CABA

12 años sin Luciano: un jury a tres magistrados, una fianza de 250 mil pesos y cómo el Estado sigue hostigando a la familia

Publicada

hace 5 años

29/01/2021

La desaparición forzada y la muerte de Luciano Arruga cumplen 12 años y este domingo lo conmemorarán, por las restricciones sanitarias, con una radio abierta online desde el espacio recuperado en Lomas del Mirador. El eje estará puesto en la causa federal que a 12 años sigue en etapa de instrucción y al jury de enjuiciamiento contra un juez (Gustavo Banco) y dos fiscales (Roxana Castelli y Celia Cejas) por delegar la investigación en la propia Bonaerense denunciada e investigar de forma ilegal y arbitraria a la familia durante un año y medio mediante escuchas telefónicas. En febrero, el Jurado debe declarar la admisibilidad o el rechazo del proceso, mientras el Procurador General y la Bicameral de Enjuiciamiento de la Legislatura se negaron a acusar. La familia quedó sola y le impusieron una fianza de 250 mil pesos para seguir con el proceso de verdad y justicia: tuvieron que apelar demostrando que no podían pagarla. En esta charla, Vanesa Orieta revela dos documentos donde queda plasmado el inicio de la búsqueda, cuenta por qué ese laberinto es parte del entramado de impunidad, y qué implica lo que se viene: “Es necesario dejarlo en evidencia. Nos embargarán la vida, pero no tenemos miedo”.

12 años sin Luciano: un jury a tres magistrados, una fianza de 250 mil pesos y cómo el Estado sigue hostigando a la familia — Esta foto icónica de Luciano fue aportada por la familia a lavaca, para la tapa de edición de marzo de 2009.

El papel preimpreso lleva como fecha el 19 de febrero de 2009 y lo firma una joven de 26 años llamada Vanesa Romina Orieta.

Dice:

«Vengo por la presente a solicitar se pida nuevamente un informe completo de hospitales, comisarías, morgues y demás instituciones correspondientes a fin de dar con el paradero del menor. Pido también se tenga en cuenta, por favor, exigir se reporte la permanencia en alguno de estos centros de un NN con las características de Luciano Nahuel Arruga. Tenga en cuenta que la presentación de habeas corpus se realizó a las 48 hs de desaparecido mi hermano y al día de la fecha llevamos 21 días sin saber nada de él. Vuelvo a repetirle, por favor, pedir nuevos informes por el paradero de mi hermano. Muchas gracias».

Tres días antes, en otra hoja donde escribió que temía por la vida de su hermano de 16 años, el cruel procedimiento fue exactamente el mismo. Cada vez que Vanesa caminaba las 30 cuadras que separaban su casa en Lomas del Mirador hasta la UFI Nº7 de San Justo para preguntarle a la fiscal Roxana Castelli por el estado de la investigación, la respuesta era un papel preimpreso: allí le hacían escribir su consulta, entregarlo a un auxiliar y aguardar si la fiscal consideraba importante la escucha a una joven desesperada que estaba denunciando de puño y letra a la policía Bonaerense.

Faltaban aún cuatro años para que la causa pasara al fuero federal como desaparición forzada de persona, cinco para que su familia lo encontrara enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita (tal cual reclamaba ya entonces Vanesa), y seis para que condenaran al policía Julio Diego Torales a 10 años de prisión por torturas. Vanesa, en 106 palabras, ya había dicho todo.

“Castelli nunca me atendió, y hoy esos papeles preimpresos se convierten en un material fundamental de algo que recién estaba empezando”, dice Vanesa a lavaca, a 12 años de aquellos hechos, y en la previa de un nuevo aniversario que la familia conmemorará con una radio abierta online, con el foco puesto sobre dos ejes:

El impulso de la causa federal que a 12 años aún sigue en etapa de instrucción. La familia está sin abogados particulares.
El avance del pedido de jury a las fiscales Castelli y Celia Cejas, y al juez Gustavo Banco, entre otras cosas, por delegar la investigación en la propia Bonaerense investigar de forma ilegal y arbitraria a la familia durante 1 año y 6 meses mediante escuchas telefónicas.

Vanesa aclara: “No son procesos que deben pensarse por separado”.

El cruel laberinto

A lo largo de 12 años, Vanesa y su mamá Monica Alegre, junto a la organización Familiares y Amigos de Luciano Arruga, convirtieron cada 31 de enero en una ceremonia que tejió de manera sostenida un proceso de condena social, con marchas y festivales multitudinarios, constituyendo un espacio para que otras familias, además de denunciar hechos de represión estatal, pudieran sanar esas heridas de forma colectiva.

Por la pandemia, este año la actividad será una radio abierta online desde el Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga, el exdestacamento policial que la familia recuperó para convertirlo en un núcleo artístico y educativo para el barrio. La transmisión tendrá como eje «Un jury por la verdad» y comenzará a las 15 hs.

El pedido de enjuiciamiento a las dos fiscales y al juez comenzó en 2013, cuando la causa se federaliza: allí la familia descubrió un expediente paralelo en el que constaba que los teléfonos de Vanesa, su mamá, su abuela y su abuelo tuvieron estuvieron intervenidos 1 año y 6 meses. Vanesa advierte en no verlo como un hecho aislado del proceso de encubrimiento, sino como parte de una misma maquinaria de impunidad. Por eso, muestra los papeles preimpresos con sus denuncias de febrero de 2019.

Vanesa describe ese camino:

“Ocurrieron amenazas, aprietes, pero a los pocos días que presento esas cartas me empiezo a dar cuenta que no nos iban a atender, que no iban a escuchar nuestra denuncia y se notó claramente cuando Castelli delegó la investigación en la propia Bonaerense que había denunciado en esos preimpresos, violando la resolución 1390 de la Procuración Bonaerense. Eso también aparece en la causa, porque está en los relatos de los propios policías que contaban en sus declaraciones cómo investigaban a pesar de que ya habían sido corridos del proceso”.
“Cuando logramos correr a Castelli de la investigación, ya acompañados de la APDH Matanza, aparece la fiscal Celia Cejas Martín. Se había corrido a la Bonaerense, pero para la fiscal no fueron los principales sujetos investigados: nos pincharon los teléfonos de mi mamá, mi abuela, mi abuelo y el mío. Las escuchas se prolongaron durante un año y medio, en un apartado secreto. Nos enteramos cuando la causa se federaliza y se pide todo el material. Esto viola, obviamente, todos nuestros derechos”.
“Esto fue avalado por el juez Gustavo Banco durante 15 prórrogas consecutivas, confusas y desordenadas, donde se permitió seguir con esa investigación que llevó tiempo y dinero, dirigida a las familias. Por todo esto, presentamos el jury”.

Los ocho años que lleva el pedido de jury también implican el desgaste a la familia. “No son muchas las que llegan a la instancia de jury presentando una denuncia a tres funcionarios judiciales.

Estamos llegando a la etapa de acusación. En febrero, el Jurado tiene que declarar la admisibilidad de la denuncia, o desestimarla”.

El camino estuvo lleno de obstáculos. En agosto de 2019, el jurado concluyó el sumario y abrió lugar a la formulación de las acusaciones, pero ni la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense ni la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios decidieron acusar. El dictamen de la Procuración estuvo firmado por el procurador general Julio Conte Grand. El dictamen de la Bicameral fue firmado por los legisladores Ricardo Lissalde y Fernando Carballo (Frente de Todos), Walter Lanaro, Mauricio Viviani, Sandra Paris, Flavia Delmonte y Aldana Ahumada (Cambiemos), y Mario Giacobbe (monobloque, exCambiemos).

La familia, una vez más, quedó sola. Vanesa: “Estos actores institucionales tan importantes no sólo decidieron bajarse del proceso, sino que avalaron que se delegara la investigación en la Bonaerense y en que nos espiaran”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que acompaña a la familia en el proceso de jury, cuestionó la “actitud corporativa” de la Procuración y la Bicameral.

En ese contexto, y por si fuera poco, el Jurado le fijó a la familia una caución por 250 mil pesos para continuar el trámite de enjuiciamiento. La apelaron: “Nos hicieron presentar declaraciones juradas y atestiguar que mi mamá vivía en una villa de asentamiento, que era artesana, que por eso a veces tenía ingresos y otras veces no. Mis hermanos, lo mismo. En mi caso, lo mismo. Así llegamos a una fianza de 50 mil pesos, que la pagó el CELS, y nosotras tuvimos que firmar un documento por el cual nos comprometemos a pagar las costas del proceso en caso de que se declare inadmisible”.

La familia pidió una reunión con el expresidente de la Suprema Corte y actual presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, Eduardo Néstor de Lázzari. “Nos trató muy mal. Sentimos su rechazo, su imparcialidad, hasta tuvimos que exigir participar porque solo iban a poder estar los abogados. Fue muy duro afrontar a esas personas que están en su campo de poder. Las violencias van desde todo este recorrido hasta ponerte un límite económico. Nosotras no manejamos esos números. Saben que es un límite, y que atenta contra nuestro derecho a exigir verdad y justicia”.

Vanesa sintetiza: “Podemos comprobar que fue un proceso cruel y violento”.

La lógica represiva

A lo largo de estos años, e incluso en los momentos más duros en el proceso de verdad y justicia, la voz de Vanesa se convirtió en una referencia a la hora de entender qué implican estos procedimientos no sólo para las familias, sino a nivel sistémico.

En ese sentido, ahora expresa: “Cuando aparecen las discusiones sobre si es violencia institucional o represión estatal, dentro de la órbita institucional no hay posibilidad de indagar sobre las responsabilidades políticas. Hay un límite rotundo. Porque lo que se argumenta es que no puede plantear una intencionalidad de ir contra pibes y pibas como pasó con la dictadura, donde había un plan orquestado”. Desde 2009, la familia siempre denunció el rol del entonces y actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y del entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

Sigue Vanesa: “Pero cuando ves estos hechos, ¿qué hay que decir? Una familia llega sola a un jury sin acompañamiento de la pata política, que es la Bicameral. Ahí es cuando se presenta el entramado que nos permite hablar de represión estatal, porque no aparecen los actores que tienen que aparecer en los momentos indicados y trascendentales. Insisto en que no son muchas las familias que llegan a esta instancias. La lógica represiva también se entiende en esas ausencias. Cuando habilitás la conformación de nuevas fuerzas policiales, cuando no ponés una palabra contundente ante una desaparición forzada como la de Facundo Castro, o en una causa como la de Santiago Maldonado, es donde se termina avalando la lógica represiva, porque esa familia judicial es parte fundamental del proceso de impunidad. Por eso decidimos encarar el proceso del jury en paralelo, pero mirando estos hechos en su conjunto”.

Mientras en el proceso de jury la familia está acompañada por el CELS, en la causa federal por desaparición forzada Mónica Alegre quedó como particular damnificada sin abogados particulares. Vanesa pregunta: “¿Cómo puede ser que llevemos 12 años de instrucción en la causa federal? ¡12! Con mi mamá nos miramos y sabemos que eso ya está, que estamos pidiendo justicia en un lugar que consagra la impunidad.

Lo que queremos es que esa impunidad quede en evidencia: la de la Justicia Federal, la del Jurado de Enjuiciamiento, sabiendo que estamos jugando en terreno de ellos, donde se camuflan y se acompañan”.

La familia espera en febrero la resolución del Jurado, luego de 12 años de probar cómo el juez y las dos fiscales obstruyeron la investigación, aun cuando desde el inicio les indicaron qué hacer y a quién investigar (como revelan los dos papeles escritos por Vanesa), en medio de una causa por desaparición forzada donde esa desidia y esa complicidad convirtieron el expediente en un monumento de impunidad.

Sin embargo, frente a todo, Vanesa deja en claro: “Si no nos hicieron tener miedo en su momento con amenazas concretas, menos lo van a lograr imponiendo medidas económicas. Nos embargarán la vida, pero no tenemos miedo”.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 13 horas

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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CABA

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Publicada

hace 2 días

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Publicada

hace 2 días

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.