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Operación escoba

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Manteros, senegaleses y Policía Metropolitana. Durante el verano, el gobierno porteño desplegó brutales operativos contra vendedores ambulantes, que denuncian allanamientos ilegales, abusos y racismo.

MoustafáEl año arrancó con una disputa fuerte de la calle, nada muy distinto a lo que los manteros caracterizan como una “agudización del conflicto desde 2009 a esta parte”, pero con nuevas características. El Gobierno de la Ciudad mostró su iniciativa al aprovechar cierta tranquilidad veraniega para desplazar a cientos de vendedores callejeros de sus lugares de trabajo, mostrando que su decisión esta vez es terminante. La de los manteros, para quedarse, también.

El miércoles 5 de febrero, el ministerio porteño de Espacio Público desplegó sobre la avenida Corrientes un operativo en plena tarde con 7 camionetas de Infantería de la Policía Metropolitana. El día 12 volvió a desplazar a algunos que se habían reubicado en Once. Estos operativos ponen en contexto una serie de medidas porteñas en clave desestabilizadora: a la falta de vacantes en las escuelas públicas y el despido de trabajadores de la salud, se le sumaron los cientos de vendedores ambulantes sin trabajo y sin alternativas.

El club de amigos

El diputado porteño Alejandro Bodart, quien presentó un proyecto para regular la venta callejera, pronostica que este año el macrismo hará operativos callejeros más violentos, con su combo de represión de la Metropolitana y criminalización por parte del ministerio de Espacio Público, pero que, más allá de las fricciones, fracasará en su objetivo de “limpiar” las veredas. “Tienen un problema estructural: ¿dónde creen que va a ir esta gente si la sacan de la calle? Van a golpear, pero cada vez va a haber más trabajadores callejeros”. Un ejemplo: la cantidad de adhesiones que genera el movimiento Vendedores Libres, un grupo organizado que busca regular la actividad y se planta tanto ante gobiernos como ante las mafias callejeras. Otro: el termómetro de cualquier ciudadano que camina por Caballito, la calle Avellaneda, Costanera Sur o la Avenida Corrientes indica que cada vez hay más, aunque los corran de cada lugar.

La dinámica a la que responden los operativos contravencionales contra los manteros aportan una clave sobre el partido que está jugando el gobierno porteño: son respuestas a las presiones de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) –como el caso de la peatonal Florida o de la calle Avellaneda- o represalias por no arrodillarse ante las mafias de la calle, que guardan estrechas relaciones con policías federales y metropolitanos, funcionarios judiciales y ejecutivos de Espacio Público.

Otra lectura pone en sintonía la política aplicada desde Espacio Público con las de educación, salud o vivienda, en clave expulsiva: los manteros forman parte de los indeseados en la ciudad del club de amigos.

Cómo labrar un acta

El caso más pornográfico que ocurrió durante enero tuvo que ver con un allanamiento que realizó la Metropolitana en un domicilio de la calle Sarmiento al 2800, barrio de Once, siguiendo una orden de desalojo originada en una investigación que señalaba al lugar como un depósito de mercadería ilegal, perteneciente a organizadores de la venta callejera. Adentro, cuatro senegaleses yacían distribuidos en los cuartos, uno bañándose y los otros despertándose para ir a trabajar. Eran las 5 de la mañana del 28 de enero. La Metropolitana entró a los gritos y a punta de pistola, y aplicó, como de costumbre, el principio de inocencia a la inversa: los redujeron y los trataron violentamente durante las 7 horas que duró el operativo. Moustafá, de la Asociación Civil de Residentes Senegaleses, interpreta: “La policía tiene el derecho y la obligación de prevenir el delito, y nosotros no somos la excepción. Lo que estamos denunciando es que lo hacen de una manera ilegal. Esto fue abuso de poder”.

La policía incautó mercadería, teléfonos y computadoras personales, y labró un acta a los senegaleses, acusando en particular a uno de ellos de “organizador”, contravención más complicada que los incisos 1 y 2 del artículo 83, que son los que suelen aplicarse a los vendedores callejeros. “Se llevaron 31 bultos, lo cual demuestra que allí no funcionaba un depósito, que debería tener cantidades mayores de mercadería. Y el modo que hicieron el acta fue a todas luces ilegal”, relata el abogado que tomó el caso, Ramiro Geber. Una de las irregularidades comunes en operativos a extranjeros que no hablan español es que no cuentan con un intérprete que explique cuáles son sus derechos y cuál es la acusación. En este caso no sólo no hubo tal amabilidad, sino que la Metropolitana obligó a los senegaleses a firmar el acta a punta de pistola.

La pesadilla

Moustafá y Abdoulaye Gothe son representantes de su comunidad de distintas formas: trabajan para articular con las autoridades ante la falta de embajada en el país y ayudan a organizar estrategias de contención que les permitan a sus compatriotas trabajar y vivir en paz. En ese camino son los portavoces de todo tipo de denuncias. No tienen como estrategia la confrontación con organismos del Estado, tampoco piden prebendas ni se victimizan. En cambio, elaboran paralelismos que desmarcan su situación extranjera y llaman a pensar en ¿nuestro? país:

Dice Moustafá: “El acceso al trabajo no es un problema que tenemos nosotros solamente, sino que es algo que muchos argentinos no pueden obtener aquí”.

Abdoulaye: “Muchos me preguntan ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vinieron para acá? Yo les pregunto de dónde vinieron sus abuelos”.

Moustafá cuenta que hay más de 9 mil senegaleses y senegalesas en Argentina, un 70% en las provincias y el resto concentrado en Capital. “Hay un mínimo porcentaje que tiene trabajo formal, como empleados de restoranes y hoteles. La mayoría son trabajadores independientes, que están en la calle tratando de trabajar dignamente”.

Fue ese intento de dignidad lo que llevó a una serie de senegaleses a acercarse a la organización Vendedores Libres, primero, como salida desesperada a los abusos de las mafias callejeras, y luego como modo de trazar estrategias conjuntas para mejorar su situación laboral. Moustafá: “Son miles y miles de extranjeros, no sólo senegaleses: peruanos, bolivianos, paraguayos, que están trabajando y viviendo de esto. Son familias y familias. Que no me vengan a decir que solamente van a mantener el trabajo formal, ¿qué van a hacer con los trabajadores callejeros? ¿Les van a dar un subsidio? No queremos subsidio: queremos trabajar”.

Como se ve, Moustafá está muy al tanto de la realidad, pero si hay algo que no puede entender –apunta al Gobierno de la Ciudad- es que se persiga a quien trabaja. Razona, entonces, con la lucidez que aporta el sentido común: “Cuando uno trabaja, hay que felicitarlo, ver cómo podés hacer para ayudarlo, apoyarlo para que su trabajo salga mejor y que no atropelle a otra persona”.

¿Quién roba?

Este es el marco que elige para introducir los pormenores de la secuencia del día 28 de enero en que sus compatriotas fueron violentados por la Metropolitana. “Los senegaleses no pueden alquilar un departamento, no pueden económicamente y además, les exigen tener garantía. Imposible. Entonces tenés que vivir en hoteles, mínimo entre 3 y 4 personas”. Moustafá cuenta que se esfuerzan para que el Estado los reconozca, cumpliendo con los papeles de residencia y, la mayoría, aportando su monotributo.

Según pudo constatar MU en el expediente que investiga a los senegaleses residentes en el hotel de la calle Sarmiento, las pruebas que motivaron el allanamiento eran fotos de ellos entrando y saliendo con bultos. “No es un depósito: viven todos juntos y es lógico que la mercadería esté con ellos”, aclara Moustafá. La cantidad de mercadería secuestrada también desmiente la teoría policial, que sin embargo todavía sigue su curso en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, a cargo de Graciela Dalmas. Quien solicitó el allanamiento es la fiscal Verónica Guagnino, que avisó luego a periodistas amigos. “Ahora continuaremos con estos allanamientos y procesaremos la información. La idea es detectar quiénes están detrás del ilícito. Además de Once, también se está trabajando en otras zonas como la avenida Avellaneda, Liniers, Retiro y Constitución”, declaró al diario Clarín.

Moustafá responde a la acusación con cuestiones casi ontológicas, que demuestran su lápiz afinado para pensar las políticas xenófobas: “Decir que es un depósito el lugar donde vive gente es una manera de cosificar a los inmigrantes: son cosas que viven en un depósito. Es lo mismo que cuando el Gobierno de la Ciudad habla de limpieza del espacio público: se limpian cosas, no se limpia gente”. Abdoulaye aporta un dato y reta a cualquiera a desmentirlo: “Hace 8 años que camino aquí y nunca conocí un senegalés que robe, venda droga o ande en algo ilegal. Todos están trabajando para sobrevivir”.

Moustafá cierra: “Entonces, son maneras de decirnos: ’no son parte de la población que queremos’. Ellos están soñando otro tipo de población, y parece que los despertamos de ese sueño”.

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