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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional
Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Condenan a cadena perpetua al ex sargento de la Bonaerense Ricardo Panadero por el femicidio de Natalia Melmann

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El ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero fue encontrado culpable de secuestrar, violar y asesinar a Natalia Melmann cuando tenía 15 años: el Tribunal Oral en lo Criminal n°4 de Mar del Plata, conformado por los jueces Néstor Conti y Juan Galarreta, y la jueza Mariana Irianni, lo condenó por unanimidad a cadena perpetua. 

La sentencia llegó 22 años después del femicidio. Natalia fue secuestrada la noche del 4 de febrero de 2001 en Miramar. Su cuerpo se encontró cuatro días después en el vivero municipal. La autopsia reveló la presencia de cinco perfiles genéticos distintos en su cuerpo. 

Un año después, en octubre de 2002 los policías bonaerenses Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez fueron condenados a perpetua por privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas para asegurar el resultado. En ese juicio también fue condenado a 25 años Gustavo “Gallo” Fernández, por su participación en el secuestro, pero la pena luego fue reducida a 10 años de prisión.

Condenan a cadena perpetua al ex sargento de la Bonaerense Ricardo Panadero por el femicidio de Natalia Melmann
Familiares de víctimas de femicidios acompañaron la lectura de la sentencia por el femicidio Natalia Melmann. Fotos: Campaña Somos Lucía

La sentencia a Ricardo Panadero tardó mucho más tiempo en llegar: en el proceso de 2012 la justicia lo había sobreseído. Recién en 2018 fue juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata integrado por los jueces Jorge Peralta, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro: también lo absolvieron. Sin embargo, ante una presentación de la familia Melmann el Tribunal de Casación en 2020 decidió anular el fallo y ordenó hacer un nuevo juicio: así llegó Panadero a ser condenado. 

Hoy, finalmente, el TOC 4 lo encontró culpable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal calificado por la participación de dos o más personas y homicidio doblemente agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa, todos en concurso material entre sí.

Su detención fue pedida de manera inmediata así como su traslado a la Unidad Penal Nº7 del complejo penitenciario Batán. 

La búsqueda de justicia continúa: hay un quinto perfil genético que aún no pudo ser identificado. Por eso Gustavo sostuvo después de la sentencia: “Ojalá que nos alcance la vida para poder condenar a todos”.

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Natalia Melmann: 22 años después, el ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero llega a juicio por el femicidio

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Natalia Melmann fue secuestrada la noche del 4 de febrero de 2001 en Miramar: su cuerpo se encontró cuatro días después en el vivero municipal, con cinco perfiles genéticos distintos en su cuerpo. Por el hecho fueron condenados a cadena perpetua tres policías bonaerenses, y un cuarto cómplice del secuestro a 10 años de prisión; pero el sargento Ricardo Panadero, acusado de secuestrar, violar y asesinar a Natalia, había sido sobreseido en dos intancias. Por la lucha familiar mañana se sentará en el banquillo par ser juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata: tanto la fiscalía como la querella piden perpetua. Las palabras de Gustavo Melmann en la antesala de este nuevo proceso, a 22 años de la muerte de su hija, y cómo es la construcción de justicia «víctima a víctima» y en la calle.

Gustavo Melmann mañana se va a levantar temprano, va a buscar la misma camisa que usó durante todo el juicio y antes de salir va a ponerse el perfume que usaba su hija Natalia: Mujercitas. “Son mis rituales”, describe en la antesala de conocerse la sentencia en el juicio al ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero, acusado de secuestrar, violar y asesinar su hija, Natalia Melmann, cuando tenía 15 años. 

“Estamos con cierta angustia, más viejos y desgastados”, dice Gustavo a lavaca.

Habla en plural, como familia,pensando en Laura Calampuca, con quien tuvo 4 hijos y 5 nietos. Es el tercer juicio que toda la familia Melmann atraviesa por el femicidio de Natalia.

Natalia Melmann: 22 años después, el ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero llega a juicio por el femicidio
Gustavo Melmann, papá de Natalia, durante el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez: «Construimos víctima a víctima». Foto: Lina Etchesuri

El caso

Natalia Melmann fue secuestrada la noche del 4 de febrero de 2001 en Miramar. Su cuerpo se encontró cuatro días después en el vivero municipal. La autopsia reveló la presencia de cinco perfiles genéticos distintos en su cuerpo. 

Un año después, en octubre de 2002 los policías bonaerenses Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez fueron condenados a perpetua por privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas para asegurar el resultado. En ese juicio también fue condenado a 25 años Gustavo “Gallo” Fernández, por su participación en el secuestro, pero la pena luego fue reducida a 10 años de prisión.

El ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero, que ahora llega a juicio, no estuvo en aquel proceso; la justicia lo había sobreseído previamente. Recién en 2018 fue juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata integrado por los jueces Jorge Peralta, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro: también lo absolvieron. Sin embargo, ante una presentación de la familia Melmann el Tribunal de Casación en 2020 decidió anular el fallo y ordenó hacer un nuevo juicio: así llega Panadero nuevamente a ser enjuiciado. 

“Esperamos que realmente se resuelva mañana”, sostiene Gustavo sobre la espera y las dilaciones. La sentencia está anunciada a las 10.30 horas. 

Natalia Melmann: 22 años después, el ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero llega a juicio por el femicidio
El exsargento policial Ricardo Panadero, cuarto efectivo acusado por el abuso sexual y el asesinato de Natalia Melmann.

22 años después

El juicio, que empezó el último 5 de mayo, estuvo a cargo nuevamente del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata, esta vez integrado por los jueces Néstor Conti y Juan Galarreta, y la jueza Mariana Irianni. La fiscal del proceso, Ana Caro, pidió prisión perpetua para Panadero durante los alegatos, la misma pena pidió el abogado de la familia. Agrega Gustavo: “Nuestro abogado pidió también que se miren las pruebas con perspectiva de género y desde las ciencias vinculadas a la niñez: Nati tenía solo 15 años”, recuerda.

La sentencia llega 22 años después del crimen. Para Gustavo el entramado de impundad se dio porque son policías los involucrados, “de haber sido otra gente la involucrada se hubiera resuelto mucho antes”, sentencia. Por eso al crimen lo describe así: “El de Nati fue un femicidio en manos del Estado”.

Mañana desde las 9 horas organizaciones y familias de víctimas estarán acompañando en la calle de los tribunales marplatenses. Gustavo resalta que durante todos estos años estuvieron acompañados por familias de víctimas, organizaciones feministas y organizaciones vinculadas a la lucha contra la violencia institucional.

Construimos víctima a víctima, hay un montón de cosas que son iguales, que se repiten, y hay una necesidad de buscar justicia en conjunto y cambiarlas en conjunto también”. 

Gustavo sabe que después de conocerse la sentencia la lucha sigue: hay un quinto perfil genético que aún no pudo ser identificado. 

Mañana va a colgarse en el pecho la misma foto de su hija que plastifica una y otra vez hace más de dos décadas, y va a volver a salir a la calle para pedir justicia.

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Perpetua para los femicidas de Iara Rueda 

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Dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena: así fallaron las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig, por el femicidio de Iara Rueda -16 años- asesinada en septiembre de 2020 en Palpalá, Jujuy.

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

Pasadas las 17.25 de la tarde, mientras un centenar de mujeres aguardaban en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 atentas a lo que iba conociéndose, se escuchó leer a la secretaria de juzgado Silvana Anún la sentencia a los tres acusados: 

  • «Declarar penalmente responsable a Fernando Tomás Fernández, por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia a la jueza de menores de turno en el momento del hecho.
  • Declarar a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género; con pena de prisión perpetua».

Ahora cabe esperar que el juzgado de menores dicte la sentencia a Tomás Fernández y se conozcan los fundamentos del fallo que dictó la perpetua para Cachizumba y Abad. 

El abrazo en la calle

Pocos minutos después de conocerse la sentencia, abrazada de su esposo Juan José Rueda, Mónica Cunchila, la mamá madre de Iara, entre lágrimas, dijo: “Es lo que estábamos esperando, pero aún falta más, aquí hay complicidad y vamos a seguir trabajando en eso. Hoy mi hija tuvo justicia, mi hija está acá conmigo”. Mónica se mostró conforme con lo que dijo el Tribunal, el fiscal, el abogado. “Me han escuchado, ha sido duro, en el camino hemos ido aprendiendo muchas cosas de cómo se maneja la justicia”.

Relató emocionada también que en Palpalá, donde viven, siempre le deja flores en la tumba de su hija: “Se marchitaban rápido y ahora no, hoy me acerqué y sus flores estaban como el primer día, son señales».

Al preguntarle qué significaba para ellos el abrazo de toda una provincia, todo un país que los acompañó durante todo este tiempo, Mónica respondió: «Es muchísimo porque toda la sociedad nunca nos dejó, toda la gente de la provincia nos apoyó con mensajes que decían que no bajemos los brazos, nos daban aliento. Porque esto le puede pasar a cualquiera. A veces miramos para otro lado y ahora me tocó estar de este lado de la vereda. Se hizo justicia por Iara, y esto no tiene que pasar con ninguna mujer, no queremos nunca más una Iara, no queremos otro femicidio. Le agradezco a cada uno y a todos los medios de prensa, porque no hay que naturalizar la violencia y menos un femicidio”. 

En la calle Mónica y José se fundieron en un abrazo con Florencia, mamá de Monica y abuela de Iara, para luego encontrarse con la cientos de personas de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy y organizaciones sociales que, como cada jornada, esperaron atrás de las vallas del juzgado a la familia. Además también los esperaban madres y padres de la Asamblea Nacional de Víctimas de Femicidios que viajaron desde distintos puntos del país. 

Mónica: «Hoy se hizo justicia, hoy terminó un juicio que veníamos mendigando durante casi tres años en las calles, soportando que me echen de Casa de Gobierno, soportando la lluvia, el sol, pero nunca baje los brazos por mi hija. Les agradezco a todas por el apoyo, por que es eso también lo que no me dejo bajar los brazos: la familia, los amigos, los vecinos y ustedes». 

Cómo se sigue

Después de la sentencia, dijo Mónica que el desafío es empezar como familia a reconstruirse, “y pensar en las otras chicas, porque Iara son todas, como yo siempre digo Iara dejo esto, para que su mamá siga, no fue fácil lo que aprendí en el camino, pero vamos a seguir por cada una de las que necesiten, vamos a estar presentes ahí».

Además está vigente la denuncia penal que la familia de Iara presentó por “abandono de persona” contra los funcionarios policiales que no buscaron a la joven como lo indican las legislaciones vigentes. Sobre la denuncia dijo Mónica: “Se esperaba a que termine este juicio y ahora hay algunos informes que se elevan en contra de ellos, la elevación a juicio para los 8 policías que tiene que ser en estos meses”.

Juan José Rueda: «Fueron 30 meses en la calle mendigando justicia y por fin llegó. Iara puede descansar en paz, ser libre, y nosotros tener un poco de paz. Me acuerdo que me decían ‘se tienen que preparar para el juicio porque es duro’, y ustedes nos preparaban para este momento, el acompañamiento, las marchas, las charlas nos prepararon para este día. Nuestra hija, junto a ustedes, nos daban esa fuerza, esa fortaleza para que hoy estemos de pie, firmes. Les agradecemos de todo corazón y esto no se termina acá, falta la cúpula policial y faltan los cómplices y los encubridores: vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”. 

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