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12 años sin Luciano: un jury a tres magistrados, una fianza de 250 mil pesos y cómo el Estado sigue hostigando a la familia

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La desaparición forzada y la muerte de Luciano Arruga cumplen 12 años y este domingo lo conmemorarán, por las restricciones sanitarias, con una radio abierta online desde el espacio recuperado en Lomas del Mirador. El eje estará puesto en la causa federal que a 12 años sigue en etapa de instrucción y al jury de enjuiciamiento contra un juez (Gustavo Banco) y dos fiscales (Roxana Castelli y Celia Cejas) por delegar la investigación en la propia Bonaerense denunciada e investigar de forma ilegal y arbitraria a la familia durante un año y medio mediante escuchas telefónicas. En febrero, el Jurado debe declarar la admisibilidad o el rechazo del proceso, mientras el Procurador General y la Bicameral de Enjuiciamiento de la Legislatura se negaron a acusar. La familia quedó sola y le impusieron una fianza de 250 mil pesos para seguir con el proceso de verdad y justicia: tuvieron que apelar demostrando que no podían pagarla. En esta charla, Vanesa Orieta revela dos documentos donde queda plasmado el inicio de la búsqueda, cuenta por qué ese laberinto es parte del entramado de impunidad, y qué implica lo que se viene: “Es necesario dejarlo en evidencia. Nos embargarán la vida, pero no tenemos miedo”.

Esta foto icónica de Luciano fue aportada por la familia a lavaca, para la tapa de edición de marzo de 2009.

El papel preimpreso lleva como fecha el 19 de febrero de 2009 y lo firma una joven de 26 años llamada Vanesa Romina Orieta.

Dice:

«Vengo por la presente a solicitar se pida nuevamente un informe completo de hospitales, comisarías, morgues y demás instituciones correspondientes a fin de dar con el paradero del menor. Pido también se tenga en cuenta, por favor, exigir se reporte la permanencia en alguno de estos centros de un NN con las características de Luciano Nahuel Arruga. Tenga en cuenta que la presentación de habeas corpus se realizó a las 48 hs de desaparecido mi hermano y al día de la fecha llevamos 21 días sin saber nada de él. Vuelvo a repetirle, por favor, pedir nuevos informes por el paradero de mi hermano. Muchas gracias».

Tres días antes, en otra hoja donde escribió que temía por la vida de su hermano de 16 años, el cruel procedimiento fue exactamente el mismo. Cada vez que Vanesa caminaba las 30 cuadras que separaban su casa en Lomas del Mirador hasta la UFI Nº7 de San Justo para preguntarle a la fiscal Roxana Castelli por el estado de la investigación, la respuesta era un papel preimpreso: allí le hacían escribir su consulta, entregarlo a un auxiliar y aguardar si la fiscal consideraba importante la escucha a una joven desesperada que estaba denunciando de puño y letra a la policía Bonaerense.

Faltaban aún cuatro años para que la causa pasara al fuero federal como desaparición forzada de persona, cinco para que su familia lo encontrara enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita (tal cual reclamaba ya entonces Vanesa), y seis para que condenaran al policía Julio Diego Torales a 10 años de prisión por torturas. Vanesa, en 106 palabras, ya había dicho todo.

“Castelli nunca me atendió, y hoy esos papeles preimpresos se convierten en un material fundamental de algo que recién estaba empezando”, dice Vanesa a lavaca, a 12 años de aquellos hechos, y en la previa de un nuevo aniversario que la familia conmemorará con una radio abierta online, con el foco puesto sobre dos ejes:

  • El impulso de la causa federal que a 12 años aún sigue en etapa de instrucción. La familia está sin abogados particulares.
  • El avance del pedido de jury a las fiscales Castelli y Celia Cejas, y al juez Gustavo Banco, entre otras cosas, por delegar la investigación en la propia Bonaerense investigar de forma ilegal y arbitraria a la familia durante 1 año y 6 meses mediante escuchas telefónicas.

Vanesa aclara: “No son procesos que deben pensarse por separado”.

El primer «preimpreso» en el que, ya el 16 de febrero de 2009, alertaba Vanesa sobre los canales de búsqueda. No la escucharon. El tiempo le dio la razón.
Tres días después, la familia insistió, otra vez sin respuesta. Hoy estos papeles son clave para demostrar cómo el Estado no solo no activó la búsqueda, sino que activó la complicidad y el espionaje a las víctimas.

El cruel laberinto

A lo largo de 12 años, Vanesa y su mamá Monica Alegre, junto a la organización Familiares y Amigos de Luciano Arruga, convirtieron cada 31 de enero en una ceremonia que tejió de manera sostenida un proceso de condena social, con marchas y festivales multitudinarios, constituyendo un espacio para que otras familias, además de denunciar hechos de represión estatal, pudieran sanar esas heridas de forma colectiva.

Por la pandemia, este año la actividad será una radio abierta online desde el Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga, el exdestacamento policial que la familia recuperó para convertirlo en un núcleo artístico y educativo para el barrio. La transmisión tendrá como eje «Un jury por la verdad» y comenzará a las 15 hs.

El pedido de enjuiciamiento a las dos fiscales y al juez comenzó en 2013, cuando la causa se federaliza: allí la familia descubrió un expediente paralelo en el que constaba que los teléfonos de Vanesa, su mamá, su abuela y su abuelo tuvieron estuvieron intervenidos 1 año y 6 meses. Vanesa advierte en no verlo como un hecho aislado del proceso de encubrimiento, sino como parte de una misma maquinaria de impunidad. Por eso, muestra los papeles preimpresos con sus denuncias de febrero de 2019.

Vanesa describe ese camino:

  • “Ocurrieron amenazas, aprietes, pero a los pocos días que presento esas cartas me empiezo a dar cuenta que no nos iban a atender, que no iban a escuchar nuestra denuncia y se notó claramente cuando Castelli delegó la investigación en la propia Bonaerense que había denunciado en esos preimpresos, violando la resolución 1390 de la Procuración Bonaerense. Eso también aparece en la causa, porque está en los relatos de los propios policías que contaban en sus declaraciones cómo investigaban a pesar de que ya habían sido corridos del proceso”.
  • “Cuando logramos correr a Castelli de la investigación, ya acompañados de la APDH Matanza, aparece la fiscal Celia Cejas Martín. Se había corrido a la Bonaerense, pero para la fiscal no fueron los principales sujetos investigados: nos pincharon los teléfonos de mi mamá, mi abuela, mi abuelo y el mío. Las escuchas se prolongaron durante un año y medio, en un apartado secreto. Nos enteramos cuando la causa se federaliza y se pide todo el material. Esto viola, obviamente, todos nuestros derechos”.
  • “Esto fue avalado por el juez Gustavo Banco durante 15 prórrogas consecutivas, confusas y desordenadas, donde se permitió seguir con esa investigación que llevó tiempo y dinero, dirigida a las familias. Por todo esto, presentamos el jury”.
«Un jury por la verdad», el reclamo de la familia a 12 años sin Luciano.

Los ocho años que lleva el pedido de jury también implican el desgaste a la familia. “No son muchas las que llegan a la instancia de jury presentando una denuncia a tres funcionarios judiciales.

Estamos llegando a la etapa de acusación. En febrero, el Jurado tiene que declarar la admisibilidad de la denuncia, o desestimarla”.

El camino estuvo lleno de obstáculos. En agosto de 2019, el jurado concluyó el sumario y abrió lugar a la formulación de las acusaciones, pero ni la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense ni la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios decidieron acusar. El dictamen de la Procuración estuvo firmado por el procurador general Julio Conte Grand. El dictamen de la Bicameral fue firmado por los legisladores Ricardo Lissalde y Fernando Carballo (Frente de Todos), Walter Lanaro, Mauricio Viviani, Sandra Paris, Flavia Delmonte y Aldana Ahumada (Cambiemos), y Mario Giacobbe (monobloque, exCambiemos).

La familia, una vez más, quedó sola. Vanesa: “Estos actores institucionales tan importantes no sólo decidieron bajarse del proceso, sino que avalaron que se delegara la investigación en la Bonaerense y en que nos espiaran”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que acompaña a la familia en el proceso de jury, cuestionó la “actitud corporativa” de la Procuración y la Bicameral.

En ese contexto, y por si fuera poco, el Jurado le fijó a la familia una caución por 250 mil pesos para continuar el trámite de enjuiciamiento. La apelaron: “Nos hicieron presentar declaraciones juradas y atestiguar que mi mamá vivía en una villa de asentamiento, que era artesana, que por eso a veces tenía ingresos y otras veces no. Mis hermanos, lo mismo. En mi caso, lo mismo. Así llegamos a una fianza de 50 mil pesos, que la pagó el CELS, y nosotras tuvimos que firmar un documento por el cual nos comprometemos a pagar las costas del proceso en caso de que se declare inadmisible”.

La familia pidió una reunión con el expresidente de la Suprema Corte y actual presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, Eduardo Néstor de Lázzari. “Nos trató muy mal. Sentimos su rechazo, su imparcialidad, hasta tuvimos que exigir participar porque solo iban a poder estar los abogados. Fue muy duro afrontar a esas personas que están en su campo de poder. Las violencias van desde todo este recorrido hasta ponerte un límite económico. Nosotras no manejamos esos números. Saben que es un límite, y que atenta contra nuestro derecho a exigir verdad y justicia”.

Vanesa sintetiza: “Podemos comprobar que fue un proceso cruel y violento”.

La lógica represiva

A lo largo de estos años, e incluso en los momentos más duros en el proceso de verdad y justicia, la voz de Vanesa se convirtió en una referencia a la hora de entender qué implican estos procedimientos no sólo para las familias, sino a nivel sistémico.

En ese sentido, ahora expresa: “Cuando aparecen las discusiones sobre si es violencia institucional o represión estatal, dentro de la órbita institucional no hay posibilidad de indagar sobre las responsabilidades políticas. Hay un límite rotundo. Porque lo que se argumenta es que no puede plantear una intencionalidad de ir contra pibes y pibas como pasó con la dictadura, donde había un plan orquestado”. Desde 2009, la familia siempre denunció el rol del entonces y actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y del entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

Sigue Vanesa: “Pero cuando ves estos hechos, ¿qué hay que decir? Una familia llega sola a un jury sin acompañamiento de la pata política, que es la Bicameral. Ahí es cuando se presenta el entramado que nos permite hablar de represión estatal, porque no aparecen los actores que tienen que aparecer en los momentos indicados y trascendentales. Insisto en que no son muchas las familias que llegan a esta instancias. La lógica represiva también se entiende en esas ausencias. Cuando habilitás la conformación de nuevas fuerzas policiales, cuando no ponés una palabra contundente ante una desaparición forzada como la de Facundo Castro, o en una causa como la de Santiago Maldonado, es donde se termina avalando la lógica represiva, porque esa familia judicial es parte fundamental del proceso de impunidad. Por eso decidimos encarar el proceso del jury en paralelo, pero mirando estos hechos en su conjunto”.

Mientras en el proceso de jury la familia está acompañada por el CELS, en la causa federal por desaparición forzada Mónica Alegre quedó como particular damnificada sin abogados particulares. Vanesa pregunta: “¿Cómo puede ser que llevemos 12 años de instrucción en la causa federal? ¡12! Con mi mamá nos miramos y sabemos que eso ya está, que estamos pidiendo justicia en un lugar que consagra la impunidad.

Lo que queremos es que esa impunidad quede en evidencia: la de la Justicia Federal, la del Jurado de Enjuiciamiento, sabiendo que estamos jugando en terreno de ellos, donde se camuflan y se acompañan”.

La familia espera en febrero la resolución del Jurado, luego de 12 años de probar cómo el juez y las dos fiscales obstruyeron la investigación, aun cuando desde el inicio les indicaron qué hacer y a quién investigar (como revelan los dos papeles escritos por Vanesa), en medio de una causa por desaparición forzada donde esa desidia y esa complicidad convirtieron el expediente en un monumento de impunidad.

Sin embargo, frente a todo, Vanesa deja en claro: “Si no nos hicieron tener miedo en su momento con amenazas concretas, menos lo van a lograr imponiendo medidas económicas. Nos embargarán la vida, pero no tenemos miedo”.

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Aparece una nueva prueba y se suspende el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa

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A pocos días de la desaparición de Cecilia y a 600 metros de donde se halló finalmente su cuerpo, una familia denunció ante la policía de Capilla del Monte haber encontrado encontrado en una casa deshabitada de su propiedad una habitación manchada de sangre, la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. La aparición de esta prueba obligó a suspender el juicio por el femicidio de la joven, plagado de irregularidades, y para la familia Basaldúa arroja una luz de esperanza para saber qué pasó con su hija, y que paguen los verdaderos culpables. Incluida la propia justicia.

Por Bernardina Rosini

Córdoba.-  Desde que se inició el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa el pasado 3 de mayo en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, venía sucediendo lo que se esperaba de este proceso: la exhibición de la debilidad de las pruebas que sostienen la acusación contra el joven Lucas Bustos y las irregularidades de la investigación que encabezó la fiscal Paula Kelm.

Hasta acá, nada nuevo.

Pero este jueves 19, cuando se esperaba la última jornada de testimonios, la aparición de una nueva y – para las abogadas de la familia Basaldúa- “trascendental” prueba, irrumpió el proceso y obligó la suspensión del juicio hasta el próximo 10 de junio.

En diálogo con lavaca, la abogada Giselle Videla relata que en mayo del 2020, a tan sólo unas semanas después de la aparición del cuerpo de Cecilia, una familia denunció a la policía de Capilla del Monte que habían encontrado en una casa deshabitada de su propiedad un escenario de horror: una de las habitaciones estaba manchada de sangre, la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras. Un dato más para resaltar además de la proximidad de la fecha es la ubicación de la casa, a tan sólo 600 metros de donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia el 25 de abril del 2020.

Entonces: la fiscalía tenía el cuerpo de la joven por un lado, y a unos pocos metros un cuarto de una casa abandonada manchado con sangre, pero sin embargo no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas de la casa nunca se realizaron.

A Daniel Basaldúa, papá de Cecilia, esto no le sorprende: “Es el modus operandi de la fiscal Kelm, hace mímicas de que investiga pero está todo sesgado, nunca llega al fondo, toma muestras pero no realiza los análisis para obtener la información necesaria. A la familia les respondieron que la sangre correspondía a un animal para que no preguntaran más”.

Entre los policías que se acercaron a tomar muestras en la casa abandonada estaba el subcomisario Ariel Zárate, quien participó desde el primer momento de la búsqueda de Cecilia tras la denuncia de su desaparición. Zárate era uno de los oficiales que estaba a cargo de la investigación y mantenía comunicación con la familia Basaldúa. Tomaba la información que proveía la familia de Cecilia pero no hacía nada. Incluso en un audio que aportó la familia y tampoco fue debidamente investigado, el subcomisario fue mencionado por una testigo dejándolo implicado junto al principal sospechoso para la familia Basaldúa; Mario Mainardi, quien alojó en su casa a Cecilia justo antes de su desaparición.

Ariel Zárate declaró recientemente en el juicio y lo hizo de modo virtual ya que se encuentra detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad”, en perjuicio de una joven de 21 años.

En el momento de presentar esta nueva prueba, la familia de Cecilia Basaldúa solicitó que las muestras de sangre tomadas del colchón de la casa abandonada se cotejen con la información de Cecilia, del imputado Lucas Bustos pero también de Zárate y de Mario Mainardi, con la esperanza de poder dar con los verdaderos culpables del femicidio. Sin embargo no se aceptó este pedido: sólo se cotejará con la muestras de la víctima y del imputado, considerando que ésta no es una instancia de investigación para ampliar la base de análisis.

Si bien esta respuesta por parte del Tribunal fue tomada con desánimo por la querella, esperan que, ahora sí, se inicie una etapa de respuestas.

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Justicia por Lucía: el juicio que se empuja entre todas

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El próximo jueves 26 de mayo, a las 14.30 horas, el Tribunal Oral N°2 de Mar del Plata decidirá en audiencia la fecha del nuevo juicio penal por el femicidio de Lucía Pérez. Desde su asesinato pasaron ya 6 años sin justicia. La familia reclama que suceda durante la feria judicial: “En el mes de julio no hay agenda, ellos tienen que estar a servicio del pueblo, no el pueblo a servicio de ellos”, dice su madre, Marta Montero, que el próximo jueves convoca a movilizar a los Tribunales marplatense desde las 13 horas. Distintos gremios acompañarán el reclamo por la nueva fecha y por justicia con distintas acciones. Vos también podés sumarte a la Campaña, en tu barrio, escuela o lugar de trabajo, o por las redes: enterate cómo en esta nota.

Lucía tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. La incansable lucha de su familia, la Campaña Somos Lucía, y las organizaciones que abrazan y acompañan lograron la anulación del juicio que pretendía dejar impune su femicidio. Pero el Estado argentino sigue sin avanzar en la fecha del nuevo proceso.

Es por eso que tanto el fiscal del caso, Leonardo Arevalo, como la familia de Lucía solicitaron a los jueces Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz, que el juicio se realice durante la feria judicial de julio.

“Hace seis años que Lucía no tiene justicia”, dice a lavaca Marta Montero, mamá la joven Marplatense, y recuerda que cuando la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires anuló el juicio misógino, exigió la realización de un nuevo juicio con premura. “En el mes de julio no hay agenda, ellos tienen que estar a servicio del pueblo, no el pueblo a servicio de ellos”, dice Marta que el próximo jueves convoca a movilizar a los Tribunales marplatense desde las 13 horas.

El pedido de juicio inmediato se da luego de una larga espera repleta de impunidad. “Ya se tomaron 12 vacaciones y Lucia no tiene justicia, una que no se la tomen y que le den la justicia que le corresponde”.

#JusticiaPorLucía

El mismo jueves se va a realizar la acción federal #JusticiaPorLucía para acompañar la audiencia. “Tenemos que estar juntos, es la manera, no tenés otra. Es la importancia que tenemos los de a pie, los que salimos a luchar por nuestros hijos. Salimos porque nos mataron a nuestros hijos, y no nos importa nada: no voy por un canje o un puesto, voy por mi hija. Y juntos vamos por los derechos de las personas, y en contra de los privilegios de la justicia”.

La campaña consiste en tres acciones:

1) Pegar la foto de Lucía en tu barrio, escuela, trabajo, colectivo y todos los lugares posibles. La foto se puede descargar acá.

2) Mandar la foto de tu acción por mail a todessomoslucia@gmail.com; o por twitter: @somos_lucia; o Facebook: somosluciaperez, o Instagram: @somos.lucia

3) Subirla a tus redes el 26 de mayo con el hashtag #JusticiaporLucia #JuicioYA

Es por abajo

El acompañamiento y la campaña de pedido de justicia a 6 años del femicidio de Lucía Pérez se articuló con organizaciones sociales, sindicales y territoriales de todo el país.

“Nuestra organización y todo el movimiento feminista, como ya lo sabemos desde ese primer paro internacional que hicimos, estamos en pie de alerta y exigiendo justicia”, Silvia León, secretaria de género de la CTA-A nacional. “Interpela, primero, porque Lucía es un símbolo nacional. Y porque todos los días siguen asesinando a jóvenes, y en cada lugar del país nuestras compañeras siguen saliendo a pedir justicia por cada una y reclamando la reforma de la justicia por una que sea democrática y feminista, porque todavía los fallos siguen siendo aberrantes”. Desde la CTA-A van a sumarse a la movilización en los tribunales marplatense y van a acompañar desde el resto del país poniendo la foto de Lucía en cada lugar de trabajo. “Es seguir sensibilizando e interpelar a los compañeros y compañeras trabajadoras, porque esta lucha es colectiva. Lo que logramos es por la movilización popular y ahí la clase trabajadora tenemos un rol protagónico; para nosotras no está separada la lucha por trabajo, por salarios, por equidad, contra la violencia y acoso laboral, de lo que es el reclamo de justicia por los femicidios”.

Las y los Metrodelegados van a acompañar desde la Ciudad de Buenos Aires pegando la foto de Lucía en las diferentes líneas y sectores del subte. “Es importante que se mantenga vigente y visible el reclamo de justicia. Cada vez que hacemos la pegatina los usuarios y usuarias nos acompañan. El subte es un medio de transporte, cotidiano, donde viajan los sectores populares, los sectores de trabajo, es fundamental que esté visible la imagen de Lucía y el reclamo por justicia”. Contagiándose de esa iniciativa desde la Asociación del Personal Aeronáutico se va a hacer pegatina en todos los aeropuertos del país.

Otro de los gremios que convoca es la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Noelia Parcesepe, trabajadora judicial marplatense, cuenta que van a pegar los carteles dentro de tribunales y a acompañar desde la calle. “Como trabajadoras también sufrimos violencia en nuestro ámbito laboral, incluso los jueces que parecen tan progres para afuera. Lo que queremos es que las personas puedan acceder a su derecho a tener justicia y los queremos hacer bien: no queremos ser cómplices del poder judicial patriarcal”.

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30 años de movimiento: feliz cumple, Kiné

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Revista Kiné cumple treinta años y festeja en Espacio Tucumán con charlas, videos, canto y cierre a puro baile. Sostener durante tres décadas un medio de comunicación independiente es para Julia Pomiés, su creadora y directora, un desafío y también un sueño. La revista del movimiento se prepara para recibir a lectores, colegas y amigxs, porque este sábado la autogestión está de fiesta. 

A comienzos de los ´90, saturada del trabajo en redacciones y con ganas de trabajar disfrutando de hacer periodismo, Julia Pomiés renunció a su trabajo como jefa de redacción en una revista y decidió encarar un proyecto independiente. Lo corporal le gustaba y lo practicaba —es licenciada en Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y profesora de expresión corporal— así que esa fue la temática elegida para arrancar su emprendimiento personal.  De esta manera nació Kiné, en 1992. Treinta años después, la revista se sostiene y es un emblema del periodismo autogestivo. 

“La empezamos con muchísimo entusiasmo —cuenta Julia— con cierta confianza, pero con muchas dudas, incluso pensamos en sostenerla durante un año aunque sea a pérdida y resultó que desde el primer número se sostuvo con sus propias patitas y anduvo muy bien. Lo relacionado a trabajos corporales suaves, conscientes, como la eutonia, la gimnasia consciente, la expresión corporal, estaban necesitando un espacio donde expresarse, donde compartir su punto de vista sobre el cuerpo. Creo que eso hizo que prendiera de entrada y después se sostuvo, un poco por la persistencia de los lectores y anunciantes y otro poco por nuestra propia persistencia”. 

Luchas con las imprentas, con los distribuidores, los kioscos, el precio del papel, son algunos de los sinsabores que les tocó atravesar, pero en la balanza, también hay gran cantidad de satisfacciones: “Ver armarse y crecer este espacio de lo que llamamos lo corporal, de la gente que interpreta al cuerpo no solo como biología sino como un atravesamiento cultural, histórico, psíquico, social, político y ver crecer también nuestro enfoque, que recurrió tantas veces a la biopolítica hasta establecerse directamente como una sección de la revista”.

Junto a su compañero de vida, Carlos Martos, pensaron en hacer la versión digital de Kiné, pero con la pandemia la decisión se precipitó y la revista en este momento es digital. Como trabajadora de la gráfica, Julia extraña el papel.  Al elaborar un video alusivo a los 30 años, repasó las tapas de Kiné y se conmovió porque esas tapas también la llevaron a hacer un recorrido de su propia vida. “El festejo es para juntarse, reflexionar sobre estos años que pasaron y que pasó con los cuerpos, qué caminos importantes se hicieron, cuántos derechos se ganaron, eso ya es para celebrar, y cuántos quedan pendientes, eso es para militarlo y seguir luchando. Vamos a escuchar buena música, ver danza bonita, juntarnos con los amigues en forma presencial, colaboradores, lectores, anunciantes, brindar y comernos unas empanadas, intercambiar opiniones y abrazos”.

La celebración de las tres décadas de vida será este sábado 21 de mayo, a las 19 hs en Espacio Tucumán,  Suipacha 140, CABA. Aquí te contamos el cronograma de la jornada festiva:

Charla: 30 años de lo corporal en la Argentina. Celeste Choclin contará un breve panorama de las leyes que ampliaron derechos, sobre todo en relación al tema género y feminismos. Mariane Pécora reseñará las principales luchas sociales, que se desarrollaron con gran compromiso corporal. Emiliano Blanco hará referencia a los cuerpos disidentes de la comunidad LGTBIQ+. Sandra Reggiani se centrará en los cuerpos en el arte, y su capacidad de acompañar y generar transformaciones y resistencias. Susana Kesselman hablará de los vaivenes del tono vital en estas épocas conflictivas y el rol de las disciplinas de lo corporal. Carlos Trosman pondrá su foco en los recorridos de la revista Kiné. 

Danza con el GEAM (Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento, UNA),  Raquel Guido, Sandra Reggiani. 

Desfile de máscaras: coordinadores y alumnos del Instituto de la Máscara obsequiarán ejemplares de la colección de Kiné. 

Canto con Emiliano Blanco, Gabriela González López, Paola Grifman y el exquisito trío “Sinahuela”. 

Danza comuniaria:  el grupo «Bailarines toda la vida», coordinado por Aurelia Chillemi, con música en vivo de Osvaldo Aguilar nos invitará a bailar a todes.

En los intervalos, habrá delicias regionales tucumanas que se podrán adquirir en el bar: empanadas, tamales, dulzuras y vino.

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La última Mu: ¿Dónde hay un mango?

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