Darío Aranda investiga cómo las empresas mineras canadienses violan el Estado de Derecho en toda Latinoamérica. Datos y casos que fueron denunciados ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

El 25 de noviembre Chubut vivía un día histórico: por primera vez se implementaba la iniciativa popular, una forma de democracia que consiste en el tratamiento de un proyecto de ley impulsado por la población. El requisito, contemplado por la Constitución provincial, es que tenga el respaldo del 3% del padrón electoral: 11.000 personas. La recolección de firmas llevó casi un año, luego seis meses más para que los diputados cumplan con la obligación de tratarlo en el recinto.

El proyecto de ley impulsado por los ciudadanos prohibía la megaminería metalífera y nuclear (uranio y torio, entre otros), protegía las fuentes  de agua y ampliaba los límites de prohibición minera que impone la actual legislación.

La votación en la Legislatura se sabía ajustada. “Podían aprobarla o rechazarla, pero no lo que hicieron”, resume Pablo Lada, del Foro Ambiental Social de Trelew.

Los diputados -mayoría del Frente para la Victoria, que en la provincia responde al gobernador Martín Buzzi-, modificaron el proyecto de ley: suspendieron sólo por cuatro meses el avance de proyectos mineros para “debatir en serio” el extractivismo y dejaron  abierta la posibilidad de que, a través de
votaciones por pequeños parajes, se dé luz verde a las mineras.

Para entender cómo un proyecto de ley que pretendía restringir la actividad minera terminó convirtiéndose en una forma de expandirla basta mirar la imagen del diputado Gustavo Muñiz recibiendo, en plena sesión, instrucciones del gerente de Yamana Gold, Gastón Berardi. El gerente pide por mensaje de texto modificar el artículo 4, para permitir así el extractivismo en el oeste provincial. El diputado le responde que eso se incluirá en la reglamentación, que hará el gobernador Martín Buzzi.

La empresa minera que dictó las intrucciones al diputado Muñiz es la canadiense Yamana Gold. Opera la mina Gualcamayo, en San Juan, está a cargo del proyecto Cerro Moro, en Santa Cruz y tiene el 12,5 % de Minera Alumbrera, la más antigua explotación de Argentina, en Catamarca. También está a cargo del proyecto minero Suyai, en Esquel. Es el mismo proyecto -con distinto nombre- que fue rechazado por la población en el plesbiscito del año 2003.

Empresas con prontuario

Lo sucedido en Chubut no es un caso aislado. El informe El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá, detalla el accionar corporativo. Los datos:

El 80 % de las empresas mineras que operan en América Latina son de Canadá.

Explotan 80 proyectos y tienen en construcción otros 48.

Los países con mayor presencia de mineras canadienses son México (169 mineras), Perú (77), Argentina (47), Chile (46), Colombia (40) y Brasil (37).

Las principales empresas mineras canadienses que operan en América Latina son Barrick, Yamana, Teck, Goldcorp, Kinross, Pan American Silver y Gran Colombia Gold.

El informe, realizado por un colectivo de siete organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, recuerda que Canadá se ufana de ser una “potencia minera”. En 126 páginas analiza 22 casos de nueves países. Son casos testigo en los que confirma un “patrón de violación de derechos humanos” y condicionamientos a los países. De Argentina analiza los proyectos Pascua Lama (Barrick Gold) y Bajo la Alumbrera (consorcio suizo-canadiense formado por las empresas Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold).

El Apartado I detalla las consecuencias ambientales, sociales, económicas y de vulneración de derechos. El segundo capítulo aborda las obligaciones de los Estados: afirma que los Estados de todos los signos políticos no cumplen en sus territorios con la obligación de prevenir la violación de derechos ni de reparar los hechos que atentan contra la vida.

El Apartado III detalla las coincidencias de los Estados de Latinoamérica en los que actúan las corporaciones mineras. Vacíos constitucionales y legales, legislación contradictoria o ausencia de adecuadas leyes e inexistencia de planes de cierre de mina. “Existen procesos legislativos conducidos bajo injerencia de Canadá y de las empresas, con beneficios desmedidos a la actividad minera”, detallan en la página 56. Fue escrito un año antes de lo sucedido en la Legislatura de Chubut. Premonitorio.

Los países con megaminería coinciden en la falta de participación ciudadana de las poblaciones afectadas y, referido a los pueblos originarios, es una regla el incumplimiento de la legislación que obliga a la “consulta libre, previa e informada” a las comunidades indígenas.

El trabajo hace hincapié en la responsabilidad del país de origen de las mineras. Precisa que la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) ha financiado reformas de las leyes mineras en América Latina a fin de hacerlas complacientes con las compañías canadienses.

El apoyo del Estado canadiense a las mineras se da por tres vías: embajadas, parlamento de Canadá y mediante la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), política empresaria de financiamiento a oenegés para lograr consenso social mediante el asistencialismo. “El gobierno de Canadá brinda a sus empresas mineras apoyo de naturaleza política, económica y jurídica”, resume.

En las conclusiones afirma que “el acelerado y agresivo avance del extractivismo, particularmente en América Latina, genera múltiples y diversas violaciones a los derechos humanos”. Denuncia que empresas y Estados recurren a la criminalización de las resistencias. También afirma que a los gobiernos les “ha sido imposible” el control integral de los aspectos ambientales y, en clave económica, describe a los países de América Latina como “anfitriones que cuentan con legislación que responden a un modelo neoliberal extractivista, apoyado por las instituciones financieras internacionales y las naciones industrializadas”.

Señala también la responsabilidad del gobierno de Canadá: “Conoce (las denuncias) y ha actuado con gran indiferencia. Apoya financiera, legal y políticamente a las empresas mineras”.

El informe fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de este año.

El capítulo argentino

El capítulo argentino de las violaciones del Estado de derecho por parte de las mineras canadiense debería incluir la siguiente lista:

En octubre de 2008 el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 26.148, conocida como “Ley de glaciares”. Establece el relevamiento de los cuerpos de hielo y la prohibición de actividades extractivas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner la vetó en en noviembre de 2008. Quien mejor explicó el motivo del veto fue el entonces el presidente del INTI, Enrique Martínez cuando se refirió al “veto Barrick”. Recién en septiembre de 2010 se sancionó una nueva ley que fijó un plazo de 180 días para relevar los glaciares. A cuatro años, aún no se terminó el trabajo.

Pan American Silver es la empresa líder en extracción de plata. Cuenta con la concesión del yacimiento Navidad, uno de los mayores reservorios de plata y plomo del mundo aún sin explotar, en el centro geográfico de Chubut. La minera nunca respetó la legislación que obliga a consultar a las comunidades mapuche-tehuelche de la zona.

La comunidad de Calingasta, en San Juan, estuvo a punto de votar sobre la actividad minera en tres oportunidades: 2005, 2006 y 2007. Las tres veces fue suspendida por la acción conjunta del Poder Judicial, las mineras y el gobernador José Luis Gioja. Lo mismo pasó en mayo de 2010 en Andalgalá.

Andalgalá fue sitiada en febrero de 2012. En un hecho insólito para la democracia argentina, y ante la sociedad movilizada por el rechazo a un nuevo proyecto minero (Agua Rica), punteros políticos y patotas promineras cerraron el ingreso y egreso a la ciudad para evitar la llegada de activistas y periodistas.

La minera Osisko hizo pie en La Rioja para intentar explotar el cordón montañoso conocido de Famatina y Chilecito. La resistencia de la poblaciones -que ya había echado a Barrick Gold- lo impidió. En diciembre de 2011 se conoció que la minera implementaba prácticas de espionaje sobre la comunidad. Había confeccionado listas en las que identificada a los vecinos, precisaba su profesión y nivel de participación e incidencia en las asambleas socioambiantes.

Bajo la Alumbrera, el yacimiento de megamiería a cielo abierto pionero en Argentina, comenzó la explotación en 1997 sin cumplir con el Informe de Impacto Ambiental (IIA) que ordena la Ley N° 24.585. Recién lo presentó en julio de año 98. La Secretaría de Minería autorizó la fase de explotación en octubre del año 99, pero ya hacía dos que el consorcio suizo-canadiense volaba montañas y extraía minerales del subsuelo catamarqueño.

El informe presentado ante la CIDH señala como un paradigma de incidencia empresaria en políticas de Estado el Tratado de Integración y Complementariedad Minero entre Chile y Argentina. Firmado por los gobiernos de Eduardo Frey y Carlos Menem, establece los 5.000 kilómetros de Cordillera de los Andes como una zona franca, un tercer país, con numerosos beneficios impositivos para las empresas. El informe recoge denuncias de ambos lados de la cordillera y señala que fue redactado por Barrick Gold.

La ley del más fuerte

Mining Watch (Observatorio Minero) de Canadá es una de las organizaciones que participó del informe presentado ante la CIDH. Jennifer Moore, la coordinadora para América Latina, señaló que lo sucedido en Chubut es muy grave y un retroceso, aunque no se mostró sorprendida. Envió un artículo a MU con una docena de casos probados sobre cómo empresas y el gobierno de Canadá influyen sobre decisiones de Estado en favor de las corporaciones mineras. “Se trata de la continuación de la política colonial del gobierno canadiense en cuanto al saqueo de los bienes naturales de los territorios de los pueblos indígenas. Hay una creciente criminalización de quienes protestan contra el extractivismo”, detalla Moore. Se refiere a lo que sucede en la misma Canadá y, claro, lo hace extensivo a América Latina, aunque con niveles de violencia mucho mayores a los que se ejecutan en el país del norte.

Por su parte, el fiscal federal de Tucumán y activo impulsor de causas por contaminación, Antonio Gómez, destacó la posibilidad de hacer justicia trasnacional en los países donde las empresas tienen su sede y también el rol de la Corte Penal Internacional, que
recientemente tomó el caso Chevron, denunciado por contaminación en Ecuador, donde por primera vez se plantea judicialmente un delito ambiental como de lesa humanidad.

El fiscal Gómez afirma que el Poder Judicial cuenta con excelentes leyes de protección ambiental que podrían ponerle un freno a la impunidad del extractivismo: “El punto es que nuestra magistratura no las hace cumplir porque del lado del contaminador siempre están gobiernos y empresas”.

La respuesta

El informe presentado en la CIDH remarca en sus conclusiones que los reclamos judiciales e institucionales han tenido “poco efecto” en marcar límites a las empresas y revaloriza el activismo: “La protesta social ha sido el único mecanismo de defensa comunitaria”.

Esas comunidades son las que en La Rioja ya expulsaron tres empresas -Barrick, Shandon Gold y Osisko- en ocho años y que desde hace diez meses cierran el paso a la  explotación de uranio, con corte de camino incluido.

Esquel, en 2003, mostró otro camino: el plesbiscito. Fue la referencia para decenas de asambleas y organizaciones en Chubut y el país. A partir de esa herencia, fueron las propias asambleas de la provincia las que redactaron y militaron la iniciativa popular. La traición legislativa del  25 de noviembre fue un golpe. “Nos mostró los límites de la democracia y desnuda la corrupción de una clase dirigente que mantiene relaciones carnales con el poder transnacional extractivista. Vivimos una democracia secuestrada”, resumió Pablo Lada, del Foro Ambiental Social de Trelew.

La respuesta de las asambleas no se hizo esperar. Dos días después de la votación, el 27 de noviembre, se realizaron marchas en Esquel y Rawson. El 4 de diciembre se  repitieron las movilizaciones en Lago Puelo, Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia. En todas se denunció el fraude legislativo, se exigió la derogación de la ley y se reiteró el rechazo a la megaminería. En Esquel la marcha fue multitudinaria e incluyó una caminata de casi seis  kilómetros visitando la casa de tres diputados locales que fueron parte del fraude.

Corina Milán, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, recordó que todos los gobernadores estuvieron a favor  de las mineras. En 2002 fue el radical José Luis Lizurume, luego el peronista Mario Das Neves y ahora Martín Buzzi. “Nos cambiaron la democracia que está al servicio del pueblo por un espejismo pseudo-democrático dirigido por los gerentes de las corporaciones”. su conclusión es una advertencia a legisladores y mineras: “Ahora, más que nunca, estamos de pie y seguiremos luchando por el  futuro de nuestro territorio, de nuestra agua y de nuetros hijos”.