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Alperovich fue procesado y embargado por abuso sexual

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La justicia procesó a José Alperovich por abuso sexual simple en tres oportunidades y abuso sexual agravado en seis oportunidades. Además lo embargó por 2,5 millones de pesos. «Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019», celebra Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. «Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano», reflexiona. Las lecciones de esta demora en el avance judicial, y el contexto de violencia patriarcal que caracteriza a la provincia. Y un recuerdo imborrable: la desgarradora carta de la persona que denunció al ex gobernador.

El procesamiento, dictado por el juez Osvaldo Rappa, del Juzgado Criminal y Correccional 35, llega luego de la denuncia de su sobrina, y ex asesora, por abusos ocurridos entre 2017 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires. En una carta pública la víctima relató así los abusos: «Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”.

La causa se había iniciado en la Ciudad de Buenos Aires y en Tucumán, en ambas jurisdicciones se declaraban incompetentes. En mayo del año pasado, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Nación, la causa pasó a CABA y fue impulsada por el fiscal Santiago Vismara, de la Fiscalía Criminal y Correccional 10, y la fiscala Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. 

Alperovich declaró el pasado 20 de abril, se aseguró inocente y luego tuiteó: “Realicé un extenso descargo de mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas en la causa y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política”. 

Jardín de la impunidad

José Jorge Alperovich dio sus primeros pasos en la política como legislador provincial de Tucumán, integrando el bloque de la Unión Cívica Radical en 1995. Allí se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese periodo Antonio Bussi era el gobernador. 

Luego fue gobernador de la provincia de Tucumán durante tres periodos seguidos, entre 2003 y 2015, año en el que asume como senador nacional. Su esposa, Beatriz Rojkés, también es senadora y, además, preside el Partido Justicialista en la provincia.

El caso de Alperovich no es aislado: en la provincia de Tucumán son los seis hombres de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron denunciados por casos de acoso, abuso sexual y de poder. Además de Alperovich ellos son: el legislador Ricardo Bussi, el ttular del Ministerio Publico de la Defensa Washington Navarro Dávila, Antonio Daniel Estofán vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Carlos Najar intendente de Las Talitas, y Bruno Gabriel Romano Concejal de Juan Bautista Alberdi.

El festejo y lo que falta

“Lo de Alperovich, para el movimiento feminista, es un triunfo”, dice a lavaca Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. “Decimos que hoy la justicia fue un poquito más justa, pero se demoró muchísimo. También es un mensaje, entendiendo otras cosas que vamos logrando, por ejemplo: hemos avanzado en la causa de Bussi pidiendo el desafuero, entendiendo que al juez Pisa el año pasado le pudimos hacer un juicio político”.

¿Qué quiere decir ese mensaje?

Que a la larga esta tozudez que tenemos el movimiento feminista en plantar bandera, en salir a decir, en tomar las calles, en no dejar que se invisibilice y desaparezca el tema; a la larga, tiene estos resultados. Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019. Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano. Esa es la primera reflexión que hago cuando veo la noticia.

¿Qué falta? 

Falta mucho, falta que la justicia se reforme con mirada feminista, lo que significa que hay que poner se a discutir, hoy más que nunca, qué es esta reforma judicial. Pero hoy estamos contentas, porque es un mensaje para una provincia como Tucumán, donde la impunidad camina tranquila por la calle. 

La carta de su sobrina

A la luz del procesamiento, leer completa la carta abierta que su sobrina difundió en noviembre de 2019 es una forma clara de contextualizar esta noticia. Dice:

“Estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida. Pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas. Ya no nos callamos más, pero tampoco queremos hablar por lo bajo de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que nos hicieron y de cómo hacemos para volver a la vida después de que hechos tan traumáticos nos la cambiaron para siempre.

No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe.

El mío se llama Jose Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él.

No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mi. Ya se cansaría de mi, de que no quiera, de que sea “asexuada” como me llamaba. Pero su fijación no cesaba, durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia por mi resistencia.

La sensación de que nunca nadie iba a salvarme, de que no iba a haber una interrupción o algo que me sacara de esos lugares. Era expresamente su voluntad. Yo no podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros, y policías y custodios armados. Todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Estaba completamente atrapada.

Yo nunca elegí estar ahí de esa manera. Se lo decía en cada no. Pero mis no para él nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu ni de la cantidad de veces que se lo decía ni de como se lo explicaba ni de como mezquinaba mi cuerpo ni de como intentaba defenderme ni si lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto.

Durante todo ese tiempo no tuve ni un respiro. Trabajé sin parar, sin vacaciones, sin feriados. Solo me liberaba cuando él viajaba. Pero cuando regresaba, volvía también la pesadilla. Hasta que se detuvo, hasta que las situaciones en las que el disponía quedarse solo conmigo para tocarme y penetrarme se volvieron situaciones ya de violencia y maltrato público, delante de personas. Pero ya no más por dentro, ya no más al hueso, ya no más solos.

Pensar en quién era yo antes, sin miedo, con deseo de desarrollarme, de aprender, de vivir. Si me conocías pensarías que era una mujer a la que jamás le podría pasar algo así. El peligro cayó sobre mí todo junto, encubierto en el afecto familiar y en la seriedad de lo laboral. Quedé atrapada y atravesada para siempre.

A mí esto me cuesta desde el día que empezó a pasar y en todos los sentidos. Solo quiero justicia. Recuperar mi vida. Tengo 29 años, soy libre, soy joven. Quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar. Responsabilidad de acciones, consecuencias para quien corresponde. Hasta ahora, sólo las cargo yo. Sacarme esta mochila que ya no puedo sostener más y entregársela a su dueño.

No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí. El motivo más importante de mi vida es mi renacimiento, mi sanación y la búsqueda de justicia. ¿Qué motivo más importante que el valor de mi propia vida puedo tener?

Estoy acá contando lo que viví por mi seguridad pero también para que otras mujeres se animen a hablar. Esto no me mato, me puedo proclamar y me puedo defender. Me puedo recuperar, me puedo cuidar, me puedo elegir. Hoy elijo no callarme nunca más. A pesar de que me decía, en pleno horror: ‘cállate, ¿no ves como estoy?’, para tapar todos mis no. No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar.

Elijo cerrar con estas palabras de Zuleika Esnal: “A las que denunciaron. A las que no. A las que pudieron salir. A las que no. A las que me escriben pidiendo que escriba. A las que me escriben pidiendo que no, que solo quieren probar qué se siente que alguien más sepa su infierno. A las todavía no. A las ahora sí. A las no puedo. A las sin nombre ni apellido. A las no pongas mi ciudad, por si me encuentra. A las mi vieja sabía y no hizo nada. A las de huesos rotos. A las que ya no están para contar su historia. A las que están acá pero no pueden contarla. A las que escriben paredes. A las que no. A las que salen a la calle. A las que no. A las que me va a sacar el nene si denuncio. A la memoria de todas. A sus mamás. A todas las mamás. (…) A las callate y aguantá. A las no aguanto más. A las me quiero morir. A las de sexo anal para no quedar embarazada de mi viejo en sexto grado. A las viajeras que no vuelven. A las que vuelven y es un lujo. A las te escribo ahora que duerme. A las te dejo que volvió. A las me mata si se entera. A las no sé a quién recurrir. A las te escribo porque yo no tengo a nadie””.

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7 años sin Lucía: Salvando el corazón

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Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.

Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre,  Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

Por Anabella Arrascaeta

Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.

Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año. 

Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?

Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos. 

Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso? 

Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron. 

En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata? 

La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

7 años sin Lucía: Salvando el corazón

¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?

Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando. 

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

  • La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
  • Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
  • La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
  • Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
  • Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

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La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. 

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

 El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.  

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

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Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?». 

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

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