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Apuntes para pensar qué nos pasa

Publicada

hace 11 años

02/06/2015

La autoconvocatoria a poner el cuerpo para decirle basta a la violencia contra las mujeres representa un cambio. ¿Por qué? ¿Cómo se expresa? ¿Qué significa? El rol de la condena social en la batalla contra la impunidad, la experiencia de H.I.J.O.S., la relación de los medios y las oenegés son algunos de los interrogantes que nos hicieron reflexionar y que compartimos con la esperanza de construir juntas, juntos, nuevas respuestas.

Apuntes para pensar qué nos pasa

Algo cambió y que ese cambio produzca el resultado necesario, preciso, urgente requiere un esfuerzo social clave: pensar juntas, juntos, qué nos pasa.

El disparador fue un signo de los tiempos: un hashtag. Es decir, el signito # que caracteriza el impulso que las redes sociales le dan a las preocupaciones de esta época. No las del poder, sino las de las personas. Así entró por la ventana y a la agenda política de un año electoral el tema de la violencia contra las mujeres, autoconvocando a poner el cuerpo el miércoles 3 de junio, a las 17 y frente al Congreso.

Sin duda será importante lo que pase ese día, pero ya todo lo sucedido antes indica que estamos ante un cambio. Un ejemplo concreto: la reacción social ante el fallo del juez Horacio Piombo, cuando se difundió que el magistrado había disminuido la pena de un violador porque el chico abusado,que tenía sólo 6 años, ya había sido abusado previamente. El juez Piombo tiene un frondoso prontuario: siempre juzgó primero a las víctimas para graduar luego la condena de sus victimarios, de acuerdo a su penosa escala moral. Con idéntica coherencia, negó en tiempos de la dictadura los hábeas corpus presentados por los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas. Ni entonces ni hasta ahora semejante actitud fue reprochada ni formó parte del cotilleo mediático. Sin embargo, a partir del hashtag –signito de los tiempos- la reacción social fue inmediata y contundente: lo echaron de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, a través de un petitorio online, se reunieron 40 mil firmas para exigir el juicio político del magistrado. Todo esto en menos de 48 horas.

Estamos hablando, entonces, de otro signo de estos tiempos: la condena social se puso en marcha.

Cómo se construye esa condena social y por qué es el origen de todo acto de justicia es algo que tenemos, una vez más, el privilegio de ser testigos y la obligación de analizar.

¿Por qué?

Porque es el mecanismo social que le pone fin a la violencia y a la impunidad.

El efecto inmediato que activa este mecanismo es bien concreto: nunca antes como en estas semanas se hicieron -y nos hicimos- tantas preguntas sobre la violencia contra las mujeres.

Este primer efecto revela, entonces, que todas las respuestas formuladas hasta ahora eran insuficientes, incompletas y vacías.

¿Por qué?

Simple: si no solucionan el problema, esas respuestas son parte del problema.

La condena social lo primero que moviliza es la creatividad social.

Deja un vacío.

Limpia y barre el escenario político.

Lo desnuda para mostrarnos su inutilidad para resolver problemas urgentes que atentan directamente contra la vida de las personas.

Nos revela, impúdicamente, que la vida de las personas no es prioridad de los Estados. Sí sus bienes, sí sus producciones, sí sus organizaciones, pero no aquello que posibilita que todo eso suceda en un marco que garantice en forma equilibrada, democrática y equitativa el cuidado de las vidas.

Los desaparecidos, los pueblos fumigados, los jóvenes pobres criminalizados, las comunidades originarias atacadas o los femicidios son expresiones de violencias totalmente diferentes, producidas en situaciones y contextos distintos y por variables diversas, pero tienen algo en común: el límite a la impunidad lo imponen siempre las personas.

Son las personas, en la calle y con los pies, las que le dictan a las instituciones -que encarnan a eso que llamamos Estado- lo que ya no puede hacer Nunca Más.

¿Cómo lo hacen?

Buscando el denominador común que expresa el límite social.

Aquello único que todas y todos tenemos en común, expresado de manera clara, sencilla y contundente.

Ni una menos.

Son muchas las cosas que nos permiten pensar la expresión de encuentro social que representa hoy esta frase, pero la que nos toca, obliga y corresponde es la de registrar el rol que cumplen los medios de comunicación.

Por un lado analizar cómo los medios comerciales interfieren para impedir ese encuentro. Algunas pistas:

El medio es el mensaje es la ley que construyó imperios mediáticos y es lógico, entonces, que esos imperios –hoy decadentes- defiendan su existencia tratando de que todo mensaje social se expanda exclusivamente a través de sus venas: eso es lo que les garantiza poder, importancia, negocios.

Los tiempos han cambiado y aquello que llamamos “medios masivos” incluye ahora un nuevo protagonista: las redes sociales. Bajo este imperio de virtualización de las relaciones, la foto con el hashtag se convierte en el signo de una operación que pretende neutralizar con una selfie el poder de transformación política que tiene una sociedad cuando ocupa el espacio público.

El mensaje es el mensaje. Y cada mensaje es construido con palabras. Desde hace décadas soportamos un disciplinamiento del lenguaje referido a la violencia contra la mujer, destinado a imponer una jerga vacía, opaca, que interfiere la posibilidad de encuentro social, creando jerarquías. Consagra un sistema en el cual hay personas que saben (hablar, escribir, decir) y personas que no. Elite unas, mayoría las otras, todas soportan violencias, pero solo algunas conocen las palabras correctas para denunciarlas, exponerlas y compartirlas públicamente: “violencia de género” es un ejemplo de este lenguaje disciplinado.

¿Por qué no es correcto decir “violencia de género”?, preguntó esta semana un integrante (varón) de lavaca. Que surja esta pregunta es de por sí revelador, importante, trascendente, porque la sola pregunta en sí misma cuestiona, obliga a pensar qué estamos haciendo y por qué, interrogantes fundamentales para el ejercicio independiente y responsable del oficio periodístico.

¿Por qué no es correcto decir “violencia de género”? Una posible respuesta: género tienen las telas y las especies. También las palabras. “La puerta” es una palabra de género femenino. “El vidrio” es una palabra de género masculino. “Violencia de género” es una expresión incompleta: le falta decir qué género ejerce esa violencia. Le falta nada menos que el sujeto. Esta operación gramatical de ocultar al responsable se ha convertido en una convención y práctica para referir a la forma “políticamente correcta” de aludir a la violencia contra las mujeres. ¿Quién estableció esa orden y ese orden? Las oenegés.

El fenómeno de las oenegés debe analizarse dentro de un contexto histórico y político de terciarización del Estado. Así como se privatizaron servicios públicos, se privatizaron las obligaciones sociales de las instituciones estatales. En el caso que nos ocupa, el ejemplo del registro de femicidios es claro. La legislación internacional obliga a los Estados a llevar un registro y elaborar estadísticas de los casos de femicidios, entre otras medidas, para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Las profesionales más aptas para denunciar el incumplimiento de esta obligación se convirtieron en elaboradoras de ese registro, financiadas por diferentes instituciones nacionales e internacionales. En lugar de exigirle al Estado que lo hiciera, lo hicieron. El resultado es incompleto, recortado, insuficiente, pero alcanza para que en los últimos años los medios obtengan y reproduzcan datos sobre los femicidios que presentan, siempre, como absolutos: “Estos son los femicidios ocurridos este año”, nos dicen. Pero no lo son: son apenas algunos, los que salieron en la prensa, porque esa base de datos se elabora a partir de recortes de prensa. Así, medios y oenegés se retroalimentan. Sin prensa no hay oenegé. Una necesita un Estado débil, la otra un Estado impotente, en falta.

No es este un señalamiento hacia una institución en particular, sino un ejemplo de todo el proceso que se inició a fines de los 80 para convertir la rica tradición de lucha de los organismos de derechos humanos en oenegés. Así una herramienta de presión, denuncia y acción directa se transformó en una ejecutora de servicios caritativos que, en realidad son derechos que obligan al Estado a destinar recursos para ejecutarlos: desde consultas jurídicas hasta procesamiento de datos.

La oenegé es -en el mejor de los casos- un organismo de derechos humanos con bozal. Dedicada a hacer -en el mejor de los casos- lo posible en lugar de exigir que lo imposible se convierta en política de Estado. El grito de aparición con vida expresa eso: que lo imposible es la impunidad. Que Ni una menos también lo logre depende de que no quede en manos de ese voluntarismo posibilista, propio de las oenegés.

Otra cosa sobre la cual nos permiten reflexionar las preguntas que citamos: las formularon varones. Muchas veces hemos proclamado que el patriarcado es un sistema de dominación, pero quizá haga falta explicitar –ahora más que nunca- que como todo sistema de dominación oprime la vida. Es decir, a todas las personas. ¿Por qué? Porque oprime, justamente, las relaciones sociales. El cómo nos relacionamos. Quién manda y quién obedece. Lo complejo del patriarcado es que a esta altura de la Historia ha diseñado un sistema de órdenes tan complejo, tan siniestro, tan controlador, que para desatar esa opresión es necesario desanudar múltiples órdenes, que provienen de diversos roles sociales. La punta de ese ovillo la tienen las mujeres, es cierto, porque en esa opresión se les va la vida y el cuerpo, pero son los hombres, especialmente los jóvenes (educados por mujeres, por cierto) los que nos van indicando cómo y a qué nivel de profundidad está operando este cambio. No sólo porque muchos ya comparten tareas y responsabilidades –que también- sino porque se permiten hacer preguntas que admiten un no saber (qué hacer, qué pensar), algo que cultural y socialmente no les estaba permitido. Sí la broma, sí la chicana, sí la palabra divorciada de la acción, sólo para recortar el campo y hacer foco en la cultura que domina la masculinidad de los sectores de universitarios, militantes y progres. Preguntar, entonces, representa la posibilidad de compartir la duda y, lo que es más importante, la creación de la respuesta.

Otra pregunta que surgió estos días: ¿quiénes son estos varones capaces de matar a patadas, descuartizar, quemar, acuchillar y, lo que es aún más siniestro, a veces hacer todo esto a la vez, sobre el cuerpo de una mujer? La inquietante frase escuchada en la charla con la mamá de Melina (“tomaron mate conmigo, acá, en mi casa”, nos dijo) sacudió aún más el interrogante.

La lista de casos deja en claro que esos hombres son maridos, novios, pareja, en su enorme mayoría. ¿Son monstruos? ¿Cómo identificarlos si se parecen a cualquiera, si son “normales”?

Esa misma semana nuestra compañera Julieta Colomer, hija de desaparecidos, participó del escrache que organizó H.I.J.O.S. para señalar a los cómplices civiles de la dictadura, aún impunes. Con esa experiencia en el cuerpo, los pies y la sensibilidad, Julieta nos dijo: “No son cualquiera, no somos todos, son algunos, pero están circulando entre nosotros y por eso es necesario construir en cada territorio condena social. Hay que ir al barrio a preguntar: ¿Por qué a nadie le importa que una chica de 14 años que vivía acá en la esquina aparezca en una bolsa? Cuando comenzamos a hacer escraches a nadie le importaba que los genocidas caminaran por su calle. Recuerdo que muchos de los vecinos nos decían: ‘eso es parte del pasado, hay que mirar para adelante, dejemos todo como está’. No. Así no. Así lo único que queda intacta, intocable, es la impunidad. Discutir estos temas con el vecino, la vecina, en el barrio, es una forma concreta de construir con los demás otras formas de relacionarnos, que no tienen que ser humillantes, no nos tienen que avergonzar. Tenemos que poder decir en voz alta y en ese barrio concreto: ‘Las mujeres no tenemos que vivir sometidas por el miedo’. Así no somos lo mismo que el monstruo que asesina”.

Lo que nos dice Julieta es que la forma de diferenciarnos del monstruo es no ser indiferentes, pasar a la acción, formular preguntas incómodas, impertinentes, en el espacio público, cara a cara. “Cuando hablamos de poner el cuerpo –nos dice Julieta- no es sólo porque esta violencia contra las mujeres se ejerza sobre el cuerpo, sino porque ese poner el cuerpo apela a asumir el compromiso de ser protagonistas de los cambios que queremos lograr”.

¿Hay más casos o ahora se difunden más? preguntó otro integrante (varón) de lavaca. Sin datos oficiales estamos a ciegas. Cualquier respuesta es una hipótesis imperfecta, un tanteo en la oscuridad. Nuestro trabajo con mujeres sobrevivientes de violencias nos hace intuir algunas posibles respuestas, que son solo eso: hipótesis que fueron escritas con la esperanza de que se lean en grupos que están pensando este tema. Por eso el cuadernillo que las resume La máquina abusadora: cómo dejar de ser víctimas acompaña esta edición.

Hay otra posible línea de análisis inspirada en el ejercicio mismo de esta profesión. Los reporteros que cubren situaciones de conflicto armado elaboraron hace años una serie de consejos basados en la propia experiencia de moverse en situaciones de riesgo vital. Uno de estos consejos es particularmente interesante. Dice, más o menos, así: “El día más peligroso, aquel en el que más fotógrafos y periodistas mueren, según demuestran todas las estadísticas, es el último día de un régimen autoritario. El problema es que nunca sabemos cuál es el último día, hasta el siguiente”.

La pregunta, entonces, que nos permite pensar este consejo -formulado por quienes han puesto el cuerpo en la batalla sin ser parte de esas violencias- es si estamos ante los últimos días de un régimen autoritario: el patriarcal. Si así fuera, son los días más peligrosos, también. ¿Por qué? Porque el dominador no tiene ya nada que perder. No hay nada para preservar, cuidar, proteger. Su poder ha caído. Lo sabe. Y está dispuesto a matar en nombre de un futuro que si si no lo domina él, no será tampoco de aquella (y aquel) que se le haya rebelado.

Si estos fueran los últimos días del patriarcado la tarea social que nos toca, entonces, no es sólo la de garantizar el fin del tirano sino también la de crear otras formas de estar juntos, juntas, en comunidad, sin violencias, sin sometimientos y con alegría.

Vivir, pero en el sentido que nos orienta el buen vivir. De eso se trata también Ni Una Menos.

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Padrón de femicidios

Es machismo y mata

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Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Publicada

hace 1 día

02/01/2026

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

PROVINCIA	2024	2023	% de aumento
CABA	498	309	38%
SAN LUIS	61	52	18%
CÓRDOBA	261	229	12%
CORRIENTES	111	101	10%
CHUBUT	214	201	6%
BUENOS AIRES	2.307	2.242	3%

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

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Lucía Pérez: la trama de la injusticia

Publicada

hace 2 semanas

18/12/2025

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.
Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.
Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.
Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Publicada

hace 1 mes

02/12/2025

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

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