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La ley y la calle

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Una causa contra los referentes de la organización Vendedores Libres revela el acoso judicial que sufren quienes intentan subsistir y resistir el control arbitrario del espacio público. Allanamientos, teléfonos pinchados y persecuciones personales. ¿Qué hay detrás de la justicia contravencional? ¿A dónde quieren mandar a los que son expulsados hasta de la calle?

manteros

Una vendedora de choripanes dice que la policía vende cada baldosa de la Ciudad de Buenos Aires y que cuesta, por ejemplo, 300 pesos por semana tirar una manta en Caballito. Un vendedor de juguetes de Parque Rivadavia cuenta que una camioneta de la Comuna 8 le robó todos los Minions. Un policía me confirma esto: si ven la camioneta de la Comuna, tienen orden de pararla. Una vendedora de frutas y verduras relata que la Federal la tuvo cuatro horas dando vueltas en patrullero y que, en ese interín, los agentes sacaron plata del cajero y se compraron una corbata. Una vendedora de almohadones anti stress afirma que los inspectores allanaron el puesto donde guardaba la mercadería y se llevaron 65 de sus almohadones, que le cuesta hacer 30 minutos cada uno, así que sacá la cuenta. Una pareja peruana relata cómo la Metropolitana allanó su casa a la madrugada, con sus hijas de 12, 2 y 1 año durmiendo, para incautarles 80 fundas de celulares. Un vendedor de espejos tiene pinchado el teléfono por la Secretaría de Inteligencia.

¿Cómo se llama la obra?

La obra se titula Causa 33072, su autor es el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y tiene 8 cuerpos de 300 páginas cada uno, tamaño semejante a 5 ó 6 novelas de Tolkien. Está firmada por la fiscal Celsa Ramírez, del Juzgado N° 35 de la Unidad Sur, y fue escrita con la participación especial de la Policía Metropolitana y varios jueces contravencionales.

Empezó en octubre de 2012 y hasta el cierre de esta edición se seguía escribiendo.

La máquina contravencional

Según informes de la Cámara Argentina de Comercio de Capital (CAC) y de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la venta callejera creció en el último año un 30% y la Ciudad tiene 121 “saladitas”, 5.150 manteros y 12.268 puestos de venta, un 20% de las cifras de todo el país. Aunque estos números producidos por las entidades empresarias puedan ser tendenciosos, cualquier porteño puede ratificar la tendencia y los propios manteros lo confirman: la actividad creció.

La Justicia Penal, Contravencional y de Faltas porteña, por su parte, también va a la cabeza de los fueros municipales que más causas abrieron en contra de trabajadores callejeros: más de 10 por día.

La infracción que se les imputa a los manteros es, en general, por el “uso indebido del espacio público con fines lucrativos”, tipificado según el artículo N° 83, que hace una salvedad: no es considerada infracción la venta callejera “por mera subsistencia”. Es decir: no es un delito trabajar para comer.

¿Quién determina ese límite?

Las dos contravenciones más sancionadas en 2014 fueron por “ruidos molestos” y por “hostigar o maltratar”, lo cual habla de una ciudad dominada por los Relatos Salvajes de estos tiempos: vecinos contra vecinos, violencia machista, violencias. La tercera es el trabajo callejero: en 2014 hubo 3.913 causas por “uso indebido del espacio público”.

Así se pone en marcha la máquina contravencional:

Para elaborar una acta de infracción, los agentes de calle consultan por teléfono al fiscal y reciben su aval. Es decir que ningún funcionario judicial presencia los procedimientos.

Los policías son los ojos del fiscal, los que tienen el poder de decir “acá tengo un ilícito” o de hacer la vista gorda. 

Las contravenciones registradas son un porcentaje muy menor de la intervención policial en la regulación de la venta callejera. Hay un montón de situaciones en las que la contravención es la última instancia, cuando ni el diálogo ni  la negociación prosperan. “Te voy a hacer la contravención” es una amenaza.

Es una justicia expréss: más de la mitad de las causas que se abren en el Fuero Contravencional se tramitan en menos de 30 días: 54 % en 2014. 

Es una justicia sin juez: casi ninguna causa llega a sentencia: menos del 3%.

La mayor cantidad de causas se resuelven mediante la llamada probation, que es una suspensión de juicio a prueba. Para la justicia la cosa termina ahí, pero para el acusado no: debe hacer tareas comunitarias sin que se haya comprobado que cometió una infracción.

Que no haya juicio en el 84,5% de los casos significa que el fiscal no exhibe pruebas y que el defensor no defiende.

Ejemplo: un agente de calle le labra un acta de infracción por el artículo 83 a una vendedora de limones; le incauta la mercadería y le avisa a la vendedora que el juzgado la llamará para notificarla del estado de su proceso. Ya en este punto, muchos afectados ni siquiera se presentan, por diversas razones, pero siguen vendiendo en la vía pública porque es la única forma de ingreso que tienen. Si se presentan o no a declarar, la fiscalía a cargo debe asignar un defensor público que evalúe lo que hizo la policía con aval del fiscal, defienda al afectado y lo aconseje sobre el camino judicial a tomar. En la práctica esto no suele ocurrir: “Con lo cual el imputado, hasta que no le formulan cargos, no se entera. La falla del juzgado es que aunque no esté identificado, tiene que dar conocimiento a un defensor público”, dice Luis Esteban Duacastella Arbizu, defensor adjunto de la Defensoría Pública de la Ciudad.

La coima judicial

Si el afectado se presenta a declarar ante el fiscal, éste puede profundizar sobre algún aspecto de la infracción (por ejemplo, si tiene familia, cuánta plata gana por mes vendiendo, si tiene que pagar alquiler y preguntas dirigidas a saber si vende “por mera subsistencia” o por lucro económico), pero en la práctica, cuentan los protagonistas, ofrecen la famosa probation de manera extorsiva: o hace tareas comunitarias o espera que la justicia reúna pruebas para ir a juicio, instancia en la que, quizá, la condena puede ser mayor.

La palabra clave de esta justicia sin juicios es ese “puede”: la fiscalía no suele reunir pruebas concluyentes que sustenten la infracción, o porque el procedimiento estuvo mal hecho (no hay testigos, se violaron las garantías del afectado, etc.) o porque hay normativas que avalan, para el caso, la venta callejera. Es decir que, yendo a juicio, es más probable que el afectado salga absuelto a que sea condenado.

En el Derecho, dicen los que saben, manda la costumbre, y esta justicia no está acostumbrada a reunir pruebas, sino a perseguir injustificadamente a los más vulnerables.

Los fiscales contravencionales tienen un rol acusatorio al estilo norteamericano. Es decir que no sólo tienen la obligación de acusar sino que son quienes llevan las riendas de la investigación e imparten órdenes a la policía. El juez debe evaluar la pertinencia de estas medidas, garantizar la legalidad del proceso y, luego, dictaminar sobre las imputaciones.

Los defensores ocupan un lugar desdibujado en este teatro: su intervención está supeditada al aviso de la fiscalía.

Según los testimonios de distintos manteros, la primera pregunta que les hace el defensor público es: “¿Qué hiciste?”. Es decir que suponen, a priori, la culpabilidad de su afectado. En segundo término, los manteros cuentan que les sugieren aceptar una probation, para así ahorrarse tiempo, trámites y tener que formular una defensa: es decir, hacer su trabajo.

La probation es la coima judicial: el camino más corto, el que parece convenirle a todos, pero que afecta a uno solo: el que menos tiene. En estos casos, la pena es el tiempo: se deben cumplir tanta cantidad de horas en tareas comunitarias.

Josel, que vende frutas en Avenida de La Plata y Rivadavia, ya va por las 50 horas de las 100 que le tocaron cumplir en una parroquia de Flores, sirviendo el desayuno a niños de un colegio religioso. Todos las madrugadas sigue yendo al Mercado Central a comprar la mercadería que venderá más tarde –cuando concluye su tarea de mozo comunitario-, en menos tiempo y más cansado.

Así, lo que consume la justicia contravencional es la vida de los que menos tienen.

Acoso judicial

Para entender cómo afecta esta justicia a la vida cotidiana hay que hacer zoom: en Caballito existe un grupo de manteros que proviene de la calle Florida, de donde fueron corridos y reprimidos por la Policía Metropolitana, llamado Vendedores Libres. Su objetivo: no pagar coimas. Así, resisten juntos los embates policiales y judiciales, discutiendo con policías e inspectores y denunciando sus irregularidades, que son muchas.

Vendedores Libres no es un caso representativo de cómo trabajan los manteros porteños, sino más bien al contrario: su caso sirve para poner luz sobre las sombras de la justicia contravencional y su fecunda relación con la Policía Metropolitana.

Ejemplo: la causa de este cuento que narra el acoso judicial de la fiscal Celsa Ramírez a los referentes de Vendedores Libres.

La fiscal solicitó decenas de operativos callejeros, más de 20 allanamientos a domicilios (entre ellos, a la sede de un partido político), en los que incautó mercadería, celulares, computadoras y dinero, sin nunca poder probar un origen delictivo. También avaló la infiltración de agentes en las asambleas de Vendedores Libres y el seguimiento en coche de dos de sus referentes.

La gota que rebalsa la causa, sobre el final del cuerpo 8, es el pedido de la fiscal para que la Secretaría de Inteligencia intervenga los teléfonos de dos manteros, espionaje que la jueza María Fernanda Botana otorga. Las conversaciones que la ex SIDE envía al juzgado y se consignan en la causa son desopilantes: el mantero habla con su familia, con un amigo, y ninguna prueba se desprende de esas escuchas absurdas.

Al cierre de esta edición, la fiscal había concretado cuatro nuevos allanamientos a las casas en los que las manteros viven y guardan su mercadería. MU pudo acceder a la copia del acta de allanamiento de uno de ellos: el del puesto N°5 del Parque Rivadavia. Ni siquiera se detallan los elementos secuestrados. Es decir, se llevaron cosas, pero no se sabe qué. ¿Cómo constatar que lo que aparece luego en el sumario sea lo realmente incautado?

En el acta no hay detalles, pero sí en la nota que publicó el diario contrainformativo Clarín, privilegiado testigo de los procedimientos de la fiscal: en total, consigana la nota, se secuestraron 70 bolsos de mercadería con ropa, calzados, anteojos, películas, paraguas y accesorios para el celular. La edición online de esta nota es acompañada, además, por un video que registra uno de los allanamientos.

Para ordenar estos procedimientos, la fiscal se fundamenta en informes de la Policía Metropolitana (agente Herrera) y del Ministerio de Espacio Público (inspector Mainardi), que tienen este tenor: “Cabe destacar que en el salón principal del bar se hallan colgados afiches y cuadros correspondientes a distintos partidos políticos y agrupaciones de movimientos de izquierda”. Los informes nunca son imparciales: también utilizan la jerga de “venta ilegal” para referirse a los manteros, sin que se haya determinado si se está cometiendo o no una contravención. Al igual que la probation, presumen la ilegalidad sin probarla.

A lo largo de este acoso judicial que involucra varias causas, los jueces contravencionales que avalaron las directivas de la fiscal Celsa Ramírez fueron Carlos Aostri (Juzgado N° 19), María Fernanda Botana (Juzgado N° 5) y Carlos Bentolila (Juzgado N° 2). El juez Aostri fue el único que evaluó los resultados de un allanamiento que él autorizó en 2013. Así estableció que la fiscal: “No ha podido demostrar aún que en todos los domicilios que intenta allanar se lleven a cabo hechos ilícitos de naturaleza contravencional, ni que existan efectos vinculados a los hechos investigados”. Concluye: “Resulta un avasallamiento que excede el marco de la investigación”.

Lucha de Fuerzas

Para algunos expertos en Derecho, la justicia contravencional es más determinante que la penal, por ser la gran reguladora de la calle. El fuero tuvo en su origen el espíritu de un Código de Convivencia, pero en la práctica se transformó en un ordenador del territorio en manos de la policía: quién puede estar dónde.

La causa contra Vendedores Libres revela que la Policía Federal hoy se niega a intervenir en la investigación de delitos contravencionales. Sólo lo hace a través de los agentes de calle, que labran las actas. Cuando la fiscal Ramírez pidió su intervención, la Federal respondió que se debe “abocar a la intervención de otro tipo de delitos y no de las citadas contravenciones, utilizándonos como fuerza coercitiva contra los manteros”.

El Ministerio de Seguridad de la Nación lo ratifica en la causa: “Deberá ser la Policía Metropolitana, la fuerza de seguridad local, la que cumplimente la presente demanda judicial”.

La Policía Metropolitana tiene un área especializada en Contravenciones y Faltas, y otra que interviene en las investigaciones del Ministerio Público Fiscal: la Policía de Intervenciones Complejas.

¿De qué modo actúan? El equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires investiga desde hace años las prácticas policiales que controlan el espacio público. Una de sus integrantes, la doctora María Pita, plantea que la megacausa contra Vendedores Libres inaugura un modelo de investigación entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía Metropolitana.

Lo novedoso es que ya no se trata sólo de la policía controlando el territorio, sino del rol que asume el Ministerio Público Fiscal, que toma las riendas de la investigación e imparte órdenes a las fuerzas. La dimensión la da la firma fácil de los jueces para habilitar allanamientos y la intervención de la Secretaría de Inteligencia para escuchar a un mantero, algo que nunca podría lograr un policía.

El bautismo de este modelo tuvo entre sus primeras víctimas a un grupo de vendedores senegaleses. También les allanaron sus casas, incautaron mercadería, los hicieron desnudar, les pegaron y los maltrataron, sin llegar a demostrar que efectivamente hayan cometido una contravención.

De eso se trata el modelo: de cómo a personas -de la cuales se debe presumir su inocencia- se les viola sus derechos.

Sin embargo, según la lectura de la causa que realiza la doctora Pita, la Metropolitana sigue siendo la fuerza que orienta el eje de la investigación. ¿Cómo? Dos ejemplos:

A través de testimonios de policías que se presentan “espontáneamente”: en la causa, el agente Herrera aparece para informarle a la fiscal que existe una organización denominada Vendedores Libres.

Con informes tendenciosos elaborados por la División de Intervenciones Complejas: el mantero Pereyra  “habla” con distintos vendedores y el informe sugiere que eso puede significar que “los organiza”, argumento que luego es utilizado por la fiscal para la imputación.

Cómo vender una causa

La fiscal Celsa Ramírez ingresó como secretaria al Fuero Contravencional a los 25 años y desde entonces escaló hasta llegar a ocupar la fiscalía del Juzgado N° 35 de la Ciudad. Según la caracterizan distintos funcionarios judiciales, es una fiscal atenta a los temas que políticamente marca el macrismo. Su tarea es judicializarlos. “Si sos mantero, no me votes”, fue parte de la campaña que perdió en las PASO la ahora candidata a vicepresidenta, Gabriela Michetti.

Su estilo sigue la línea de la Fiscalía Pública: exhibir  su trabajo a través de los medios comerciales de comunicación. Los funcionarios de mayor rango se mediatizaron a partir, precisamente, de su investigación contra los manteros: el Fiscal General de la Ciudad, Martín Ocampo, acompañó procedimientos en el marco de la causa que aquí se cuenta y los fiscales de Cámara, Verónica Guagnino y Walter López, son los promotores jurídicos del matrimonio manteros-cámaras.

Guagnino y López son los fiscales a cargo de la Unidad de Coordinación de Investigaciones Complejas dentro del Ministerio Público Fiscal, desde donde se motorizan investigaciones como la de los manteros: aquellas que reunen distintas causas para investigar hechos emparentados. En la práctica, las investigaciones que promueve esta Unidad sobreviven investigando a distintas personas sin imputar a nadie en particular (caratuladas como “NN”), maniobra que permite eludir a la defensa de los afectados, y avanzar sobre sus derechos y garantías.

Los trabajos de esta Unidad obtienen siempre crédito mediático: según escribe el periodista Pablo Tomino en el diario La Nación, en causas encabezadas por la fiscal  Guagnino la justicia imputó a 151 manteros y realizó 75 allanamientos durante 2014. En reconocimiento a esta labor Guagnino fue premiada por las Mujeres Empresarias de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (FECOBA), en una ceremonia que la trató como una rockstar.

El Defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa, Luis Esteban Duacastella, no ve tan claro los logros: “Si la fiscalía efectivamente investigase organizaciones contravencionales destinadas a la venta del espacio público, debería probar que una persona que tiene un capital importante consigue una zona para colocar distintos vendedores a los que les paga una suma por día, hace la contabilidad y les da la mercadería. Eso es una organización pero la fiscalía no lo ha demostrado ni lo ha relevado ni una vez. Por lo tanto es un eufemismo que estén investigando organizaciones. En realidad, siguen estando en el chiquitaje y con eso presionando para lograr suspensiones de proceso a prueba”.

Las víctimas

La causa que motoriza todos estos procedimientos mediáticos tiene imputados como “organizadores” a tres personas: Julio Pereyra, Ada Pérez y Omar Guaraz, los tres referentes de la organización Vendedores Libres.

Los tres son víctimas de la propia exposición que tuvo Vendedores Libres desde el 2013, cuando repartían volantes (que se consignan en la causa) invitando a los manteros a defender su situación laboral y publicaban sus teléfonos en Facebook (de donde los obuvo la fiscalía para ordenar el espionaje) para que los que trabajan en la calle puedan comunicarse en caso de procedimientos arbitrarios.

Leyendo el expediente, es claro que la causa que comanda la fiscal Ramírez se dirigía hacia ninguna parte -con una sucesión de actas labradas por infracción del artículo 83 en Caballito y con denuncias de comerciantes– hasta que el policía Herrera señala a Vendedores Libres, algo que ya era vox populi en Caballito.

Esa organización de vendedores, en efecto, nuclea a decenas de manteros pero no organiza su venta, ni la distribución de mercadería, ni la guarda en depósitos. Los manteros que participan tiran su manta en el lugar que han sabido conseguirse, venden sus propios productos y sólo comparten con el resto de la organización la decisión de enfrentar a las mafias de la calle: policías, inspectores y ahora, fiscales.

Que la Justicia los investigue precisamente a ellos resulta una paradoja, que puede leerse como ineficacia para investigar o indecisión para ir contra las verdaderas mafias, o cosas aún peores.

Para desentrañar qué hay detrás de esta causa la Defensoría Pública hace un repaso de los dos principales argumentos que suelen utilizarse en contra de los manteros, derribando mitos:

El problema es que los manteros no pagan impuestos: “No parece haber un afán de obtener una mayor recaducación tributaria del Gobierno de la Ciudad en concepto de ingresos brutos, ya que la cantidad de inspectores que tienen es exigua. El 60% de la recaudación proviene de grandes contribuyentes; el pequeño contribuyente para la AGIP no tiene importancia”.

Los manteros dificultan la circulación: “Tampoco es un problema del buen uso del espacio público. La ciudad está repleta de casos de mal uso, la mayoría generada por el propio gobierno de la Ciudad: conteiners de basura, maceteros, bancos, farolas”.

Según el defensor adjunto Duacastella Arbizu, el único aspecto que presiona a la justicia es la famosa “competencia desleal” que plantean los comerciantes: “No es objeto del artículo 83 dirimir este conflicto, pero es el que está siendo utilizado por la fiscalía para impulsar estas causas. Hay un ejemplo que demuestra cúal es el criterio de aplicación: en la Villa 20 hay una feria de 300 puestos y ningún fiscal se ocupa de ir a levantarla. Ahí no molesta, porque no hay plata”.

La perspectiva de la Defensoría es que la aplicación del Código Contravencional varía según las zonas que tienen mayor o menor actividad económica: Duacastella dice que las Unidades Fiscales Norte, Este y Sudeste concentran el 60% de las contravenciones, mientras que la zona sur y oeste, “donde no está la Metropolitana, donde no hay actividad económica gruesa”, el Código no tiene incidencia.

Pablo Vicente, defensor particular de Omar Guaraz, uno de los imputados en esta causa, plantea cúal es el verdadero conflicto de intereses: “La competencia es desleal, pero con la policía. Es cierto que hay denuncias de los comerciantes, pero son los menos. Creo que eliminar a los manteros de la calle es una decisión política. Y la fiscalía lo que hace es darle un manto de pseudo legalidad a esta política”.

Omar, mantero, mira todo este embrollo judicial que lo tiene desvelado desde su realidad cotidina: “Cada vez hay más gente que se queda sin trabajo y no se puede reinsertar al sistema laboral. Esa gente busca como opción lo que le queda más a mano, que es salir a laburar en la calle. Entonces, los manteros son consecuencia de los sistemas económicos que van fracasando. Y la gente que les compra a los manteros también, ya que si no nos compara nadie, no existiríamos”.

El planteo lleva a una pregunta básica: si los expulsan hasta de la calle, ¿a dónde los mandan?

Omar, Julio y Ada creen que el objetivo de la causa en la que están imputados es desgastarlos. Reconocen que a esta altura la justicia ya los condenó. Hoy Vendedores Libres sigue existiendo, pero de manera diluida, y la vida personal de estas personas ya no es la misma: Julio deja el celular lejos si quiere hablar sobre este tema con alguien (lo tuvo pinchado), Omar mudó su manta de cuadra y Ada ya no trabaja todos los días, sino que la ayudan su hijo junto a su nuera embarazada. Y estos son apenas algunos detalles de las heridas que tienen esas vidas acosadas.

Su defensa sólo tiene un argumento: “El Gobierno de la Ciudad trata a los manteros como un tema policial y judicial, cuando es un tema de política social, que se resuelve con medidas inclusivas”.

Esa es la ley de la calle.

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