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Baterías de conflicto

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El litio para baterías electrónicas se encuentra en territorios indígenas, sobre los que avanzan empresas y gobiernos. Los pueblos kolla y atacama anuncian que van a resistir. Crónica desde Salinas Grandes, en la Puna.

La ruta zigzaguea entre montañas, llega a 3.300 metros de altura, hasta que se abre una llanura extensa. Hay un monolito de piedra de tres metros, que da reparo a la figura de una virgen con pequeñas banderas papales. Es el cruce de la ruta nacional 52 con la provincial 79, a dos horas de San Salvador de Jujuy. Ni un alma. A la derecha, una montaña esconde a mineras con apetitos de expandirse. A la izquierda, las Salinas Grandes, enorme planicie blanca. Allí se desarrolla una de las mayores disputas actuales por un territorio que concentra litio, mineral utilizado para baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos.

Transnacionales, gobernadores mineros, diputados y candidatos a presidente que prometen más minería, de un lado. Enfrente, pueblos indígenas que, advierten, resistirán en los territorios.

Salinas

La intersección de las rutas parece la nada para un foráneo, pero es territorio de vida, trabajo y cultura de los pueblos kolla y atacama de la Puna. Tierra  de la comunidad San Miguel El Colorado, de Tumbaya, Jujuy. Hay un puñado de hombres y mujeres puntuales. Rostros curtidos, piel cobriza, abrigos e infaltables sombreros, gorros y anteojos para protegerse del sol. Son los voceros de las 33 comunidades de las Salinas Grandes. Forman una media luna perfecta y silenciosa. 

Eulalio Barconte, fornido, gorro con visera, habla en voz alta en el silencio de la Puna: “Tenemos que cuidar la cuenca”. Se refiere a la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc, frágil sistema que provee de vida a la región. En 2010 se iniciaron las primeras perforaciones exploratorias. Nadie pidió permiso, ni consultó a las comunidades. “Muchas partes de la salina estaban bajo el agua”, denuncia. Se arruinó esa superficie de sal que recorreremos más tarde.

Relata que conoce bien Susques (a 90 kilómetros), donde ya se explota el litio. Las empresas Orocobre, Posco-Exar y Sales de Jujuy ingresaron “comprando a algunos hermanos” y aprovecharon la falta  de información sobre el litio. “Decían que no usaban químicos pero es mentira. Mienten y mienten”. Su abuelo y su padre trabajaban la sal, y él también, desde que tiene memoria. “Siempre vivimos de la sal, pero ahora para tener el litio sacan mucha agua y arruinan el salar. Con eso nos matan”.

Además, dice, las mineras metalíferas también quieren avanzar sin respetar la Ley de Glaciares. Cerca está Minera Aguilar (de la multinacional Glencore-Xstrata), que amenaza a las regiones indígenas. Denuncia Eulalio que empresas y gobiernos buscan quedarse con todo, privatizando incluso el Nevado del Chañi. Reclama que se consulte a las comunidades como establece la ley y, anuncia que ellos van a resistir. Cierra con una palabra: “Jallalla”, que une los conceptos de esperanza, festejo y lucha.

Nicolás Alancay, gorro de lana, anteojos negros, es de la comunidad Aguas Blancas. Asegura que los quieren expulsar de sus tierras porque hay riquezas. Lo enoja cuando desde afuera dicen que en las salinas “no hay vida”, o que no se puede criar animales. “¿Por qué desde lejos quieren decidir por nosotros?”, pregunta.

Verónica Chávez, 42 años, es parte de la comunidad Santuario de Tres Pozos. Viste saco de lana, pañuelo de colores, sombrero redondo de ala ancha. Viajó a Buenos Aires y se reunió con la Corte Suprema de Justicia. “Les recordamos que existimos, trabajamos y ganamos el pan para nuestros hijos. Tenemos libertad, aire sin contaminación, no hay los vicios de la ciudades. Queremos que nuestros hijos se queden aquí”, afirma esta madre de seis niños.

Dice que las comunidades están mucho más unidas que antes de la llegada de las empresas de litio. “No van a poder entrar. Acá hay organizaciones”. Muchas veces habló con funcionarios que prometen trabajo y mejoras económicas, pero ella siempre responde lo mismo: que se cumpla el Convenio 169 de la OIT, legislación internacional que Argentina suscribió y obliga a consultar a las comunidades cualquier proyecto que pudiera afectarlas. “Pero el gobierno no escucha. Nos quiere vender. Le gusta demasiado la plata”, afirma, y sonríe.

MU propone una hipótesis. ¿Y si una minera les asegura trabajo y mucho dinero por el territorio?

Todos sonríen. Verónica responde: “Es comida para hoy y hambre para mañana. Somos dignos con nuestro trabajo en nuestra tierra. No necesitamos que nos digan qué hacer, no vamos a servir a las empresas, no seremos esclavos de nadie”.

Territorio

Todos a los tres vehículos: camioneta, auto y  moto. En cinco minutos, un camino ancho de tierra y a ambos lados, la planicie de sal, que fue centro de disputas y hasta guerras en el Virreinato. Cada cinco kilómetros se abren dársenas de tierra donde se puede estacionar para  descender a las salinas.

Hay pequeñas palas mecánicas que juntan la sal en montículos de hasta dos metros de altura, que terminarán en los galpones de fraccionamiento. Hay piletones con agua, rodeados de hombres y mujeres que extraen sal, herramientas en mano. Flamea una whipala multicolor de los pueblos originarios. Hay turistas que recorren el salar caminando, con sus cámaras de fotos. Tras un largo trecho, la camioneta se interna en la salina. El piso de sal se extiende hasta el horizonte.

La caravana llega a un terraplén de diez metros de lado que rompe la uniformidad blanca. Sobresale un caño de un metro de alto, seis pulgadas de diámetro, atravesado por llaves. Es uno de los pozos de exploración de litio hechos en 2010 por la compañía South American. “Un día llegamos y ya estaban las maquinarias, obreros, todo un circo. Hicieron desastre”, recuerda Verónica. Sin consulta, sin cumplir la ley, las empresas buscaban determinar la concentración de litio en el lugar. Fue el inicio del conflicto.

Las comunidades se organizaron como nunca antes. Primero fueron seis, luego trece y finalmente 33 comunidades se congregaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes.

Comenzó un proceso informativo sobre la minería de litio, el sobreconsumo de agua, el riesgo para el salar y la vulneración de derechos indígenas. Hubo cortes momentáneos de ruta y peritajes técnicos que confirmaron que las perforaciones vincularon la superficie con las napas de agua, provocando un doble daño: afectaron el acuífero y arruinaron parte de la salina.

Más adelante aparece otro pozo. El caño está oxidado, aún brota agua dulce y hay pequeñas lagunas: no pueden recolectar ni comercializar la sal de ese sector. Nicolás Alancay dice: “No sabemos si alguna vez volverá a estar como antes”.

Las 33 comunidades recurrieron en abril de 2012 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quedó de manifiesto que el máximo tribunal (ese día estaban Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre la consulta, cómo debía ser, o interrumpían la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe. Resultado cantado: la Corte se desentendió y los remitió a los tribunales provinciales, en los que el poder judicial y el político se sientan en la misma mesa.

“El gobierno de Jujuy dijo que perdimos. Nosotros dijimos que no. Y la prueba es que hoy no hay mineras operando en nuestro territorio”, afirma Clemente Flores, kolla. Explica que ya presentaron la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.

Flores denuncia a las empresas, pero afirma que la mayor responsabilidad es del Estado, que incumple sus propias leyes. La Ley 26160, de 2006, obligaba a relevar los territorios indígenas en un plazo de tres años. Van nueve años, y el relevamiento no terminó en la región. “Hay un listado de derechos incumplidos. Los principales son el uso del territorio y la defensa del agua. Ahí nos jugamos la vida”.

Proyecto de ley

«YPF de litio”, titularon exultantes los diarios y radios oficialistas. Así llamaron al proyecto de ley de los diputados kirchneristas Carlos Heller y Juan Carlos Junio. El proyecto tiene estado parlamentario, y propone la creación de la empresa Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado. Tiene 74 artículos, denomina al litio como el “oro blanco” y “mineral del siglo XXI”, y el objetivo principal es que el Estado determine las condiciones de concesión y promueva el procesamiento del mineral (no exportarlo en bruto).

Menciona el proyecto en dos oportunidades a los pueblos indígenas: habrá un integrante de comunidades en el directorio de la empresa, y tendrán participación al momento de la evaluación ambiental. Silvina Ramírez, de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), afirmó que ese articulado no cumple ninguno de los estándares mínimos de los derechos de pueblos originarios.

Clemente Flores se enteró por los medios. “Ya empezó mal, escrito a espaldas de los que viven en los territorios. Siempre quieren decidir desde lejos lo que se hace en territorios indígenas”, acusa y pide que los legisladores lean el Convenio 169.

Explica que en Susques, por la explotación de litio, bajan las napas de agua. “Dicen que es el cambio climático. Mucha casualidad: desaparecen vertientes cuando operan las mineras”. Agrega que no les creen tampoco a los técnicos universitarios que trabajan para empresas y gobiernos.

Remarca que ellos quieren hacer ganadería familiar (oveja, llama, cabra), agricultura para autoconsumo, artesanías y cooperativas para la sal, con agregado de valor. El Estado podría aplicar políticas activas, pero nunca han logrado ese apoyo.

En junio pasado se reunieron las comunidades de Susques y Salinas Grandes y emitieron un comunicado en el que anuncian la defensa de territorios, glaciares, periglaciares, lagunas, ríos y salares. “Manifestamos el total desacuerdo con el avance avasallador de las empresas multinacionales, apoyadas por el favoritismo del estado provincial y nacional, que arrasan y saquean nuestros bienes naturales como el agua, los minerales, nuestro territorio en general, para sus propios intereses y ganancias solo pensado para un modelo de desarrollo capitalista” afirman, y  llaman a una “lucha mancomunada” de las comunidades en defensa del agua.

Exigen que se cumpla con el procedimiento de consentimiento y consulta libre, previa e informada. “Dejen de invadir nuestros territorios y violar nuestros derechos indígenas”. La última oración es un grito de esperanza y lucha: “Jallalla Nación Kolla. Jallalla Nación Atacama”.

Pliego de condiciones

La Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) reúne a las provincias que impulsan la actividad. Fue creada por el gobierno nacional como respuesta a la resistencia contra la minería, particularmente durante las puebladas de Famatina y Chilecito. Presidida por el jujeño Eduardo Fellner, tuvo su último encuentro el 17 de julio en San Juan.

A los diez gobernadores pro mineros se sumaron la gobernadora electa de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y Daniel Scioli. Participó, de manera protagónica, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne a las grandes corporaciones internacionales con intereses en la región, que presentó un documento de diez puntos: Situación de la industria minera. Reclaman una “revisión de las principales herramientas de la política económica”, entre ellas la paridad peso-dólar, inflación,  cepo cambiario, remesas de divisas y dividendos. Exigen revisiones “del aumento constante de las cargas tributarias y la distribución de las mismas”.

El texto de las mineras cita al Papa Francisco para justificar el avance de la actividad (a pesar de la reciente encíclica ambiental Laudato si) y promete que Mendoza, Chubut, Río Negro y La Rioja “en unos pocos años encontrarían la igualdad de oportunidades para miles de familias” si facilitan el avance minero. CAEM cuestiona que haya siete provincias que prohíben las actividad e insta a los funcionarios para que (en particular señala al Ministerio de Educación) “promueva  ante la sociedad argentina los beneficios de la industria minera”.

“(Es necesario) consagrar la industria  minera como política de Estado honrando su carácter de utilidad pública. Cumpliendo estas premisas se podría triplicar exportaciones y pasar en un futuro mediato a darle al país más divisas que las que ingresan por toda la Pampa Húmeda”, prometen las mineras en su pliego de condiciones.

El gobernador y candidato presidencial Daniel Scioli, anunció la incorporación de Buenos Aires a la Ofemi (primer territorio no cordillerano en sumarse a la organización extractiva), afirmó que la minería tiene la capacidad de “generar 30 mil millones de dólares en los próximos cuatro años y cientos de puestos de trabajo” y tranquilizó a las corporaciones mineras: “Voy a ir al mundo a buscar las inversiones que necesitan San Juan y toda la Argentina para llevar adelante cada uno de los proyectos”.

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