Los papeles oficiales. A través de un recurso de habeas datas obtuvimos 9 informes del Ministerio de Salud de la Nación. Qué daños producen, dónde y cómo.

Cuando el 9 de septiembre el diario cordobés La voz del interior publicó una nota de la periodista Marcela Fernández al ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, una puerta se entreabrió. El ministro aseguró allí que las últimas investigaciones sanitarias revelaban un “riesgo palpable” de los agroquímicos a la salud. La declaración activó una cuenta regresiva: era la primera vez que la máxima autoridad sanitaria del país hablaba concretamente sobre los efectos de la producción transgénica.

Nobleza obliga: también era la primera vez que una periodista se lo preguntó.

“El principio precautorio apunta a evitar el daño potencial sobre la salud y por eso tenemos que estar muy atentos, de modo que vamos a estar monitoreando qué está sucediendo. Y si hay que tomar medidas más profundas, habrá que hacerlo, porque la salud está primero”, afirmó el ministro.

“Sabemos que hay estudios de ese tipo, y también están incluso los del investigador Andrés Carrasco, del Conicet, que en su momento fueron muy cuestionados, pero hoy lo más importante es que la OMS (Organización Mundial de la Salud, que recalificó al glifosato como “posiblemente cancerígeno” en humanos) ya tomó una posición, y si lo hizo es porque ya hay mucha evidencia científica que avala su postura”.

El ministro Gollán informó que desde el propio ministerio se estaban realizando “relevamientos y metaanálisis” de los estudios relacionados sobre los efectos, y reveló: “Lo que estamos encontrando está en consonancia con lo que sostiene la OMS, que hasta hace cuatro o cinco años se decía que no había mayor riesgo y hoy se está reconociendo que el riesgo es palpable”.

Paso a paso

Tras las declaraciones, MU solicitó formalmente una entrevista con el ministro Gollán, pero la oficina de prensa comunicó que no hablaría más sobre el tema. Por esa razón, nuestra cooperativa presentó, el 22 de septiembre, un pedido de información -conocido como “recurso de hábeas data”- con patrocinio de la abogada Verónica Heredia. Solicitamos así los resultados de los relevamientos y metaanálisis a los que hizo referencia el ministros y qué fue lo que revelaron para determinar que el riesgo es “palpable”.

La respuesta llegó exactamente un mes después: 22 de octubre.

Los papeles estaban firmados por la doctora Natalia Garozzo, responsable de Acceso a la Información del ministerio. Son cuatro carillas que detallan nueve informes contenidos en un CD. La quinta copia era una carta enviada al ministro Gollán, firmada por el doctor Mario Rovere, viceministro y secretario de Políticas, Regulaciones e Institutos, que especificaba que la Agencia de Investigación para el Cáncer (IARC, órgano especializado de la OMS) había modificado el status del glifosato, novedad planteada oficialmente ante el Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

Cada uno de los informes entregados por el Ministerio de Salud de la Nación a MU fueron compartidos libremente en nuestra web. Son nueve piezas de un rompecabezas cuyo número total desconocemos. Algunos son sólo proyectos o trabajos cuyas conclusiones marcan la necesidad de seguir investigando. La mayor parte dejan en claro que la máxima cartera sanitaria de Argentina cuenta con información que prueba la existencia de una relación entre los agroquímicos y el aumento de enfermedades, en especial del cáncer y las anomalías congénitas.

¿Qué dicen?

El cóctel agrotóxico

El primero de los estudios anexados por el Ministerio de salud es el trabajo más reciente de todos, y se titula Valoración de la Exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud. Está fechado en mayo de este año. Fue coordinado por la investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, María del Pilar Díaz, y se centró en esa provincia: 2 mil encuestas a aplicadores, medio centenar de controles generales y una multiplicidad de exámenes clínicos en adultos y niños de entre 5 y 14 años permitió arrojar los siguientes resultados:

“Altos IIAT (Índice de Impacto Ambiental Total) de Cipermetrina y Clorpirifos se asocian con más mortalidad de cáncer de mama y los de Glifosato y Clorimuron con la de cáncer total en varones”

“Síntomas generales, cardiorrespiratorios, dérmicos y daño genotóxico fueron mayores en aplicadores, pero no se asocian a los niveles de exposición”

“Sus niños presentan síntomas irritativos en un 30%; más de la mitad está expuesto a aplicaciones, vive a menos de 500 metros de depósitos y van a escuelas a 500 metros de campos fumigados”.

Damián Verzeñassi, médico, investigador, profesor titular de la Práctica Final de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y organizador de los campamentos sanitarios, es uno de los expertos a quienes MU remitió los informes para sumar su lectura. Sobre el informe de Córdoba, no duda: “Es un trabajo extraordinario. Muy sólido. Tiene un nivel de calidad y claridad indiscutible. Así permitió poner en evidencia que aquellos que estaban expuestos directamente -los agroaplicadores, la población analizada- trasladan el impacto a sus familias, porque sus hijos tienen daño en porcentajes mayores a los previstos. Es decir, tienen más daño que la población testigo, aun viviendo en la misma comunidad. Ese mayor daño no es solo oncológico, sino también respiratorio, dermatológico y genotóxico”.

El informe señala que los síntomas más frecuentes en niños fueron cefalea (27%), irritación ocular (18%), dolor de garganta (14%) e irritación nasal (9%), todas afecciones “persistentes que se podrían asociar a la exposición a plaguicidas”.

Verzeñassi observa otro detalle: “El trabajo no se centra en el glifosato. Deja en evidencia que no estamos ante el impacto de un solo tóxico o sustancia, sino de un cóctel que opera al mismo tiempo y en el mismo territorio. Logra ponerlo en evidencia porque trabaja con datos oficiales: cruza datos con los mapas sobre la incidencia de cáncer de mama y próstata. Más: explicitan que los síntomas dérmicos, cardiorrespiratorios y daño genotóxico no están asociados a los niveles de exposición (es decir, a qué cantidad de dosis fue expuesta la población) sino al hecho mismo de estar expuestos”.

Verzeñassi afirma que este trabajo es bisagra: “Ya no debe pedirse por el principio precautorio, porque no estamos hablando de precaución. Aquí hay demostración”.

El peor daño

Otro de los informes aborda uno de los temas más delicados por tratarse de niños: anomalías congénitas. Lo realizó el Grupo de Epidemiología de Primavera 2012, de la Facultad de Bioquímica y ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral y se titula Magnitud, distribución y Tendencia de la mortalidad por malformaciones congénitas en la República Argentina, 1980-2010.

El estudio detectó un incremento en la mortalidad por anomalías congénitas a la par de una mayor producción de eventos transgénicos, y marcó un aumento en departamentos que estaban por debajo de la media nacional, hasta el punto de duplicarlas. “Esos aumentos coinciden con nuestros relevamientos de los campamentos sanitarios”, observa Verzeñassi.

El matayuyo

El Ministerio adjuntó otros dos estudios que revelan la ausencia de una política sanitaria destinadas a las personas que trabajan con agrotóxicos: advierte que los productores sólo recibieron información sobre los beneficios económicos de esos productos y no sobre sus efectos nocivos. Según se desprende de estos trabajos, realizados por equipos distintos en áreas contrapuestas, los aplicadores no cuentan con información suficiente, necesaria y exacta.

Uno de ellos es Percepción del riesgo y dinámica de uso de plaguicidas agrícolas en el Valle Inferior del Río Chubut. Es del 2012 y la investigadora fue Luciana Antolini. Abarca los municipios de Rawson, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio. Relevó el 25% del área cultivable. El estudio entrevista a 17 productores hortícolas aplicadores de agroquímicos, 6 médicos que atienden ante una intoxicación por plaguicidas y 11 funcionarios vinculados al tema de referencia. Sus conclusiones:

“Casi la totalidad de los entrevistados refirieron no saber los nombres de los productos”.

“No se constató durante la entrevista un conocimiento asentado sobre qué productos utilizan y para qué cultivos”.

“Ocho de 17 entrevistados informaron que lo adquieren fraccionado, a pesar de que el fraccionamiento es un acto delictivo”.

“12 de 17 productores respondieron que quien los asesoraba en el uso de plaguicidas era el mismo vendedor del producto”.

Sobre los profesionales de salud, el estudio señala que “existe un solo médico en toda la Patagonia con especialización en Toxicología que posee la profundidad necesaria de conocimientos para el tratamiento de un paciente intoxicado con un agroquímico”. Además, apunta que “no dimensionan correctamente el riesgo que implican los agroquímicos”. Por su parte, los funcionarios públicos destacaron que “el precio y la efectividad son los dos factores que inciden en la decisión de compra de agroquímicos”, y tres de ellos indicaron “que no hay agroquímicos buenos ni malos, sino que es buena o mala la forma en la que se utilizan”.

El informe concluye:

“Los principios de política ambiental establecidos en la Ley Nacional General del Ambiente no están siendo cumplidos adecuadamente, a saber: principio de prevención, principio precautorio, principio de equidad intergeneracional, principio de responsabilidad, principio de subsidiariedad y principio de sustentabilidad”.

El otro informe se denomina Estudio de percepción de riesgo a la salud y dinámica de uso de plaguicidas en la localidad de Maimará, Jujuy. Es del 2014  y la firmante es Graciela Martínez Borda, de la Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud. Se centró en el sector hortícola de Maimará, municipio a 75 km al norte de San Salvador de Jujuy, en el departamento de Tilcara. Hay entrevistas a la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI), el Hospital provincial Maimará y la Cooperativa agropecuaria Maimará.

El estudio cita estimaciones de la OMS respecto a la cantidad mundial de intoxicaciones por plaguicidas (de 3 a 5 millones, según estipula) y critica a los efectores de salud locales por los malos diagnósticos ante las escasas consultas de los trabajadores. Por esa razón, observa, hay datos que se pierden: nunca ingresan al sistema sanitario. Y concluye:

“Todos los productores leen las etiquetas de los productos, sin embargo un 63% refirió que no son claras con respecto a qué dosis deben utilizar, dónde aplicar, y palabras técnicas”.

“De los productores que han consultado al servicio de salud, ninguno tuvo diagnóstico de intoxicación, recibiendo tratamientos con: pomada, gárgaras y crema”.

“Las prácticas de preparación y aplicación no son las adecuadas”.

“El único aspecto positivo de los agroquímicos fue en relación al beneficio económico”.

“No se han evidenciado conocimientos adecuados en cuanto a las legislaciones municipales y provinciales respecto al uso de agroquímicos”.

Verzeñassi critica la ausencia de información y la búsqueda de ganancias. “Desde los organismos oficiales se estimula a la confusión respecto a la toxicidad de los productos. Cuando uno habla con los productores, te dicen: ´esto es bueno´, ´es banda verde´, ´no hace nada´, ´es un matayuyo´. Y lo dicen no porque lo inventaron, sino porque alguien los ayudó a construir esa representación. En estos dos trabajos queda en evidencia que quien construye la representación respecto a la falsa inocuidad de estos productos es el mismo Estado con su política de buenas prácticas. Esa política ha permitido consolidar una falaz idea de inocuidad depositando la responsabilidad del daño que pueda generarse en el aplicador”.

La ciencia y parte

¿Cuánto influyó para construir esa falsa interpretación de “las buenas prácticas” el informe elaborado en julio de 2009 por un Consejo Científico Interdisciplinario del CONICET? Esa investigación carece de definiciones (no categoriza si el glifosato es inocuo o perjudicial) y se preocupa por subestimar y relativizar los hallazgos científicos más preocupantes sobre los efectos del glifosato. ¿Cómo lo hace? Respaldándose en estudios financiados por la propia Monsanto.

Tres meses antes, el científico Andrés Carrasco -quien había sido presidente del CONICET- demostró a través del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA cómo el glifosato afectaba el desarrollo genético en embriones anfibios con la posibilidad de generar células cancerosas. Por esa razón, según las críticas de varios científicos consultados por MU, el objetivo del informe del Consejo Interdisciplinario fue el descrédito de las investigaciones que alertaban sobre los daños a la salud.

“Ese informe del CONICET es, desde mi punto de vista, el cimiento o el encofrado que sostiene toda la construcción y consolidación de la ´ciencia de la inocuidad´, por llamarla de alguna manera”, confirma Verzeñassi. “Es una ciencia perversa. El informe, desde el punto de vista técnico, tiene falencias. Si yo presentase un trabajo científico redactado así, el CONICET me lo rechazaría. Y eso es interesante y preocupante a la vez. En términos futbolísticos, el informe es como el jugador que habilita para que no haya offside y puedan hacerte goles en contra. Y eso es lo más duro, porque fue el CONICET, el organismo vector de la ciencia de nuestro país, el que debería estar preocupado por la salud de la población, quien puso ese jugador”.

Dentro de la misma metáfora, podría agregarse: el informe no solamente habilitó a jugadores contrarios, sino que también dio un pase atrás. “En el anexo 2 dice que es bien sabido que la inocuidad alimentaria en materia de plaguicidas está directamente relacionada con el uso de productos autorizados bajo indicación profesional, en dosis adecuadas y respetando períodos de cadencia. No es así: la inocuidad alimentaria está relacionada con el no uso de plaguicidas”. Y señala un problema mayor que revela este informe: “La manipulación de la palabra en ciencia como signo de comunicación es muy preocupante cuando se hace con el objetivo de tapar la posibilidad de que las poblaciones se reconozcan en los trastornos que produce un determinado modelo de producción”.

Verzeñassi concluye: “Si en el 2009 un comité dijo que está todo bien, pero en 2015 la Organización Mundial de la Salud dice que el glifosato es posiblemente cancerígeno en humanos, a alguien se le escapó la tortuga”.

La pregunta no es a quién se le escapó, sino por dónde.