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La calle no calla

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Qué hay detrás del operativo policial contra los manteros. La militarización de los barrios porteños de Caballito y Flores representó el acto inaugural de la unión de la Policía Metropolitana y la Federal. Más de mil uniformados durante 20 días ocuparon el espacio público con un objetivo: impedir que trabajen.

manteros

Silvia, Omar, Eugenia, Claudia, Patricia y Jorge son seis de los manteros a quienes la justicia trata como delincuentes. Hace más de dos semanas que no pueden trabajar

«Nadie quiere a los manteros”, asegura Omar Guaraz, morocho, 49 años, y mantero. Lo dice rodeado de otros setenta trabajadores en y de la calle, en su mayoría mujeres y, ellos calculan, un 70% de peruanos. Ese “nadie” se refiere a los políticos, algunos vecinos, todas las policías, pero también a los sindicatos, gremios y confederaciones que agrupan a los trabajadores callejeros. Nadie los quiere, dice, pero todos les compran.

Los manteros son los últimos en la fila, si hablamos de políticas públicas y de derechos laborales. A diferencia de los artesanos y, hasta en algunas zonas, a diferencia de los cuidacoches y trapitos, la única ley que se aplica efectivamente sobre estos trabajadores es la que dicta el Código Contravencional, la normativa que regula el espacio público. Es decir que su trabajo se criminaliza según ocupen la calle, o compitan contra los productos de un comercio, aunque ninguna norma fije pautas concretas sobre dónde, cómo y cuándo se puede ser mantero en las calles de Buenos Aires.

El por qué lo ponen ellos: “No tenemos trabajo, entonces salimos a calle para llevar el pan a nuestras casas”.

El clásico del verano

El 29 de enero de este año el gobierno porteño tomó una medida clave sobre este tema: un mega operativo que inundó las calles de los barrios de Caballito y Flores con policías federales y metropolitanos, en lo que sería además el bautismo de esta relación, mientras se espera el traspaso definitivo de la fuerza a la Ciudad. Con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Federal transferida a su órbita, el operativo fue además un gesto del Ejecutivo porteño, ya que antes – con el gobierno nacional “en su contra”- alegaba no tener un respaldo para ir contra los manteros.

La orden, que repetían todos los policías encargados de cumplirla, era “evitar que se asienten los manteros”. La medida, calculan los trabajadores, afectó a más de 450 vendedores callejeros que se desparramaban desde Avenida La Plata, en Caballito, hasta la Plaza Flores, todos sobre Rivadavia, e implicó el despliegue de más de 1.000 agentes durante más de 20 días. Mil policías: cifra mayor que la destinada a custodiar la seguridad de un Boca-River.

Una verdadera fuerza de ocupación que militarizó la zona y obligó a muchos manteros a migrar hacia otras zonas de Capital. La mayoría, sin embargo, decidió juntarse, trazar una estrategia para volver a su lugar habitual de trabajo y construir un mensaje para exponer lo discriminatorio de la medida: “Es increíble que el Estado que te debe ayudar, te deje sin trabajo y no te dé otra oportunidad”.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió por primera vez a una posible solución en el programa Almorzando con Mirtha Legrand: reubicar a los manteros en galpones. Luego, amplió su plan en una entrevista que ofrendó al diario La Nación, en la cual precisó: la mudanza incluía a manteros de Once y Flores, pero no los de Caballito. Dicen los vendedores: “Son propuestas que los compañeros pueden agarrar o no; hay que estudiarlas. Pero la inmensa mayoría no quiere salir de la calle, porque es ahí donde se vende. Tampoco nos cerramos a no negociar, pero por ahora no tenemos ni una ley ni ninguna propuesta concreta. Lo único que enemos es falta de trabajo”.

Los manteros de Caballito y Flores, acompañados de colegas de las calles Avellaneda y Cabildo, organizaron entonces dos marchas: una en la que decidieron cortar la intersección de Acoyte y Rivadavia; y otra en la que caminaron esas cuadras vendiendo sus productos de forma ambulante -actividad que sí está permitida- demostrando así su preocupación por no poder trabajar, a dos semanas del operativo. La protesta, que se convirtió en una especie de perfomance, desnudó además el sinsentido del argumento de la “competencia desleal” contra los comercios establecidos, cuyas vidrieras ofrecían productos caros y elaborados, mientras los manteros ostentaban vinchas, abanicos, libros, juguetes, pañuelos, pantuflas…

Ñoquis y delincuentes

¿Cómo se llegó a este operativo? Ya en MU (N° 91) contamos el proceso judicial que vienen sufriendo los manteros de Caballito, según una causa contravencional impulsada por la fiscal Celsa Ramírez, que habilitó allanamientos indiscriminados, persecuciones insólitas y hasta pinchaduras de teléfono con intervención de la ex SIDE.

Para justificar el despropósito que significa utilizar estos recursos al servicio de una causa contravencional, la fiscal alega estar investigando una organización ilícita de vendedores callejeros cuando, en verdad, los vendedores afectados están organizados para defender sus puestos de trabajo de atropellos como los que la fiscal origina. Se dan a llamar Vendedores Libres, y muchos de ellos provienen de la calle Florida, de donde fueron también echados por la policía.

Este nuevo operativo se da en el marco de esa misma causa que se inició en 2012, con un acta contravencional por uso indebido del espacio público contra un mantero de 21 años, sin testigos. Y subsiste hoy por la presencia sostenida de vendedores que, lejos de replegarse, han ido en aumento en el tramo de Caballito hacia Flores, en esa misma cantidad de tiempo.

En el medio, la causa registra decenas de denuncias de comerciantes que se preocupan indistintamente por la circulación por el espacio público como por la competencia desleal que, creen, les representan los manteros para sus locales. Y también en el medio entre los manteros y las causas armadas que los persiguen, señalan ellos, se encuentran los medios comerciales de comunicación. “Cuando el gobierno quiere aplicar políticas duras, se pone en víctima, y construye un relato con el sustento de los medios”, dice Omar, trazando una fina línea de comparación. “Fijate el caso de los ñoquis. Te catalogan de una manera que hacia afuera te impide considerarte como trabajador. A nosotros, en vez de ñoquis, nos dicen delincuentes”.

“¿Cómo salís de esa situación?”, se pregunta y se responde: “Lo que nos queda es organizarnos y que la gente entienda que nosotros somos trabajadores, y que también lo entienda el Estado. Es tan evidente la ausencia del Estado en estos momentos que te da la pauta que lo único que te queda es reaccionar”.

Otras estrategias comunicativas contra los manteros se aprovechan de la cantidad de extranjeros que encontraron una salida laboral en esta actividad: “El Estado, en algún momento, va a tener que salir a justificar la desocupación y apela a conceptos de ultraderecha: la culpa la tiene el extranjero. Y encima es mantero”.

¿Qué genera, en la práctica, en el día a día, en la calle, todo esto? Dos cosas:

“Hasta ahora nosotros vemos que buscan generar miedo, para que más allá de la necesidad que tengan los manteros, prevalezca más el espíritu de supervivencia. Así, el miedo le gana a la necesidad de trabajo. Eso disgrega y paraliza”.

Caso testigo

César tiene 46 años, es mantero, peruano, esposo y padre de 4 hijos, 3 de ellas argentinas. Antes de aterrizar en Buenos Aires, hace ya un año y medio, pasó por Venezuela, volvió a Perú y decidió cruzar la frontera por segunda vez. Eligió Argentina por el idioma, aunque también estaba en carpeta Brasil.

Al igual que en Venezuela, apenas llegó al país trabajó “en costura”: eran muchas horas, y muy cansadoras. “Decidí salirme de eso. Trabajaba en costura lunes a viernes y sábado y domingo vendía en la calle. Y me iba bien y me fui de costura. Y me dediqué a trabajar en la calle”, relata César.

Los aventureros

Al igual que César, existen decenas de trabajadores callejeros radicados en Caballito que son peruanos. Muchos viven juntos y comparten mercadería, pero no es condición necesaria. A cada uno se lo puede ver detrás de su propia manta, llevando su propio carro. Y se puede conocer a su propia familia. Dice César: “Cuando los países están en situaciones difíciles, muchos quieren salir, buscarse otros horizontes. Basta que uno diga ´me fue bien en tal país´ para que otros vengan. Como pasó acá hace un tiempo, que hubo una situación dramática, y muchos se fueron a Europa, Estados Unidos… ¿no?”. A este ritmo de inmigración, la cantidad de peruanos manteros creció en los últimos años. “Ahora últimamente están saliendo menos. Cambió la economía”, analiza César. 

Son estos inmigrantes los que denuncian que a partir del fallo que obliga a portar el documento de identidad, la policía detuvo a más de 100 manteros peruanos. También denuncian las trabas que están teniendo para hacer trámites que regularice su situación migratoria. Y cómo intentan complicarla las persecuciones contravencionales.  “Si no tenés una causa, te la inventan, para que después en el trámite te salte, no te puedan dar el DNI y, a la larga, te tengas que ir del país”.

¿Cómo ve el futuro? César: “Incierto. No sé qué va a pasar. Algún trabajo tiene que haber. Pero no nos podemos quedar quietos. Hasta donde podamos, estaremos. Lo que pasa es demasiado: nos cierran una puerta, otra puerta, muchas puertas. Ése es el problema. No sé si será racismo… Para mí, analizándolo bien, no hay racismo. Lo que pasa es que no hay un plan de gobierno como debe ser. Para mí es un gobierno aventurero. Veo que hay cantidad de despidos estatales porque dicen que no trabajan y, por otro lado, no dejan trabajar a los que  producen su propio trabajo”.

Caos y oportunidad

Omar repite: “Nadie quiere a los manteros. Todas las instituciones del Estado, de una u otra forma, prefieren quedar bien con el poder económico y no con los trabajadores. Los gremios, lo mismo: aparentan estar con los trabajadores pero cuando negocian con el Estado, nos quieren sacar de la calle. Por eso tenemos el grado de soledad que tenemos. Decidimos, ante la ausencia de una defensa, tener la mejor defensa, que es la organización de los trabajadores”.

Sobre la regularización, los manteros recuerdan que existieron dos proyectos de ley que el gobierno porteño vetó. Y cuando pasa algún vecino que les reclama que paguen impuestos, los manteros le dan la razón: “Muchos pagamos el monotributo. Y si quieren que paguemos otros impuestos, que nos dejen trabajar”.

Vendedores Libres clama por un diálogo con el gobierno porteño para poder hacer eso: trabajar. Y se organiza para reclamar la regularización de la venta en el espacio público. “Ni siquiera estamos haciendo un reclamo por la dignidad, la obra social ni por la jubilación: estamos reclamando que nos dejen trabajar. Y para que no nos traten como delincuentes”, dice Omar.

¿Por qué los persiguen? La hipótesis de Omar: “Creo que tanto los políticos como el gobierno actual saben que somos trabajadores. Y se pone todo el aparato del Estado para sacarnos porque el Estado hoy está puesto a disposición de los intereses económicos. Este mega operativo no es sólo por una investigación judicial; es una demostración sobre cómo se utiliza desde el Estado a la justicia y a la policía en función de defender intereses”.

¿Cómo se ve el futuro desde la calle?

“Lo que se viene es un caos social. En el medio de eso, nosotros vamos a dar la lucha. Los manteros salimos a la calle antes que los gremios, dimos un ejemplo como trabajadores. En dos meses no van a tener mil policías para ponerlos en Caballito: los van a tener disgregados en otros focos de conflicto. Y quizá así entiendan que en este país hay mucha gente dispuesta a defender su trabajo”.

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La guerra más cercana

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Entrevista al escritor que mejor describió la violencia que arrasa a México, Sergio González Rodríguez, fallecido el 3 de abril de este año. Por el periodista español Ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, México, noche del 26 de septiembre de 2014: decenas de estudiantes son atacados por policías y criminales. Sucede entonces una de las masacres más terribles de la historia reciente del país. Los jóvenes son secuestrados y sufren torturas antes de ser asesinados. Los cuerpos al día de hoy siguen sin encontrarse. El Estado atribuye la autoría a “bandas criminales”. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos se niegan a aceptar la versión oficial de los hechos y en todo México se disparan las movilizaciones bajo las consignas de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “Fue el Estado”.

Unos meses antes, de visita en Ciudad de México, le comenté a una amiga lo perdido que estaba en la desmesurada realidad mexicana, mi incapacidad para entender casi nada de lo que sucedía, sobre todo esa “extraña guerra” en la que se vive allá y que se ha cobrado en torno a 100.000 muertes entre 2007 y 2012: la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Mi amiga me dijo: “Tienes que conocer a Sergio para saber dónde estás”. Se refería a Sergio González Rodríguez, periodista y escritor mexicano, uno de los primeros que se acercó e intentó echar algo de luz sobre los feminicidios de Ciudad Juárez. Es célebre su libro Huesos en el desierto, en el que conjuga el reportaje, la crónica y el ensayo para intentar desentrañar la naturaleza de los asesinatos de Juárez. Luego vinieron El hombre sin cabeza y Campo de guerra, ensayos sobre la violencia contemporánea que encuentra en México un laboratorio avanzado y terrible.

En esa comida que compartimos, tuve que ponerme en el lado derecho de Sergio porque no podía oír con el oído izquierdo desde que fue golpeado por unos desconocidos casi hasta la muerte en el barrio chilango de la Condesa. “Pero estoy vivo”, decía. Su capacidad de percepción no ha disminuido en absoluto y así lo prueba Los 43 de Iguala, el libro que acaba de publicar dedicado a analizar el caso de los estudiantes de la aldea de Ayotzinapa desaparecidos.

Hablando de México, del capitalismo salvaje, de la confusión entre el poder político, económico y criminal, del desmantelamiento del concepto de soberanía, de la militarización y paramilitarización del país, de la ilegalidad como negocio, de la sociedad fragmentada y del recurso a la excepción como forma de gobierno, Sergio no se refiere en absoluto a una anomalía o una realidad aparte, sino que nos describe las tendencias mayores que configuran a día de hoy el futuro de todos.

El Estado a-legal

-En Los 43 de Iguala dices: “Debo hablar de lo que nadie quiere hablar”. ¿Por qué el silencio?

-Cada vez más, las sociedades actuales tienden a silenciar los actos de abusos en todo sentido, los estados de excepción, la barbarie, el terror, el riesgo y la vulneración de los derechos, libertades y dignidad de las personas. El silencio al que aludo tiende a establecer nuevas líneas de coexistencia en todas partes donde la polarización y las tensiones sociales establecen una dinámica de adhesión versus rechazo tajante de una u otra causa, y la reflexión racional deja de ser importante para ser reemplazada por la simple emotividad de “buenos contra malos”. Las movilizaciones posteriores a la masacre de Ayotzinapa señalaron “Fue el Estado”. ¿Cuál es tu interpretación del papel del Estado en la masacre? Con la información disponible a la fecha, postulo que el Estado mexicano es presunto responsable de delitos de lesa humanidad por omisión en aquella noche. La participación activa de policías y militares debe ser indagada, desde luego. Tanto el gobierno local, como el estatal y el municipal, tienen responsabilidad al respecto y la investigación debe precisar los detalles de por medio. Asimismo, estoy convencido de que el gobierno de Estados Unidos también es corresponsable, por mantener dos mercados de alto impacto a partir de México y, en especial, en Guerrero: el de las drogas y el de las armas. Rechazo por completo la versión del gobierno acerca de que lo que sucedió en Iguala fue un mero asunto de drogas y criminalidad. En mi libro me permito analizar lo político y lo geopolítico que surge de aquellos hechos.

-La figura de Abarca, el ex-alcalde de Iguala, me parece muy llamativa porque condensa la fusión y confusión de poder político, económico y criminal que a tu juicio está devastando el país. ¿Podrías hablarme de esa figura y de esa conexión y entrelazamiento entre esos distintos poderes en México?

-La figura de tal individuo, su esposa y la trama de corrupción que de él se ostenta, entrega otro episodio más, ya no sólo de la corrupción mexicana, sino de procedimientos perversos de ejercer la política. Por ejemplo, emplear a criminales en tareas policiales, obtener el apoyo de fuerzas políticas, económicas y partidarias a pesar de tener pésimos antecedentes, reemplazar la legalidad a través de componendas de alto nivel, simular un respeto a la ley, funcionar, en suma, por dis-funcionalidades. Es lo que llamo un Estado a-legal. Son procedimientos estructurados que unen lo legal y lo ilegal.

Democracia formal

-En  otro de tus libros utilizas el concepto de An-Estado, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona el An-Estado en México? 

-El An-Estado es un Estado a-legal, como el mexicano, pero esto no es privativo de México. Funciona por sus dis-funcionalidades. Está fuera y contra -eso significa el prefijo “a”- de la legalidad y simula respetar la ley. En otras palabras, no sólo cumple fórmulas de excepción o ruptura de normas, sino que las incluye y las llega a invertir. Por ejemplo, sus nexos con el crimen organizado, que puede ser un instrumento de gobernabilidad o de apoyo, mediante aportaciones financieras, dentro del orden constituido. En este tipo de Estado, el gobierno puede ser reemplazado por prácticas comunicativas de control de daños, propaganda y campañas de contra-información en lugar de atender problemas concretos. En un An-Estado la democracia es formal, no sustancial, y se reproduce a partir de una clase política cada vez más ajena a la sociedad.

-México es un “campo de guerra”, dices, ¿podrías explicarnos este concepto y la realidad que nombra?

-México es un campo de guerra desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decidió desatar, bajo el patrocinio de Estados Unidos, una guerra contra el narcotráfico (2007-2012) y las fuerzas armadas del país fueron entregadas a tareas de gendarmería. Hay localidades, zonas, trayectos tomados, en forma temporal o continua, por el crimen organizado; el país mantiene un índice de impunidad de todos y cada uno de los delitos que se cometen del 98 al 99 por ciento, por lo que los ciudadanos son víctimas reales o potenciales de los abusos de las fuerzas armadas, las policías, el crimen organizado o el delito común. Estados Unidos es co-responsable de la degradación institucional en México, pues el estado de guerra descrito es producto directo del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN 2005). La soberanía del país fue entregada a los intereses estadounidenses.

Revolución de las mentes

-¿Dónde colocas tus esperanzas en este momento en México?

-En el conocimiento, la información, la reflexión, la claridad, en una revolución de las mentes que pueda sentar las bases prácticas para dejar atrás las imposiciones del sistema de mundo actual. Hay que re-pensar en forma integral la realidad y proponer nuevos entendimientos al respecto. En cuanto a las dem
andas específicas de las familias de las víctimas, su cumplimiento sería alentador. El petitorio de ocho puntos planteado por las familias al gobierno de Enrique Peña Nieto debe ser aceptado. Y habrá que evitar que el gobierno postergue la investigación judicial debida para favorecer acciones supletorias de tipo burocrático o comunicativo.

Mi impresión leyéndote, Sergio, es que describes un mundo cada vez más fragmentado donde “todo son bandas”, incluido el Estado, incluida la izquierda en muchos casos. Es la caída del Estado de Derecho. Hay opciones políticas, como el EZLN, que parecen olvidarse de esa “misión imposible” y dedican sus esfuerzos a construir espacios de justicia, solidaridad y autonomía. ¿Se trataría entonces, a tu juicio, de restablecer el Estado de Derecho o de constituirse en él como fuerza asimétrica emancipadora?

-La fragmentación señalada atañe a ciertas partes del país; en otras se mantiene cierta inercia de unidad a través del clientelismo partidario-electoral, a través de sindicatos como el de los maestros (que incluye grandes porciones disidentes), a través del impacto colectivo de los medios masivos de comunicación, a través de buena parte de la población que trabaja y mantiene un respeto parcial, pero concreto a la ley y a la convivencia. El Estado de derecho debe restablecerse porque, de otro modo, las instituciones se degradarán más cada día. La aceleración de la decadencia actual sólo reafirmará al poder constituido. El surgimiento de un contra-poder asimétrico que defienda de verdad valores de igualdad, justicia y solidaridad resulta deseable, pero en el entendimiento actual de las cosas políticas en México es una posibilidad difícil de ser realizada en el corto plazo: la izquierda ofrece más dichos que hechos en tal sentido.

-¿Qué propones en concreto para ese restablecimiento del Estado de Derecho?

-Desde tiempo atrás he sugerido:

  1. Retirar al ejército y a la marina de su función de gendarmería de la seguridad pública, al mismo tiempo que se fortalezcan y renueven los cuerpos policiales;
  2. Controlar el flujo y la posesión de armas ilícitas en el país, y desarmar a los grupos criminales;
  3. Establecer un plan de desarrollo para las localidades con los mayores índices de violencia con el fin de reducir la pobreza, la desigualdad, la violencia y los delitos, y regularizar servicios eficaces de salud, empleo, vivienda, transporte, educación, cultura, etcétera.
  4. Se requiere más inversión productiva, y menos gasto en armas. Por desgracia, el gobierno actual ha gastado en tres años 3.500 millones de dólares en armamento, todo para satisfacer los protocolos del ASPAN y la “seguridad nacional” de Estados Unidos.

Como muestro en mis libros, basta ahondar en el examen de los hechos para descubrir su evidencia ofensiva, su claridad perversa. Y si bien en un primer momento podemos confundirnos sobre el verdadero estatuto del policía que es un criminal, o viceversa, el mecanismo que lo posibilita puede ser desarmado por la observación, la denuncia, la insistencia política, la crítica.

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