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19 y 20 de diciembre: la batalla que nos parió

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Cooperativa SUB

Esta nota cuenta la historia de Gustavo Benedetto, Carlos Petete Almirón, Gastón Rivas, Diego Lamagna y Luis Alberto Márquez, asesinados el 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo. No fue publicada en nuestra página web porque no existía. Fue distribuida por mail a una decena de direcciones con la esperanza de aportar algunos datos que transformaran la información sobre los muertos y heridos aquel 20 de diciembre en algo más que el mero número que daban cuenta los medios comerciales. No sabiamos qué estábamos haciendo, pero sí porqué. Así, hace 20 años, nació lavaca.

Mientras la justicia sigue dilatando el juicio a los responsables de estos crímenes, sin retocar las desprolijidades que la urgencia periodística nos dictó entonces, compartimos -ahora sí- con nuestros miles de lectores ésta, nuestra primera crónica que acompañamos con una palabra inventada: anticopyright.
El pasado 20 de diciembre, la jueza María Romilda Servini de Cubría en persona cruzó la Plaza de Mayo, esquivando gases lacrimógenos y pedradas, intentado encontrar allí al responsable de la represión que, apenas diez minutos antes, había observado en el televisor de su despacho. Eran las 11.30 de la mañana cuando la jueza habló con el uniformado de mayor rango que encontró en el tumulto. Sus palabras fueron claras:
-Soy la jueza federal de turno. Le ordeno el cese inmediato del operativo de desalojo de la plaza. Informe a quien corresponda que yo estoy a cargo de la seguridad de estas personas.
El uniformado le respondió que el mensaje sería transmitido al comisario mayor Norberto Edgardo Gauderio, el responsable de la Mesa de Situación de la Policía Federal en ese momento.
Luego, la jueza se dirigió a tres comisarías para liberar a quienes habían sido detenidos en las refriegas.
A las dos de la tarde regresó a su despacho. En la pantalla del televisor las imágenes eran claras. Nadie le había hecho caso.
Hoy, la jueza Servini de Cubría investiga cinco homicidios. Los dos primeros ocurrieron a las 16.20 en el cruce de Lima y Avenida de Mayo. El último fue antes de las 18. Ese fue el lapso más salvaje de la batalla de Plaza de Mayo. Fue, también, el que marcó el final de Fernando De la Rúa, tras 740 días de mandato. La quinta víctima cayó delante de las cámaras de televisión, en donde quedó impreso el grito: «Están disparando desde adentro». Los testigos señalan el edificio La Buenos Aires, en Avenida de Mayo 677, donde el Banco HSBC tiene cuatro cajeros automáticos en la planta baja y sus oficinas centrales en lo alto de una torre fuertemente custodiada: en la décima planta funciona la Embajada de Israel, luego de que, en 1992, un atentado terrorista destruyera su anterior sede. La justicia secuestró la cinta de la cámara de seguridad del banco, donde se puede ver difusamente a un grupo de cuatro custodios disparando desde el área de los cajeros automáticos. Las pericias preliminares realizadas sobre los vidrios del edificio indican que los cristales se astillaron por disparos efectuados desde adentro hacia afuera. Uno de ellos fue el que mató al muchacho que todos vieron caer ante las cámaras y que, según los registros de la causa, llegó muerto al Hospital Ramos Mejía a las 17.30.
Gustavo Ariel Benedetto, 23 años, hijo de su barrio -La Tablada-, egresado de la escuela secundaria y pública Número 155, trabajaba como repositor de la sección verduras del supermercado Dia durante doce horas al día y por cuatrocientos pesos al mes.
Su amiga y abogada, Cristina Laborde, lo describe como «un pibe de cutis blanco, flaco y muy alto: casi un metro noventa. Esa altura lo convirtió en un blanco fácil». Gustavo vivía con su madre y su hermana en una casa de una planta, con dos habitaciones, comedor, cocina, patio y perro. Su padre había muerto de cáncer nueve meses atrás y, desde entonces, él era el único sostén familiar. Su universo privado era su cuarto, con dos camas, un mueble para guardar ropa, un estante con CDs y equipo de música, un banderín del Ríver Plate, un poster del retirado delantero Enzo Francescoli y la bandera de su banda musical preferida: Baroja, nacida y criada en La Tablada, como él. Rock duro y potente, con una guitarra furiosa, batería, bajo, saxo y canciones que hoy también suenan proféticas:
No esperes más que no hay a dónde ir/
Rompe la mentira que lo que falta es la verdad/
Solo lucha una vez/
La muerte está esperándote.

Sebastián Piacentini, el mejor amigo de Gustavo, es el autor de la letra y el que explica lo que ahora resulta obvio: «La muerte, la verdad y la mentira son temas que siempre están presentes en nuestra banda. No pensé en nadie en especial cuando la compuse. Se llama Sólo faltás vos y cuando la cantamos en un concierto, seis días después de la muerte de Gustavo, recordé todo lo que pasamos juntos. Y me di cuenta lo solo que se habrá sentido ese último día».
Ese último día, Gustavo se presentó a trabajar a las siete de la mañana, pero la amenaza de los saqueos obligó al supermercado a cerrar. Preocupado por la suerte del local, regresó al mediodía y comprobó el desastre: las persianas y los vidrios estaban rotos, las góndolas vacías, los destrozos desparramados por todos lados. Impotente, Gustavo decidió ir a Plaza de Mayo a protestar. Intentó convencer a varios amigos para que lo acompañaran, pero ninguno estaba disponible. Su determinación o indignación tiene esa dimensión: un muchacho que siempre estaba acompañado, escoltado por su barra de amigos, sube solo al colectivo número 126, viaja durante una hora y media y desciende cien metros antes de toparse con una bala.
Gustavo cayó en Avenida de Mayo al 600, delante de las cámaras, frente a los ojos de su mamá y su hermana. Las dos lo vieron morir por televisión, once días antes de poder festejarle el cumpleaños número 24, mientras escuchaban que alguien gritaba: «están tirando desde adentro».
Otro alguien, días después, dejó un mensaje en el contestador telefónico de la abogada Laborde con anónimas amenazas. Anónimas, también, fueron las manos que hackearon el correo electrónico que difundieron los amigos de Gustavo para obtener datos del asesinato. «También es un misterio -sigue la abogada- por qué tenía la cara lastimada con balines de goma. Las imágenes de la televisión lo muestran sangrando, pero con la cara intacta. Un testigo declaró que tampoco recuerda haberle visto esas marcas. Pero cuando nos entregaron el cadáver tenía las mejillas heridas, como si hubiese recibido una ráfaga».
Es jueves, son las cinco y media de la tarde, pero ha pasado ya una semana desde la batalla de Plaza de Mayo y la guardia del Hospital Ramos Mejía está tranquila. El jefe aclara que no está autorizado a dar información oficial. Recuerda perfectamente que hasta allí no llegó Gustavo Benedetto, sino su cuerpo. Por eso, en los registros de la guardia está inscripto como «N.N., varón». Los médicos se limitaron a constatar su muerte. «Esa tarde estábamos desbordados. Nos hicieron trabajar de lo lindo. Y salvamos a varios. Ya desde la madrugada atendimos heridos, pero los más graves empezaron a llegar poco después de las cuatro de la tarde. Estuvimos en el quirófano hasta las dos de la mañana, sacando balas de todo calibre».
Cuando se le pide que recuerde qué fue lo que más le llamó la atención de todos esos cuerpos heridos que desfilaron por sus manos, responde sin dudar:
– Los tatuajes y los cortes.
– ¿Qué cortes?
– Cortes, heridas viejas. La mayoría eran chicos jóvenes, aunque parecían mucho más jóvenes de lo que en realidad eran, con tatuajes y cicatrices por todos lados. Le puedo asegurar que no era gente como usted o como yo.
– ¿En qué sentido?
– No eran de clase media. Seguro.
En la sala de cirugía del tercer piso todavía está internado Marcelo Dorado, uno de los obligados pacientes del jefe de guardia. El chico tiene el pelo desordenado, una remera gastada y un pantalón corto, deportivo, con varios campeonatos y lavados. Está muy pálido, ojeroso, flaco. A simple vista parece un adolescente de 18 años. Tiene 28.
Marcelo trabaja desde hace cuatro años en una empresa de cerramientos de aluminio, de 9 a 18. Su obligación es ir todos los días de la semana en ese horario, pero solo cobra por cada trabajo efectivamente realizado. En las buenas semanas, se lleva entre 200 y 300 pesos. En las otras, nada.
Ese día de furia, la empresa lo había destinado a unas oficinas de la calle Salta para trabajar en una mudanza. Llegó temprano, con otros dos compañeros que lo ayudaron a desarmar todo, mientras escuchaban la radio. Al mediodía, le plantearon al responsable del lugar que sería mejor dejar para otro día el traslado, ya que estaban en plena zona de combate, a unas pocas cuadras de Plaza de Mayo. El hombre les dio la razón.
Marcelo se despidió de sus compañeros y apuró el paso: quería llegar a Retiro para tomar el tren que lo regresaba a su empleo, en las afueras de Buenos Aires. Apenas se acercó a la zona del Obelisco vio la nube gris de gases lacrimógenos. Pero como ni el tránsito ni los semáforos estaban cortados, pensó que no sería para tanto. Esperó, hasta que creyó que la refriega entre manifestantes y policías se había calmado y retomó la marcha.
Marcelo traza en un cuaderno su recorrido. Dibuja en el centro el Obelisco. Una línea que lo atraviesa y que corresponde a la Avenida de Mayo. Y a la derecha, una trinchera, que calcula a una cuadra de distancia, hacia el lado de la Plaza. «Desde allí salían y hacia ahí se replegaban». Está hablando de la Policía Federal.
Tras cinco intentos fallidos de cruzar el Obelisco, Marcelo comprendió la táctica del combate: la policía avanzaba tirando gases y repartiendo palos y, tras unos minutos de refriega, se replegaba. Luego, volvía a la carga. Esos intervalos fueron los que él confundió con la calma. Y en cada uno de ellos intentó avanzar, hasta que no pudo evitar lo inevitable.
Marcelo llamó a su jefe desde la cabina de un teléfono público, en el cruce de Alsina y Nueve de Julio, para avisarle que estaba demorado. Allí recibió los tres balazos. Uno le pegó en la pierna y fue el que lo tumbó en plena avenida, mientras los autos intentaban esquivarlo. Un taxista lo cargó en su auto para llevarlo a un hospital y cuando le sacó la mochila, que todavía colgaba de su hombro derecho, se dio cuenta que tenía un segundo impacto. Fue el que le perforó la pleura y le dejó el pulmón en pronóstico reservado.
El tercer disparo se lo señaló el jefe de la guardia. Le dijo:
 Lo del pulmón es delicado: hay que sacar sangre y aire y mantenerlo controlado. Recién después podemos extraer el proyectil. La bala en la pierna es la que te da esa sensación de hormigueo porque quizá está rozando algún nervio, aunque no creo que sea nada grave. Por ahora tampoco vamos a tocarla. Lo importante es que zafaste de la más jodida. Esa fue apenas un beso, pero podría haber sido el último.
Marcelo aparta sus rulos desordenados y muestra la huella que le dejó el roce del plomo, en la base del cráneo. «Nunca, jamás, se me había cruzado por la cabeza que las balas eran de verdad. Yo veía que la policía tiraba, pero creí que eran balas de goma. No es que yo sea un imprudente ni un colgado y por eso me empeciné en cruzar. Simplemente creí que eso no se podía hacer. Y que no lo hacían».
Es difícil saber qué habrán imaginado los médicos de guardia al encontrarse con Marcelo, tendido en la camilla, temblando de miedo. Pero es posible que no hayan encontrado allí ninguna huella que les permita descifrar su historia.
Marcelo nació y se crió en San Martín, una localidad del oeste bonaerense marcada por el surgimiento y caída de grandes fábricas, pequeños talleres y centros comerciales que la convirtieron en los años 60 y 70 en un punto clave del cordón industrial bonaerense, hoy poblado de fantasmas. Edificios vacíos, persianas cerradas, grandes parques industriales convertidos en hipermercados. San Martín se quedó sin trabajo, pero con su numerosa población intacta. La postal de la crisis la traza hoy un estudio realizado por la consultora Equis en la zona: en el año 2000, el 54,2 por ciento de los asalariados del Gran Buenos Aires tenían ingresos por menos de 500 pesos en un país cuya canasta familiar, según la misma consultora, se calcula en 1.025 pesos.
Marcelo tiene título secundario, un teléfono celular, una computadora y una casilla de email. Tiene un padre que es empleado en una farmacia, una mamá ama de casa y una novia, Verónica, con la que quiere casarse desde hace diez años. No es pobre, pero se ha empobrecido. No es un adolescente, pero sus ingresos oscilantes le impiden hacerse adulto. No sabe cómo construir su futuro, pero hasta tanto ancla sus sueños a un objeto: su batería. A ella le dedica sus horas libres. Toca en tres conjuntos, con los que ensaya en diferentes días, siempre después de cumplir con el horario del único trabajo que consiguió en todos estos años y con el que cual prometió cumplir, pase lo que pase, hasta que las cosas con la música vayan mejorando. «Pero ahora renuncié. Una de las cosas que aprendí con todo esto es que si me voy a morir de hambre, que por lo menos sea con algo que me gusta. No pienso hacer nada que no me guste. No tengo porqué aguantarlo. Eso es lo que aprendí en el Obelisco el otro día. Y creo que ahí me encontré con otra gente que, como yo, ya no se la banca».
Cuando se le pregunta si tiene miedo, su respuesta también es didáctica: «Tengo miedo porque sé que en la música todo es a pulmón. Y mirá como estoy». Marcelo levanta la sonda que sale de su pulmón y una bolsa de sangre y aire queda a la vista.
Es un líquido oscuro, vicoso, impresionante.
Cintia Castro, miembro del cuerpo legal de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, informa que ya presentaron veintidós demandas ante el juzgado de la doctora Servini de Cubria por los delitos de tentativa de homicido, lesiones, tratos crueles, degradantes e inhumanos, daños y robo. Pronto serán veintitrés, ya que el padre de Marcelo escogió esa organización para presentar su caso.
Del resumen de esas demandas, Castro llega a las siguientes conclusiones: «Hubo tres focos de represión claramente diferenciados y que geográficamente podríamos delimitar en la zona de Plaza de Mayo, en Congreso y en las proximidades del Obelisco».
En la zona del Obelisco y Avenida de Mayo se concentraron los casos con balas de plomo. Además de los muertos, la Liga denunció tres heridos con bala de plomo en la cabeza. Dos son motoqueros (mensajeros que se desplazan en motocicletas y que participaron de la protesta de manera tal que un cronista los bautizó «la caballería de los manifestantes»). El tercero es un estudiante del magisterio J. V. González. Las lesiones lo dejaron sin movilidad de la cintura hacia abajo.
En Plaza de Mayo se concentran las denuncias por golpizas y malos tratos, que incluso continuaron una vez producidas las detenciones, en las comisarías. La Liga las menciona por sus números: seccional primera, segunda, tercera y sexta. Castro sintetiza así lo que vio: «La gente que vino acá a firmar la demanda estaba violeta por los golpes recibidos»
En Congreso, la mayoría de las denuncias son por heridas de balas de goma. «Hay una chica integrante de la agrupación Hijos ( agrupación que reúne a los hijos de los desaparecidos durante la dictadura militar) que está con riesgo de perder el ojo y otra a la que le sacaron doce balazos de goma de las piernas» , asegura Castro.
Otra de sus conclusiones es que del relato de los heridos se establece un pico: entre las 16 y las 19.30. «En ese horario se concentran los casos más graves».
-¿Notó que tuviesen algo más en común?
-Sí: son todos jóvenes. Y no hay rubios.
Fernando Almirón comienza por señalar las diferencias con su hermano Carlos. «El era narigón y yo no. El era re estudioso y yo no terminé la secundaria. El tenía 23 y yo 19. A él le gustaba Hermética (un grupo de heavy metal) y a mi la cumbia. El era hincha de Independiente y yo de Los Andes. El era blanco y yo soy morocho». Aunque para él la principal diferencia era otra: a él no le interesa la política y su hermano era militante. Carlos se acercó a una organización social en una protesta contra la violencia policial y siguió participando en la Universidad, en donde cursaba la carrera de Sociología.
Los dos vivían con su bisabuela, Martiniana, de 82 años, en Lanús, una localidad del sur bonaerense de casitas bajas y calles arboladas. La de los Almirón es grande, con tres habitaciones, un jardín en el frente y una parrilla al fondo, custodiada por dos perros. De allí partió Carlos el jueves 20 por la mañana hacia Plaza de Mayo y desde allí salió Fernando desesperado, cuando le anunciaron que su hermano había muerto por un impacto de bala en el tórax. Allí también lo velaron el domingo 23 y desde allí partió el cortejo fúnebre con más de mil personas gritando una consigna política más vieja que el cadáver: «la sangre derramada no será negociada».
La misma consigna escuchó María Mercedes Arena en el sepelio de su marido, Gastón Riva, el padre de sus tres hijos, el motociclista que trabajaba desde las seis y media de la mañana hasta las doce de la noche, el primer muerto registrado a las 16.20 en Lima y Avenida de Mayo, el que recibió el impacto en pleno corazón, el hombre al que su mujer no quiere que se lo identifique por ninguna otra cosa que no sean todas estas. «El no era dirigente motoquero. Ni siquiera estaba afiliado. Estaba caliente, como todos, y seguramente por eso participó de la protesta. Por toda la situación económica, por lo que estamos pasando y porque tenemos tres chicos. ¿Le parece poco?».
Muy cerca de él y a la misma hora cayó Diego Lamagna. Poco se sabe hasta ahora de Diego: sólo que tenía 26 años, era estudiante y vivía con su madre , quien hace poco tiempo había perdido otra hija. Una tercera se la llevó ahora con ella a Puerto Madryn, en la Patagonia.
El quinto muerto parece ser la única excepción. Luis Alberto Márquez no tenía veintipico, sino 58 años. En el expediente consta que le dispararon dos veces: una en el cuello y otra en el pecho, en la esquina de la avenida Nueve de Julio y Sarmiento. Allí está ahora su hijo, Daniel Márquez, participando de una ceremonia organizada por el Grupo de Arte Callejero (GAC) y que a siete días de la batalla recorre los cinco puntos de la ciudad en donde ha caído cada muerto. En cada uno, colocan un pequeño altar, desparraman flores y velas y despliegan un cartel con la consigna: «Asesinado por la represión policial en la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001».
Daniel tiene 24 años, ojos azules y algunas pecas. Lleva un pantalón de color claro y una chomba roja. Cuando los manifestantes -que apenas suman doscientos- dejan de vivar el nombre completo de su padre, se le acercan unos hombres que ni siquiera conoce, le dan un beso, le piden fuerza y lo dejan solo. Daniel mira sin llorar esa tumba improvisada con cartones, tela negra, velas y flores. Su papá trabajaba muy cerca, comenta. Era vendedor de seguros. Era militante peronista.
Daniel está, literalmente, aterrizando en ese pedazo de suelo argentino. Acaba de llegar de España. Pero su relato no arranca allí, sino en el punto exacto de lo que recuerda como una pesadilla. «La caída comenzó hace diez años. En el 93 nos fuimos por última vez de vacaciones. Al poco tiempo, mis padres se separaron. Empezamos a estar muy mal económicamente. Decidí terminar el secundario a la noche, para poder trabajar. Intenté de todo. Mi último empleo fue como repositor en el supermercado Wal-Mart. De lunes a sábados, nueve horas, por 600 pesos mensuales. No estaba mal. El problema no era el sueldo ni el tipo de trabajo, sino el futuro: en este país por más que te mates trabajando, lo mejor que te puede pasar es mantenerte en el mismo lugar, muerto de miedo, esperando que te bajen el sueldo o te despidan. Entonces, empecé a pensar en irme. Compré el pasaje a fines de noviembre y viajé el 4 de diciembre. El día que mataron a papá había conseguido mi primer empleo en Madrid. Estaba feliz».
-¿Qué hacías?
-Era pintor de paredes.


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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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