Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) estudia desde hace 25 años la concentración del mercado agropecuario mundial. “Monsanto tiene actualmente el 27 por ciento del mercado mundial de semillas, de todo tipo (transgénicas o no) y de todas las variedades. En semillas transgénicas, Monsanto tiene el 86 por ciento del mercado mundial. Es uno de los dos monopolios industriales más grandes del planeta y de la historia de la agricultura e incluso, del industrialismo. Solamente Bill Gates, con Microsoft, tiene un monopolio similar, cerca del 90 por ciento del mercado”, explicó Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC.
Coincidencias
El 12 de junio pasado se inició en Córdoba un juicio oral inédito en el país. Dos productores y un fumigador fueron sentados en el banquillo por una denuncia penal realizada por la organización Madres de Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba y rodeado de soja) y por el ex subsecretario de Salud de la municipalidad de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez.
Un juicio histórico que, enmarcado en la Ley de Residuos Peligrosos, abría la puerta para encuadrar a las fumigaciones como delito y la posibilidad de condenar a cárcel a productores y fumigadores.
Tres días después de iniciado el juicio, el 15 de junio, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense) y frente a las mayores corporaciones de Estados Unidos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró: “Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva, digamos, semilla de carácter transgénico”.
El 21 de agosto, luego de más de dos meses de juicio, la Cámara I del Crimen dictó sentencia: dictaminó que los dos hechos denunciados (dos fumigaciones, una de 2004 y otra de diciembre de 2008) violaron la normativa vigente y fueron catalogadas como delito. Y condenó al productor Francisco Rafael Parra y al aerofumigador, Jorge Pancello, a tres años de prisión condicional.
Ese mismo día, el ninistro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, presentó la nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”) junto a los directivos de Monsanto. La gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura tituló con una cita del vicepresidente de Monsanto Argentina, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que ha abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hizo propia la publicidad de Monsanto y resaltó las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente”.
El ministro Yauhar celebró: “Es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja, hoy aprobamos el evento número 27 y la biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.
Patentar la naturaleza
El 28 de febrero de 2012, la Presidenta anunció que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y de la empresa Bioceres habían logrado una semilla de soja resistente a la sequía y que lograba “altos rendimientos”, lo que posibilitaría el avance sobre regiones en la actualidad hostiles al monocultivo. En Bioceres tiene participación accionaria Gustavo Grobocopatel, titular de uno de los mayores pooles de siembra del continente: “Los Grobo”.
En el discurso de junio ante los empresarios estadounidenses, la Presidenta recordó el “avance” de los científicos argentinos. Y abordó por primera vez en público el tema tabú de las patentes de semillas: “Estaban muy contentos (los directivos de Monsanto) porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. También en repatriación de científicos y, fundamentalmente, en respeto a las patentes. Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias nos hemos convertido también en defensores de las patentes”.
Al regreso de ese viaje, los tiempos se aceleraron. Monsanto tuvo vía libre para la nueva soja (RR2). E incluso tuvo visto bueno para el cobro de regalías.
El 9 de agosto, desde el XX Congreso de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), el secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, lo confirmó: “La estaremos aprobando en breve”.
Once días después, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad intelectual”, reclamó ese mismo día el ministro de Agricultura y afirmó que el gobierno está trabajando en una nueva ley de semillas, que contempla el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Regalar regalías
Tan milenario como la agricultura es el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra: el llamado “uso propio” de la semilla.
Con la nueva soja, Monsanto articuló un modo privado de cobro de regalías, que elude al Estado. Firmó contratos individuales con productores (según Monsanto, ya firmó con el 70 por ciento de los productores de soja) y articuló acuerdos con acopiadoras y exportadoras, que controlarán las cargas de camiones que llegan a los acopios. Allí se realizará un test a los granos y, si se detecta que la soja es de Monsanto, se le descontará al productor el cobro de regalías. Monsanto implementó un sistema que ubica al Estado en un lugar de simple observador.
La decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es alterar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad intelectual”.
Carlos Vicente, de la organización internacional Grain (referente en el estudio del mercado de semillas y de las corporaciones agrícolas) opina: “La ley actual, de la década del 70, permite el uso propio. Durante miles de años los campesinos criaron, mejoraron y cambiaron semillas, sin que nadie se las apropiara. Pero se crea un derecho de propiedad intelectual, a la ‘obtención vegetal’, y se puede tener derecho de propiedad intelectual, un monopolio sobre la semilla que quita reconocimiento a los miles de años de historia campesina. Ahora alguien, las corporaciones, pueden ser dueños de las semillas”, alerta y remarca que las organizaciones campesinas se oponen de manera radical a cualquier freno al libre intercambio y circulación de las semillas “ya que esto significa frenar el histórico proceso de creación de diversidad que los campesinos han sostenido por miles de años”.
Vicente apunta a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, constituida en 1961, en la que tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los Estados, entre ellos, claro, Argentina. En 1978, la UPOV creó una norma (UPOV 78) que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea con la patente en manos de empresas, pero también reconoció el uso propio de semillas, es decir, para volver a sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitió que investigadores puedan analizar y producir mejoras sobre cada nueva semilla.
Privatizar la vida
La UPOV dio un salto en 1991, cuando impulsó una legislación privatizadora de semillas. “La UPOV91 limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave, es la apropiación de la vida”, denuncia Carlos Vicente, de Grain.
¿Cómo se relacionan Monsanto, la nueva ley de semillas que prepara el gobierno y la UPOV 91? Carlos Vicente no duda: “Monsanto había anunciado a inicios de 2000 que no iba a realizar nuevas inversiones en Argentina porque no se le garantizaba ‘seguridad jurídica’. De la mano de la Presidenta y en Estados Unidos, el anuncio de Monsanto de instalar su mayor planta de maíz transgénico en Córdoba reveló el acuerdo que le devuelve ‘seguridad jurídica’: se aprueba la nueva soja, le permiten el cobro de regalías por un sistema privado y se aprestan a modificar la ley de semillas”.
Vicente remarca que la modificación de la ley “va por todas las semillas, no sólo la de soja”, la enmarca en la “tremenda ofensiva del agronegocios” en todo el continente y la resume de una forma que choca de lleno con las banderas progresistas de los gobiernos de la región: “Es un paso hacia la privatización de las semillas, la privatización de la vida en manos de las corporaciones”.
El dato
El plan de inversiones de 1.500 millones de pesos para desarrollar una planta de producción de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba, implica la creación de 400 nuevos puestos de trabajo. La nueva planta tendrá como función el tratamiento y acondicionamiento de semillas de maíz. Argentina contará con la planta más grandes del mundo de producción de semillas”, precisó el 15 de junio el comunicado de Monsanto.
Dos meses después, invitados por Monsanto a Iowa (Estados Unidos), los periodistas de agronegocios de Clarín y La Nación revelaron la nueva avanzada del modelo agropecuario: ampliar la superficie cultivada de maíz para destinarla a agrocombustibles.
“Después de la fiebre de inversiones que hubo en plantas de biodiésel a base de soja en Argentina, el próximo turno será para el etanol de maíz. Ya hay una veintena de proyectos de plantas que suman inversiones por 1.500 millones de dólares. Se estima que este biocombustible podría hacer crecer en poco tiempo 10% del área sembrada con maíz. El dato lo saben en la compañía de semillas Monsanto, que organizó una gira con periodistas por Estados Unidos para visitar, entre otras cosas, plantas de etanol y analizar el estado actual de esta industria”, sincera la crónica de Fernando Bertello, en La Nación del 31 de agosto.
En Río Cuarto, Córdoba, donde Monsanto también instalará una planta experimental, avanza la empresa Bio4 en la producción de agrocombutibles en base a maíz. También avanzan proyectos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), en Villa María, la Aceitera General Deheza, del ex legislador kirchnerista Roberto Urquía y la aceitera Vicentín, con una planta en Santa Fe.
También se producirán agrocombustibles en Salta, Entre Ríos, San Luis y Buenos Aires. En total, habrá 20 plantas en todo el país.
Motores vs. comida
Los agrocombustibles acumulan una larga lista de cuestionamientos. El más reciente, en Argentina, provino en agosto pasado de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue: “Generar agrocombustibles significa destinar la parte de la superficie cultivable a la producción de granos para alimentar motores en vez de alimentar a la población. Se están siguiendo al pie de la letra las metas planteadas por el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) en materia de objetivos productivos sin tener en cuenta las consecuencias sociales, ambientales, económicas y culturales que acarrea”.
Salón de resistencia
“Salón de fiestas y eventos Santina”. Un prolijo y humilde rectángulo de diez metros de ancho por veinte de largo. Piso de cemento, paredes blancas. Detrás de una iglesia y frente a la plaza principal, sobre la calle San Martín, la principal del barrio Malvinas Argentinas. De casas bajas, el barrio está cruzado por dos rutas que corren paralelas (la 88 y la 19) y dividen al barrio en tres partes bautizadas “Primera Sección”, “Segunda” y “Tercera”.
El salón de fiestas está ubicado en la Segunda Sección. Es miércoles a la noche y es la cuarta reunión de la “Asamblea Malvinas lucha por la vida”, espacio autoconvocado luego de que se enteraran por televisión, en vivo y en directo y de boca de la Presidenta, que Monsanto se instalaba en su barrio: 32 hectáreas que ya están cercadas con alambre y con máquinas apisonando la tierra.
Matías Marizza tiene 30 años, es maestro de segundo grado en la escuela del barrio. Cara redonda, barba rala, jeans amplios. “Nos desayunamos con el anuncio de la Presidenta”, recuerda.
El boca en boca comenzó a circular y se gestó la primera reunión de vecinos autoconvocados, el 24 de julio. “Muchos vecinos tienen parientes en el barrio Ituzaingó, conocen de las fumigaciones, saben del juicio. No fue una noticia agradable escuchar que Monsanto se instala en el barrio, a menos de un kilómetro de una escuela”, explica.
Yanina Barboza Vaca tiene 21 años, habla rápido y siempre vivió en Malvinas Argentinas. “No sólo que conocemos de cerca el Ituzaingó, conocemos de cerca las fumigaciones. Acá estamos rodeados de soja. A sólo cinco cuadras de la San Martín, nuestra calle principal, ya tenés soja y fumigaciones. Hace mucho que se denuncia que hay chiquitos con problemas para respirar”.
La segunda asamblea fue el 30 de julio. La tercera, el 4 de agosto. Casualidad o no, se cortó la luz en esa parte del barrio. Consiguieron un grupo electrógeno y la asamblea continuó.
Ese día se aprobó una actividad informativa al costado de la ruta, fijada para el 15 de agosto. Se repartieron folletos a todo vehículo que cruzaban el barrio y a todos los vecinos. Tuvo buena repercusión en los medios de comunicación de Córdoba.
El juego del intendente
Daniel Arzani va por su cuarto mandato como intendente. En la asamblea todos lo llaman “Daniel”, a secas: es un barrio donde todos se conocen. Arzani es radical, al igual que los siete concejales que le dan mayoría automática. La oposición: una concejal de Unión por Córdoba, del gobernador José Manuel De la Sota, que también apoya la instalación de Monsanto.
El Concejo Deliberante aprobó el 13 de marzo la instalación del obrador en las 32 hectáreas. “No se hizo ningún estudio de impacto ambiental, que obliga la ley, no se informó a la comunidad. El intendente hizo reuniones en casas de familias, algo habitual acá, convocadas por punteros, pero ni ahí tuvo apoyo. Los vecinos le dijeron: ‘Siempre te bancamos, pero en esta no’”, cuenta Marizza.
La asamblea se espera movida. Un volante firmado por “Vecinos por el sí” convocó a otra reunión y remarca el apoyo a Monsanto. No saben quiénes son, pero apuestan fichas a que pertenecen a la municipalidad. Segunda novedad: unas diez encuestadoras recorrieron el barrio y preguntaron a los vecinos su opinión respecto del intendente, del gobernador, de la Presidenta y, claro, de Monsanto. Sólo se identificaron como petenecientes a “una consultora”.
Paciencia y consenso
Un argumento recurrente son los 400 puestos de trabajo que promete Monsanto y que los gobiernos repiten: desde el municipal, hasta el nacional, sin olvidar al provincial. “Nos movimos, estuvimos averiguando y confirmamos que Monsanto publicó en su sitio web una convocatoria para profesionales de agronomía, química, contaduría, mecánica y marketing para jóvenes de entre 21 y 27 años, con nivel de inglés medio. Está claro que el trabajo no será para los vecinos. Que no nos mientan más”, reclama Marizza.
Marizza y Barboza coinciden en que la llegada de Monsanto posibilitó visibilizar las fumigaciones que rodean al barrio y también la lógica paternalista, inconsulta, de la clase política.
Convocada para las 20, la asamblea comenzó con 39 minutos de demora. Unas 150 personas, muchas mujeres con chicos, parejas jóvenes, hombres con su bolso de recién salidos del trabajo. Primer tema: repaso de las condenas por el juicio del barrio Ituzaingó Anexo. Le siguió el panfleto de los vecinos que supuestamente sí quieren a Monsanto; luego debatieron acciones para frenar a Monsanto durante las próximas semanas, la posibilidad de recurrir a una acción legal y la necesidad de presionar políticamente.
Por momentos la asamblea se dispara en varios temas no pautados y en varias charlas al mismo tiempo. Todos quieren hablar. El clásico “compañero” de los ámbitos militantes se reemplaza por “vecino”. Muchos nunca asistieron a una asamblea, e intentan seguir discutiendo, incluso después de las votaciones. Se vota bloquear (o no) la entrada a Monsanto. Se aprueba. Y luego algunas vecinos quieren volver a discutir. Los coordinadores vuelven a explicar la metodología, pero igual abren el juego. Saben que la batalla será larga y de la paciencia y el consenso dependerá su suerte. Enfrente está el Gobierno y, claro, la corporación más grande del agronegocios.