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12 años sin Luciano: un jury a tres magistrados, una fianza de 250 mil pesos y cómo el Estado sigue hostigando a la familia

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La desaparición forzada y la muerte de Luciano Arruga cumplen 12 años y este domingo lo conmemorarán, por las restricciones sanitarias, con una radio abierta online desde el espacio recuperado en Lomas del Mirador. El eje estará puesto en la causa federal que a 12 años sigue en etapa de instrucción y al jury de enjuiciamiento contra un juez (Gustavo Banco) y dos fiscales (Roxana Castelli y Celia Cejas) por delegar la investigación en la propia Bonaerense denunciada e investigar de forma ilegal y arbitraria a la familia durante un año y medio mediante escuchas telefónicas. En febrero, el Jurado debe declarar la admisibilidad o el rechazo del proceso, mientras el Procurador General y la Bicameral de Enjuiciamiento de la Legislatura se negaron a acusar. La familia quedó sola y le impusieron una fianza de 250 mil pesos para seguir con el proceso de verdad y justicia: tuvieron que apelar demostrando que no podían pagarla. En esta charla, Vanesa Orieta revela dos documentos donde queda plasmado el inicio de la búsqueda, cuenta por qué ese laberinto es parte del entramado de impunidad, y qué implica lo que se viene: “Es necesario dejarlo en evidencia. Nos embargarán la vida, pero no tenemos miedo”.

Esta foto icónica de Luciano fue aportada por la familia a lavaca, para la tapa de edición de marzo de 2009.

El papel preimpreso lleva como fecha el 19 de febrero de 2009 y lo firma una joven de 26 años llamada Vanesa Romina Orieta.

Dice:

«Vengo por la presente a solicitar se pida nuevamente un informe completo de hospitales, comisarías, morgues y demás instituciones correspondientes a fin de dar con el paradero del menor. Pido también se tenga en cuenta, por favor, exigir se reporte la permanencia en alguno de estos centros de un NN con las características de Luciano Nahuel Arruga. Tenga en cuenta que la presentación de habeas corpus se realizó a las 48 hs de desaparecido mi hermano y al día de la fecha llevamos 21 días sin saber nada de él. Vuelvo a repetirle, por favor, pedir nuevos informes por el paradero de mi hermano. Muchas gracias».

Tres días antes, en otra hoja donde escribió que temía por la vida de su hermano de 16 años, el cruel procedimiento fue exactamente el mismo. Cada vez que Vanesa caminaba las 30 cuadras que separaban su casa en Lomas del Mirador hasta la UFI Nº7 de San Justo para preguntarle a la fiscal Roxana Castelli por el estado de la investigación, la respuesta era un papel preimpreso: allí le hacían escribir su consulta, entregarlo a un auxiliar y aguardar si la fiscal consideraba importante la escucha a una joven desesperada que estaba denunciando de puño y letra a la policía Bonaerense.

Faltaban aún cuatro años para que la causa pasara al fuero federal como desaparición forzada de persona, cinco para que su familia lo encontrara enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita (tal cual reclamaba ya entonces Vanesa), y seis para que condenaran al policía Julio Diego Torales a 10 años de prisión por torturas. Vanesa, en 106 palabras, ya había dicho todo.

“Castelli nunca me atendió, y hoy esos papeles preimpresos se convierten en un material fundamental de algo que recién estaba empezando”, dice Vanesa a lavaca, a 12 años de aquellos hechos, y en la previa de un nuevo aniversario que la familia conmemorará con una radio abierta online, con el foco puesto sobre dos ejes:

  • El impulso de la causa federal que a 12 años aún sigue en etapa de instrucción. La familia está sin abogados particulares.
  • El avance del pedido de jury a las fiscales Castelli y Celia Cejas, y al juez Gustavo Banco, entre otras cosas, por delegar la investigación en la propia Bonaerense investigar de forma ilegal y arbitraria a la familia durante 1 año y 6 meses mediante escuchas telefónicas.

Vanesa aclara: “No son procesos que deben pensarse por separado”.

El primer «preimpreso» en el que, ya el 16 de febrero de 2009, alertaba Vanesa sobre los canales de búsqueda. No la escucharon. El tiempo le dio la razón.
Tres días después, la familia insistió, otra vez sin respuesta. Hoy estos papeles son clave para demostrar cómo el Estado no solo no activó la búsqueda, sino que activó la complicidad y el espionaje a las víctimas.

El cruel laberinto

A lo largo de 12 años, Vanesa y su mamá Monica Alegre, junto a la organización Familiares y Amigos de Luciano Arruga, convirtieron cada 31 de enero en una ceremonia que tejió de manera sostenida un proceso de condena social, con marchas y festivales multitudinarios, constituyendo un espacio para que otras familias, además de denunciar hechos de represión estatal, pudieran sanar esas heridas de forma colectiva.

Por la pandemia, este año la actividad será una radio abierta online desde el Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga, el exdestacamento policial que la familia recuperó para convertirlo en un núcleo artístico y educativo para el barrio. La transmisión tendrá como eje «Un jury por la verdad» y comenzará a las 15 hs.

El pedido de enjuiciamiento a las dos fiscales y al juez comenzó en 2013, cuando la causa se federaliza: allí la familia descubrió un expediente paralelo en el que constaba que los teléfonos de Vanesa, su mamá, su abuela y su abuelo tuvieron estuvieron intervenidos 1 año y 6 meses. Vanesa advierte en no verlo como un hecho aislado del proceso de encubrimiento, sino como parte de una misma maquinaria de impunidad. Por eso, muestra los papeles preimpresos con sus denuncias de febrero de 2019.

Vanesa describe ese camino:

  • “Ocurrieron amenazas, aprietes, pero a los pocos días que presento esas cartas me empiezo a dar cuenta que no nos iban a atender, que no iban a escuchar nuestra denuncia y se notó claramente cuando Castelli delegó la investigación en la propia Bonaerense que había denunciado en esos preimpresos, violando la resolución 1390 de la Procuración Bonaerense. Eso también aparece en la causa, porque está en los relatos de los propios policías que contaban en sus declaraciones cómo investigaban a pesar de que ya habían sido corridos del proceso”.
  • “Cuando logramos correr a Castelli de la investigación, ya acompañados de la APDH Matanza, aparece la fiscal Celia Cejas Martín. Se había corrido a la Bonaerense, pero para la fiscal no fueron los principales sujetos investigados: nos pincharon los teléfonos de mi mamá, mi abuela, mi abuelo y el mío. Las escuchas se prolongaron durante un año y medio, en un apartado secreto. Nos enteramos cuando la causa se federaliza y se pide todo el material. Esto viola, obviamente, todos nuestros derechos”.
  • “Esto fue avalado por el juez Gustavo Banco durante 15 prórrogas consecutivas, confusas y desordenadas, donde se permitió seguir con esa investigación que llevó tiempo y dinero, dirigida a las familias. Por todo esto, presentamos el jury”.
«Un jury por la verdad», el reclamo de la familia a 12 años sin Luciano.

Los ocho años que lleva el pedido de jury también implican el desgaste a la familia. “No son muchas las que llegan a la instancia de jury presentando una denuncia a tres funcionarios judiciales.

Estamos llegando a la etapa de acusación. En febrero, el Jurado tiene que declarar la admisibilidad de la denuncia, o desestimarla”.

El camino estuvo lleno de obstáculos. En agosto de 2019, el jurado concluyó el sumario y abrió lugar a la formulación de las acusaciones, pero ni la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense ni la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios decidieron acusar. El dictamen de la Procuración estuvo firmado por el procurador general Julio Conte Grand. El dictamen de la Bicameral fue firmado por los legisladores Ricardo Lissalde y Fernando Carballo (Frente de Todos), Walter Lanaro, Mauricio Viviani, Sandra Paris, Flavia Delmonte y Aldana Ahumada (Cambiemos), y Mario Giacobbe (monobloque, exCambiemos).

La familia, una vez más, quedó sola. Vanesa: “Estos actores institucionales tan importantes no sólo decidieron bajarse del proceso, sino que avalaron que se delegara la investigación en la Bonaerense y en que nos espiaran”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que acompaña a la familia en el proceso de jury, cuestionó la “actitud corporativa” de la Procuración y la Bicameral.

En ese contexto, y por si fuera poco, el Jurado le fijó a la familia una caución por 250 mil pesos para continuar el trámite de enjuiciamiento. La apelaron: “Nos hicieron presentar declaraciones juradas y atestiguar que mi mamá vivía en una villa de asentamiento, que era artesana, que por eso a veces tenía ingresos y otras veces no. Mis hermanos, lo mismo. En mi caso, lo mismo. Así llegamos a una fianza de 50 mil pesos, que la pagó el CELS, y nosotras tuvimos que firmar un documento por el cual nos comprometemos a pagar las costas del proceso en caso de que se declare inadmisible”.

La familia pidió una reunión con el expresidente de la Suprema Corte y actual presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, Eduardo Néstor de Lázzari. “Nos trató muy mal. Sentimos su rechazo, su imparcialidad, hasta tuvimos que exigir participar porque solo iban a poder estar los abogados. Fue muy duro afrontar a esas personas que están en su campo de poder. Las violencias van desde todo este recorrido hasta ponerte un límite económico. Nosotras no manejamos esos números. Saben que es un límite, y que atenta contra nuestro derecho a exigir verdad y justicia”.

Vanesa sintetiza: “Podemos comprobar que fue un proceso cruel y violento”.

La lógica represiva

A lo largo de estos años, e incluso en los momentos más duros en el proceso de verdad y justicia, la voz de Vanesa se convirtió en una referencia a la hora de entender qué implican estos procedimientos no sólo para las familias, sino a nivel sistémico.

En ese sentido, ahora expresa: “Cuando aparecen las discusiones sobre si es violencia institucional o represión estatal, dentro de la órbita institucional no hay posibilidad de indagar sobre las responsabilidades políticas. Hay un límite rotundo. Porque lo que se argumenta es que no puede plantear una intencionalidad de ir contra pibes y pibas como pasó con la dictadura, donde había un plan orquestado”. Desde 2009, la familia siempre denunció el rol del entonces y actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y del entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

Sigue Vanesa: “Pero cuando ves estos hechos, ¿qué hay que decir? Una familia llega sola a un jury sin acompañamiento de la pata política, que es la Bicameral. Ahí es cuando se presenta el entramado que nos permite hablar de represión estatal, porque no aparecen los actores que tienen que aparecer en los momentos indicados y trascendentales. Insisto en que no son muchas las familias que llegan a esta instancias. La lógica represiva también se entiende en esas ausencias. Cuando habilitás la conformación de nuevas fuerzas policiales, cuando no ponés una palabra contundente ante una desaparición forzada como la de Facundo Castro, o en una causa como la de Santiago Maldonado, es donde se termina avalando la lógica represiva, porque esa familia judicial es parte fundamental del proceso de impunidad. Por eso decidimos encarar el proceso del jury en paralelo, pero mirando estos hechos en su conjunto”.

Mientras en el proceso de jury la familia está acompañada por el CELS, en la causa federal por desaparición forzada Mónica Alegre quedó como particular damnificada sin abogados particulares. Vanesa pregunta: “¿Cómo puede ser que llevemos 12 años de instrucción en la causa federal? ¡12! Con mi mamá nos miramos y sabemos que eso ya está, que estamos pidiendo justicia en un lugar que consagra la impunidad.

Lo que queremos es que esa impunidad quede en evidencia: la de la Justicia Federal, la del Jurado de Enjuiciamiento, sabiendo que estamos jugando en terreno de ellos, donde se camuflan y se acompañan”.

La familia espera en febrero la resolución del Jurado, luego de 12 años de probar cómo el juez y las dos fiscales obstruyeron la investigación, aun cuando desde el inicio les indicaron qué hacer y a quién investigar (como revelan los dos papeles escritos por Vanesa), en medio de una causa por desaparición forzada donde esa desidia y esa complicidad convirtieron el expediente en un monumento de impunidad.

Sin embargo, frente a todo, Vanesa deja en claro: “Si no nos hicieron tener miedo en su momento con amenazas concretas, menos lo van a lograr imponiendo medidas económicas. Nos embargarán la vida, pero no tenemos miedo”.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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