CABA
12 años sin Luciano: un jury a tres magistrados, una fianza de 250 mil pesos y cómo el Estado sigue hostigando a la familia
La desaparición forzada y la muerte de Luciano Arruga cumplen 12 años y este domingo lo conmemorarán, por las restricciones sanitarias, con una radio abierta online desde el espacio recuperado en Lomas del Mirador. El eje estará puesto en la causa federal que a 12 años sigue en etapa de instrucción y al jury de enjuiciamiento contra un juez (Gustavo Banco) y dos fiscales (Roxana Castelli y Celia Cejas) por delegar la investigación en la propia Bonaerense denunciada e investigar de forma ilegal y arbitraria a la familia durante un año y medio mediante escuchas telefónicas. En febrero, el Jurado debe declarar la admisibilidad o el rechazo del proceso, mientras el Procurador General y la Bicameral de Enjuiciamiento de la Legislatura se negaron a acusar. La familia quedó sola y le impusieron una fianza de 250 mil pesos para seguir con el proceso de verdad y justicia: tuvieron que apelar demostrando que no podían pagarla. En esta charla, Vanesa Orieta revela dos documentos donde queda plasmado el inicio de la búsqueda, cuenta por qué ese laberinto es parte del entramado de impunidad, y qué implica lo que se viene: “Es necesario dejarlo en evidencia. Nos embargarán la vida, pero no tenemos miedo”.
El papel preimpreso lleva como fecha el 19 de febrero de 2009 y lo firma una joven de 26 años llamada Vanesa Romina Orieta.
Dice:
«Vengo por la presente a solicitar se pida nuevamente un informe completo de hospitales, comisarías, morgues y demás instituciones correspondientes a fin de dar con el paradero del menor. Pido también se tenga en cuenta, por favor, exigir se reporte la permanencia en alguno de estos centros de un NN con las características de Luciano Nahuel Arruga. Tenga en cuenta que la presentación de habeas corpus se realizó a las 48 hs de desaparecido mi hermano y al día de la fecha llevamos 21 días sin saber nada de él. Vuelvo a repetirle, por favor, pedir nuevos informes por el paradero de mi hermano. Muchas gracias».
Tres días antes, en otra hoja donde escribió que temía por la vida de su hermano de 16 años, el cruel procedimiento fue exactamente el mismo. Cada vez que Vanesa caminaba las 30 cuadras que separaban su casa en Lomas del Mirador hasta la UFI Nº7 de San Justo para preguntarle a la fiscal Roxana Castelli por el estado de la investigación, la respuesta era un papel preimpreso: allí le hacían escribir su consulta, entregarlo a un auxiliar y aguardar si la fiscal consideraba importante la escucha a una joven desesperada que estaba denunciando de puño y letra a la policía Bonaerense.
Faltaban aún cuatro años para que la causa pasara al fuero federal como desaparición forzada de persona, cinco para que su familia lo encontrara enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita (tal cual reclamaba ya entonces Vanesa), y seis para que condenaran al policía Julio Diego Torales a 10 años de prisión por torturas. Vanesa, en 106 palabras, ya había dicho todo.
“Castelli nunca me atendió, y hoy esos papeles preimpresos se convierten en un material fundamental de algo que recién estaba empezando”, dice Vanesa a lavaca, a 12 años de aquellos hechos, y en la previa de un nuevo aniversario que la familia conmemorará con una radio abierta online, con el foco puesto sobre dos ejes:
- El impulso de la causa federal que a 12 años aún sigue en etapa de instrucción. La familia está sin abogados particulares.
- El avance del pedido de jury a las fiscales Castelli y Celia Cejas, y al juez Gustavo Banco, entre otras cosas, por delegar la investigación en la propia Bonaerense investigar de forma ilegal y arbitraria a la familia durante 1 año y 6 meses mediante escuchas telefónicas.
Vanesa aclara: “No son procesos que deben pensarse por separado”.
El cruel laberinto
A lo largo de 12 años, Vanesa y su mamá Monica Alegre, junto a la organización Familiares y Amigos de Luciano Arruga, convirtieron cada 31 de enero en una ceremonia que tejió de manera sostenida un proceso de condena social, con marchas y festivales multitudinarios, constituyendo un espacio para que otras familias, además de denunciar hechos de represión estatal, pudieran sanar esas heridas de forma colectiva.
Por la pandemia, este año la actividad será una radio abierta online desde el Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga, el exdestacamento policial que la familia recuperó para convertirlo en un núcleo artístico y educativo para el barrio. La transmisión tendrá como eje «Un jury por la verdad» y comenzará a las 15 hs.
El pedido de enjuiciamiento a las dos fiscales y al juez comenzó en 2013, cuando la causa se federaliza: allí la familia descubrió un expediente paralelo en el que constaba que los teléfonos de Vanesa, su mamá, su abuela y su abuelo tuvieron estuvieron intervenidos 1 año y 6 meses. Vanesa advierte en no verlo como un hecho aislado del proceso de encubrimiento, sino como parte de una misma maquinaria de impunidad. Por eso, muestra los papeles preimpresos con sus denuncias de febrero de 2019.
Vanesa describe ese camino:
- “Ocurrieron amenazas, aprietes, pero a los pocos días que presento esas cartas me empiezo a dar cuenta que no nos iban a atender, que no iban a escuchar nuestra denuncia y se notó claramente cuando Castelli delegó la investigación en la propia Bonaerense que había denunciado en esos preimpresos, violando la resolución 1390 de la Procuración Bonaerense. Eso también aparece en la causa, porque está en los relatos de los propios policías que contaban en sus declaraciones cómo investigaban a pesar de que ya habían sido corridos del proceso”.
- “Cuando logramos correr a Castelli de la investigación, ya acompañados de la APDH Matanza, aparece la fiscal Celia Cejas Martín. Se había corrido a la Bonaerense, pero para la fiscal no fueron los principales sujetos investigados: nos pincharon los teléfonos de mi mamá, mi abuela, mi abuelo y el mío. Las escuchas se prolongaron durante un año y medio, en un apartado secreto. Nos enteramos cuando la causa se federaliza y se pide todo el material. Esto viola, obviamente, todos nuestros derechos”.
- “Esto fue avalado por el juez Gustavo Banco durante 15 prórrogas consecutivas, confusas y desordenadas, donde se permitió seguir con esa investigación que llevó tiempo y dinero, dirigida a las familias. Por todo esto, presentamos el jury”.
Los ocho años que lleva el pedido de jury también implican el desgaste a la familia. “No son muchas las que llegan a la instancia de jury presentando una denuncia a tres funcionarios judiciales.
Estamos llegando a la etapa de acusación. En febrero, el Jurado tiene que declarar la admisibilidad de la denuncia, o desestimarla”.
El camino estuvo lleno de obstáculos. En agosto de 2019, el jurado concluyó el sumario y abrió lugar a la formulación de las acusaciones, pero ni la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense ni la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios decidieron acusar. El dictamen de la Procuración estuvo firmado por el procurador general Julio Conte Grand. El dictamen de la Bicameral fue firmado por los legisladores Ricardo Lissalde y Fernando Carballo (Frente de Todos), Walter Lanaro, Mauricio Viviani, Sandra Paris, Flavia Delmonte y Aldana Ahumada (Cambiemos), y Mario Giacobbe (monobloque, exCambiemos).
La familia, una vez más, quedó sola. Vanesa: “Estos actores institucionales tan importantes no sólo decidieron bajarse del proceso, sino que avalaron que se delegara la investigación en la Bonaerense y en que nos espiaran”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que acompaña a la familia en el proceso de jury, cuestionó la “actitud corporativa” de la Procuración y la Bicameral.
En ese contexto, y por si fuera poco, el Jurado le fijó a la familia una caución por 250 mil pesos para continuar el trámite de enjuiciamiento. La apelaron: “Nos hicieron presentar declaraciones juradas y atestiguar que mi mamá vivía en una villa de asentamiento, que era artesana, que por eso a veces tenía ingresos y otras veces no. Mis hermanos, lo mismo. En mi caso, lo mismo. Así llegamos a una fianza de 50 mil pesos, que la pagó el CELS, y nosotras tuvimos que firmar un documento por el cual nos comprometemos a pagar las costas del proceso en caso de que se declare inadmisible”.
La familia pidió una reunión con el expresidente de la Suprema Corte y actual presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, Eduardo Néstor de Lázzari. “Nos trató muy mal. Sentimos su rechazo, su imparcialidad, hasta tuvimos que exigir participar porque solo iban a poder estar los abogados. Fue muy duro afrontar a esas personas que están en su campo de poder. Las violencias van desde todo este recorrido hasta ponerte un límite económico. Nosotras no manejamos esos números. Saben que es un límite, y que atenta contra nuestro derecho a exigir verdad y justicia”.
Vanesa sintetiza: “Podemos comprobar que fue un proceso cruel y violento”.
La lógica represiva
A lo largo de estos años, e incluso en los momentos más duros en el proceso de verdad y justicia, la voz de Vanesa se convirtió en una referencia a la hora de entender qué implican estos procedimientos no sólo para las familias, sino a nivel sistémico.
En ese sentido, ahora expresa: “Cuando aparecen las discusiones sobre si es violencia institucional o represión estatal, dentro de la órbita institucional no hay posibilidad de indagar sobre las responsabilidades políticas. Hay un límite rotundo. Porque lo que se argumenta es que no puede plantear una intencionalidad de ir contra pibes y pibas como pasó con la dictadura, donde había un plan orquestado”. Desde 2009, la familia siempre denunció el rol del entonces y actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y del entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
Sigue Vanesa: “Pero cuando ves estos hechos, ¿qué hay que decir? Una familia llega sola a un jury sin acompañamiento de la pata política, que es la Bicameral. Ahí es cuando se presenta el entramado que nos permite hablar de represión estatal, porque no aparecen los actores que tienen que aparecer en los momentos indicados y trascendentales. Insisto en que no son muchas las familias que llegan a esta instancias. La lógica represiva también se entiende en esas ausencias. Cuando habilitás la conformación de nuevas fuerzas policiales, cuando no ponés una palabra contundente ante una desaparición forzada como la de Facundo Castro, o en una causa como la de Santiago Maldonado, es donde se termina avalando la lógica represiva, porque esa familia judicial es parte fundamental del proceso de impunidad. Por eso decidimos encarar el proceso del jury en paralelo, pero mirando estos hechos en su conjunto”.
Mientras en el proceso de jury la familia está acompañada por el CELS, en la causa federal por desaparición forzada Mónica Alegre quedó como particular damnificada sin abogados particulares. Vanesa pregunta: “¿Cómo puede ser que llevemos 12 años de instrucción en la causa federal? ¡12! Con mi mamá nos miramos y sabemos que eso ya está, que estamos pidiendo justicia en un lugar que consagra la impunidad.
Lo que queremos es que esa impunidad quede en evidencia: la de la Justicia Federal, la del Jurado de Enjuiciamiento, sabiendo que estamos jugando en terreno de ellos, donde se camuflan y se acompañan”.
La familia espera en febrero la resolución del Jurado, luego de 12 años de probar cómo el juez y las dos fiscales obstruyeron la investigación, aun cuando desde el inicio les indicaron qué hacer y a quién investigar (como revelan los dos papeles escritos por Vanesa), en medio de una causa por desaparición forzada donde esa desidia y esa complicidad convirtieron el expediente en un monumento de impunidad.
Sin embargo, frente a todo, Vanesa deja en claro: “Si no nos hicieron tener miedo en su momento con amenazas concretas, menos lo van a lograr imponiendo medidas económicas. Nos embargarán la vida, pero no tenemos miedo”.
Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.
Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.
A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro
La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar
CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero
A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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