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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Lucía Pérez: mil firmas por una fecha para el jury a los jueces que dejaron impune el femicidio

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A pesar de haber sido votado por unanimidad hace más de un año, el juicio político a Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas sigue sin fecha. Pasaron ya cuatro años del fallo misógino y la familia logró un nuevo proceso que comenzará en febrero, pero en paralelo reclama el fin de la impunidad para quienes buscaron consagrar la impunidad. Organizaciones, sindicatos y hasta la actual Ministra de la Mujer de la Nación acompañan el pedido de la familia, a través de distintas cartas dirigidas a la Corte Suprema de la Provincia y miles de firmas cosechadas durante la muestra El cuarto de Lucía el mes pasado en Mar del Plata.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, viajó toda la noche y llegó a la Plata a las 7.20 de la mañana para entregar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires mil firmas que acompañan el pedido urgente de que se resuelva el jury a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes pretendieron consagrar la impunidad en el femicidio de la jóven marplatense de 16 años.

“Ya han pasado cuatro años del fallo y un año de que los jueces han sido apartados de sus cargos pero aún seguimos sin respuesta. Exigimos la audiencia de prueba a estos magistrados que han sido apartados por mal desempeño de funcionario público. Queremos una reforma judicial con perspectiva en derechos humanos”, dice el texto que reunió mil firmas durante la exposición de El Cuarto de Lucía en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. 

Además, junto a las firmas, se entregaron cartas de organizaciones que acompañan el reclamo, entre ellas una firmada por Ayelen Mazzina Guiñazú, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en la que solicita “tengan a bien adoptar las medidas necesarias para que dicho poder del Estado tome razón de los cambios que han venido operándose a nivel social, que comprenda lo imperativo de adoptar como elemento central la perspectiva de género y feminista a la hora de juzgar, que se posicione como servidor de la comunidad, que escuche sus reclamos y reivindicaciones, y se convierta así en un ejemplo y un pilar más de la lucha contra el patriarcado, las vulneraciones sociales y desigualdades por razones de género”. Además, dejando en claro que no pretende la intromisión en otros poderes, sigue la Ministra: “Deseamos que la población bonaerense y del resto de la nación Argentina pueda observar prontamente que se transita hacia un efectivo juzgamiento de los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso”. 

Marta Montero ante la Corte Suprema bonaerense: en sus manos, la carta que reclama fecha urgente para el jury, acompañada por mil firmas.

La falta de decisión

Lucía tenía 16 años cuando la abusaron y mataron. Pero los jueces Gómez Urso, Viñas y Aldo Carnevale (que evadió el jury político porque fue beneficiado por la ex gobernadora Vidal con la jubilación anticipada) absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel y se dedicaron a hacer un minucioso análisis de la vida de Lucía: qué le gustaba escuchar, qué profesión quería seguir, con quién y de qué chateaba, qué le gustaba fumar.

En noviembre del año pasado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados votó por unanimidad a favor de la suspensión de los jueces Pablo Viñas y Juan Facundo Gómez Urso, y del inicio del juicio político por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. La audiencia estuvo presidida por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Pero el proceso aún no inició. Dice Marta Montero: “Ya está sorteado quienes van a llevar adelante la audiencia, entonces solamente se tienen que sentar y hacerlo. Tiene que tomar la decisión”. 

¿Qué falta, entonces? “Decisión política”. 

El cuarto

Para exigir que se concrete el inicio del jury se inició una campaña durante la exposición de “El Cuarto de Lucía” en el Teatro Auditorium de Mar del Plata en la cual se juntaron nada menos que mil firmas. Todas dirigidas a la Corte Bonaerense, algunas de ellas se acompañan con cartas que suman su voz al reclamo. Entre otras, están firmadas por: 

  • Ayelen Mazzina Guiñazú, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
  • Comisión Ejecutiva Nacional de la Central de Trabajadores/as de la Argentina Autónoma
  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Regional tuyú Sur
  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Regional Mar del Plata.
  • Asociación Judicial Bonaerense. Departamental Mar del Plata.
  • Foro de Géneros, foro interdistrital de géneros sobre abuso, violencia y trata de personas. 
  • Red Regional de Mujeres.

“Para seguir creyendo en la justicia, solicitamos que este jury se concrete a la brevedad”, dice la carta de la Red Regional de Mujeres. Desde la Asociación Judicial Bonaerense, por su parte, solicitan el inicio del juicio “cumpliendo de esta forma el propio Estado los compromisos internacionales asumidos de lucha contra la violencia de género”. Desde el Foro de Géneros interpelan: “No entendemos por qué el retardo de la justicia de esta medida votada por unanimidad”. 

Remata el pedido Marta Montero: “Hemos ido, hablado, preguntado miles de veces. Ahora hacemos esta campaña porque no queremos seguir esperando y porque no estamos solos: nos apoyan. Entonces que nos escuchen: queremos que se ponga fecha”. 

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Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

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