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19 y 20 de diciembre: la batalla que nos parió

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Esta nota cuenta la historia de Gustavo Benedetto, Carlos Petete Almirón, Gastón Rivas, Diego Lamagna y Luis Alberto Márquez, asesinados el 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo. No fue publicada en nuestra página web porque no existía. Fue distribuida por mail a una decena de direcciones con la esperanza de aportar algunos datos que transformaran la información sobre los muertos y heridos aquel 20 de diciembre en algo más que el mero número que daban cuenta los medios comerciales. No sabiamos qué estábamos haciendo, pero sí porqué. Así, hace 20 años, nació lavaca.

Mientras la justicia sigue dilatando el juicio a los responsables de estos crímenes, sin retocar las desprolijidades que la urgencia periodística nos dictó entonces, compartimos -ahora sí- con nuestros miles de lectores ésta, nuestra primera crónica que acompañamos con una palabra inventada: anticopyright.
El pasado 20 de diciembre, la jueza María Romilda Servini de Cubría en persona cruzó la Plaza de Mayo, esquivando gases lacrimógenos y pedradas, intentado encontrar allí al responsable de la represión que, apenas diez minutos antes, había observado en el televisor de su despacho. Eran las 11.30 de la mañana cuando la jueza habló con el uniformado de mayor rango que encontró en el tumulto. Sus palabras fueron claras:
-Soy la jueza federal de turno. Le ordeno el cese inmediato del operativo de desalojo de la plaza. Informe a quien corresponda que yo estoy a cargo de la seguridad de estas personas.
El uniformado le respondió que el mensaje sería transmitido al comisario mayor Norberto Edgardo Gauderio, el responsable de la Mesa de Situación de la Policía Federal en ese momento.
Luego, la jueza se dirigió a tres comisarías para liberar a quienes habían sido detenidos en las refriegas.
A las dos de la tarde regresó a su despacho. En la pantalla del televisor las imágenes eran claras. Nadie le había hecho caso.
Hoy, la jueza Servini de Cubría investiga cinco homicidios. Los dos primeros ocurrieron a las 16.20 en el cruce de Lima y Avenida de Mayo. El último fue antes de las 18. Ese fue el lapso más salvaje de la batalla de Plaza de Mayo. Fue, también, el que marcó el final de Fernando De la Rúa, tras 740 días de mandato. La quinta víctima cayó delante de las cámaras de televisión, en donde quedó impreso el grito: «Están disparando desde adentro». Los testigos señalan el edificio La Buenos Aires, en Avenida de Mayo 677, donde el Banco HSBC tiene cuatro cajeros automáticos en la planta baja y sus oficinas centrales en lo alto de una torre fuertemente custodiada: en la décima planta funciona la Embajada de Israel, luego de que, en 1992, un atentado terrorista destruyera su anterior sede. La justicia secuestró la cinta de la cámara de seguridad del banco, donde se puede ver difusamente a un grupo de cuatro custodios disparando desde el área de los cajeros automáticos. Las pericias preliminares realizadas sobre los vidrios del edificio indican que los cristales se astillaron por disparos efectuados desde adentro hacia afuera. Uno de ellos fue el que mató al muchacho que todos vieron caer ante las cámaras y que, según los registros de la causa, llegó muerto al Hospital Ramos Mejía a las 17.30.
Gustavo Ariel Benedetto, 23 años, hijo de su barrio -La Tablada-, egresado de la escuela secundaria y pública Número 155, trabajaba como repositor de la sección verduras del supermercado Dia durante doce horas al día y por cuatrocientos pesos al mes.
Su amiga y abogada, Cristina Laborde, lo describe como «un pibe de cutis blanco, flaco y muy alto: casi un metro noventa. Esa altura lo convirtió en un blanco fácil». Gustavo vivía con su madre y su hermana en una casa de una planta, con dos habitaciones, comedor, cocina, patio y perro. Su padre había muerto de cáncer nueve meses atrás y, desde entonces, él era el único sostén familiar. Su universo privado era su cuarto, con dos camas, un mueble para guardar ropa, un estante con CDs y equipo de música, un banderín del Ríver Plate, un poster del retirado delantero Enzo Francescoli y la bandera de su banda musical preferida: Baroja, nacida y criada en La Tablada, como él. Rock duro y potente, con una guitarra furiosa, batería, bajo, saxo y canciones que hoy también suenan proféticas:
No esperes más que no hay a dónde ir/
Rompe la mentira que lo que falta es la verdad/
Solo lucha una vez/
La muerte está esperándote.

Sebastián Piacentini, el mejor amigo de Gustavo, es el autor de la letra y el que explica lo que ahora resulta obvio: «La muerte, la verdad y la mentira son temas que siempre están presentes en nuestra banda. No pensé en nadie en especial cuando la compuse. Se llama Sólo faltás vos y cuando la cantamos en un concierto, seis días después de la muerte de Gustavo, recordé todo lo que pasamos juntos. Y me di cuenta lo solo que se habrá sentido ese último día».
Ese último día, Gustavo se presentó a trabajar a las siete de la mañana, pero la amenaza de los saqueos obligó al supermercado a cerrar. Preocupado por la suerte del local, regresó al mediodía y comprobó el desastre: las persianas y los vidrios estaban rotos, las góndolas vacías, los destrozos desparramados por todos lados. Impotente, Gustavo decidió ir a Plaza de Mayo a protestar. Intentó convencer a varios amigos para que lo acompañaran, pero ninguno estaba disponible. Su determinación o indignación tiene esa dimensión: un muchacho que siempre estaba acompañado, escoltado por su barra de amigos, sube solo al colectivo número 126, viaja durante una hora y media y desciende cien metros antes de toparse con una bala.
Gustavo cayó en Avenida de Mayo al 600, delante de las cámaras, frente a los ojos de su mamá y su hermana. Las dos lo vieron morir por televisión, once días antes de poder festejarle el cumpleaños número 24, mientras escuchaban que alguien gritaba: «están tirando desde adentro».
Otro alguien, días después, dejó un mensaje en el contestador telefónico de la abogada Laborde con anónimas amenazas. Anónimas, también, fueron las manos que hackearon el correo electrónico que difundieron los amigos de Gustavo para obtener datos del asesinato. «También es un misterio -sigue la abogada- por qué tenía la cara lastimada con balines de goma. Las imágenes de la televisión lo muestran sangrando, pero con la cara intacta. Un testigo declaró que tampoco recuerda haberle visto esas marcas. Pero cuando nos entregaron el cadáver tenía las mejillas heridas, como si hubiese recibido una ráfaga».
Es jueves, son las cinco y media de la tarde, pero ha pasado ya una semana desde la batalla de Plaza de Mayo y la guardia del Hospital Ramos Mejía está tranquila. El jefe aclara que no está autorizado a dar información oficial. Recuerda perfectamente que hasta allí no llegó Gustavo Benedetto, sino su cuerpo. Por eso, en los registros de la guardia está inscripto como «N.N., varón». Los médicos se limitaron a constatar su muerte. «Esa tarde estábamos desbordados. Nos hicieron trabajar de lo lindo. Y salvamos a varios. Ya desde la madrugada atendimos heridos, pero los más graves empezaron a llegar poco después de las cuatro de la tarde. Estuvimos en el quirófano hasta las dos de la mañana, sacando balas de todo calibre».
Cuando se le pide que recuerde qué fue lo que más le llamó la atención de todos esos cuerpos heridos que desfilaron por sus manos, responde sin dudar:
– Los tatuajes y los cortes.
– ¿Qué cortes?
– Cortes, heridas viejas. La mayoría eran chicos jóvenes, aunque parecían mucho más jóvenes de lo que en realidad eran, con tatuajes y cicatrices por todos lados. Le puedo asegurar que no era gente como usted o como yo.
– ¿En qué sentido?
– No eran de clase media. Seguro.
En la sala de cirugía del tercer piso todavía está internado Marcelo Dorado, uno de los obligados pacientes del jefe de guardia. El chico tiene el pelo desordenado, una remera gastada y un pantalón corto, deportivo, con varios campeonatos y lavados. Está muy pálido, ojeroso, flaco. A simple vista parece un adolescente de 18 años. Tiene 28.
Marcelo trabaja desde hace cuatro años en una empresa de cerramientos de aluminio, de 9 a 18. Su obligación es ir todos los días de la semana en ese horario, pero solo cobra por cada trabajo efectivamente realizado. En las buenas semanas, se lleva entre 200 y 300 pesos. En las otras, nada.
Ese día de furia, la empresa lo había destinado a unas oficinas de la calle Salta para trabajar en una mudanza. Llegó temprano, con otros dos compañeros que lo ayudaron a desarmar todo, mientras escuchaban la radio. Al mediodía, le plantearon al responsable del lugar que sería mejor dejar para otro día el traslado, ya que estaban en plena zona de combate, a unas pocas cuadras de Plaza de Mayo. El hombre les dio la razón.
Marcelo se despidió de sus compañeros y apuró el paso: quería llegar a Retiro para tomar el tren que lo regresaba a su empleo, en las afueras de Buenos Aires. Apenas se acercó a la zona del Obelisco vio la nube gris de gases lacrimógenos. Pero como ni el tránsito ni los semáforos estaban cortados, pensó que no sería para tanto. Esperó, hasta que creyó que la refriega entre manifestantes y policías se había calmado y retomó la marcha.
Marcelo traza en un cuaderno su recorrido. Dibuja en el centro el Obelisco. Una línea que lo atraviesa y que corresponde a la Avenida de Mayo. Y a la derecha, una trinchera, que calcula a una cuadra de distancia, hacia el lado de la Plaza. «Desde allí salían y hacia ahí se replegaban». Está hablando de la Policía Federal.
Tras cinco intentos fallidos de cruzar el Obelisco, Marcelo comprendió la táctica del combate: la policía avanzaba tirando gases y repartiendo palos y, tras unos minutos de refriega, se replegaba. Luego, volvía a la carga. Esos intervalos fueron los que él confundió con la calma. Y en cada uno de ellos intentó avanzar, hasta que no pudo evitar lo inevitable.
Marcelo llamó a su jefe desde la cabina de un teléfono público, en el cruce de Alsina y Nueve de Julio, para avisarle que estaba demorado. Allí recibió los tres balazos. Uno le pegó en la pierna y fue el que lo tumbó en plena avenida, mientras los autos intentaban esquivarlo. Un taxista lo cargó en su auto para llevarlo a un hospital y cuando le sacó la mochila, que todavía colgaba de su hombro derecho, se dio cuenta que tenía un segundo impacto. Fue el que le perforó la pleura y le dejó el pulmón en pronóstico reservado.
El tercer disparo se lo señaló el jefe de la guardia. Le dijo:
 Lo del pulmón es delicado: hay que sacar sangre y aire y mantenerlo controlado. Recién después podemos extraer el proyectil. La bala en la pierna es la que te da esa sensación de hormigueo porque quizá está rozando algún nervio, aunque no creo que sea nada grave. Por ahora tampoco vamos a tocarla. Lo importante es que zafaste de la más jodida. Esa fue apenas un beso, pero podría haber sido el último.
Marcelo aparta sus rulos desordenados y muestra la huella que le dejó el roce del plomo, en la base del cráneo. «Nunca, jamás, se me había cruzado por la cabeza que las balas eran de verdad. Yo veía que la policía tiraba, pero creí que eran balas de goma. No es que yo sea un imprudente ni un colgado y por eso me empeciné en cruzar. Simplemente creí que eso no se podía hacer. Y que no lo hacían».
Es difícil saber qué habrán imaginado los médicos de guardia al encontrarse con Marcelo, tendido en la camilla, temblando de miedo. Pero es posible que no hayan encontrado allí ninguna huella que les permita descifrar su historia.
Marcelo nació y se crió en San Martín, una localidad del oeste bonaerense marcada por el surgimiento y caída de grandes fábricas, pequeños talleres y centros comerciales que la convirtieron en los años 60 y 70 en un punto clave del cordón industrial bonaerense, hoy poblado de fantasmas. Edificios vacíos, persianas cerradas, grandes parques industriales convertidos en hipermercados. San Martín se quedó sin trabajo, pero con su numerosa población intacta. La postal de la crisis la traza hoy un estudio realizado por la consultora Equis en la zona: en el año 2000, el 54,2 por ciento de los asalariados del Gran Buenos Aires tenían ingresos por menos de 500 pesos en un país cuya canasta familiar, según la misma consultora, se calcula en 1.025 pesos.
Marcelo tiene título secundario, un teléfono celular, una computadora y una casilla de email. Tiene un padre que es empleado en una farmacia, una mamá ama de casa y una novia, Verónica, con la que quiere casarse desde hace diez años. No es pobre, pero se ha empobrecido. No es un adolescente, pero sus ingresos oscilantes le impiden hacerse adulto. No sabe cómo construir su futuro, pero hasta tanto ancla sus sueños a un objeto: su batería. A ella le dedica sus horas libres. Toca en tres conjuntos, con los que ensaya en diferentes días, siempre después de cumplir con el horario del único trabajo que consiguió en todos estos años y con el que cual prometió cumplir, pase lo que pase, hasta que las cosas con la música vayan mejorando. «Pero ahora renuncié. Una de las cosas que aprendí con todo esto es que si me voy a morir de hambre, que por lo menos sea con algo que me gusta. No pienso hacer nada que no me guste. No tengo porqué aguantarlo. Eso es lo que aprendí en el Obelisco el otro día. Y creo que ahí me encontré con otra gente que, como yo, ya no se la banca».
Cuando se le pregunta si tiene miedo, su respuesta también es didáctica: «Tengo miedo porque sé que en la música todo es a pulmón. Y mirá como estoy». Marcelo levanta la sonda que sale de su pulmón y una bolsa de sangre y aire queda a la vista.
Es un líquido oscuro, vicoso, impresionante.
Cintia Castro, miembro del cuerpo legal de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, informa que ya presentaron veintidós demandas ante el juzgado de la doctora Servini de Cubria por los delitos de tentativa de homicido, lesiones, tratos crueles, degradantes e inhumanos, daños y robo. Pronto serán veintitrés, ya que el padre de Marcelo escogió esa organización para presentar su caso.
Del resumen de esas demandas, Castro llega a las siguientes conclusiones: «Hubo tres focos de represión claramente diferenciados y que geográficamente podríamos delimitar en la zona de Plaza de Mayo, en Congreso y en las proximidades del Obelisco».
En la zona del Obelisco y Avenida de Mayo se concentraron los casos con balas de plomo. Además de los muertos, la Liga denunció tres heridos con bala de plomo en la cabeza. Dos son motoqueros (mensajeros que se desplazan en motocicletas y que participaron de la protesta de manera tal que un cronista los bautizó «la caballería de los manifestantes»). El tercero es un estudiante del magisterio J. V. González. Las lesiones lo dejaron sin movilidad de la cintura hacia abajo.
En Plaza de Mayo se concentran las denuncias por golpizas y malos tratos, que incluso continuaron una vez producidas las detenciones, en las comisarías. La Liga las menciona por sus números: seccional primera, segunda, tercera y sexta. Castro sintetiza así lo que vio: «La gente que vino acá a firmar la demanda estaba violeta por los golpes recibidos»
En Congreso, la mayoría de las denuncias son por heridas de balas de goma. «Hay una chica integrante de la agrupación Hijos ( agrupación que reúne a los hijos de los desaparecidos durante la dictadura militar) que está con riesgo de perder el ojo y otra a la que le sacaron doce balazos de goma de las piernas» , asegura Castro.
Otra de sus conclusiones es que del relato de los heridos se establece un pico: entre las 16 y las 19.30. «En ese horario se concentran los casos más graves».
-¿Notó que tuviesen algo más en común?
-Sí: son todos jóvenes. Y no hay rubios.
Fernando Almirón comienza por señalar las diferencias con su hermano Carlos. «El era narigón y yo no. El era re estudioso y yo no terminé la secundaria. El tenía 23 y yo 19. A él le gustaba Hermética (un grupo de heavy metal) y a mi la cumbia. El era hincha de Independiente y yo de Los Andes. El era blanco y yo soy morocho». Aunque para él la principal diferencia era otra: a él no le interesa la política y su hermano era militante. Carlos se acercó a una organización social en una protesta contra la violencia policial y siguió participando en la Universidad, en donde cursaba la carrera de Sociología.
Los dos vivían con su bisabuela, Martiniana, de 82 años, en Lanús, una localidad del sur bonaerense de casitas bajas y calles arboladas. La de los Almirón es grande, con tres habitaciones, un jardín en el frente y una parrilla al fondo, custodiada por dos perros. De allí partió Carlos el jueves 20 por la mañana hacia Plaza de Mayo y desde allí salió Fernando desesperado, cuando le anunciaron que su hermano había muerto por un impacto de bala en el tórax. Allí también lo velaron el domingo 23 y desde allí partió el cortejo fúnebre con más de mil personas gritando una consigna política más vieja que el cadáver: «la sangre derramada no será negociada».
La misma consigna escuchó María Mercedes Arena en el sepelio de su marido, Gastón Riva, el padre de sus tres hijos, el motociclista que trabajaba desde las seis y media de la mañana hasta las doce de la noche, el primer muerto registrado a las 16.20 en Lima y Avenida de Mayo, el que recibió el impacto en pleno corazón, el hombre al que su mujer no quiere que se lo identifique por ninguna otra cosa que no sean todas estas. «El no era dirigente motoquero. Ni siquiera estaba afiliado. Estaba caliente, como todos, y seguramente por eso participó de la protesta. Por toda la situación económica, por lo que estamos pasando y porque tenemos tres chicos. ¿Le parece poco?».
Muy cerca de él y a la misma hora cayó Diego Lamagna. Poco se sabe hasta ahora de Diego: sólo que tenía 26 años, era estudiante y vivía con su madre , quien hace poco tiempo había perdido otra hija. Una tercera se la llevó ahora con ella a Puerto Madryn, en la Patagonia.
El quinto muerto parece ser la única excepción. Luis Alberto Márquez no tenía veintipico, sino 58 años. En el expediente consta que le dispararon dos veces: una en el cuello y otra en el pecho, en la esquina de la avenida Nueve de Julio y Sarmiento. Allí está ahora su hijo, Daniel Márquez, participando de una ceremonia organizada por el Grupo de Arte Callejero (GAC) y que a siete días de la batalla recorre los cinco puntos de la ciudad en donde ha caído cada muerto. En cada uno, colocan un pequeño altar, desparraman flores y velas y despliegan un cartel con la consigna: «Asesinado por la represión policial en la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001».
Daniel tiene 24 años, ojos azules y algunas pecas. Lleva un pantalón de color claro y una chomba roja. Cuando los manifestantes -que apenas suman doscientos- dejan de vivar el nombre completo de su padre, se le acercan unos hombres que ni siquiera conoce, le dan un beso, le piden fuerza y lo dejan solo. Daniel mira sin llorar esa tumba improvisada con cartones, tela negra, velas y flores. Su papá trabajaba muy cerca, comenta. Era vendedor de seguros. Era militante peronista.
Daniel está, literalmente, aterrizando en ese pedazo de suelo argentino. Acaba de llegar de España. Pero su relato no arranca allí, sino en el punto exacto de lo que recuerda como una pesadilla. «La caída comenzó hace diez años. En el 93 nos fuimos por última vez de vacaciones. Al poco tiempo, mis padres se separaron. Empezamos a estar muy mal económicamente. Decidí terminar el secundario a la noche, para poder trabajar. Intenté de todo. Mi último empleo fue como repositor en el supermercado Wal-Mart. De lunes a sábados, nueve horas, por 600 pesos mensuales. No estaba mal. El problema no era el sueldo ni el tipo de trabajo, sino el futuro: en este país por más que te mates trabajando, lo mejor que te puede pasar es mantenerte en el mismo lugar, muerto de miedo, esperando que te bajen el sueldo o te despidan. Entonces, empecé a pensar en irme. Compré el pasaje a fines de noviembre y viajé el 4 de diciembre. El día que mataron a papá había conseguido mi primer empleo en Madrid. Estaba feliz».
-¿Qué hacías?
-Era pintor de paredes.


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Ley de humedales: el humo político

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La diputada Graciela Camaño revela que percibe “falta de voluntad política” tanto en el oficialismo como en la oposición para tratar la Ley de Humedales que sigue sin tratarse desde hace casi 10 años. Mientras tanto esas áreas continúan incendiándose para favorecer agronegocios a costa de la salud de la población y el medio ambiente. El 21,5% del territorio argentino es de humedales, lo que incluye los salares donde se explota el litio “sin ningún cuidado ambiental” reconoce Camaño. La advertencia de la Multisectorial de Humedales contra un proyecto impulsado por el Ministerio de Ambiente a cargo de Juan Cabandié.   

Mientras siguen incendiándose los humedales en el Delta del Paraná, el tema de esos espacios cruciales para la preservación del ambiente, el agua y el clima, tiene una historia densa en el Congreso de la Nación. Los primeros proyectos se presentaron en 2013, hace casi una década, y obtuvieron media sanción en el Senado, pero luego perdieron estado parlamentario por no ser tratados en Diputados.

En 2016 pasó lo mismo: media sanción en la Cámara Alta y pérdida de estado parlamentario por no ser tratado en la Cámara Baja. Luego, los proyectos presentados en 2018 perdieron estado sin siquiera ser tratados. Con la urgencia ineludible de los incendios de 2020 (vale recordar las quemas en Corrientes) se presentaron 15 proyectos (10 en Diputados y 5 en el Senado), que se unificaron en un texto de dictamen discutido ampliamente en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, por representantes de 18 provincias. Sin embargo, el tratamiento en las otras comisiones no continuó y meses después perdió nuevamente estado parlamentario. La última presentación de un proyecto fue en marzo de este año: organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, de todo el país acompañaron el proyecto que impulsó el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), pero aunque pasaron cinco meses, en la web oficial de la Cámara de Diputados continúa indicando que aún no se giraron a ninguna comisión.  

“Es una barbaridad, el reglamento establece que rápidamente hay que darle giro a los proyectos, no puede bajo ningún punto de vista la presidencia de la Cámara tener en revisión los giros”, dice a lavaca la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), quien sigue el tema desde su inicio intentando surfear las grietas.

En síntesis: sin comisiones no hay tratamiento. Y sin tratamiento no habrá ley. 

La situación es alarmante: si se suman los datos de 2021 y de 2020, en dos años y medio fueron destruidas al menos 853.000 hectáreas de humedales, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este 2022, según los datos que recopila y difunde el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Por su parte, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) amplía a 100.000 las hectáreas quemadas en lo que va del año.

Camaño desde adentro del Congreso detalla los pasos que deberían hacerse: “Lo que debe haber es una reunión de todas las comisiones que tengan el tema para dictaminar. Nosotros hicimos todo el trabajo de consulta durante el año pasado y el anterior, lo que falta es una reunión conjunta de todas las comisiones para emitir dictamen. No sirve que hagamos una reunión de la Comisión de Ambiente, eso no sirve, no alcanza. Desde Ambiente tenemos que exigir al resto de las comisiones que se sienten y debatan y que digan por qué no tiene que haber una ley de  humedales”.  

Rosca vs urgencias

El 21,5% de la superficie de Argentina –600.000  km²– la constituyen humedales: lagunas altoandinas, mallines, turberas, pastizales inundables, esteros, bañados, albuferas, rías y marismas distribuidas en once regiones, en zonas urbanas y rurales. 

El proyecto de ley busca entonces que se les brinde un uso ambientalmente respetuoso, que las actividades preserven sus funciones ecológicas y se eliminen los factores que los perturban. Además, dispone fondos para protegerlos, estimula la participación ciudadana en la toma de decisiones, y propone un inventario para registrar las zonas de humedales.  

Con los pies en este panorama responde Camaño: 

¿El oficialismo no quiere tratar este proyecto?  

Yo creo que en el oficialismo y en la oposición de Cambiemos hay diputados que no quieren impulsar el proyecto. 

¿Es posible establecer los consensos necesarios para que sea tratado?

Lo que veo es que hay una oposición férrea. Nosotros estamos pensando en los humedales como en el Delta, pero la Convención Internacional tiene definidos 42 humedales, 42 cuestiones geográficas que son humedales. Por ejemplo: los salares son humedales y fijate de qué manera se está produciendo litio en Argentina sin ningún cuidado ambiental. Las turberas son humedales. Los deltas son humedales. Acá hay una suerte de mora en la definición y en la protección de los humedales de darle un tratamiento, porque el cuidado ambiental no tiene que ver con la prohibición: tiene que ver con que en los lugares donde se produce se cuide el ambiente, y se reponga, que se hagan las cosas correctamente cuidando el ambiente. Aparentemente quienes están produciendo en zonas de humedales pretenden producir de cualquier forma y a cualquier costo, y ese es el problema más serio que tenemos. Se tiene que producir, pero de manera sostenible, y se tiene que reproducir reparando el daño que se produce al ambiente cuando se produce. 

Uno de los discursos contra la ley es que se frena la producción y reactivación económica, ¿qué opina de este argumento?

Eso es mentira. Lo que se pretende es que quien se va a beneficiar con el recurso natural no se beneficie tanto como para dejar el daño no solamente a nuestro país sino a las generaciones futuras. Hay un discurso mentiroso respecto al tema ambiental de aquellos que intentan tener muy grandes ganancias en contra del ambiente que es un bien de todos. 

La «cuchillada en la espalda«

Aunque el proyecto presentado este año por el diputado Leonardo Grosso toma como texto el dictamen consensuado durante 2021 con 37 firmas de diputados y diputadas que adhieren –todos de la bancada oficialista a excepción de la diputada Margarita Stolbizer- el tratamiento no llega. 

“No veo voluntad política, honestamente”, sintetiza la diputada Camaño, quien también presentó un proyecto propio, como muchos otros diputados y diputadas. La cantidad de proyectos da cuenta de que el tema está en agenda de parte de la Cámara pero no llega a impulsarse. 

Camaño menciona el anteproyecto del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como un ejemplo de la falta de esa voluntad: “Es lamentable no solamente porque han habido dos instancias en el 2013 y en 2016 con media sanción del Senado, sino porque en el año 2016 el COFEMA fijó los lineamientos de lo que tiene que ser la Ley de Humedales, y no tienen nada que ver con el proyecto que anda dando vuelta y que todavía no fue presentado a la Cámara”. 

El 11 de julio, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en conjunto con el Ministerio Nacional de Ambiente en manos de Juan Cabandié, anunció que se presentaría otro proyecto. Desde la Multisectorial de Humedales emitieron un comunicado en el que dicen de manera contundente que “se trata de un texto completamente vaciado de valor y de contenido, que lejos está de proteger los humedales, no es más que una estafa al pueblo y una burla a quienes dedicamos tiempo y energías a perseguir un real ejercicio de la democracia”. 

La Multisectorial de Rosario denuncia esta trampa: “Ese proyecto de Cabandié es una tremenda cuchillada en la espalda a las organizaciones que vienen sosteniendo el proyecto de Ley de Humedales consensuado, que fue el que llevamos en la travesía el año pasado y dejaron caer en 2021. Hace modificaciones clave sobre la definición de humedales, sobre el cuidado de ese ambiente. Cuando decimos ‘Ley de Humedales ya!’, hay que aclarar cuál ley. Están negando y aplastando la voz popular, de la gente que está en los territorios diciendo qué ley necesita”.

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El patrón del fuego: humo, agronegocios, y el Delta en llamas

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Se destruyeron 853.000 hectáreas de humedales en dos años y medio, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este año, 100.000. “Es un patrón del fuego. El fuego nunca es causa espontánea ni un accidente: es intencionado. Hay gente que manda a quemar con un plan, una y otra vez”. El objetivo, alimentar ganado que ocupa esas zonas para agrandar la frontera agropecuaria y liberar áreas para los negocios transgénicos e inmobiliarios. Links a notas e investigaciones sobre el tema. (Foto de portada tomada del la cuenta de Federico Padin en Twitter, @fede_padin).

“Nosotros tenemos humo en la ciudad bastante seguido, desde el 2020 a esta parte. Lo que pasa es que llega a los medios de Buenos Aires cuando ya es zarpado, que es lo que pasó el fin de semana”.

Julia Vélez, integrante de la Multisectorial Humedales, habla desde Rosario mientras coordina con sus compañeros los detalles de la movilización de este miércoles en el Monumento a la Bandera. Una marcha que surgió de manera espontánea desde las redes sociales, ante la evidencia del humo, y a la cual se le fueron montando todas las organizaciones sociales de la provincia e incluso, por primera vez, la Universidad Nacional, que decretó un cese de las actividades para que la comunidad universitaria pueda asistir.

“La Universidad abrió un teléfono para recibir casos de afecciones por el humo: en la primera hora recibió 100 consultas”, cuenta Julia sobre nuevos apoyos institucionales que hablan de una bronca transversal en la ciudad del puerto internacional, azotada por la violencia, lo narco, el hambre, las quemas y los femicidios. Se suman a las víctimas todas las personas con problemas en las vías respiratorias, y quienes empiezan a sufrirlos por la invasión del humo.

La violencia de cada día

·         “Basta de humo”

·         “Humo es el negocio”

·         “Plomo y humo, el negocio de matar”

Foto: Eduardo Bodiño

Las pintadas aparecieron en edificios públicos y en la ya famosa escultura Barquito de Papel (popularmente rebautizado “narquito”) luego de tres días de humo sostenido, y merecieron más notas periodísticas que las propias causas que las originaron: los incendios que desde hace al menos 2 años destruyen el Delta, y que el pasado fin de semana volvieron a intensificarse de manera asfixiante para la población urbana.

“Tomó una relevancia a nivel nacional, pero humo tenemos casi todas las semanas. A veces muy leve, y a veces como pasó este fin de semana de dos días y medio, sin poder respirar, y gente muy afectada a nivel salud. Cada 4 meses pasa así, de manera alevosa, desde hace 2 años”, cuenta Julia sobre la a-normalidad.

La masiva movilización de hoy en Rosario pone en contexto a las pintadas. Si se suman los datos de 2021 y de 2020, en dos años y medio fueron destruidas al menos 853.000 hectáreas de humedales sobre un área total, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este 2022, según los datos que recopila y difunde el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Por su parte, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) amplía a 100.000 las hectáreas quemadas en lo que va del año.

En San Pedro y las Islas Las Lechiguanas, parte del mismo Delta en llamas: https://lavaca.org/notas/san-pedro-argentina-la-realidad-en-llamas/

Y en Corrientes, donde otros incendios recientes confirmaron la necesidad de la Ley de Humedales: https://lavaca.org/mu168/la-ley-del-fuego/

La Multisectorial en Defensa de los Humedales nació como una respuesta en pleno pico de la pandemia: su bautismo desesperado fue una histórica toma del puente en pleno aislamiento obligatorio.

“Estábamos muriendo por el humo más que por el Covid, esa era la sensación”, relata Julia, y enseguida conecta con la actualidad. “Ahora parecería que el humo vuelve, ya no hay Covid, pero es como si fuera natural”. La movilización de este miércoles intentó sacudir esa naturalización postpandémica de lo antinatural.

El proyecto en juego

Estamos en agosto. La misma época –en 2020 y en 2021- que en Rosario se registraron el mismo tipo de quemas y el acoso del humo, una sincronía que la Multisectorial no lee como casualidad: “Es un patrón del fuego. El fuego nunca es causa espontánea ni un accidente: es intencionado. Hay gente que manda a quemar con un plan, una y otra vez”. ¿Para qué? “Entendemos que para los pastizales, para que en primavera estén los brotes y las vacas coman… Tenemos datos de zonas quemadas de islas que aparecen como campos en grandes inmobiliarias. También se puede pensar que es preparar el terreno para que se extienda la frontera agropecuaria, la soja básicamente. Pero… no los sabemos a ciencia cierta: son las tres cosas y alguna otra cosa más que no estamos sabiendo” dice y repite para enmarcar: “Esto responde a un proyecto económico de país”:

Sobre las causas y efectos de estas quemas, el periodista rosarino Tomás Viú investigó en esta nota para la MU 150: https://lavaca.org/mu150/todos-los-fuegos-el-delta-en-llamas/

Este territorio, el Delta del Paraná, es zona de puerto donde entran y salen barcos, en un territorio de islas de aproximadamente 70 kilómetros de monte nativo, con acceso a lo que suele llamarse “hidrovía”: el Paraná. “No es tan romántico el asunto”, pincha el paisaje Julia. “Las islas siempre fueron territorio de cualquier cosa, es decir, de cualquier tipo de negocio por fuera de la ley, con acceso al río de salida internacional. La hidrovía simboliza el territorio como disputa de poderes de los grandes negocios… es un análisis, una lectura que hago yo personalmente pero que está en boca de todos”.

En esta nota, el diputado Carlos del Frade desarrolla este análisis que da cuenta de la relación entre modelo extractivo, narcotráfico y quemas: https://lavaca.org/mu163/carlos-del-frade-contar-para-vivirla/

La encerrona

Sigue Julia: “La ciudad está estallada de violencia: hoy tenemos 18 niñes muertes por balaceras en lo que va del año… La sensación es como de una encerrona: nos matan porque no aplican políticas sociales, y tampoco tratan seriamente la cuestión del narcotráfico. Y esto no está distante de las quemas de las islas”.

Mientras tanto, el gobierno de la provincia decidió reaccionar a las quemas con un cambio de Ministro de Seguridad que las organizaciones sociales leen como una provocación: Omar Perotti le pidió la renuncia al ministro José Lagna y puso como sucesor a Rubén Rimoldi, un comisario general retirado. “A partir de estas pintadas que surgieron el gobierno empezó a justificar todo como en mensajes mafiosos… la famosa criminalización de la expresión popular. Parece más importante que te escriban una pared de un edificio público. que si se está llenando todo de humo y nadie del Estado hace nada. El mensaje parece ser: acostúmbrense que va a ser así, y si no, palos para todos”. 

Hacia adelante se vislumbra más de lo mismo: “Hay un claro camino para el proyecto económico de este país que nada tiene que ver con conservar el ambiente, y mucho menos darle lugar y voz a la organizaciones de los territorios. Es un manoseo de un discurso que se dice federal, inclusivo, colectivo, bla bla, versus la realidad de las acciones que son: de derecha, conservadoras y absolutamente extractivistas y neoliberales. Es una contradicción, una esquizofrenia sin fin. Y en el medio, nos ahogamos. Por eso vamos a seguir movilizándonos”.

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Informe América: dictamen del INADI establece que hubo violencia machista

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El Informe América fue elaborado por el colectivo Periodistas Argentinas en relación a la violencia laboral ejercida en el Grupo América hacia trabajadoras y trabajadores. A raíz de la presentación en distintos organismos del Estado, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, dictaminó que el periodista Antonio Laje tuvo conductas “violentas”, “cínicas” y “perversas” y que la conducción de dicho grupo de medios tuvo una actitud “reaccionaria, anacrónica y a todas luces ineficientes”. Los principales puntos y las recomendaciones del organismo.

El Informe América se presentó el diciembre pasado en la Sala II del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación para dar cuenta de un sistema y un modus operandi que se viene desarrollando a lo largo del tiempo en el multimedio Grupo América. 

El documento se presentó luego oficialmente en distintos organismos estatales: la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Defensoría del Público y el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM). Además se entregaron copias al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SatSaid).

Luego de una investigación la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI, a cargo de Demián Zayat, emitió un dictamen técnico de opinión que confirma “la conducta violenta de género del Sr. Laje y la complicidad o aquiescencia de las autoridades y dueños del multimedios en el cual se desempeña”.

Esta situación fue denunciada por Periodistas Argentinas cuando enfatizó que no se trataba de una sola persona sino de una situación sistemática que se viene desarrollando a lo largo del tiempo.

El dictamen sostiene que se identifica “un modus operandi generalizado en el ámbito de los medios masivos de comunicación: el machismo imperante en ellos, materializado en el acoso, abuso, maltrato, intimidación y descrédito profesional al que son sometidas las mujeres”. Además remarca que ”mientras la violencia de género gana lugar y relevancia en los medios” son los propios medios  en donde “se perpetúan y reproducen conductas machistas contra las trabajadoras”. 

Sobre el modus operandi detallado en el Informe América, el INADI entiende que “dicha práctica tiene un aspecto cínico y otro perverso”. Y detalla cada uno: 

  • “El costado cínico reside en el principal argumento de defensa esgrimido generalmente por las personas acusadas, argumento que endilga a la vorágine de ‘la exigencia profesional’ la responsabilidad por ‘algún exceso’”. 
  • Respecto al costado perverso: “Anida en que los maltratos y abusos denunciados generalmente implican el desastre para la denunciante, su descrédito profesional, persecución o despido, que generalmente incluye también caer en una suerte de lista de vetados que impide trabajar en otros programas o medios del grupo en cuestión o, en casos graves, incluso en cualquier otro medio del país. Este rasgo ruin, montado sobre el temor e incertidumbre que genera la posibilidad de perder el empleo, es el que precisamente habilita su propia existencia y continuidad”. 

Además en el documento emitido hoy por parte del organismo se sostiene que «Laje se victimizó y denunció una “operación” para destruirlo. Más allá del egotismo del Sr. Laje, que al parecer se considera lo suficientemente importante e influyente como para que se instalen operaciones en su contra, con sólo apreciar las declaraciones de las mujeres implicadas, sus tareas y sobre todo las consecuencias que tuvieron en sus trabajos, basta para descartar la falsa ‘operación’ argüida por Laje»

Otra definición: “La defensa del Sr. Laje consistió en definir a esta situación no como maltrato, sino como exigencia. Más allá del nombre que le quiera poner, los hechos encuadran sin lugar a dudas en todas las definiciones de violencia

contra la mujer que establece la normativa internacional y nacional». 

Respecto al papel y responsabilidad de los dueños y autoridades del Grupo América el organismo remarca que “su actitud ante la situación resultó reaccionaria, anacrónica y a todas luces insuficiente. En relación a su intervención en este expediente, si bien puede entenderse el derecho a la defensa que toda persona física y jurídica tiene, la actitud aséptica y tecnicista evidencia en las presentes actuaciones un desinterés absoluto por la violencia engendrada contra las mujeres en el medio que presiden”. 

Subraya el INADI que “en el afán de defender a su conductor deja a la empresa en una posición de absoluta complicidad con los graves hechos denunciados y de espaldas a una realidad (el empoderamiento de las mujeres para terminar de una vez con prácticas y conductas violentas contra ellas) que no va a detenerse por más caso omiso que quiera hacerse. Con su actitud la empresa, además, revictimiza a las mujeres implicadas, ya que la inacción respecto a lo ocurrido, aún ante la presentación de denuncias formales, reafirma la postura tomada al despedir a las trabajadoras que no se sometían a los abusos de Laje, o al permitir su persecución y acoso laboral, sin garantizar los más elementales derechos laborales”. 

Como organismo estatal que actúa contra toda forma de discriminación, el INADI estableció en el dictamen una serie de recomendaciones con el fin de prevenir y reparar las acciones denunciadas. Las recomendaciones son: 

  • “Arbitrar los medios necesarios de manera inmediata para evitar la continuidad de conductas denunciadas, sin que se adopten represalias contra las víctimas y denunciantes”. 
  • “Establecer capacitaciones sobre violencia de género a fines de evitarlas en el futuro y lograr un estándar aceptable en cuanto a los derechos de la mujer”. 
  • “Establecer segmentos sobre derechos de la mujer para sacar al aire en el programa de las noticias de la mañana”. 
  • “Aprobar y poner en práctica, de un modo conjunto con los representantes sindicales, un protocolo para prevenir y sancionar la violencia de género, de acuerdo a lo establecido por el Convenio 190 de la OIT, y crear un área de género para prevenir este tipo de conductas que deberá tener intervención en la investigación que se lleve adelante en las denuncias de este tipo”. 
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La última Mu: La voz originaria

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