El Secretario de Derechos Humanos recibió a la madre de Lucía Pérez, Marta Montero, a los padres de Cecilia Basaldúa, Daniel y Susana, al padre de Carla Soggiu, Alfredo, a los padres de Luna Ortíz, Facundo y Marisa, y al tío de Marina Inés Tripodi en la sede en la ex Esma. Allí los familiares contextualizaron la entrega de una carta que resume en 3 puntos las principales propuestas de políticas urgentes para apoyar el reclamo de búsqueda de justicia, síntesis a la que llegaron tras la asamblea pública del 3J en Plaza de Mayo. Reparación, reforma judicial y costos: los principales ejes, la carta completa, y las historias que grafican los reclamos.

“Después de escucharnos entre cada uno de los padres salió este documento”.

Con esas palabras Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, le extiende la carta al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. Días atrás, el sábado 3J, viajó también desde Mar del Plata para reunirse junto a decenas de familiares en lo que resultó una asamblea pública inédita e histórica en la que padres y madres de mujeres asesinadas y desaparecidas narraron sus casos y conectaron así los reclamos más urgentes que los atraviesan: impunidad judicial, complicidad narco-policial, falta de apoyo estatal.

Alrededor de la Pirámide de Mayo, rescataron las banderas de “Nunca Más” para proponer una mirada con enfoque de derechos humanos de la violencia machista. Por eso, el siguiente paso fue visitar al ex centro clandestino de detención Esma para acercar una síntesis al Estado de aquel encuentro en el cual, además de historias, nacieron reclamos y propuestas concretas.

Las historias

Una de las familias lleva gastados más de 3 millones en el proceso judicial, entre abogados, peritos, traslados y otras yerbas.

Otra tuvo que poner todos sus ahorros y vender pertenencias para pagar un proceso que, encima, está a punto de quedar impune.

Otra, después de 4 años de la muerte de una hija, se hace cargo de sus dos nietos sin percibir la Ley Brisa, que obliga al Estado a pagar una pensión a las y los huérfanos por femicidio.

Otra de ellas – le cuenta al propio secretario Pietragalla- tiene la causa judicial dividida en cinco partes, haciendo imposible el seguimiento por parte de un abogado que le cobra por causa. “Nadie quiere agarrar la causa de mi hija, porque dicen que ponen en peligro su vida”, cuenta además, hecho que a ninguna de las familias le parece anormal.

Cada relato va urdiendo la razón de por qué este grupo de víctimas de femicidios se encuentra en la Secretaría de Derechos Humanos: se trata de un grupo de víctimas organizado que pelea por justicia contra las tramas narco territoriales, la complicidad policial y la impunidad judicial como parte de un mismo monstruo que los acecha y los amenaza, pero no los amedrenta.

En el medio, el Estado,  y también las propias familias que, después de las pérdidas, viven poniendo dinero de sus bolsillos para enfrentar procesos que encima, en su mayoría, terminan en la impunidad. “Estamos cansadas”, resume Marisa al sentarse en la silla. “Es repetitiva la violencia que estamos viviendo de todo el Estado, del Poder Judicial, pero también del Ejecutivo”.

Facundo, su marido, suma: “Sin parte económica el Estado no existe. Todo lo que hacemos lo hacemos solos, y nos cuesta”. Y aclara que tuvo que faltar al trabajo para venir a la reunión. Marta recuerda que su marido, Guillermo, fue despedido tras más de 20 años en el mismo empleo por sus faltas sucesivas al tener que salir a pedir justicia por su hija.

“Nos sentimos solos, nos cuesta que las instituciones estén involucradas en serio. Nos sentimos desprotegidos. La única herramienta que tuvimos las familias todos estos años fue salir a las calles”, vuelve a tomar la palabra Marisa.

La carta entregada ayer a Pietragalla propone una Ley de Reparación para las víctimas de femicidios que recoge el guante del informe Nunca Más elaborado por la CONADEP donde recomendó: «Que se dicten las normas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo».

En su carta los familiares proponen dos variantes de aplicación. Pietragalla, especialista en materia de derechos humanos, habló sobre las dificultades de debatir una nueva normativa pero propuso solicitar un mayor presupuesto para la Ley de Víctimas, entre otras estrategias que se comprometió a consensuar con el Ministerio de Mujeres y Géneros de Nación.

“Que estén organizados es importantísimo. La ampliación de presupuesto de la ley de víctimas es fundamental. La ampliación de volumen del Ministerio de Géneros, también” dijo Pietragalla durante el encuentro.

Otro de los puntos refiere a la mentada reforma judicial, que los familiares proponen a arrancar por una urgente capacitación de fiscales, los principales impulsores de las investigaciones judiciales que, según las experiencias vividas por los familiares, son la punta del ovillo de la impunidad: comienzan mal y tarde, ocultan pruebas o no saben cómo buscarlas, enredan los procesos, no tienen perspectiva de género ni de derechos humanos. Daniel Basaldúa resume de qué están hablando: “No podemos hacer justicia porque son narcofemicifios. Por eso necesitamos apoyo, porque peleamos sola contra poderes muy grandes”.

Por eso el pedido apela a una respuesta política y urgente. “Si hay alguna chance de pelearle a lo marco es por el bagaje de derechos humanos”, sumó Claudia Acuña, periodista de lavaca que acompaña a las familias en su reclamo de justicia y construcción de derechos.

Otra de las propuestas que surgieron sobre tablas en la reunión tuvo que ver con una nueva reglamentación de la Ley Brisa, que hoy requiere tener tanto al proceso caratulado como “femicidio” – algo que por la propia desidia estatal la mayoría de las veces no sucede- así como una sentencia de tenencia familiar ya finalizada, algo que también la propia justicia suele demorar años.

Otra propuesta de último momento la sugirió Marta Montero, que hasta las 21 de la noche del día anterior no sabía si tendría pasajes para viajar, y entonces propuso agregar a los reclamos el pedido de un pase libre de transporte para familiares de víctimas, ya que usualmente deben trasladarse cientos de kilómetros para seguir las causas judiciales o para mantener reuniones como ésta.

A las 20 de la noche, después de más de dos horas de charla, las madres y padres seguían conversando en medio de la ex Esma, camino a la salida sobre la calle Libertador.

“Es poquito lo que pedimos”, decía Alfredo Soggiu, padre de Carla Soggiu. “Yo hubiese agregado la idea de sacar las causas de los juzgados donde está garantizada la impunidad, que haya una fuerza especial”, suma y enseguida otro sigue.

Y así, entre las propuestas de la carta (ver abajo) y las ideas que siguen brotando los familiares proponen crear los derechos que faltan que no son otra cosa que los dolores que viven día a día.

La carta

Nosotras, Familias Victimas de Femicidios, Transfemicidios y Desparecidas, reunidas el de 3 de junio de 2023 en la Plaza de Mayo, en una asamblea realizada a cielo abierto, escuchamos los testimonios de quienes sufren la violencia del Poder Judicial, la ineficacia del Poder Ejecutivo y el desprecio de quienes se autoperciben interlocutoras expertas. Analizamos luego lo común de cada experiencia en la búsqueda de verdad y justicia: lo narco, la policía, la fiscalía como trama de la impunidad. También sacamos cuentas: alcanzar una sentencia firme cuesta más de 25 años. Luego, pesamos nuestras cargas: el tiempo dedicado a golpear puertas, empujar causas; los daños que el maltrato y la impotencia cosechan en nuestra salud, los días de trabajo perdidos, las noches en vela, etc.. Todo lo cual nos llevó comprender que es necesario lograr un cambio concreto y ya, para todas las familias y para que Nunca Más. Por todo esto decidimos concentrar nuestras exigencias en tres puntos:

1) Reparación a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas. La reparación económica de las víctimas constituye para Argentina una experiencia sobresaliente a nivel mundial. Hemos analizado este antecedente, tanto en el camino que requirió por parte de las víctimas para consagrar este derecho como en el modo en el que Estado lo implementó. El primer eslabón lo encontramos en el informe Nunca Más elaborado por la CONADEP donde recomendó: «Que se dicten las normas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo.”

Nutridas por esa experiencia y con la convicción de que las herramientas sociales creadas por el movimiento de derechos humanos nos han legado prácticas concretas para erradicar las violencias que sufrimos, consideramos que es necesario:

a) Desde el 1 de abril de 1996, fecha en la que el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron con fuerza de ley N.º 24.632 la Convención de Belem Do Pará, las familias hemos sido víctimas del incumplimiento de esta norma y, por lo tanto, el Estado argentino debe admitir esa falta con una medida de reparación concreta, tal como está previsto en el artículo 7, inciso 6 de esa ley.

b) Debe sancionarse una ley de Reparación Integral a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas.

2) Transformación del Poder Judicial: Mucho se ha hablado de la reforma del Poder Judicial, sin dar un solo paso concreto. Es necesario y urgente, entonces, hacer algo ya. Hay tanto para modificar, tanto para crear y tanto para reflexionar que toda medida concreta resulta  chiquita, frente a lo monstruoso de la realidad. Pero las familias sabemos que las cosas llevan tiempo, paciencia,  compromiso y un plan de acción puntual, que nos permita medir la diferencia que hay entre lo que nos proponemos y finalmente alcanzamos. En base a este aprendizaje, que nos ha permitido vencer barreras y lograr avances que parecían imposibles, consideramos que es necesario:

a) Crear una mesa de trabajo con eje central en la tarea de las fiscalías, en las que estén involucradas las Procuradurías y las familias.

b) Crear un Observatorio de las Fiscalías de Género a cargo de las universidades nacionales de cada localidad, que dediquen cátedras especializadas al seguimiento e informe de la labor fiscal en causas relacionadas con violencias de género, que sean de acceso público, libre y gratuito.

3) Que el Estado se haga cargo de:

a) los costos de querellas: en tanto logremos que las fiscalías trabajen cada causa en equipo con las familias, es necesario que el Estado tenga un programa  para financiar querellas particulares y a los profesionales que eso requiere -letrados y peritos- porque se trata de honorarios absolutamente imposibles de asumir por las familias y que no representan una cifra importante para el Poder Ejecutivo: comparen por ejemplo, lo que han aportado para que el 3 de junio se baile frente al Congreso y lo que significa que el lunes 5 le respondan a los hijos que dejó huérfanos el femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco que no hay fondos para pagarle a su abogada.

b) Que el Estado se haga cargo de los pases libres de transporte de las familias, ya sean terrestres o aéreos, ya que debemos trasladarnos constantemente cientos de kilómetros para seguir las causas judiciales, entre otras tareas del reclamo de justicia que afrontamos con nuestros bolsillos.

Estos son nuestros tres pedidos.

Ahora están en sus manos.