El mismo día que se cumplen 10 años de la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia, familiares de Luciano Arruga revelaron la trama judicial de estas desapariciones. En una conferencia de prensa realizada en el CELS denunciaron que sus teléfonos fueron pinchados durante un año y cuatro meses. La medida, mantenida en un legajo secreto que recién se dio a conocer, fue solicitada por la fiscal Celia Cejas y habilitada por el juez Gustavo Banco, en abril del 2009, y se prorrogó 14 veces – a medida que iba venciendo el permiso- hasta agosto de 2010, poco antes que el CELS interviniera en la causa. “No es la primera falta de respeto que sufre la familia”, dijo angustiada Vanesa Orieta, hermana de Luciano, “ya que nunca nos trataron como víctimas sino como responsables de la desaparición. Nos criminalizan y subestiman porque venimos de un barrio pobre del conurbano”. Por su parte, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, informó que ese organismo junto a la APDH de La Matanza y el abogado de la familia Juan Manuel Combi solicitaron un pedido de juicio político contra la fiscal Cejas y el juez Banco por haber “controlado a la familia sin justificación”.
La noticia la dio a conocer Chillier en la apertura de la conferencia de prensa que se brindó hoy en el CELS junto al abogado de esa institución, Maximiliano Medina, la hermana de Luciano, Vanesa Orieta, su mamá, Mónica Alegre, Pablo Pimentel de la APDH de La Matanza y el abogado de la familia, Juan Manuel Combi. Chillier anunció: “Hoy presentamos en el Consejo de la Magistratura un pedido de jury político contra la fiscal Cejas y el juez Banco ya que durante 1 año y medio habilitaron pinchaduras telefónicas a la madre, la hermana y otras personas cercanas a Luciano”. Según pudo precisar lavaca, además de Vanesa y Mónica, quienes sufrieron el espionaje fueron la abuela de Luciano, Marta, y su pareja Héctor. Chillier habló del “control a la familia sin justificación” y del carácter “secreto” del legajo que habilitó dicha intervención gracias a un artículo procesal penal que autoriza a fiscales abrir legajos paralelos. La justificación que alegó la fiscalía para la realización de escuchas fue “la obtención de datos útiles sobre el paradero de Luciano”. Precisó Chillier: “Pero no se puede utilizar para producir pruebas como en este caso”.
Según relató, los pedidos de intercepción de llamadas fueron solicitados en 15 oportunidades sucesivas por la fiscal y habilitados toda vez por el juez de la causa Banco, en un período de 1 año y cuatro meses que comprende de abril del 2009 hasta agosto de 2010, dos meses antes que interviniera el CELS en la causa. Una de las primeras medidas que se impulsó desde este organismo fue justamente la solicitud de revisar este legajo oculto que “la fiscal Cejas mandó con 5 meses de demora”.
Chillier consideró esta maniobra judicial como parte de “un problema estructural de violencia institucional” que se da en los casos en que “los sospechosos son policías y la justicia muchas veces actúa de manera cómplice”. El CELS apuntó entonces a los “responsables institucionales” de la medida de espionaje contra la familia y a la responsabilidad de la jefa del Ministerio Público, que designó a la fiscal Cejas a cargo de la causa de Luciano Arruga.

4 años sin Luciano

Luego fue el turno de Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, que hasta entonces se mantuvo visiblemente angustiada junto a su madre Mónica. Lo primero que recordó Vanesa: “Hoy se cumplen 10 años de la desaparición de Iván Torres”. Luego hizo un repaso por otros casos de desaparición forzada -como Sergio Ávalos y Daniel Solano- para ilustrar la tardanza de los mecanismos de justicia y la afectación de las familias en ese proceso. “En 4 años pasan un montón de cosas en la familia. Para lograr la carátula de desaparición forzada y el pase a la justicia federal tuvimos que estar en la calle. Y es inhumano. No es nuestro deber. Nuestro deber es superar el dolor, en nuestras casas, con contención. No perder nuestra vida en la calle”.
Sobre el espionaje, Vanesa recordó: “No es la primer falta de respeto que sufre la familia” y relató los maltratos y amenazas que sufrió en estos cuatro años, tanto ella como su madre y otros familiares y amigos. “Se mueven con impunidad porque la sociedad no termina de entender la importancia de estos casos, y en eso tienen algo de razón”, sentenció.
El racconto de Vanesa se remitió a la primer fiscal del caso, la doctora Castelli, que tuvo la causa los primeros 45 días. Vanesa: “En esos 45 días perdimos a Luciano”. Vanesa contó cómo se encargó de ir todos esos días a la fiscalía donde estaba Castelli, quien no la recibió ninguna vez. “Siempre me dejaron en la mesa de entrada”, dijo. En ese interín Vanesa dejó dos cartas que alertaban a la fiscal el riesgo que corría la familia, ya que denunciaban a los policías del destacamento como responsables de la desaparición de Luciano.
“La primera vez que me tomaron declaración fue cuando apareció un testigo que decía haber visto a mi hermano siendo golpeado en el destacamento la noche del 31 de enero”, contó Vanesa. “Esa declaración yo la di con un policía detrás, un policía que yo estaba denunciando”.
“¿Qué tipo de protección me estaban dando como familiar?”, se preguntó.
Cuando lograron remover a esa fiscal, las esperanzas se renovaron al ritmo de rastrillajes, búsqueda de pruebas y medidas que apuntaban a los policías. Hoy, Vanesa definió todo eso como un “maquillaje”. “Nos dimos cuenta que al mismo tiempo que hacía esas cositas mínimas, mantenía una postura muy agresiva contra la familia. Tenía una necesidad de meterse en nuestra vida privada muy grande”. Las escuchas confirman la sospecha.
Vanesa dijo dos frases muy fuertes que dejaron resonando el pequeño auditorio del CELS:
-“Les digo la verdad, ya no tengo esperanzas de encontrar a mi hermano. Pero ojalá que el caso y toda la lucha de la familia sirva para no seguir cometiendo muchos errores”.
-“No queremos seguir más hablando de un desaparecido. Es un desaparecido porque no nos dicen dónde está”.
Desde esta frase, Vanesa recordó que la convocatoria para informar el espionaje a la familia se da en el marco de la campaña que impulsan familiares y amigos de Luciano por el “derecho a saber”: el derecho a saber dónde está Luciano Arruga.
Por último, Vanesa no eludió el tema de la baja de imputabilidad, sosteniendo: “Hay que salir a luchar para que no se implemente”, pero alertando que esa legalidad no hace falta para que la policía lleve adelante maltratos, torturas y desapariciones contra muchos pibes: “Eso ya está pasando”.
Luego de Vanesa, la madre de Luciano pronunció unas breves y sentidas palabras: no le dio relevancia al espionaje telefónica “porque yo ya me sentía acusada”, pero sí manifestó dolor y bronca por estar implicada hasta su madre. “Es la justicia que tenemos los pobres”, sintetizó, “que nos cierran la puerta en la cara”. Entre la decepción por haber confiado en la fiscal y en otros a los les quepa el saco, dijo estar triste “porque no puedo confiar en nadie”.
Cerró la conferencia Pablo Pimentel, quien caratuló la noticia del espionaje como una “nueva desaparición de Luciano”.

10 años sin Iván

Desde la mañana y en Comodoro Rivadavia se realizaron distintas actividades por los 10 años de la desaparición de Iván Torres.
“Hoy a las 10:30 nos juntamos en la Plaza Vito, el lugar donde fue visto por última vez Iván por los amigos, se desplegó una bandera, se pasaron unas fotos y ahí se pegó la última sentencia de la Cámara Penal”, relata desde Comodoro la abogada del caso, Verónica Heredia.
Esta última sentencia de la Cámara Alta de Comodoro modificó la carátula de «desaparición forzada» – la causa de Iván había sido la primera en lograrlo en Argentina- a la de «privación ilegítima de la libertad» con el argumento que al momento del delito no estaba tipificada la desaparición. Si bien existe un principio general del Derecho Penal que prohíbe aplicar una ley sancionada luego del momento de los hechos que tipifica, como el cuerpo de Iván todavía no aparece, en su caso se trata de un “delito continuado”. Así lo explica Verónica Heredia: «Mientras no aparezca Iván el delito se está ejecutando todos los días. Entonces desde el momento en que se tipifica alcanza los hechos. En definitiva la persona que el 2 de octubre de 2003 privó de la libertad a Iván y no lo dijo, y el que sabía y no denunció al otro, y el que no investigó pero sabe, hoy lo sigue sabiendo».
Además, el 13 de marzo de 2007 la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró el delito como «desaparición forzada» e instó al Estado argentino a investigar profundamente el caso de Iván. «Que se haya cambiado la calificación es muy grosero. Es desconocer la jurisprudencia internacional. Estamos estudiando la posibilidad de denunciar a estos jueces ante el Concejo de la Magistratura por desconocimiento del Derecho y de resoluciones internacionales», asegura Heredia. Desde 2007 que la defensa ya no sigue la causa que estos jueces tomaron en 2005, justamente porque «no estaban dadas las condiciones para que se llevara adelante una investigación imparcial: el fiscal no aportó ninguna prueba, y la jueza cumplía los roles de investigar y juzgar, lo cual es inconstitucional».
Entre otros hechos que fueron garantizando la impunidad, uno de los más graves tuvo que ver con una serie de fotos que aparecieron en el expediente y fueron tomadas a Iván durante un supuesto cautiverio. La jueza no determinó quién aportó esas pruebas contundentes, que en este marco parecen mensajes mafiosos. “La última foto que nosotros vimos de Iván fue en febrero de 2011: está parado con el torso desnudo y un jean, y en una posición… como pidiendo ayuda. Fueron fotos que aparecieron en el expediente judicial, que no nos dejaron ver durante mucho tiempo. En ese lapso se ingresaron un montón de escritos y presentaciones de la propia jueza. Eso sólo tendría que haber generado que la jueza preguntara quién trajo esa foto. Cuando lo mostramos a la Corte Interamericana los jueces no lo podían creer, les preguntaron a los abogados y no supieron qué responderles. La impunidad está consagrada en los expedientes”.
María, madre de Iván, repite hace un tiempo en este mismo sentido: “No necesitamos ningún testigo que hable porque el expediente habla por sí solo”.
Hoy al mediodía, desde la plaza la movilización por Iván se trasladó a la Comisaría 1° donde estuvo detenido. Se sospecha que de allí desapareció. Su madre, María, hizo una conferencia en el hall donde acampó durante más de un año en reclamo por la aparición de su hijo (sí: en el hall de la comisaría), volviendo a denunciar las amenazas que sufrió durante ese lapso y los desastres de la causa judicial. Desde las 19 las actividades seguían en una biblioteca popular de Comodoro, a cargo de un grupo de poetas, y mañana está planeada una mesa-debate sobre delitos de lesa humanidad en la Universidad de la Patagonia, y a las 16 horas. Entre los disertantes estarán la madre de Iván, César Antillanca – padre de Julián, joven de 16 años asesinado por la policía en Trelew en 2010- y en representación de los familiares de Luciano viajará Rosaura Barletta. Por último, las actividades que recuerdan los 10 años sin Iván Torres culminarán el sábado 5 en una radio abierta en la plaza y una movilización por las calles de Comodoro, donde estará presente Nora Cortiñas, entre otros.
Frente al retroceso que implica el cambio de carátula en la causa de Iván, la defensa estudia presentar el caso ante la Corte Penal Internacional, uno de los máximos organismos en materia de Derecho Penal. “Lo que queremos demostrar es que el caso de Iván es un caso testigo de una práctica sistemática por parte de la policía, con silencio del Poder Judicial y complicidad del poder político. Y que entonces esa desaparición forzada se convierte en un delito de lesa humanidad”, dice Heredia.
Tales argumentos ya fueron presentados ante la Corte Interamericana que confirmó el carácter de “desaparición forzada” culpando al Estado argentino, que todavía no acató las medidas que solicitó esa Corte, sino al contrario: hace meses permitió el cambio de carátula en la causa, entre otras impunidades. Por eso, Heredia concluye: “En definitiva, más allá de las instancias internacionales, tenemos que seguir peticionando todos los días, movilizándonos con la gente”.