Viaje a Formosa donde cinco hermanos wichí están presos y enfrentan años de cárcel por reclamar lo que les corresponde. Gildo conducción, petróleo y miseria, periodistas, policías, y la vieja historia de la violencia de Estado.

“Bienvenido a Formosa. Imperio del verde”, nos recibe el cartel a metros del límite entre Chaco y Formosa. La terminal de micros es pequeña y prolija, el tereré se deja ver de inmediato. A pocas cuadras, un estadio, inaugurado en 2007, cuando la provincia cumplió medio siglo de vida. Casi la mitad de ese período tuvo en el poder a un solo hombre: Gildo Insfrán, gobernador desde 1995 y antes, vicegobernador. Acompañó a Carlos Menem -a quien visitó cuando estuvo con prisión domiciliaria-, a Eduardo Duhalde e incluso a Adolfo Rodríguez Saa en su efímera presidencia. En 2003 se alineó con el kirchnerismo, una alianza que perduró con los años, represiones, denuncias de negociados y violaciones a los derechos humanos. “El Gildo”, como se lo menciona en la provincia, maneja los resortes del poder político, judicial y mediático.

Compañeros

En Formosa viven 580 mil personas. La capital concentra casi la mitad de la población. Clorinda, ciudad limítrofe con Paraguay, es la segunda en importancia demográfica: 80 mil almas. De las 120.000 personas con empleo, sólo 20 mil trabajan en el ámbito privado. El 83% es empleo estatal. Ser opositor o sólo levantar la voz implica el riesgo del puesto de trabajo.

Sobre la misma calle del estadio sobresale un gran paredón de piedras. Una placa deja testimonio: “Fuiste compañero de lucha, fuiste compañero de sueños. Tus ideales quedarán grabados en nuestros corazones y de allí nadie los podrá arrancar”. Lo firma Gildo Insfrán. Arriba del paredón, un estatua gigante y dorada de Néstor Kirchner, con la mano izquierda en alto y en el puño, el bastón presidencial. A un costado, otra placa, del ministro de Planificación, Julio De Vido, que viajó especialmente para la inauguración en 2011. El monumento es desproporcionado en tamaño y se mantiene impecable. Ni un papel en el piso, el césped recién cortado, una cámara de seguridad controla que nadie se atreva a un grafiti; de noche, con iluminación especial resalta aún más la figura dorada del ex presidente.

El homenaje no termina en esa pared. La avenida -que siempre se llamó Lelong- también rinde tributo a Néstor Kirchner. La decisión, claro, la tomó “el Gildo”. Fue Kirchner quien firmó la “reparación histórica”, el reconocimiento de que la provincia siempre fue una región olvidada de la patria (hecho cierto) y, por eso, debía contar con un fondo especial para obras públicas y desarrollo.

Todo visitante ilustre, desde políticos hasta personalidades, tiene organizado por el Gobierno un city-tour que comienza con la hermosa costanera: son cinco kilómetros sobre el río Paraguay, una suerte de Puerto Madero formoseño, prolijo, híperlimpio y saturado de policías. Curiosidad: ningún colectivo llega hasta la costanera formoseña. Los sectores populares no son sus usuarios habituales.

A diez minutos de auto, otra Formosa. Calle de tierra ancha y, al margen derecho, cientos de habitaciones de tres metros por tres, paredes y techo de cartón negro. Son los “reubicados” de la inundación que azotó la provincia en junio pasado. El Gobierno aportó camiones para las mudanzas, derribó las antiguas casas y “construyó” un barrio de casiFllas de cartón. Pequeños zanjones de aguas servidas, promesas de urbanización. En un sector del predio hay cuadrillas de hombres trabajando. Una veintena de habitaciones de material, de cinco metros de lados, baño afuera. Son las “soluciones habitaciones” prometidas. En la vereda de enfrente, una Toyota Hilux recién salida de la concesionaria, un Citroen C4, un Fiat 500 y un Gol. Una decena de punteros políticos (mayoría jóvenes) observan con recelo a la fotógrafa de MU.

La costanera formoseña y el asentamiento de cartón para los inundados.

Formosa 2014.

Un robo

Al momento de escribir estas líneas hace ya cuarenta días que cinco wichí están presos en una cárcel formoseña. Fueron procesados en una causa plagada de irregularidades y pueden tener penas de hasta quince años de prisión. Según la versión de la policía, el poder político y el juez Francisco Orella, los cinco hermanos Tejada cometieron “robo a mano armada en banda” y “coacción agravada”.

Muy distinta es la versión de la comunidad wichí, de organismos de derechos humanos, de la iglesia y de organizaciones sociales. “Los hermanos Tejada están presos por defender su territorio y, sobre todo, por no doblegarse ante Gildo Insfrán y sus punteros”, afirma Daniel Cabrera, abogado defensor de los wichí.

Los seis hermanos Tejada (Avelino, Manuel, Esteban, Rogelio, Ricardo y Evil) son parte de la comunidad Cacique El Colorado, que a su vez, es parte de la comunidad San Martín. Avelino Tejada es el referente y también presidente de la Asociación Civil Satuktes (árbol de la zona), a nombre de quién está el título de la tierra que habitan: 5.000 hectáreas.FF

La comunidad San Martín tiene distintos sectores. Y los Tejada se caracterizan por no ser sumisos a punteros políticos y por reclamar sus derechos.

En los últimos años, los Tejada realizaron cortes de ruta y acciones en reclamo de agua, salud y de una escuela para la comunidad. En febrero de 2013 fueron parte del bloqueo a la petrolera Pluspetrol y la canadiense Madalena Energy, que explota el subsuelo del oeste formoseño. Pedían trabajo, chapas para las casas y agua. El gobierno comenzó una campaña en contra de los wichí, acusándolos de poner en riesgo la “inversión privada”.

Los Tejada quedaron marcados como cabecillas del reclamo.

Postes, motos y engaños

La cultura wichí no conoce de alambres ni de tierra privada. Del monte obtienen sus remedios y comidas; allí van a “mariscar” (cazar), recoger miel y algarroba. El territorio lo comparten con otros wichí y hasta con “los criollos”, como suelen llamar a los mestizos. Así se entiende que hayan permitido antaño que vivan en su territorio. El problema surge cuando el criollo quiere alambrar. Es lo que sucedió el viernes 25 de julio, cuando Silvio Tedín estaba fijando postes en el territorio wichí. Hasta allí llegaron los hermanos Tejada y exigieron que se detenga.

La versión wichí afirma que Tedín y sus empleados no mostraron oposición, prometieron visitar la comunidad y solucionar la disputa. Y, como señal de buena voluntad, dejaron en la comunidad una moto (sin la llave) que pasarían a retirar al día siguiente.

Esa misma tarde el criollo Tedín radicó la denuncia en la comisaría de El Potrillo, el poblado más cercano. Acusó a los wichí de amenazas de muerte y robo a mano armada. Con inusual rapidez, la policía formoseña elevó la causa al juez Francisco Orella y, más rápido aún, el juez ordenó el allanamiento y la detención de los seis hermanos Tejada.

El lunes 28 de julio, a las 7.30 de la mañana, cien efectivos con armas largas llegaron hasta la comunidad. Patearon las puertas, golpearon a mujeres y niños, y detuvieron a cinco de los hermanos Tejada. Al sexto, Elvin no lo encontraron y fue declarado prófugo.

Desde esa fecha, los Tejada están presos en Las Lomitas.

Casualidad: cuando los Tejada fueron apresados, el gobierno provincial y el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de Nación) concurrieron a la comunidad para hacer el relevamiento territorial que ordena la Ley N° 26160. Lleva siete años de atraso, deben realizarlo con la participación de la comunidad, pero Provincia y Nación decidieron hacerlo justo con los Tejada presos.

Apartheid carcelario

Las Lomitas está ubicada a 300 kilómetros de la capital formoseña, sobre la impecable ruta 81, que atraviesa la provincia de este a oeste. Es el centro geográfico de Formosa. Y también un epicentro judicial. Allí funciona el Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia.

La plaza Ejército de los Andes es el centro del pueblo. En una esquina está la iglesia, alrededor los comercios, a tres cuadras la vieja estación de trenes. Frente a las vías sobresale la casa donde estuvo detenido Carlos Menem durante la dictadura. Una placa recuerda su estadía, con libertad para circular por el pueblo e incluso noviar  con Marta Meza,madre de Carlos Nair Menem. La memoria popular dejó mensajes en aerosol en la vivienda habitada por Menem: “Sin homenaje a los traidores” y “Menem vende patria”.

Hay que atravesar unas vías, dos cuadras de tierra, girar a la izquierda y ahí está la alcaldía de Las Lomitas. Pared amarilla, puerta doble de hierro y un escudo con un árbol y tres palabras: Fortaleza, Protección, Generosidad.

Un policía pregunta en tono imperativo:  “¿Qué quieren?”. Exige documentos y credenciales. Unos minutos después la puerta se abre, pero prohíben el paso de cámaras, celulares y grabadores. Cacheo de rigor. En el pequeño patio de la alcaldía, el abogado Daniel Cabrera y los hermanos Tejada están sentados en sillas de plástico blanco. Apretón de manos y la primera definición: “No hicimos nada malo. Queremos libertad”, reclama Avelino Tejada, el único que habla más fluido el castellano.

Los cinco hermanos son muy parecidos entre sí. Cabello azabache, bigote, y barba de pocos días en el mentón. Ricardo tiene en su cuerpo las marcas del día de la represión: el brazo derecho vendado. Sufrió una quebradura expuesta. Un policía le disparó al pecho desde tres metros. Ricardo usó el brazo como escudo y salvó su vida. No hubo pericia, pero suponen que se trató de balas de goma. También tuvo balazos en ambas piernas. Aún tiene los perdigones adentro.

Esteban y Rogelio son los más callados. Hablan en idioma wichí con sus hermanos (Avelino, Ricardo y Manuel) y alternan la explicación. Detallan cómo fue la conversación con Tedín, recuerdan que se trata de territorio wichí , que incluso tienen título de propiedad comunitario, reconocen que tenían una escopeta y un machete (estaban mariscando) y afirman una y otra vez que no hubo ninguna amenaza ni robo. “Si dejamos que alambren no vamos a poder entrar a conseguir nuestros animales ni la miel. El criollo alambra y no deja pasar. No puede alambrar. Ese monte es de los wichí”, precisa Ricardo.

Nunca habían estado presos. Cuentan que los penitenciarios suelen reírse de ellos y que existe trato diferente al de los criollos presos. Los wichí no pueden repetir el plato de alimentos y no les permiten tener celulares, beneficio que sí tienen los presos no indígenas.

“Tenemos derechos. ¿Por qué el juez no nos respeta? La justicia del blanco nos maltrata”, lamenta Manuel Tejada. Avelino interviene: “Le expliqué todo al juez. Se lo dije dos veces, pero no escucha, le cree sólo a Tedín”.

Le preguntan al abogado cuándo saldrán. Cabrera les explica que apeló el procesamiento, que tres jueces decidirán (la Cámara, instancia superior), que lleva tiempo y, en caso de fallo adverso, irán hasta la Corte Suprema. Hace un dibujo en un papel con una línea cronológica: en el final de esa línea del tiempo está el juicio. Les dice que no debieran llegar presos hasta esa instancia, que tienen que salir antes, pero que no les va  a mentir: no sabe cuándo saldrán. Si llegaran a ir a juicio, será recién en el 2015. Tienen que enfrentar la posibilidad de estar un año entero, por lo menos, en la cárcel.

El rostro de los wichí se transforma. Gestos de preocupación, angustia, tristeza. ¿Cómo entender que pueden estar largos meses en la cárcel? Avelino habla en idioma wichí con sus hermanos. Esteban le contesta, parece enojado. Avelino lo calma. El abogado Cabrera les aclara que trabaja para que salgan antes, pero reitera: no les mentirá, quizá los jueces no fallen como debieran. El golpe anímico es notorio. Hombres duros, a punto de quebrarse.

Les pregunto cómo creen que llegaron a ésto. Señalan el bloqueo a las petroleras del año 2013. Recuerdan que punteros del diputado Roberto Vizcaíno (mano derecha de Insfrán en el oeste provincial) los amenazaron con un futuro de cárcel o cementerio. Lo mismo les habían dicho cuando pidieron la escuela y la electricidad para la comunidad.

Los aliento con otra pegunta: ¿quisieran decirles algo al gobernador o a la Presidenta? Ricardo responde rápido. Pide trabajo y ayuda del Estado para la comunidad. Manuel parece enojado. “No queremos nada de la Presidenta ni del gobernador. Queremos que se respeten nuestros derechos. Queremos libertad”.

Avelino apunta al Poder Judicial. Afirma que para el indígena no hay justicia. Que primero están los criollos, luego las empresas y último, ellos. “Tenemos derechos, pero no se cumple nada. Estamos cansados de papeleríos. Nos pasa porque somos indígenas”, lamenta. Ricardo está enojado. Se para, camina, vuelve. Finalmente, pide que el periodista anote: “Cuando escucho que vamos a seguir aquí me pongo mal. No es justo. ¿Sabe que quieren? Quieren que nos llegue la muerte aquí adentro”.

La entrevista termina. Ya todos de pie. Saludos de rigor. Les comento que vamos a ir a la comunidad y que intentaremos entrevistar al juez. Se superponen las voces con dos pedidos, algunos en idioma wichí, otros en castellano. Los cinco, de distinta manera y como una súplica, piden lo mismo: que MU le pida al juez que “por favor” no detenga a Evil Tejada, a quien la justicia considera prófugo. “No hizo nada. Que no lo traigan acá, por favor”, ruega Avelino. Rogelio, el más callado de todos, está conmovido. Entiende que somos el único puente que hoy tiene con su familia. Mientras da la mano fuerte, casi como un susurro, se emociona: “Estoy triste por mis hijos, no sé si comen, no sé si están bien. Dígales que los extraño”.

Petróleo y miseria

La comunidad queda a casi 300 kilómetros de Las Lomitas. La ruta 81 es el camino. Ya no se ven quebrachos, palosantos y algarrobos. Monte bajo y con vinales, ese árbol con espina característico de la región.

Ingeniero Juárez es la última ciudad sobre asfalto. Aún restan 80 kilómetros de tierra, por caminos petroleros con piedras y animales sueltos. El viento norte trae un calor de verano. Una hora de andar y, entre las viviendas indígenas, aparecen los balancines (también llamados “cigüeña” en la industria), una suerte de martillo gigante que sube y baja para extraer el hidrocarburo. A pocos metros, viviendas muy humildes. Es el departamento de Ramón Lista, extremo oeste de Formosa, límite con Salta y Paraguay. Ahí está presente la petrolera Pluspetrol (el 45% de las acciones son de  YPF) y Madalena Energy. Regla de la Argentina profunda: la zona más rica de la provincia es también la más pobre.

El fin de un mundo

Media hora más de andar y llegamos al paraje El Favorito, último pueblo criollo del oeste provincial. Un cartel anuncia que se ingresa a territorio wichí. Allí comienza el pueblo El Potrillo, un paraje de diez manzanas distribuidas a ambos lados del camino de tierra. Del lado izquierdo, la comisaría. Amplia, paredes claras, galería al frente con policías mateando que nos miran con desconfianza.

Un camino estrecho y poceado se abre del lado izquierdo. El guía cree que nos conduce a la comunidad de los Tejada, más conocida como Barrio Cacique El Colorado, pero no. Estamos perdidos.

Tres mujeres wichí y un adolescente se ofrecen como guías. Hay que seguir por ese camino, unos cinco minutos más, chocar contra una suerte de dique, subir a él, girar a la izquierda y avanzar.

Llegamos al fin del mundo.

¿A quién le pegan?

A 16 kilómetros de El Potrillo, a 600 kilómetros de Formosa Capital y a 1.700 kilómetros de Plaza de Mayo se ubica la comunidad wichí que padeció un allanamiento propio de la dictadura cívico-militar, en pleno 2014.

La panorámica de ingreso a la comunidad es una postal común a buena parte de los pueblos indígenas: tierra reseca, viviendas humildes de material y casas de barro y cañas. Nos reciben los perros y sus ladridos. Luego aparecen los niños y detrás las mujeres, desconfiadas, con polleras coloridas y cabellos al aire. Daniel Cabrera encabeza la presentación. Explica que es el abogado defensor, que viajamos desde Buenos Aires, que los Tejada envían saludos. Las mujeres bajan la guardia. Acercan sillas bajo un árbol e invitan a dialogar.

Cabrera explica entonces el motivo de la visita. No hay respuesta. Lleva tiempo obtener la palabra wichí y más tiempo aún, la de las mujeres de la comunidad. Y mucho más si sufrieron una represión y todos los hombres están presos.

En la comitiva también está el cura Ponciano Acosta, de Endepa (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), que tira puentes para que arranque la charla. Las mujeres comienzan a irse. La única sentada, esposa del cacique Avelino Tejada, está a punto de desertar. Interviene entonces una joven que habla en idioma wichí a las mujeres, y en castellano a las visita. “Les cuesta hablar porque lo hacen en otro idioma”, explica Fermina, 19 años, hija de Avelino Tejada. Y, sin quererlo, comienza a hacer de traductora.

La fotógrafa propone hacer imágenes. La joven intérprete pregunta a las wichí. Asienten. Y comienza la recorrida. Muestran la “escuela”: un cuarto sin revoque de tres metros de lado, techo de chapa, y un “anexo” de troncos. El pozo de agua está contaminado, pero se utiliza igual porque no hay opción.

Por un sendero de treinta metros llegamos a la casa de Manuel Tejada: aún están las muestras del allanamiento. La puerta y las ventanas rotas. Comienzan los relatos. La mujer habla rápido, en wichí. Su hijo Miguel traduce. “Dice que eran muchos policías, que patearon la puerta, le pegaron a ella, a papá y a ellos”. Señala a dos niños.

La casa de material tiene una habitación contigua que es de adobe y madera. La mujer se introduce rápido. A los pocos segundos sale con una foto carnet de Manuel. La muestra a la cámara. Habla en idioma wichí. El joven traduce. “Dice que él no hizo nada. Que trabaja, que trae comida, que es bueno, que lo suelten. Y le pregunta a usted cuándo será eso”. No respondo. Tengo un nudo en la garganta.

Proponen ir a otra casa. Unos cuarenta metros en tierra yerma, sin pasto, con árboles añejos que atajan el sol y perros que olfatean a las visitas. La casa más humilde de todas. La del cacique Avelino. A diferencia de las viviendas de sus hermanos, no hay construcción de material, sólo adobe y caña. La hija, Fermina, traduce a su mamá, la esposa de Avelino. “Dice que los atacaron como diez policías. Le pegaron, lo ataron en el piso y le pegaron patadas y con palos”. La joven mira al piso y habla en voz baja: “También le pegaron a ella”. Señala a su madre.

Recorrida por otras dos casas: los testimonios son idénticos. Se ven las puertas rotas, algunas quebradas al medio, otras con las bisagras colgando. Las mujeres y niños que escapaban a las fotos ahora posan. Los chicos sonríen cuando ven sus retratos en la cámara, celebran y piden más fotos.

La visita llega a su fin. Miguel, joven wichí que acompañó en la recorrida, ya fue entrando en confianza. No sabe bien qué edad tiene. Primero arriesga 24, luego 20. No tiene DNI. Es de contextura grande, lleva gorra con visera, jean y remera blanca. El día del allanamiento no estaba en la comunidad. Trabaja a destajo en un campo vecino, tareas rurales, duras. Me pide  un favor: “Si va a la cárcel y lo ve a mi papi, digale… por favor… que lo extraño”.

Tereré y 10 vacas

A diez minutos de la comunidad, nueva parada. El paisaje es idéntico. Tierra reseca, viviendas de adobe que alternan con algunas de material, árboles añejos, mujeres y niños.

Un hombre llega en moto. Chomba verde, jean y ojotas, Eliseo Blanco, amigo de los Tejada y maestro Mema (Maestro Especial Modalidad Aborigen) comparte tereré. Duda si aceptar la entrevista. Le cuento que estuve en la cárcel con los Tejada y el maestro wichí se anima: “Si no estás con Gildo te arrinconan y perdés. Ellos (los Tejada) sólo reclamaban lo suyo, su tierra, su escuela, sus derechos. Los (punteros) de Gildo no perdonan eso. Es injusto, pero es así”. Ofrece otro tereré.

Eliseo aporta un dato que también mencionaron los wichí de Las Lomitas: el criollo Tedín habría entregado diez vacas a los policías de El Potrillo. La contraprestación: que los efectivos tomen la denuncia con celeridad.

Llega una joven, mochila, cabello atado, jean: es Nidia García, la maestra Mema que estaba en la comunidad en el momento del allanamiento. Cuenta que desde la puerta de la escuela vio llegar una decena de camionetas, de las que bajaron cerca de cien efectivos con armas largas y escudos, armados para la guerra. Afirma que no mostraron orden de allanamiento, ni intentaron el diálogo: fueron violentos desde que llegaron. Los policías le ordenaron que ingresara al cuarto que oficia como escuela. “Pero me quedé paralizada. Nunca había visto algo así. Los hombres esposados en el piso, las mujeres golpeadas, los nenes corriendo hacia el monte. Fue terrible”.

Nidia García se convirtió así en testigo principal, pero el juez Francisco Orella nunca la escuchó. Avisa que si la convoca la justicia se mantendrá en sus dichos. Sabe que ya la señalan en el pueblo, pero hasta ahora no ha recibido presiones. Y espera no tenerlas.

Un grupo de mujeres wichí mira desde lejos. Se acerca una, sola, remera violeta, termo y mate en mano. Es la esposa de Evil, el único de los hermanos Tejada que no está preso: fue declarado prófugo. Su mujer nos explica que escaparon al ver cómo maltrataban a sus familiares, que por eso se fueron al monte, con su hijo de 8 años. Caminaron durante horas. Se escondieron hasta la noche. Los tres estaban descalzos, se lastimaron muchos los pies, el niño aún no puede pisar bien. El mismo monte que les da comida y remedios, les dio refugio. Sonríe de nervios. No quiere seguir hablando. Mira el grabador con recelo. Lo guardo. Acepta mejor el cuaderno. Resume lo vivido en dos palabras: “Es injusto”.

El armado de la causa

A tres cuadras de la plaza principal de Las Lomitas un cartel largo de algarrobo anuncia: Asociación Civil por los Derechos de los Pueblos Indígenas (Adepi). Es una casa hecha oficina. Cuatro cuartos, tres computadoras, decenas de expedientes. El abogado Daniel Cabrera, 33 años, dos hijos, reconocido por su compromiso con campesinos e indígenas, fue el primer defensor de los Tejada, pero luego lo cambiaron: le explicaron que debían optar por Omar Padilla, concejal del gildismo en Las Lomitas, que les había prometido liberarlos en tres días. Pasaron dos semanas presos, confirmaron que sólo era una maniobra y volvieron con Cabrera. Enumera irregularidades:

La policía no acreditó la identidad del denunciante, que se presentó sin documentos y sin los papeles de la moto.

La orden de allanamiento no tuvo “motivos fundados”, por lo cual es nula. No hubo pericias antropológicas solicitadas por la defensa, se rechazó la pericia balística.

La rueda de reconocimiento de los acusados fue irregular: a Avelino Tejada, por ejemplo, lo pusieron en fila con dos jóvenes, además criollos.

Gabriel Alcaraz, abogado de Endepa, explica una particularidad del sistema judicial formoseño: la policía abre causas, nos las informa (ni al juez ni a los acusados) y el día menos pensado, las activa. Y eso ocurrió con los Tejada: aparecieron viejas causas dormidas. Incluyen supuestos delitos para gustos variados desde 2011: resistencia a la autoridad, coacción agravada, cortes de ruta, tenencia de arma de fuego, agresión y lesiones, violación de domicilio, hurto, daño y hasta privación ilegítima de la libertad. Los acusan como consecuencia de sus reclamos por agua, electricidad, atención sanitaria, nombramiento de maestros, y para que no se venda alcohol en los parajes.

Periodistas y policías

El juez Francisco Orella vive a una cuadra de la sede de Adepi. Casa prolija, paredes coloradas, camioneta 4X4 gris en la puerta. Su juzgado está ubicado a seis cuadras. En ambos lugares aseguran que no está. Tampoco responde a los llamados.

¿Sus antecedentes? El 27 de agosto, la policía allanó el juzgado de Las Lomitas, por orden del Superior Tribunal de Justicia y motivado por la denuncia que señalaba una “organización delictiva” en el Poder Judicial local. La denuncia, realizada por Ramón Juárez, abogado de empresarios y terratenientes, apunta contra Orella, los fiscales y el defensor oficial, entre otros. Los acusa de asociación ilícita, cohecho, estafa procesal, enriquecimiento ilícito, encubrimiento agravado y prevaricato, entre otras cosas. Esa misma semana se hizo público que el juez Orella está acusado, junto a su hijo, de intento de homicidio.

l principal diario es La Mañana, el boletín de noticias de Insfrán. En la misma línea están Formosa Televisión Color y Lapacho TV. En cada municipio, los intendentes repiten la lógica de medios adictos. La primera semana de septiembre, por ejemplo, difundieron una insólita noticia: según el Indec, en Formosa hay sólo 1,9% de desocupación.

La otra cara de esta misma moneda: en tres días de recorrida, la policía provincial nos solicitó documentos en cuatro oportunidades. En El Potrillo una patrulla nos siguió durante diez cuadras.

De quién es la tierra

Amnistía Internacional publicó en 2010 el informe Exigimos respeto, una investigación sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa. Describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y el aparato político-estatal que margina a los pueblos indígenas. Detalla graves omisiones al Derecho Internacional, maltrato, discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía. El informe fue enviado a distintas dependencias nacionales (Secretaría de Derechos Humanos, Presidencia, Jefatura de Gabinete, INAI), pero ninguna respondió ni tomó medidas.

La lucha comunitaria de los qom logró que la situación indígena de Formosa llegara a los medios de la Capital y, con altibajos, a la discusión pública y política. Algo tienen en común estos dos pueblos:

Los wichí apresados habitan en la zona petrolera de Formosa.

La comunidad qom La Primavera habita las tierras más fértiles de la provincia.

Son dos comunidades que viven en tierras ricas y que defienden sus derechos.

Una vez más, en Formosa se reitera esta coincidencia. La resume el qom Félix Díaz: “Lo que viven los hermanos Tejada es injusto, ilegal e ilegítimo. Es una violación de derechos humanos y es un claro mensaje del gobernador Insfrán para meter miedo a otras comunidades que reclaman lo que es suyo”.